IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La relación entre México y Estados Unidos
atraviesa una de sus etapas más delicadas de los últimos años. Ya no se trata
solamente de migración, comercio o disputas diplomáticas. Hoy el tema central
es mucho más profundo: seguridad, crimen organizado, fentanilo, huachicol,
lavado de dinero, corrupción política y falta de resultados en la justicia
mexicana.
Después de las elecciones intermedias de
noviembre de 2026 en Estados Unidos, esta relación podría volverse todavía más
complicada, pues ahí se decidirá el control del Congreso, y eso puede cambiar
el nivel de presión que Washington ejerza sobre México.
Si Trump conserva fuerza legislativa, México
podría enfrentar una etapa de mayor vigilancia, más sanciones, más
investigaciones y un discurso mucho más duro. Si pierde control en el Congreso,
la presión quizá sea menos estridente, pero no desaparecerá. El problema de
fondo seguirá ahí.
Estados Unidos ya no observa a México
únicamente como vecino o socio comercial. Cada vez lo mira más como un país
donde el crimen organizado ha logrado penetrar estructuras políticas,
judiciales y económicas. Esa percepción es grave, porque coloca a México en una
posición vulnerable.
El fentanilo se ha convertido en una bandera
política en Estados Unidos. Para millones de familias estadounidenses, esta
droga representa una tragedia nacional. Por eso, cualquier gobierno en
Washington, sea republicano o demócrata, seguirá exigiendo resultados. El tema
dejó de ser una postura electoral de Trump y se convirtió en una preocupación
de Estado.
A eso se suma el huachicol fiscal, el tráfico
ilegal de combustibles, el lavado de dinero y las presuntas redes de protección
política. Estados Unidos parece estar construyendo una narrativa cada vez más
amplia, no habla sólo de narcotráfico, sino de posibles complicidades entre
cárteles, funcionarios, campañas electorales, empresarios y autoridades
encargadas de impartir justicia.
Ese es el punto más delicado para México.
Cuando Estados Unidos sanciona a personas o
redes criminales vinculadas con delitos cometidos en territorio mexicano, el
mensaje es claro. Si México no castiga, Washington actuará por su cuenta. Y ahí
aparece un problema de soberanía, pero también de credibilidad.
Porque no basta con decir que hay injerencia
extranjera. México también tendría que demostrar que sus instituciones
funcionan, que las fiscalías investigan, que los jueces actúan con
independencia y que ningún político señalado recibe protección automática desde
el poder.
El caso de Rubén Rocha Moya muestra
precisamente esa tensión. Mientras en Estados Unidos crecen los señalamientos y
la presión por presuntos vínculos de figuras políticas con el crimen
organizado, en México la respuesta oficial suele ser exigir pruebas y cerrar
filas políticamente. Legalmente, cualquier acusación debe probarse ante
tribunales. Eso es correcto. Pero políticamente, la falta de investigaciones
claras alimenta la sospecha de impunidad.
El problema no es menor. Si Washington considera
que ciertos actores políticos mexicanos han sido protegidos por el sistema
judicial o por el propio gobierno, puede usar herramientas muy fuertes,
cancelación de visas, sanciones financieras, investigaciones por lavado de
dinero, solicitudes de extradición y presión sobre bancos o empresas.
Además, si los cárteles son vistos como grupos
capaces de intervenir en elecciones, financiar campañas o imponer candidatos,
el asunto deja de ser sólo criminal. Se convierte en un tema de seguridad
nacional para Estados Unidos.
Ahí México enfrenta un riesgo mayor, que su
vida política interna sea observada, investigada y presionada desde el
exterior. Y aunque eso pueda ser presentado como una violación a la soberanía
nacional, también es cierto que esa presión crece cuando el país no da
respuestas convincentes.
La soberanía no se defiende con discursos. Se
defiende con instituciones fuertes.
Si México quiere evitar que Estados Unidos
ocupe el espacio que deja la justicia mexicana, debe actuar con seriedad. Debe
investigar a fondo el financiamiento ilegal de campañas, la protección política
a grupos criminales, el lavado de dinero, el huachicol y la complicidad de
autoridades locales, estatales o federales.
De lo contrario, la relación bilateral seguirá
endureciéndose.
Después de noviembre de 2026 pueden abrirse
distintos escenarios. Con un Congreso favorable a Trump, la presión contra
México podría aumentar y convertirse en parte central de la agenda republicana.
Con un Congreso opositor, el tono podría bajar, pero las agencias
estadounidenses continuarían trabajando sus expedientes. En ambos casos, México
seguirá bajo observación.
El error sería pensar que todo se reduce a una
estrategia electoral de Donald Trump. No es así. El fentanilo, el lavado de
dinero y la penetración criminal en la política mexicana son temas que
preocupan a todo el sistema de seguridad estadounidense.
México está ante una disyuntiva seria, o
fortalece su justicia y rompe las redes de complicidad, o seguirá enfrentando
sanciones, señalamientos y presiones desde Washington.
El verdadero problema no es que Estados Unidos
señale. El verdadero problema es que México no siempre castiga.
Y cuando una potencia extranjera empieza a
sancionar lo que el propio país no investiga, la crisis deja de ser solamente
diplomática. Se convierte en una crisis de soberanía, de Estado de derecho y de
confianza pública.
México no puede defender su independencia
protegiendo la impunidad. Sólo podrá defenderla demostrando que tiene
instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado, aunque eso implique
tocar intereses políticos, económicos y judiciales.
Porque si la justicia mexicana sigue llegando
tarde, Estados Unidos seguirá llegando primero.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
