IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Aunque las elecciones de 2027 todavía parecen
lejanas, los principales partidos políticos ya comenzaron a mover sus
estructuras, promover aspirantes y organizar procesos internos para definir
candidaturas. Todo esto ocurre nueve meses antes del inicio formal de las
precampañas y de las campañas electorales.
Los partidos tienen derecho a organizarse,
realizar reuniones y preparar sus estrategias. Sin embargo, una cosa es la vida
interna y otra muy distinta utilizar ese argumento para iniciar campañas
disfrazadas, posicionar nombres y obtener ventajas antes de que comiencen los
tiempos legales.
Frente a este escenario, el silencio del
Instituto Nacional Electoral resulta preocupante. Aunque la falta de un
pronunciamiento no significa una autorización jurídica, en los hechos puede ser
interpretada por los partidos como una especie de permiso para avanzar sin
límites claros.
El primer riesgo es que las candidaturas se
definan antes de las precampañas. Quienes ocupan cargos públicos, controlan
estructuras partidistas o cuentan con mayores recursos pueden realizar giras,
organizar reuniones, aparecer constantemente en medios y promover su imagen en
redes sociales. Cuando llegue el periodo oficial, algunos aspirantes llevarán
meses de ventaja.
Así, las precampañas podrían convertirse
únicamente en un trámite para confirmar decisiones tomadas con anticipación. La
competencia interna dejaría de ser equitativa y favorecería a quienes tienen
más dinero, poder político o cercanía con las dirigencias.
Otro problema es la falta de transparencia en
los gastos. Antes de las etapas formales resulta más difícil conocer quién paga
los recorridos, los espectaculares, la publicidad digital, las encuestas o los
eventos. También existe el riesgo de que funcionarios utilicen personal, vehículos,
programas sociales o recursos públicos para construir candidaturas.
Esta situación podría colocar en desventaja a
los dos nuevos partidos políticos, que apenas comenzaron a organizarse.
Mientras las fuerzas tradicionales ya tienen estructuras, gobiernos y
aspirantes conocidos, las nuevas organizaciones deberán construir presencia
territorial y buscar candidatos cuando sus adversarios llevan meses
posicionándose.
Pero el mayor riesgo es la pérdida de
autoridad del propio INE. Cuando una autoridad permite durante meses una
conducta y después intenta detenerla, sus decisiones pueden parecer tardías,
selectivas o políticamente motivadas.
Los partidos podrían preguntarse por qué se
les sanciona después de haber actuado durante tanto tiempo sin advertencias
claras. Incluso podrían ignorar los llamados, impugnar cada medida y acusar al
Instituto de actuar con parcialidad.
Esto podría provocar una elección altamente
judicializada, con denuncias por cada gira, reunión, entrevista o anuncio. En
lugar de discutir propuestas y soluciones, los partidos podrían concentrarse en
presentar quejas ante el INE y recursos ante el Tribunal Electoral.
El Instituto no necesita prohibir toda
actividad política ni intervenir excesivamente en la vida interna de los
partidos. Lo que debe hacer es establecer límites claros y aplicarlos por
igual.
Debe precisar cuándo una reunión partidista se
convierte en un acto anticipado, cómo se fiscalizarán los gastos previos y qué
consecuencias tendrá el uso de recursos públicos para promover aspiraciones
personales.
El respeto a la autonomía de los partidos no
debe confundirse con pasividad. La libertad de organización termina cuando se
afecta la equidad de la competencia.
Si el INE continúa guardando silencio, las
elecciones de 2027 podrían comenzar con candidaturas prácticamente decididas,
gastos difíciles de comprobar y aspirantes con ventajas indebidas. Una
autoridad que llega tarde puede conservar sus facultades legales, pero perder
la fuerza política y moral necesaria para hacerlas respetar.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
