DE PRIMERA MANO
*El caso de “El Jando” desnuda la doble
moral del gobierno que exige explicaciones al FBI mientras entrega narcopilotos
sin extradición
Por Omar Zúñiga
Hay que reconocerle a la 4T una
habilidad de nado sincronizado: la de indignarse con la coreografía perfecta
cada vez que Estados Unidos mueve una ficha en el tablero del narco, y la de
guardar silencio con la misma coreografía cuando es México quien mueve la suya.
El miércoles en conferencia de prensa, la
fiscal General de la República Ernestina Godoy y el fiscal Especializado
David Boone de la Garza ofrecieron una cátedra de pasodoble; primero la indignación
soberana por el supuesto operativo del FBI que habría concluido en la detención
de Ismael “El Mayo” Zambada en Texas; después, sin transición ni
rubor, la confesión de que el propio gobierno mexicano lleva meses entregando
operadores del narco a Washington sin que medie una extradición formal.
Aparentemente la soberanía es como el
chile: pica distinto según quién se lo trague.
El argumento oficial resumido, es este:
el FBI no dio el nombre del piloto que transportó a “Ismael N”, sólo informó
que “solicitó ser deportado inmediatamente a México” luego de los “servcios
prestados” y así fue.
La FGR, no conforme con la cortesía,
tuvo que hacer su propia tarea forense: rescatar el audio en el que el piloto
solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez el código transponder para
entrar a espacio aéreo estadunidense y someterlo a dictamen pericial para
identificarlo.
Es decir, el gobierno mexicano necesitó
peritos y meses para averiguar algo que el periodismo estadunidense de Los
Angeles Times ya había resuelto.
“El piloto fue deportado (de Estados
Unidos), (y ya de vuelta en México) siguió operando, cometiendo delitos (…)
posteriormente fue detenido (en Sinaloa) por portación de armas y fue
entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al gobierno de Estados
Unidos”, fue lo que aceptó David Boone de la Garza, fiscal especializado
de control regional, FGR en la misma conferencia del miércoles de doña Godoy.
Léase de nuevo esa frase, despacio,
porque ahí está el meollo del asunto: no fue extraditado, fue “entregado”, con
el eufemismo de la Ley de Seguridad Nacional como paraguas legal, en un
procedimiento que evita el escrutinio judicial, los tiempos y las garantías que
sí exige —al menos en el papel— una extradición formal, esa misma que ahora se
niega a cumplir en el caso de Rubén Rocha Moya, exgoberndaor de Sinaloa
vinculado en EU con el narcotráfico y el mismo cártel de Los Chapitos.
*****
Ese mismo gobierno que reclama al FBI
por operar presuntamente en territorio nacional sin avisar, resulta que tiene
su propio mecanismo exprés para despachar operadores del crimen organizado
hacia Estados Unidos sin pasar por el trámite que la ley diseñó precisamente
para estos casos.
Se llama, en el lenguaje elegante de
Palacio Nacional, “cooperación”; en el lenguaje llano, se llama hacer por la
puerta trasera lo que se condena cuando otro lo hace por la ventana.
Y aunque los flamantes funcionarios de
la FGR trataron de ocultarlo, cuando se les preguntó si existe una orden de
aprehensión contra el piloto, reconocieron que lo entregaron a Washington.
Tampoco dieron su nombre, pero no fue
necesario, pues desde mayo pasado, el periodista Keegan Hamilton, de Los
Angeles Times, identificó al personaje como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias
El Jando, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán.
El Jando fue detenido en Sinaloa y, en agosto
del año pasado, formó parte del segundo envío de operadores y líderes del narco
que México “trasladó” a Estados Unidos como parte de sus “acuerdos de
cooperación”.
Para abril de este año, según registros
oficiales citados por el propio diario, El Jando ya había llegado a un
acuerdo con la justicia estadounidense y se declaró culpable.
Es decir: la prensa extranjera
documentó, con nombre, apellido, alias, fecha de detención y hasta el desenlace
judicial, lo que la FGR trataba de esclarecer (¿ocultar?).
*****
Cuando la iniciativa de “mover” a un
capo, un pistolero o un piloto la toma Estados Unidos, sea por la vía que sea o
bien encubrir a un gobernador acusado de narcotráfico, el discurso oficial
mexicano se transforma en un ejercicio de nacionalismo instantáneo: violación a
la soberanía, protesta diplomática, promesa de investigación exhaustiva.
El maldito “pero” de siempre, llega cuando
el propio gobierno mexicano es el que entrega personas a Washington sin
extradición —usando, dicho sea de paso, una ley pensada para proteger la
seguridad nacional y no para acelerar deportaciones convenientes—, el discurso
se vuelve pragmático, casi orgulloso: “cooperación”, “acuerdos”, “resultados”.
La soberanía, entonces, no es un
principio; es un recurso retórico que se activa o se desactiva según convenga a
la narrativa del día.
Nadie pide que México deje de cooperar
con Estados Unidos y menos en materia de seguridad; sería ingenuo pensar que
ambos países no necesitan trabajar juntos frente a estructuras criminales que
operan sin fronteras.
Lo que demanda la elemental congruencia
es que el mismo estándar de transparencia, control judicial y respeto a las
formas legales que se le reclama a Washington cuando actúa —o presuntamente
actúa— en territorio mexicano, se le aplique también al propio gobierno cuando
decide, por su cuenta y con fundamento en leyes de excepción, entregar a sus
propios ciudadanos sin el debido proceso que la Constitución mexicana, en
teoría, garantiza.
Lo demás es indignación selectiva,
disfrazada de dignidad nacional.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
