Por Miguel Ángel Cristiani G.
Existe una costumbre que debería avergonzar a
cualquier servidor público: muchos gobiernos se dedican a medir su popularidad
antes que su desempeño. Gastan más en encuestas para alimentar el ego del
gobernante que en construir indicadores para evaluar si realmente están
resolviendo los problemas de la gente. Esa es una de las grandes deformaciones
de nuestra administración pública.
Por eso resulta pertinente detenerse en una
decisión adoptada por el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García,
este fin de semana, quien estableció que todos los funcionarios municipales
deberán cumplir metas específicas, medibles y sujetas a evaluaciones
trimestrales. Quien no alcance resultados simplemente deberá abandonar el
cargo. Así de sencillo. Así de lógico. Así debería funcionar cualquier gobierno
que entienda que administrar recursos públicos no es un privilegio político,
sino una responsabilidad.
La medida no representa ninguna innovación
revolucionaria. Desde hace décadas, la administración pública moderna trabaja
bajo indicadores de desempeño, objetivos verificables y evaluación permanente.
Lo extraordinario no es que se haga; lo verdaderamente escandaloso es que en la
mayoría de los municipios mexicanos siga sin hacerse.
Durante años hemos visto administraciones donde el
único requisito para permanecer en un puesto es la cercanía con el alcalde, el
compadrazgo, la lealtad partidista o el parentesco político. La eficiencia
nunca figura entre los criterios para conservar un cargo. Los resultados
importan menos que la obediencia.
En Coatzacoalcos, al menos en el discurso y en las
primeras acciones, la lógica parece ser distinta. Las evaluaciones ya
produjeron movimientos en diversas áreas, mejoras en la recaudación, mayor
control administrativo y revisiones sobre dependencias que históricamente han
representado focos rojos en el manejo del dinero público, como Panteones,
Registro Civil, Deportes y el Transbordador.
Especialmente relevante resulta la decisión de
reducir al mínimo el manejo de efectivo y privilegiar pagos documentados
mediante la Tesorería Municipal. La historia de los gobiernos municipales está
llena de pequeñas cajas negras donde el dinero en efectivo desaparece sin dejar
rastro. Digitalizar procesos, documentar ingresos y cruzar información no
garantiza la desaparición de la corrupción, pero sí reduce considerablemente
las oportunidades para practicarla.
También merece atención el criterio anunciado por Pedro
Miguel Rosaldo: un funcionario que no alcance al menos el 70 por ciento de sus
metas queda reprobado. La comparación con una calificación escolar puede
parecer sencilla, pero transmite un mensaje contundente: los cargos públicos no
son propiedad privada ni espacios de comodidad burocrática.
Desde luego, estas evaluaciones deberán sostenerse
con absoluta objetividad. Los indicadores tienen que ser públicos, verificables
y aplicarse sin excepciones. De nada serviría establecer un sistema de
evaluación si termina utilizándose para premiar amigos y castigar adversarios
internos. La transparencia será la verdadera prueba de credibilidad.
Pero el ejemplo trasciende a Coatzacoalcos. La
pregunta inevitable es por qué este modelo no se aplica en los otros 211
municipios de Veracruz e incluso en la administración estatal. ¿Por qué no
evaluar trimestralmente a secretarios, subsecretarios, directores generales y
organismos descentralizados? ¿Por qué no hacer públicas sus metas, sus avances
y sus incumplimientos? Si un maestro, un médico, un empresario o un trabajador
son evaluados constantemente por sus resultados, ¿qué privilegio justifica que
los funcionarios públicos queden exentos de ese escrutinio?
Mientras algunos alcaldes trabajan para construir
indicadores de desempeño, otros siguen obsesionados con contratar empresas que
elaboran supuestas encuestas de popularidad. Son estudios cuya credibilidad se
desvanece desde el momento en que todos saben quién los paga y cuál es el
resultado esperado. La popularidad comprada nunca sustituirá la eficacia
administrativa.
El ciudadano ya no necesita espectaculares, boletines
triunfalistas ni gráficas maquilladas. Lo que exige son calles reparadas, agua
potable, seguridad, alumbrado, servicios eficientes y cuentas claras. La
legitimidad de un gobierno no nace en una encuesta, sino en la calidad de los
resultados que entrega todos los días.
Ojalá otros alcaldes y alcaldesas comprendieran que
gobernar no consiste en administrar discursos, sino en administrar soluciones.
Más saludable aún sería que el Gobierno del Estado adoptara exactamente la
misma filosofía: metas cuantificables, evaluaciones periódicas, transparencia
absoluta y sustitución inmediata de quien no cumple. Eso sí sería una verdadera
transformación administrativa y no la retórica que suele acompañar cada cambio
de gobierno.
La mejor y más real encuesta sobre los 212 alcaldes
será en las votaciones del 2027, ahí se medirá su desempeño y la opinión del
pueblo sabio.
Porque el dinero público no financia campañas de
imagen ni carreras políticas: paga salarios para producir resultados, y quien
no los entrega simplemente está cobrando por fracasar.
