Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, dijo que un juez
giró 12 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del gobierno de Javier
Duarte a los que se acusa de peculado.
Como era de esperarse, don Felipe se abstuvo de
mencionar los nombres de los sospechosos a fin de no entorpecer la
investigación ni violar su presunción de inocencia, pero adelantó que son
personas que manejaron recursos de partidas federales.
Con este dato uno imagina sobre quienes va la
dependencia. Pero ¿por qué hasta ahora? Porque hubo mano negra en la
investigación e integración de las carpetas.
Muñoz Vázquez dijo que hace dos años, cuando llegó a
esa oficina y ordenó la revisión de varios casos, se encontró con que en unos
no había seguimiento y en otros había errores garrafales y posiblemente
intencionales. “Había carpetas de investigación que ni siquiera estaban integrándose,
y cuando ya estaban integradas parecía que la intención era que no salieran
bien”.
Éstas son las primeras (de entre 70 y 80 carpetas de
investigación y averiguaciones previas promovidas por la Auditoría Superior de
la Federación) que se integran con éxito ante un juez.
¿Qué sigue ahora?
Ir por los presuntos responsables que o ya huyeron, o
traen más amparos en la bolsa que baches hay en las calles de Xalapa.
El problema es el tiempo; Muñoz Vázquez sabe que tiene
que atraparlos en menos de dos meses, antes de que se venga el cambio de
gobierno. Y es que, aunque lo deseable sería que siga con el caso, puede que tanto
él como sus investigadores entreguen sus oficinas el 30 de noviembre.
Otro problema es la acusación. De acuerdo con el
Código Penal el delito de peculado no es considerado como grave y la pena es de
3 meses a 14 años de prisión. Esto lo saben al menos un par de ex funcionaros
acusados de haber robado, desviado o malversado (o las tres cosas juntas) más de
2 mil millones de pesos, que podrían defenderse en libertad.
Es decir, en caso de ser detenidos, se armará la
batahola mediática, estarán unos meses en prisión y después saldrán doblados de
la risa a rascarse la barriga en la comodidad de sus hogares, mientras sus
abogados dan la cara por ellos.
Pero no todo es pesimismo. Lo bueno es que hay
garantía de que las carpetas de investigación están bien elaboradas (nada que
ver con las que elaboran en la Fiscalía veracruzana). Y un buen trabajo de la
PGR permitirá que estos presuntos bandidos purguen la pena máxima de 14 años y
devuelvan lo sustraído si son encontrados culpables.
¿Alguna de esas 12 órdenes de aprehensión es para
Javier Duarte? No.
Sin embargo -manifestó el funcionario- los casos
continúan bajo investigación y si en su momento resulta responsable, se
solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (principio que
impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder
proceder en su contra.
Tantito que le escarbe don Felipe sabrá que Duarte
malversó caudales públicos y se apropió indebidamente de dinero perteneciente
al Estado, es decir, cometió peculado.
Y si la PGR pide a Guatemala una
excepción por ese delito, deberá aprovechar el viaje y agregarle el de
desaparición forzada. Porque pudiera ser que el ex gobernador esté embarrado en
más de uno de esos abominables crímenes. Y para evitar sospechas, nada como
salir de dudas.
