IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La revisión del T-MEC puede convertirse en una
prueba decisiva para la economía mexicana. Aunque el tratado no desaparece de
inmediato, el hecho de que Estados Unidos busque mayor presión sobre reglas de
origen, aranceles, autos, acero y manufactura genera incertidumbre para las
empresas. México, de hecho, llega a la negociación buscando eliminar aranceles
a autos y acero, evitar medidas unilaterales y dar mayor certeza a
inversionistas.
El primer impacto será sobre la inversión. Las
empresas que planean instalar plantas, ampliar líneas de producción o traer
capital por nearshoring necesitan reglas claras por varios años. Si la revisión
del tratado se vuelve una negociación permanente, anual o sujeta a presiones
políticas de Washington, muchas inversiones pueden retrasarse. No
necesariamente se irán de México, pero sí pueden esperar, reducir montos o
trasladar parte de sus planes a Estados Unidos.
El segundo foco rojo está en el empleo formal. La
ENOE del INEGI muestra que México mantiene una informalidad elevada: en el
primer trimestre de 2026 la tasa de informalidad laboral fue de 54.8%, superior
al 54.3% del mismo periodo de 2025; en abril subió a 55.2%, según datos del
Instituto. Eso significa que más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin
plena seguridad social, sin estabilidad y con menor aportación fiscal. Por eso,
hablar de 1.6 millones de empleos formales no es una cifra menor, implica que
México tendría que crecer muy por encima de lo que hoy se espera.
Ahí aparece la contradicción más fuerte. Si para
generar esa cantidad de empleo formal se requiere crecer cerca de 6% anual,
pero el FMI estima para México apenas 1.2% en 2026, el país enfrenta una brecha
enorme entre lo que necesita y lo que realmente puede producir bajo las
condiciones actuales. El propio FMI reporta para México una proyección de
crecimiento real de 1.2% en 2026, mientras que Reuters documentó que la
previsión fue reducida desde 1.6%.
El tercer punto es la deuda. Que la deuda
interna haya pasado en una década de representar 64% a 78% del total revela que
el gobierno depende cada vez más del mercado interno para financiarse. Esto no
es necesariamente negativo por sí mismo, porque reduce exposición cambiaria;
pero sí implica mayor presión sobre tasas, presupuesto y pago de intereses.
Además, la SHCP prevé que la deuda amplia cierre 2026 en 20.4 billones de
pesos, equivalente a 54.7% del PIB.
El escenario más probable es una economía mexicana
con crecimiento bajo,
empleo formal insuficiente y mayor cautela empresarial. El consumo puede
seguir ayudando, la inflación más baja da algo de oxígeno y el comercio con
Estados Unidos sigue siendo una gran fortaleza, pero no basta. Si no hay
certeza jurídica, energía suficiente, seguridad, infraestructura, Estado de
derecho y reglas claras en el T-MEC, el nearshoring puede quedarse por debajo
de su potencial.
En términos políticos, el riesgo para el gobierno
es que el discurso optimista choque con la realidad económica. No basta decir
que México es atractivo por su ubicación geográfica. El país necesita demostrar
que puede ofrecer confianza, productividad, seguridad y estabilidad
regulatoria. De lo contrario, la revisión del T-MEC no será sólo una
negociación comercial, será un examen sobre la capacidad de México para crecer,
formalizar empleos y sostener sus finanzas públicas.
La expectativa, entonces, es clara. México no está ante una
recesión inevitable, pero sí ante un periodo de bajo crecimiento y alta
incertidumbre. Y con un crecimiento de 1.2%, será muy difícil crear
los empleos formales que el país necesita. El verdadero reto no es presumir
estabilidad, sino convertir el T-MEC en una plataforma real de inversión,
empleo y crecimiento sostenido.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
