Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay decisiones de gobierno que no sólo exhiben una
deficiente administración; también revelan una forma de entender el poder. Y
cuando un ayuntamiento decide tratar a los medios de comunicación como si
fueran contratistas de alto riesgo, en lugar de aliados indispensables para el
ejercicio del derecho ciudadano a la información, el problema deja de ser
administrativo para convertirse en político.
Resulta difícil encontrar una explicación lógica al hecho de
que el Ayuntamiento de Veracruz presidido por la ex periodista Rosa María
Hernández sea, hasta donde se conoce, el único de los 212 municipios del estado
que exige el pago de una "fianza" para que un medio de comunicación
pueda simplemente tramitar el cobro de una factura por concepto de publicidad
oficial.
Siete mil pesos de garantía.
Como si el periodista
o el pequeño medio estuvieran concursando por una obra pública de cientos de
millones de pesos. Como si emitir una factura representara un riesgo financiero
extraordinario para las arcas municipales. Como si la presunción de buena fe,
principio elemental de toda relación entre autoridad y proveedor, hubiera sido
sustituida por la sospecha permanente.
Lo más grave es que esta práctica no nació con la actual
administración. Es un viejo mecanismo heredado de los gobiernos panistas que
gobernaron el puerto durante años, diseñado precisamente para levantar barreras
burocráticas que limitaran el acceso de muchos medios a la publicidad
institucional. Una forma elegante de excluir sin prohibir; de censurar sin
censurar; de seleccionar discrecionalmente quién podía sobrevivir y quién debía
quedarse fuera.
La diferencia es que las herencias políticas no son una
obligación moral. Quien llega al poder tiene la responsabilidad de corregir los
abusos del pasado, no de perfeccionarlos. Gobernar implica revisar las
prácticas recibidas, eliminar las que lesionan derechos y construir
instituciones más justas. Repetir inercias autoritarias sólo demuestra falta de
criterio propio o, peor aún, comodidad para ejercer el poder mediante
mecanismos de control.
Por eso sorprende aún más que esta política permanezca
vigente bajo una presidenta municipal de MORENA que conoce perfectamente el
trabajo periodístico. Antes de ocupar un cargo público, también recorrió
calles, cubrió conferencias, buscó entrevistas y entregó notas. Sabe, porque lo
vivió, que la enorme mayoría de los medios locales no navega en la abundancia.
Sobreviven literalmente día con día, enfrentando costos crecientes, una
competencia desigual y un mercado publicitario cada vez más reducido.
Exigir una garantía económica a quienes apenas logran
sostener una empresa informativa no es un acto de responsabilidad
administrativa. Es una muestra de absoluta desconexión con la realidad. Más aún
cuando, según denuncian periodistas del puerto, además de esa fianza deben
dejar retenido el importe correspondiente a la primera factura pagada como otra
especie de garantía adicional. Dos candados para cobrar un servicio ya
prestado. Dos actos de desconfianza institucional hacia quienes cumplen con
requisitos fiscales, entregan evidencias de publicación y acreditan plenamente
su actividad.
La pregunta es inevitable: ¿de qué exactamente pretende
protegerse el Ayuntamiento? Si existe un contrato, una orden de inserción, una
factura legalmente emitida y un servicio comprobable, la garantía es el propio
marco jurídico. Lo demás parece más un instrumento de intimidación
administrativa que un mecanismo de control financiero.
No deja de ser paradójico que mientras desde el discurso
oficial se proclama la cercanía con el pueblo, la transparencia y la
transformación de las instituciones, en la práctica sobrevivan procedimientos
que castigan precisamente a quienes ejercen una función esencial para cualquier
democracia: informar. La publicidad oficial nunca debería utilizarse como
premio para los dóciles ni como castigo para los críticos. Mucho menos
convertirse en un laberinto burocrático diseñado para desalentar la
participación de medios independientes.
El periodismo atraviesa una de sus etapas más complejas. La
reducción de ingresos, la migración digital, la concentración publicitaria y la
violencia contra comunicadores han colocado a cientos de empresas informativas
al borde de la desaparición. En ese contexto, imponer cargas económicas
injustificadas desde una autoridad municipal resulta no sólo insensible, sino
profundamente contradictorio con cualquier discurso de fortalecimiento
democrático.
La presidenta municipal aún está a tiempo de corregir.
Bastaría revisar esa disposición, eliminar un requisito que no existe en
prácticamente ningún otro municipio de Veracruz y enviar un mensaje claro de
respeto a la libertad de información y al ejercicio periodístico. Persistir en
esa política equivaldría a reconocer que el problema no era la herencia
recibida, sino la voluntad de conservarla.
Cuando un gobierno
exige una fianza para pagar una factura, no administra recursos: administra la
desconfianza y convierte la libertad de informar en un privilegio sujeto al
permiso del poder.
"En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la
nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras...
siempre y cuando primero dejes una fianza."
