Por Miguel Ángel Cristiani
Hay corrupciones que se esconden en cuentas bancarias, en contratos amañados o en empresas fantasma. Pero existen otras mucho más miserables: las que se pudren literalmente en una bodega mientras un enfermo espera una medicina que nunca llega. Eso fue lo que ocurrió en Veracruz con los medicamentos caducos encontrados en hospitales públicos de la Secretaría de Salud. Y no, no se trata de un simple “error administrativo”, como seguramente intentarán justificar algunos burócratas de escritorio. Estamos frente a una cadena de negligencia criminal que exhibe el nivel de descomposición que todavía persiste dentro del aparato público de salud.
Porque aquí no solo se tiró dinero. Aquí se desperdiciaron tratamientos, se abandonó a pacientes y se traicionó la confianza de miles de familias que dependen del sistema público para sobrevivir. Más grave aún cuando entre los medicamentos caducos aparecen insumos oncológicos, destinados a personas con cáncer. Ahí ya no hablamos únicamente de ineficiencia: hablamos de una obscenidad institucional.
Por eso resulta pertinente —y políticamente correcto decirlo— que la gobernadora Rocío Nahle García haya enviado el mensaje de que no habrá tolerancia para quienes se quieran pasar de listos o incumplan sus responsabilidades. En un estado acostumbrado durante años a la simulación, al encubrimiento y al saqueo descarado de los recursos públicos, el anuncio de investigaciones y posibles sanciones marca una diferencia que no puede minimizarse.
El diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la JUCOPO, fue claro: ya existe una investigación abierta contra quien resulte responsable. Y debe haberla. Porque alguien autorizó compras, alguien recibió medicamentos, alguien tenía la obligación de supervisar inventarios y alguien decidió mirar hacia otro lado mientras las cajas se llenaban de polvo y las fechas de caducidad vencían silenciosamente.
El problema no es nuevo. Veracruz arrastra un historial vergonzoso en materia de salud pública. Los veracruzanos todavía recuerdan los años en que el sistema hospitalario fue convertido en caja chica política. La memoria colectiva no olvida los escándalos de medicamentos falsos, tratamientos inexistentes y funcionarios enriquecidos mientras niños con cáncer sufrían la indiferencia oficial. Aquella etapa convirtió el dolor humano en negocio político.
Por eso tiene razón Bautista Hernández cuando afirma que deben quedar atrás los tiempos del espectáculo mediático con enfermos y del saqueo institucionalizado. Sin embargo, tampoco basta con el discurso. Veracruz ya escuchó demasiadas veces la promesa de que “ahora sí” habrá castigo. El problema es que históricamente las investigaciones terminan en expedientes congelados, inhabilitaciones cosméticas o sacrificios menores mientras los verdaderos responsables conservan influencias, privilegios y protección política.
Los datos son demoledores. La Secretaría de Salud de Veracruz reportó pérdidas por más de 944 mil pesos en medicamentos caducados. Tan solo el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa acumuló más de 929 mil pesos en insumos vencidos. Y mientras tanto, en el Hospital Civil de San Andrés Tuxtla aparecieron cajas deterioradas, medicamentos abandonados y material médico olvidado desde ejercicios fiscales pasados.
¿Qué clase de administración pública permite semejante barbaridad? ¿Cómo puede explicarse que un hospital almacene durante años medicamentos sin control, sin auditoría y sin responsabilidad alguna? La respuesta es incómoda: porque durante demasiado tiempo el sistema aprendió que no pasa nada. Que la negligencia no se castiga. Que el presupuesto público no tiene dueño. Y que los enfermos pobres rara vez tienen voz suficiente para exigir justicia.
Aquí no basta con despedir a un encargado de almacén para fabricar un chivo expiatorio mediático. La investigación debe subir toda la cadena de mando: administradores, jefes de farmacia, directivos hospitalarios y funcionarios responsables de supervisión. Porque si las medicinas caducaron durante años, entonces la corrupción o la incompetencia también estuvieron años sentadas en oficinas con aire acondicionado cobrando puntualmente su salario.
El verdadero cáncer del sistema de salud no siempre está en los hospitales: muchas veces está en la burocracia indolente que convierte la tragedia humana en trámite administrativo.
Porque en Veracruz las medicinas no se caducaron solas: alguien las dejó morir mientras los pacientes seguían esperando.
