Por Miguel Ángel Cristiani G.
Tenemos un talento extraordinario: anunciar que
seremos líderes mundiales antes de resolver los problemas elementales que
arrastramos desde hace décadas. Nos encanta declararnos "a la vanguardia
internacional", aunque la realidad termine recordándonos que muchas veces
seguimos atrapados en la retaguardia institucional.
Ahora llegó el turno de la Inteligencia Artificial.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura
de un debate nacional sobre el futuro tecnológico de México y la regulación de
la Inteligencia Artificial. La respuesta no tardó. Desde la bancada de Morena
en la Cámara de Diputados, la legisladora Claudia Rivera Vivanco aseguró que el
país enfrenta "una oportunidad histórica" para colocarse a la
vanguardia internacional y manifestó la disposición de su grupo parlamentario
para comenzar el análisis de una iniciativa presentada semanas atrás.
Hasta ahí, el anuncio resulta no sólo legítimo sino
necesario. La Inteligencia Artificial está transformando la economía, la
educación, la medicina, la seguridad, el empleo, la producción industrial y
hasta la forma en que los ciudadanos consumen información. Ningún Estado
responsable puede permanecer indiferente frente a una revolución tecnológica de
semejante magnitud.
El problema comienza cuando el entusiasmo político
sustituye al conocimiento técnico.
Regular la Inteligencia Artificial no consiste en
redactar una ley llena de conceptos grandilocuentes. Implica comprender
algoritmos, modelos generativos, protección de datos personales, propiedad
intelectual, ciberseguridad, responsabilidad civil, transparencia algorítmica,
derechos digitales y competencia económica. Es uno de los desafíos regulatorios
más complejos que enfrenta cualquier democracia moderna.
La experiencia internacional ofrece suficientes
lecciones. La Unión Europea tardó varios años en construir su Ley de
Inteligencia Artificial, consultando universidades, empresas tecnológicas,
organismos reguladores, especialistas en derechos humanos y expertos en
innovación. Estados Unidos mantiene un modelo basado en lineamientos ejecutivos
y regulación sectorial, mientras otras naciones apenas comienzan a definir sus
propias estrategias.
México no puede improvisar.
El riesgo es que la discusión termine convertida en
otro espectáculo legislativo donde predominen las consignas políticas sobre el
conocimiento científico. Ya conocemos esa película. Se convoca a foros, se
organizan mesas de trabajo, abundan los discursos sobre el futuro y, al final,
aparece una ley llena de buenas intenciones, conceptos ambiguos y disposiciones
imposibles de aplicar.
Lo verdaderamente preocupante es que el Estado
mexicano todavía enfrenta enormes rezagos en materia de digitalización
gubernamental. Existen dependencias que continúan operando con expedientes
físicos, archivos desordenados, sistemas incompatibles entre sí y trámites que
obligan al ciudadano a recorrer ventanillas como si internet nunca hubiera sido
inventado. En esas condiciones, hablar de liderar la regulación mundial de la
Inteligencia Artificial resulta, por decir lo menos, optimista.
La tecnología avanza a una velocidad que rebasa los
tiempos tradicionales de la política. Mientras un Congreso discute una iniciativa
durante meses, las plataformas tecnológicas ya desarrollaron nuevas versiones
de sus modelos. Cuando finalmente se publica una ley, es frecuente que parte de
su contenido haya quedado rebasado por la realidad.
Eso no significa renunciar a legislar. Significa
legislar con inteligencia.
México necesita reglas claras para evitar el uso de
la Inteligencia Artificial en campañas de desinformación, fraudes digitales,
suplantación de identidad, manipulación electoral o discriminación algorítmica.
También necesita impulsar la innovación científica, fortalecer la investigación
universitaria y generar condiciones para que las empresas desarrollen
tecnología nacional competitiva.
La regulación debe proteger derechos sin asfixiar
la innovación. Debe ofrecer certeza jurídica sin convertirse en un obstáculo
burocrático. Y, sobre todo, debe construirse escuchando a quienes
verdaderamente conocen el tema, no únicamente a quienes levantan la mano cuando
su partido les indica que es momento de opinar.
La Inteligencia Artificial no distingue colores
partidistas ni obedece mayorías legislativas. Funciona con datos, evidencia,
ciencia y desarrollo tecnológico. Precisamente los elementos que con demasiada
frecuencia escasean cuando algunas decisiones públicas se toman más desde la
lógica política que desde el conocimiento especializado.
Ojalá esta vez el Congreso sorprenda para bien.
Ojalá el debate sea serio, plural y técnicamente sólido. Porque México sí
necesita una legislación moderna. Lo que no necesita es otra colección de
discursos triunfalistas destinados a anunciar una grandeza que después termina
estrellándose contra la realidad administrativa.
Porque el mayor riesgo
para México no es la Inteligencia Artificial: es seguir creyendo que la
improvisación política puede sustituir al conocimiento y luego vender cada
ocurrencia legislativa como si fuera un logro histórico.
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