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jueves, 30 de octubre de 2025

ANTE LA SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ Y LOS BLOQUEOS CARRETEROS



«Los que trabajan por la paz siembran en paz y su fruto es la justicia»

Santiago 3,18

Al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad:

La Conferencia del Episcopado Mexicano, atenta a la realidad que vive nuestro

país, desea dirigirse a todos los mexicanos ante la situación que atraviesan los productores

de maíz y las afectaciones derivadas de los bloqueos carreteros que se han registrado en

diversos estados de la República, particularmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Reconocimiento de una realidad desesperante

Como Iglesia, no podemos permanecer indiferentes ante el clamor de los

productores del campo mexicano, quienes enfrentan una situación verdaderamente

desesperante. Los precios internacionales y la falta de mecanismos efectivos de

protección han llevado a muchos de nuestros agricultores a malbaratar el fruto de su

trabajo, poniendo en riesgo su sustento y el de sus familias.

La exigencia de precios justos que permitan una vida digna no es un capricho, sino

una demanda legítima que encuentra eco en la enseñanza social de la Iglesia. El campo

mexicano, que alimenta a nuestra nación, merece ser atendido con justicia y prontitud.

Preocupación por las afectaciones a la población

Al mismo tiempo, expresamos nuestra profunda preocupación por las graves

afectaciones que estos bloqueos han causado a miles de personas: trabajadores que no

pudieron llegar a sus empleos, enfermos que no accedieron a sus consultas médicas,

medicamentos que no llegaron a su destino, y lamentablemente, personas que han

perdido la vida por falta de atención oportuna.

Las pérdidas económicas son millonarias, y el daño al tejido social es incalculable.

Cada persona afectada, cada familia que sufre, merece también nuestra solidaridad y

atención.

Llamado a la luz de la doctrina social cristiana

La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que el bien común debe prevalecer

sobre los intereses particulares, y que el destino universal de los bienes exige que los

recursos de la tierra sirvan para el beneficio de todos, especialmente de los más

necesitados.

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Ciudad de México

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En este sentido, hacemos un llamado urgente:

A las Autoridades: Es imperativo que el gobierno federal actúe con altura de

miras, diligencia y verdadera capacidad de negociación. México tiene una larga historia

de luchas agrarias que no pueden ser ignoradas. Es responsabilidad del Estado crear y

fortalecer mecanismos que garanticen precios de garantía justos, apoyos efectivos al

campo, y compensación por las pérdidas económicas que esta crisis ha generado en tan

pocos días.

A los productores: Comprendemos su angustia y reconocemos la justicia de sus

demandas. Sin embargo, les exhortamos a buscar caminos de diálogo que no profundicen

el sufrimiento de otros hermanos mexicanos que también viven situaciones difíciles.

A las empresas: Apelamos a su solidaridad y sentido de justicia para que paguen

precios justos por los productos del campo, reconociendo que detrás de cada cosecha

hay familias enteras que dependen de ese ingreso.

A toda la sociedad: Invitamos a todos los mexicanos a la comprensión mutua,

al diálogo constructivo y a la búsqueda de soluciones que beneficien verdaderamente a

todos.

Urgencia de actuar

La situación es urgente y no admite dilación. Si no se atiende con prontitud y

justicia, corremos el riesgo de caer en una descomposición social irreversible que afectará

tanto al campo como a la economía nacional y al bienestar de millones de mexicanos.

Como Pastores de la Iglesia, seguiremos acompañando a nuestro pueblo en este

momento difícil, promoviendo el diálogo, la justicia y la paz que tanto necesitamos.

Que Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los mexicanos, interceda por

nuestra Patria y nos ayude a encontrar caminos de justicia y reconciliación.

Ciudad de México, 29 de octubre 2025

+ Ramón Castro Castro

Obispo de Cuernavaca

Presidente

+ Héctor M. Pérez Villarreal

Obispo Auxiliar de México

Secretario General