De acuerdo con un documento de
la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el
Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales
etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a
obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021.
Sin embargo, la administración
del Poder Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores,
no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021
(salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, habría empleado
indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para
hacer esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001.
En consecuencia, concluye la
auditoría de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o
justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la
asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
al Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por
ello, enfatiza, subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos que
no ha sido solventado.
Las acciones emprendidas por
el Poder Judicial de Veracruz, durante la administración de la magistrada
presidenta Isabel Romero Cruz, violentarían disposiciones de la Ley de la
disciplina financiera. La ASF dio por “No solventado el Pliego de Observaciones
que se identifica con al clave 2021-E-30004-19-1870-06-001” y advierte que
procederá penalmente conforme a los términos establecidos en el Título Quinto
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás
ordenamientos legales aplicables.
PJE y Joana Bautista
prometieron ahorro de 22 millones en 2021, pero gastaron 82 millones más de lo
presupuestado.
Cabe mencionar que, en junio
de 2021, la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, anunció
el cierre de 29 juzgados en Veracruz, con lo que dijo ahorraría un total de 22
millones de pesos, como parte de un plan de austeridad, optimización y
disciplina presupuestal.
Pese a esas medidas, en
septiembre de 2021, el Poder Judicial solicitó al Congreso local una ampliación
presupuestal por 519 millones 991 mil pesos, adicionales a los mil 614 millones
que tenía aprobados para ese año. El organismo argumentó un déficit
presupuestal de 468 millones de pesos que le impedían cumplir con funciones
jurisdiccionales y administrativas.
La propia expresidenta del
Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, reconoció en un evento público que no
contaban con dinero para cambiar “los sapos de los baños”. Pese a la solicitud,
la Secretaría de Finanzas y Planeación solo le otorgó al Poder Judicial 200
millones extras para el cierre del ejercicio fiscal 2021.
Joana Bautista suma
señalamientos por presuntos actos de corrupción.
El pasado 9 de febrero de
2024, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre, confirmó la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de
corrupción cometidos al interior del organismo. Aunque dichas querellas se
presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden al
año 2023, el último año que Joana Marlen Bautista Flores fungió como
administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Jiménez Aguirre refirió que
las 4 denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría
Interna del Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito,
destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las
cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.
De acuerdo con la también
presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde
octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán
las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten
responsabilidades.