Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, las palabras pesan… pero los actos
pesan más. Y cuando desde la tribuna del poder se exige congruencia, la prueba
no es el discurso sino la conducta. La presidenta Claudia Sheinbaum lo
dijo con claridad: quien quiera ser candidato en 2027 deberá renunciar primero
a su cargo público.
No es un asunto menor. Es, en realidad, uno de los
temas más sensibles de la vida democrática mexicana: el uso del poder público
como trampolín electoral.
Durante décadas, en México se normalizó una
práctica que contaminó la competencia política: funcionarios que, mientras
cobraban del erario, hacían campaña con recursos, estructuras y tiempos
institucionales. Gobernadores, secretarios, delegados y hasta alcaldes
convertían las oficinas públicas en cuarteles electorales. El ciudadano pagaba
la nómina… y también la campaña.
Por eso, lo que hoy plantea la presidenta no es una
ocurrencia ni una concesión moral. Es, en el fondo, un principio elemental de
equidad democrática.
La discusión surgió tras cuestionamientos sobre el
activismo político anticipado de algunos funcionarios vinculados al partido
gobernante, Movimiento Regeneración Nacional. En diversas entidades del
país, figuras del oficialismo ya recorren territorios, organizan eventos y
posicionan su imagen rumbo al proceso electoral de 2027.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace años, los
llamados “destapes adelantados” se volvieron práctica común. Lo novedoso ahora
es que desde la Presidencia se haya puesto un límite político claro: si quieren
competir, primero deben dejar el cargo.
La lógica es sencilla. Un funcionario en funciones
dispone de ventajas evidentes: visibilidad mediática, recursos administrativos,
control territorial y acceso permanente a la agenda pública. Competir desde el
cargo rompe el principio básico de igualdad entre aspirantes.
La legislación mexicana ya contempla restricciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
legislación electoral establecen límites para el uso de recursos públicos con
fines proselitistas. Sin embargo, la realidad política suele encontrar caminos
para bordear la ley.
Por eso, la renuncia previa no solo es una decisión
administrativa; es una señal política.
Ahora bien, también conviene decirlo con franqueza:
la verdadera prueba no será la declaración presidencial, sino su cumplimiento.
Porque en la política mexicana —y eso lo sabe
cualquier observador con memoria— las reglas suelen ser estrictas… hasta que
llegan los intereses internos del poder. Y entonces aparecen las excepciones,
los silencios o las interpretaciones convenientes.
Si el criterio de la presidenta se aplica con
rigor, enviará un mensaje potente: el poder no se utiliza como plataforma
personal.
Si no se aplica, quedará como otra frase correcta
que se diluye en el pragmatismo político.
Además, hay un punto que merece atención. La
exigencia de renuncia debe aplicarse con el mismo rasero para todos:
secretarios, subsecretarios, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier
funcionario que aspire a competir. La equidad electoral no admite privilegios
jerárquicos.
De lo contrario, el discurso de austeridad
republicana y ética pública quedaría reducido a retórica.
El reto también alcanza a los partidos políticos. Morena,
que llegó al poder prometiendo transformar las prácticas del viejo régimen,
tiene ahora la responsabilidad histórica de demostrar que su narrativa de
cambio no se queda en slogans.
Porque la política mexicana ha vivido demasiados
ciclos de promesas que terminan replicando las viejas costumbres.
Renunciar al cargo para buscar otro no es un
sacrificio: es una obligación ética cuando se administra dinero público.
Al final del día, lo que está en juego no es la
carrera de un funcionario ni la disciplina interna de un partido. Lo que se
juega es algo más profundo: la confianza ciudadana en la imparcialidad del
poder.
Y esa confianza —hay que decirlo sin rodeos— es uno
de los bienes más escasos en la democracia mexicana.
Si la instrucción presidencial se cumple, será un
paso hacia una política más limpia; si no, será simplemente otro capítulo de la
larga historia del poder que exige moral… pero rara vez la práctica.
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