Por
Francisco Berlín Valenzuela*
(Segunda
Parte)
Es interesante recordar que el ideólogo del
materialismo histórico Karl Marx, recomendó la revocación del mandato de los
gobernantes, en sus escritos sobre la comuna de París, según se asienta en la
Enciclopedia de las Instituciones Políticas, editada por Vernon Bognador. En
los comienzos del Siglo XX algunos de los escritores políticos de la época
pugnaban por el establecimiento de formas de democracia semidirecta, tal vez con
el propósito de restar la creciente influencia que venían ejerciendo los
partidos políticos en sus luchas por alcanzar el poder.
Es indudable que el tema de la revocación de
mandato tiene seguidores y también detractores, que han expresado sus opiniones
para recomendar su práctica política o bien para oponerse a su aprobación por
los inconvenientes que le señalan.
Así, podemos decir que una de sus ventajas
la constituye el hecho de que con su práctica, se hace responsable a los
gobernantes del cumplimiento de sus compromisos hechos a los electores durante
su campaña, pues si estos le pierden la confianza por su trabajo irresponsable,
pueden exigir su sustitución por otros funcionarios.
Muy
bien podríamos afirmar que la existencia jurídica de la “revocación de mandato”,
es para un régimen presidencial como el de nuestro país, el equivalente al “voto
de censura” de un sistema parlamentario, por medio del cual se
posibilita la caída del gobierno, cuando la oposición dentro del parlamento
considera que se ha perdido la confianza a los funcionarios que lo integran por
las acciones políticas realizadas.
Una ventaja más de esta institución, es que
a través de ella se evita que los gobernantes abusen de su poder y hagan un uso indebido en el desempeño de
sus cargos, reduciéndose de esta manera los múltiples actos de corrupción y de
enriquecimiento ilícito, que la mayor parte de las veces no pueden justificar.
Cumple también la existencia de la
revocación, con el propósito de que los funcionarios públicos trabajen con
mayor eficiencia realizando sus tareas, apegados a una conducta ética, que
tenga presente el bienestar del pueblo.
Se me ocurre también, que esta institución
de la democracia semidirecta brinda al pueblo la posibilidad de que enmiende su
error al elegir a sus gobernantes, cuando se siente defraudado por su
comportamiento político e incapacidad para el desempeño de su cargo.
Por cuanto a las desventajas que se le
señalan a la revocación, se argumenta que en un régimen multipartidista, donde
los funcionarios pertenecen a distintas organizaciones políticas, se propician
batallas frecuentes y desencuentros por la forma de gobernar, por lo que la
exigencia de destitución de funcionarios en los diferentes niveles de gobierno,
suele alentar a las fuerzas políticas a actuar con revancha, manifestando su
inconformidad entre los grupos políticos rivales.
Otro aspecto negativo que se le señala a
esta forma indirecta, lo constituye el hecho de que si no está jurídicamente
regulada, sobre todo en cuanto a los porcentajes requeridos para su
instrumentación, los partidos en el ejercicio de los cargos públicos, pueden
manipular la revocación y pretender influir en los electores para que se
manifiesten a favor o en contra de la sustitución de funcionarios.
Destaca también en este análisis sobre la
revocación, la manipulación que sobre ella pretenden hacer los gobernantes a
fin de seguir conservando el poder, encausando a su favor la aplicación de esta
institución, sobre todo cuando ejercen un poder excesivo, sin frenos ni
contrapesos, por parte de fuerzas políticas antagónicas, que le hacen
conducirse al margen de los postulados y
principios de la teoría de la división
de poderes, manteniendo a las instituciones políticas bajo su control por medio de sus partidarios.
Considero que estas son tan solo algunas de
las reflexiones que el tema de la revocación del mandato genera, y que
actualmente forma parte del debate nacional en nuestros días, lo que nos
conduce a pensar que debe ser analizada con cuidado a fin de preservar la legitimidad
de origen del poder y lograr el funcionamiento adecuado de las instituciones
políticas.
Desde mi punto de vista, la revocación debe
tener candados suficientes para evitar que se haga un uso faccioso de ella y
solo se pretenda darle al pueblo la ilusión de que es él quien decide si un gobernante
debe o no permanecer en el cargo. En todo caso, ante la falta de experiencia en
la instrumentación de esta institución, se hace necesario, que las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión, actúen patrióticamente y sean
lo suficientemente leales a los principios que inspiran la democracia mexicana,
que aún está muy lejos de su consolidación política.
Pienso por lo tanto, que su implantación es
positiva para el sistema político mexicano, porque tiene la virtud de actuar como
“Espada de Damocles”, que pende sobre la cabeza de los gobernantes, quienes por
la amenaza de que pueda llegar a dañarlos en sus aspiraciones políticas,
tratarán de cumplir, con las responsabilidades otorgadas por el pueblo a fin de
no defraudar su confianza.
Invito a mis lectores, a hacer uso de su
imaginación y a reflexionar por un momento cómo se hubieran comportado los
gobernantes del pasado si hubiera existido en su tiempo, en nuestra Constitución
Política, la revocación de mandato. Seguramente hubieran actuado de otra manera,
con una mayor responsabilidad y no hubieran
existido tantos fenómenos de corrupción política y de deshonestidad que
tuvieron lugar en diferentes sexenios, pues la sociedad mexicana hubiera tenido
la posibilidad de exigir la revocación de su mandato, ejerciendo mayores controles contra su
indebido proceder, que en muchas ocasiones les permitió lograr fortunas mal habidas y causar severos daños a la economía
mexicana en lo financiero, endeudando exageradamente al país, manteniendo un poder
adquisitivo de nuestra moneda en muy malas condiciones, desmantelando la principal industria petrolera, todo lo cual propició al final de
sus sexenios, una gran cauda de millonarios en quienes ejercieron la
Presidencia de la República y la mayoría de sus colaboradores, los cuales
llegaron a pensar que los puestos
públicos que desempeñaban eran una ocasión para su enriquecimiento personal.
De ahí, que entonces no debemos tener miedo
a las instituciones, pero sí debemos vigilar que puedan desarrollarse en las
mejores condiciones dentro de nuestro sistema político, para que realmente
puedan garantizar el avance democrático de la nación
Ya el presidente López Obrador, en una
muestra de buena fe, se ha comprometido, a través de una declaración pública
firmada, de que no buscará su reelección en el futuro inmediato por ser
contrario a sus principios y a sus creencias políticas. Sin embargo es
necesario que él acepte que su propuesta de revocación de su mandato hecha
durante su campaña, deberá de hacerse el 1 de diciembre del 2021, en vez del
primer domingo de junio en que se llevaran a cabo los comicios para elegir a
los diputados que integrarán la próxima legislatura, con el propósito de no
contaminar la elección ni provocar suspicacias en el sentido de favorecer a los
miembros de su partido apareciendo en la boleta.
Esto contribuiría a facilitar la aprobación
en el Senado de la República, de esta forma de democracia semidirecta que ya
fue aprobada en la cámara de diputados, pues según se ha manifestado la
oposición integrada por los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano
no están de acuerdo en apoyar lo que hizo la colegisladora, frustrando así la
reforma constitucional, al evitar la mayoría calificada requerida, que
permitiría introducir la revocación de mandato para el Presidente de la
República, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Esperamos que esta polarización que se ha
presentado en la Cámara de Senadores, sea superada con inteligencia y
racionalidad política para bien de esta figura de revocación de mandato, que
tiene mucho que ofrecer para mejorar las condiciones del ejercicio de la
actividad política mexicana, combatir la corrupción y propiciar el avance que requiere la
democracia mexicana.
Doctor
en Derecho. Especialista en Derecho Electoral y Parlamentario, autor de libros
sobre estas materias. Conferencista y
catedrático universitario. Exdirector fundador de El Colegio de Veracruz.