Por Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz no debería haber mayor discusión sobre quién
debe encabezar el Órgano de Fiscalización Superior. Sin embargo, cada vez que
se acerca la renovación de su titularidad, aparecen las mismas tentaciones de
siempre: convertir una institución técnica en un premio político. Y eso,
precisamente, es lo que el estado ya no puede permitirse.
La Auditoría Superior del Estado no es una oficina de
relaciones públicas ni una agencia de colocaciones para grupos parlamentarios.
Es el órgano encargado de revisar miles de millones de pesos del presupuesto
público, detectar irregularidades, exigir responsabilidades y convertirse en el
principal contrapeso contra el desvío de recursos. En pocas palabras, es una
institución que debe responder a la ley, no a los intereses de quienes
circunstancialmente controlan el poder.
Por eso resulta pertinente revisar los nombres que comienzan
a mencionarse para sustituir a la maestra Delia Cobos, quien deja una
institución considerablemente distinta a la que recibió. Durante su gestión
impulsó la modernización de procesos, la digitalización de sistemas y el
fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, avances que difícilmente
pueden ignorarse al evaluar el futuro del ORFIS.
Entre los perfiles que empiezan a cobrar fuerza destaca el
de la contadora pública Cecilia Coronel Brizio.
No se trata de una improvisada ni de una funcionaria
descubierta de última hora por alguna oficina política. Su trayectoria
profesional está vinculada desde hace años al ejercicio de la fiscalización, la
administración pública y el control financiero.
Actualmente se desempeña como Auditora Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas dentro del propio ORFIS, una posición que
exige conocimiento técnico, dominio del marco jurídico y experiencia en la
revisión del manejo de recursos públicos. Antes ocupó responsabilidades como
tesorera municipal y síndica única del Ayuntamiento de Xalapa, además de
desempeñarse en la Contraloría General del Estado y en la entonces Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuario. Su formación como licenciada en Contaduría
Pública y Auditoría por la Universidad Veracruzana, complementada con estudios
especializados en fiscalización gubernamental, fortalece un perfil construido
desde el trabajo técnico más que desde la militancia política.
La diferencia no es menor.
Mientras algunos aspiran a llegar al ORFIS respaldados por
padrinos políticos, otros llegan respaldados por expedientes profesionales.
Y esa diferencia puede significar miles de millones de pesos
mejor vigilados o miles de millones convertidos, una vez más, en terreno fértil
para la opacidad.
La verdadera discusión no debería centrarse en simpatías
personales ni en afinidades partidistas. La pregunta obligada es mucho más
sencilla: ¿quién posee los conocimientos, la experiencia y la independencia
necesarios para fiscalizar sin mirar colores, amistades o compromisos
políticos?
Porque la fiscalización pierde toda credibilidad cuando
quien revisa las cuentas públicas debe favores a quienes las ejercen.
Veracruz ha pagado durante décadas el costo de instituciones
capturadas por intereses ajenos al servicio público. Basta revisar la historia
reciente para entender que buena parte de los escándalos financieros no
surgieron por falta de leyes, sino por ausencia de autoridades capaces o
dispuestas a aplicarlas con rigor.
El relevo en el ORFIS representa una oportunidad para romper
esa inercia.
No se trata de designar a una persona por el simple hecho de
ser mujer, ni por pertenecer a determinado grupo político, ni porque así
convenga a quienes hoy reparten posiciones. Se trata de colocar al frente del
órgano fiscalizador a alguien que conozca desde dentro los procesos de
auditoría, que entienda la complejidad técnica de la rendición de cuentas y que
tenga la fortaleza suficiente para resistir presiones provenientes del poder
político.
Si el Congreso decide privilegiar los méritos, la
experiencia y la capacidad profesional, Veracruz ganará una institución más
fuerte. Pero si vuelve a imponer las cuotas, los compromisos y las
recomendaciones de escritorio, el mensaje será devastador: que la fiscalización
sigue siendo moneda de cambio y no una obligación constitucional.
Porque cuando el
auditor le debe el cargo al político que debe ser auditado, la corrupción deja
de esconderse: simplemente cambia de oficina.
