DE PRIMERA MANO
Este fin de semana se conoció que dos
personajes a quienes él ayudó a colocar en la nómina -de última hora- son ahora
quienes golpean las puertas de los despachos jurídicos para demandar al
municipio.
La pregunta es quién paga esos abogados,
pues cuando se solicita apoyo, el sindicato nunca tiene recursos y a última
instancia, quien lo paga son los mismos trabajadores (incluidos los mismo que
fueron hechos a un lado esperando una base), que por supuesto, no están de
acuerdo con los oscuros manejos de Juanito.
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Hay sindicatos que nacen para defender a
los trabajadores y sindicatos que nacen para defender a su líder.
El de la CTM en el Ayuntamiento de
Xalapa lleva tiempo inclinándose peligrosamente hacia la segunda categoría, y
los últimos movimientos de Juan de Dios Martínez Guzmán no dejan mucho
espacio para la duda.
El mismo hombre que sentó en la nómina
municipal a familiares de la ex directora de Recursos Humanos Yazmín Zepeda
Benvides (por cierto, recomendada de la diputada cuitlahuista Dorheny
García Cayetano), —y presumiblemente a los suyos— es el mismo que ahora se
reúne en lo oscurito con los recientemente cesados y sus abogados para armar
una demanda contra el Ayuntamiento.
No está mal el personaje: primero violó
el escalafón, y cuando las consecuencias llegaron, asume la defensa de las
víctimas que él mismo creó.
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Conviene recordar el mapa del poder.
En el sindicato cetemista del
Ayuntamiento de Xalapa, Juan de Dios Martínez Guzmán ocupa la Secretaría
General. Su esposa, como por arte de magia, controla la Secretaría de Trabajo y
Conflictos, la segunda cartera en importancia del organismo.
Dos personas, un mismo apellido, dos
sillas en la mesa donde se decide quién trabaja, quién se basifica y quién se
va a casa; eso tiene un nombre que no es “coincidencia”: se llama nepotismo
sindical, y en cualquier democracia sindical funcional habría provocado ya un
escándalo de proporciones considerables. En Xalapa, apenas merece un murmullo.
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Pero la historia se pone más interesante
cuando se añade el capítulo de los comisionados. Entre los beneficiados del
esquema de basificaciones irregulares —documentado en el informe
C/DA/REV-03/2026 de la Contraloría Municipal— estaban Esteban González Montilla,
cónyuge de la ex directora de RH Yazmin Zepeda Benavides, y, Jonathan
González Alejandro, padre de Esteban.
Ambos recibieron plazas definitivas con
apenas una semana de antigüedad, y fueron posteriormente comisionados al
sindicato, dirían los clásicos ipso facto. Dicho de otra forma: el
sindicato colocó a sus propios allegados en la nómina del Ayuntamiento y luego
los reabsorbió como fuerza de trabajo sindical, una elegancia circular que
habla muy bien de la creatividad administrativa de Juanito.
El Ayuntamiento, al recibir los
resultados de la auditoría y aplicar el artículo 37 de la Ley Estatal del
Servicio Civil, procedió este fin de semana al cese de quienes no acreditaban
los requisitos legales, es decir Jonathan y Esteban.
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Ahora, afectado en sus ntereses
personales, Juan de Dios Martínez Guzmán toma el asunto como “personal”
y está -desde ya- explorando acciones legales contra el Ayuntamiento de Xalapa.
Las preguntas que nadie hace son ¿Quién
financia esa defensa legal? ¿Salen esos honorarios de los bolsillos de Jonathan
y Esteban, quienes durante semanas cobraron del erario sin cumplir los
requisitos de ley? ¿O provienen de los recursos del sindicato, es decir, de las
cuotas de los mismos trabajadores a quienes Martínez Guzmán desplazó cuando
repartió esas plazas por dedazo?
La ironía es mayúscula.
El líder sindical que ignoró el
escalafón y dejó fuera a empleados con diez, quince o veinte años esperando
turno, ahora aparece como paladín de los derechos laborales de quienes fueron
colocados ilegalmente por él mismo. Es como si el carterista se convirtiera en
abogado de la víctima cuando le quitan lo robado.
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Para documentar el optimismo, se le
formulan las siguientes preguntas a Juanito:
¿Cuándo y cómo decidió el sindicato
avalar basificaciones sin Comisión Mixta de Escalafón activa durante todo 2025?
¿Bajo qué criterio su esposa ocupa la
Secretaría de Trabajo y Conflictos del mismo sindicato que él encabeza?
¿Quién cubre los honorarios de los
abogados que representarán a los cesados?
¿Con qué fondos sindicales —si es el
caso— se financia esa defensa legal?
¿Cuántos trabajadores con antigüedad
mayor a seis meses fueron omitidos del proceso de basificación para dar paso a
los beneficiados del esquema irregular?
Estas preguntas no son por morbo o
simple curiosidad, sino que son cuestionamientos que tienen los trabajadores
afectados de la base sindical… y por supuesto exigen las respuestas
correspondientes.
No contestar está generando una bomba de
tiempo al interior del Ayuntamiento, el tiempo corre… tic, tac.
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El Ayuntamiento de Xalapa tiene aquí una
oportunidad y un riesgo al mismo tiempo.
La oportunidad de sostener con firmeza
los ceses documentados en la auditoría y no ceder ante la presión sindical; y el
riesgo es que la nueva administración, por razones de gobernabilidad o por la
inercia de las complicidades políticas, negocie en lo oscurito una restitución
de plazas que equivaldría a premiar el fraude escalafonario. No creemos que así
suceda.
Mientras eso se define, Juan de Dios
Martínez Guzmán sigue en su silla. Su esposa también.
El sindicato opera como si nada hubiera
ocurrido y los trabajadores que llevaban
años esperando su basificación conforme a ley seguirán esperando.
Que el líder sindical se reúna con
abogados para defender a quienes él mismo colocó ilegalmente dice mucho de su
carácter, pero que pueda hacerlo sin que nadie le exija cuentas, dice más
todavía del sistema que lo sostiene.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
