Dr. Rafael Vela Martínez
La
designación del rector en una universidad pública no es un asunto
administrativo menor. Se trata de una decisión que define el rumbo académico,
político y ético de una institución que pertenece al pueblo de Veracruz. Por
ello, este proceso debe estar regido por principios de legalidad, igualdad y
legitimidad democrática, sin los cuales se pierde toda validez y la
universidad corre el riesgo de caer en la arbitrariedad y la opacidad.
El Artículo
3º Constitucional establece que la educación superior debe impartirse bajo
criterios de legalidad, democracia, respeto a los derechos humanos y excelencia
académica. Y el Artículo 1º de la Constitución obliga a todas las
autoridades a garantizar el derecho de igualdad. Estos principios no son
negociables ni pueden ser objeto de interpretaciones a modo: constituyen
mandatos jurídicos de observancia obligatoria.
En la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora en funciones, Lilia
Cedillo Ramírez, solicitó licencia para poder participar en el proceso de
reelección. Con ello se respetó el principio de igualdad de condiciones:
nadie, ni siquiera la autoridad en funciones, puede competir con ventaja sobre
los demás aspirantes. Ese es un ejemplo claro de legalidad democrática.
En la Universidad
Nacional de Colombia, el intento de alterar las reglas para imponer a un
candidato derivó en un proceso judicial. El tribunal respectivo declaró nulo el
nombramiento manipulado, confirmando una verdad jurídica inapelable: cuando
se cambia el procedimiento previsto en la normatividad universitaria, el acto
es ilegal y debe anularse.
Estos
casos demuestran que, tanto en México como en el ámbito internacional, la
legalidad en la designación de autoridades universitarias es un principio
universal.
En
contraste, la situación en la Universidad Veracruzana es alarmante. La
Junta de Gobierno decidió prorrogar por cuatro años adicionales el mandato
del rector Martín Aguilar Sánchez, en un acto que es a todas luces ilegal
e ilegítimo. Dicha prórroga no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica
ni en la normatividad universitaria. Se trata de una decisión arbitraria que
viola el principio de legalidad (art. 16 constitucional), suprime la igualdad
de condiciones entre aspirantes y niega a la comunidad universitaria su derecho
a un proceso legítimo de renovación del liderazgo.
Otorgar
un nuevo periodo sin elecciones transparentes equivale a instaurar un rector
vitalicio, figura que contradice la esencia democrática de una universidad
pública. Esto erosiona la confianza de estudiantes, académicos y egresados, y
envía a la sociedad un mensaje desolador: que la Máxima Casa de Estudios de
Veracruz tolera la ilegalidad y el autoritarismo.
La UV no
puede ser rehén de una prórroga indebida ni de componendas de poder. La
legitimidad de sus autoridades debe provenir de procesos abiertos, claros y
legales, no de maniobras que despojan a la comunidad universitaria de sus
derechos.
Hoy está
en juego más que un nombramiento: está en juego la credibilidad de la
Universidad Veracruzana, su papel como motor del desarrollo estatal y su
prestigio nacional e internacional. Una universidad que viola la legalidad
pierde su autoridad moral para enseñar el valor de la democracia y el respeto a
la ley.
Por
ello, con toda claridad afirmamos:
Sin legalidad no hay legitimidad. Sin legitimidad no hay universidad.
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