Bitácora Política
Por Miguel Ángel Cristiani
Hay cifras que sirven para llenar un informe y otras que obligan a detenerse. Resolver 99.3% de los asuntos turnados al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz pertenece a la segunda categoría. Pero la estadística, por sí sola, no imparte justicia. La pregunta que corresponde hacer —y que hicimos a la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández— es qué hay detrás de ese porcentaje y, sobre todo, qué significa para quien espera una sentencia.
El Primer Informe de Resultados 2025-2026 del Tribunal Superior de Justicia ofrece material suficiente para ir más allá del acto protocolario. El documento comprende el periodo del 1 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026 y coloca como eje de la gestión una llamada “Justicia Cercana”, sustentada en acceso efectivo a la jurisdicción, derechos humanos, perspectiva intercultural y rendición de cuentas. InformeTSJ2026.pdf
En la entrevista, Hernández Hernández puso primero el acento donde debe estar: en la función jurisdiccional.
Y los números permiten medirla.
El informe señala que durante ese periodo la Secretaría General de Acuerdos recibió y dio trámite a 8 mil 712 expedientes derivados de medios de impugnación procedentes de todo Veracruz. De ellos, 3 mil 553 correspondieron a materia civil, 2 mil 585 a familiar, 2 mil 545 a penal y 29 a justicia para adolescentes.
Las salas especializadas, a su vez, reportaron 8 mil 076 tocas resueltos. Y cuando el informe mide específicamente la eficiencia procesal sobre los asuntos turnados, registra 8 mil 104 y 8 mil 055 resueltos: 99.3 por ciento.
Es un dato relevante. Sería mezquino desconocerlo.
También sería irresponsable convertirlo automáticamente en certificado de excelencia.
Porque una sentencia dictada no necesariamente es una sentencia firme. La propia magistrada hizo una precisión indispensable durante nuestra conversación: las resoluciones pueden ser revisadas mediante el juicio de amparo. Esa aclaración importa mucho. El porcentaje mide capacidad de resolución del Tribunal; no significa que el 99.3 por ciento de sus criterios haya quedado intocado por la justicia federal.
Ahí está, precisamente, una de las evaluaciones que convendría conocer en futuros ejercicios de rendición de cuentas: cuántas resoluciones fueron impugnadas, cuántos amparos se concedieron y, particularmente, cuántos obligaron a modificar o dejar sin efectos una determinación.
No para desacreditar a nadie. Para medir mejor.
Un Poder Judicial moderno no debería temerle a las estadísticas que permiten evaluar la calidad de sus sentencias. Al contrario.
Hay otro aspecto del informe que merece atención porque toca una deuda histórica mucho más profunda: el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
Durante la entrevista, la presidenta habló de la formación y certificación de intérpretes y traductores. El documento oficial precisa la cifra: 31 profesionales fueron incorporados al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, PANITLI, mediante un proceso en el que participaron la comunidad indígena de El Esfuerzo, en Papantla; el Poder Judicial; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Universidad Veracruzana; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Intercultural del Estado de México.
Aquí no estamos ante un asunto ornamental.
Para una persona indígena sometida a un procedimiento judicial sin comprender plenamente el español jurídico, contar con interpretación adecuada puede representar la diferencia entre ejercer realmente su derecho de defensa y simplemente estar presente mientras otros deciden su destino.
El propio informe documenta traducciones e interpretaciones de sentencias de lectura fácil en variantes del náhuatl, ñuhú u otomí, tének y tutunakú. También registra mecanismos para disponer de intérpretes certificados en distritos judiciales como Zongolica, Chicontepec, Poza Rica y Coatzacoalcos.
Eso sí es acercar la justicia. No porque aparezca escrito en un lema, sino porque elimina una barrera concreta.
La administración de Hernández Hernández también ha colocado sobre la mesa otro problema largamente postergado: el lenguaje de las sentencias.
Durante décadas, buena parte del lenguaje judicial mexicano pareció escrito más para abogados que para ciudadanos. Expedientes repletos de fórmulas, latinismos, párrafos interminables y construcciones que podían satisfacer determinados usos forenses, pero que dejaban al justiciable preguntándose algo elemental: ¿qué decidió finalmente el juez sobre mi asunto?
Una justicia que el ciudadano no puede entender queda incompleta.
El programa “En Contacto con tus Juzgadoras y Juzgadores” intenta romper parte de esa distancia. El informe registra cuatro encuentros y contacto directo con 325 personas en Perote, Emiliano Zapata, Martínez de la Torre y Minatitlán. A eso se agregan 1,282 audiencias ciudadanas, 34 visitas territoriales y atención a 52 organizaciones vinculadas con grupos en situación o condición de vulnerabilidad.
Son acciones útiles, pero habrá que observar su continuidad. La cercanía institucional no puede reducirse a reuniones, fotografías o recorridos. Tiene que traducirse en tiempos razonables, atención digna, resoluciones comprensibles y acceso efectivo a los tribunales.
Hay también una transformación menos visible, pero probablemente más decisiva: la digitalización.
Hernández Hernández explicó que se trabaja con el Poder Judicial de la Federación en la interconexión tecnológica para avanzar de las comunicaciones en papel hacia notificaciones electrónicas. El informe confirma reuniones con el órgano administrativo federal para interconectar sistemas de gestión judicial, instalar mecanismos relacionados con la FIREL y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Amparo.
Eso parece un asunto técnico. No lo es.
Cada oficio que deja de viajar físicamente, cada notificación que puede practicarse con seguridad por medios electrónicos y cada expediente que reduce tiempos muertos significa días que pueden recuperarse para el ciudadano. Siempre, claro, que la digitalización no sustituya una burocracia de papel por otra burocracia electrónica.
Y llegamos a la segunda pregunta que planteamos: ¿qué ocurre con las sanciones y la disciplina judicial?
Aquí debe quedar clara la nueva arquitectura institucional. La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano autónomo dentro del Poder Judicial y que corresponde a éste la vigilancia, supervisión de conductas y evaluación. Ese órgano rindió su propio informe, donde se encuentran los asuntos atendidos, las evaluaciones y los procedimientos correspondientes, con protección de datos personales cuando los casos continúan en trámite.
La distinción no es menor.
La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia debe responder por su desempeño jurisdiccional. El Tribunal de Disciplina, por el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia y responsabilidad. Mezclar ambas funciones solamente produciría confusión sobre quién debe rendir cuentas de qué.
Después de más de medio siglo viendo informes gubernamentales, legislativos y judiciales, uno aprende una cosa: el verdadero informe comienza al día siguiente de su presentación.
Las cifras impresas cuentan lo realizado. La realidad determina si funcionó.
El 99.3 por ciento de resolución es un punto de partida importante. Los 31 nuevos perfiles incorporados al padrón de intérpretes y traductores representan un avance concreto. La justicia de lectura fácil, las audiencias ciudadanas, los recorridos por los distritos y la interconexión electrónica apuntan hacia una institución menos encerrada en sí misma.
Pero ahora viene la prueba difícil.
Habrá que saber si disminuyen los tiempos reales para quienes litigan. Si las sentencias resisten la revisión constitucional. Si los intérpretes están disponibles cuando una persona indígena efectivamente los necesita. Si las herramientas digitales funcionan fuera de Xalapa. Si la ciudadanía entiende mejor las resoluciones. Y, desde luego, si las conductas indebidas dentro del Poder Judicial son investigadas y sancionadas por las autoridades competentes.
Porque los tribunales no construyen confianza mediante propaganda.
La construyen expediente por expediente.
Y la justicia —conviene recordarlo cada vez que se presenta un informe— no se mide solamente por cuántos asuntos se resuelven, sino por cómo se resuelven, cuánto tardan y qué derechos quedan protegidos al final del camino.
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