Por Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz, la palabra “rendición de cuentas” se ha convertido en una especie de promesa perpetua: se repite en cada administración, en cada informe y en cada discurso oficial, pero rara vez se cumple con rigor y consecuencia.
Ahora, la auditora general del ORFIS, doctora Delia González Cobos, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga al señalar —ante los integrantes de la Asociación de Comunicadores Veracruzanos (ACOVER)— la urgente necesidad de reformar la legislación para hacer más ágil y transparente la fiscalización de los recursos públicos. Una petición tan sensata como sintomática: si la transparencia requiere una reforma, es porque el sistema actual está trabado, viejo o deliberadamente enredado.
El diagnóstico no admite matices: hay un daño patrimonial de 2,300 millones de pesos detectado en municipios, dependencias estatales y organismos autónomos. Una cifra que retrata, con descarnada precisión, la brecha entre lo que se promete y lo que realmente se cumple en materia de control del gasto público. No se trata de simples errores contables ni de interpretaciones técnicas; estamos hablando de dinero público, de recursos que debieron destinarse a servicios, obras o programas que nunca se realizaron o que quedaron inconclusos.
La doctora Delia no habló desde la complacencia, sino desde la trinchera institucional de quien conoce de primera mano las resistencias, los silencios y las omisiones que frenan la fiscalización en Veracruz. Por eso su planteamiento merece atención: el marco legal vigente es lento, burocrático y muchas veces poco claro en los plazos y alcances para dictaminar responsabilidades. En la práctica, esto se traduce en que los resultados de las auditorías —cuando finalmente se publican— llegan tarde, desfasados y con poco efecto real sobre quienes deberían rendir cuentas.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) realiza procesos permanentes de capacitación, revisión de cuentas públicas y auditorías. También, en los casos más graves, prepara posibles denuncias por irregularidades. Sin embargo, todo este esfuerzo institucional se topa con un muro: el de la política. Porque en Veracruz, como en buena parte del país, la fiscalización no siempre es un ejercicio técnico, sino un terreno de disputas partidistas y de complicidades administrativas.
De ahí la insistencia de la auditora en fortalecer el marco normativo y en profesionalizar los perfiles dentro del propio órgano. Un funcionario sin formación técnica ni ética sólida puede ser tan peligroso como un corrupto, porque ambos distorsionan la función pública: uno por ignorancia, el otro por dolo. La transparencia no se decreta, se construye con conocimiento, responsabilidad y valentía institucional.
Vale recordar que el ORFIS no actúa en el vacío. Su trabajo forma parte de un sistema que incluye al Congreso del Estado, La Fiscalía Anti corrupción, la propia Fiscalía General de Justicia, los entes fiscalizados y, por supuesto, a la sociedad. Pero ese sistema está lejos de funcionar como debería. Y mientras tanto, los expedientes de daño patrimonial se acumulan como testimonio de un mecanismo que falla justo donde debería ser más fuerte: en la rendición de cuentas.
El daño de 2,300 millones de pesos no es sólo un número; es una afrenta al contribuyente, al ciudadano que paga impuestos, al maestro que espera su pago, al campesino sin apoyo, al médico sin insumos. Cada peso desviado o mal manejado representa una promesa incumplida y una confianza traicionada. Por eso, reformar la ley no basta: se necesita voluntad política, autonomía institucional y una cultura cívica que deje de tolerar el saqueo disfrazado de trámite.
La doctora Delia habló también de la importancia de la capacitación. No se puede auditar lo que no se entiende, ni fiscalizar lo que no se conoce. Y es cierto: muchos municipios carecen de personal capacitado para integrar correctamente sus cuentas, lo que genera retrasos y observaciones evitables. Pero otros, hay que decirlo, simplemente esconden su desorden bajo el argumento del desconocimiento. Entre la torpeza y la trampa hay una delgada línea que sólo la ética puede trazar con claridad.
El problema de fondo, entonces, no es técnico sino estructural. México ha desarrollado una maraña de organismos de control, contralorías y fiscalías, pero pocos resultados efectivos. La impunidad es la constante, el castigo la excepción. Y Veracruz, con su larga historia de desfalcos municipales y de gobiernos cuestionados, no puede seguir alimentando esa estadística nacional de la simulación.
Reformar la legislación del ORFIS puede ser un paso importante, siempre y cuando no se convierta en otra reforma cosmética. Lo que Veracruz necesita es un sistema de fiscalización con dientes, con independencia y con tiempos claros. Un mecanismo que no dependa del ánimo político ni del calendario electoral.
Al final, la transparencia no se mide en discursos, sino en hechos. Y si hoy el ORFIS detecta 2,300 millones de pesos en daño patrimonial, la pregunta no es quién lo audita, sino quién lo paga. Porque mientras los responsables sigan libres y los procedimientos se diluyan en tecnicismos, la corrupción seguirá siendo el impuesto invisible que todos los veracruzanos pagamos sin saberlo.
La rendición de cuentas no puede seguir siendo un acto de fe. Debe ser una obligación jurídica, ética y pública. Y mientras no lo sea, la palabra “transparencia” seguirá siendo, en Veracruz, una promesa que no llega.
