Dr. Rafael Vela Martínez
Las recientes declaraciones del rector Martín Aguilar Sánchez sobre una presunta expansión académica de la Universidad Veracruzana (UV) hacia municipios como Martínez de la Torre y Zongolica, bajo el argumento de incrementar la cobertura educativa, descentralizar la oferta académica y avanzar hacia un modelo de ingreso directo, merecen una reflexión seria, crítica y responsable por parte de la sociedad veracruzana.
En principio, resulta positivo que finalmente desde Rectoría se reconozca algo que numerosos académicos hemos venido denunciando: la profunda centralización que caracteriza a la Universidad Veracruzana (más del 40% está concentrado en Xalapa). Hoy, después de casi cinco años de administración, se acepta implícitamente que la UV tiene una presencia territorial limitada y profundamente desigual.
De acuerdo con el diagnóstico desarrollado en la obra “Universidad Veracruzana: su pasado inmediato y sus retos actuales”, la universidad apenas cuenta con infraestructura educativa real en alrededor de 21 municipios, y aun considerando su área de influencia metropolitana, apenas alcanza cobertura indirecta en cerca de 52 municipios de los 212 que conforman el estado de Veracruz. El propio diagnóstico documenta que más del 85% de la matrícula universitaria se concentra en unas cuantas ciudades como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos, evidenciando un modelo universitario profundamente centralista.
Lo más preocupante es que este problema no es nuevo. Durante años se ha advertido públicamente sobre el abandono educativo que enfrentan vastas regiones rurales, indígenas y serranas de Veracruz. Incluso, estas observaciones no solo forman parte de diversos artículos periodísticos que he publicado anteriormente, sino también del proyecto universitario que se propuso para la rectoría y del libro antes citado, donde se cuestiona con severidad el desempeño de la actual administración universitaria. La pregunta inevitable es: ¿Por qué hasta ahora?
Han transcurrido prácticamente cinco años de rectorado y apenas hoy se reconoce el enorme rezago educativo y territorial que registra Veracruz. Resulta difícil creer que la administración universitaria descubra apenas ahora las enormes carencias de cobertura, cuando miles de jóvenes veracruzanos han quedado excluidos históricamente del acceso a la educación superior pública. Más aún, si realmente existiera un proyecto serio de descentralización universitaria, tendría que sustentarse en estudios técnicos rigurosos sobre demanda potencial, infraestructura regional, conectividad digital, condiciones socioeconómicas, movilidad territorial y pertinencia académica. Sin embargo, hasta el momento no se conocen públicamente diagnósticos integrales que expliquen por qué únicamente Martínez de la Torre y Zongolica fueron considerados como prioridades. ¿Acaso las regiones de la Huasteca Alta y Baja no requieren también presencia universitaria? ¿Qué sucede con municipios históricamente marginados como Chiconamel, Zacualpan, Huayacocotla, Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, Tantoyuca, Tempoal o Álamo? ¿Y qué ocurre con la Sierra de Otontepec; la región de Los Tuxtlas, la Sierra de Santa Martha o municipios como Soteapan, Pajapan y Tatahuicapan? ¿Ya no forman parte de Veracruz? El mismo cuestionamiento aplica para el Istmo veracruzano y regiones extremas como Uxpanapa, así como para amplias zonas de la Cuenca del Papaloapan y municipios estratégicos como Tierra Blanca.
La realidad es que Veracruz presenta enormes desigualdades territoriales en acceso a educación superior, y pretender resolverlas mediante anuncios aislados o declaraciones mediáticas resulta insuficiente. Pero existe un problema aún más delicado. El rector habla de ampliar cobertura mediante modalidades electrónicas y educación a distancia, cuando una parte importante de las regiones rurales e indígenas del estado carecen incluso de condiciones mínimas de conectividad, infraestructura digital, transporte y servicios básicos. El propio diagnóstico universitario reconoce la necesidad de ampliar infraestructura física, bibliotecas, auditorios, conectividad y campus inteligentes antes de plantear una expansión real.
En muchos municipios veracruzanos, el acceso a internet sigue siendo limitado, intermitente o prácticamente inexistente. Hablar entonces de “educación digital” sin resolver previamente esas condiciones estructurales, parece más una declaración política que una estrategia seria de transformación universitaria.
Más aún cuando la propia universidad enfrenta problemas internos evidentes: deterioro de infraestructura, deficiencias de mantenimiento, problemas recurrentes de conectividad dentro de las instalaciones universitarias y fuertes cuestionamientos sobre el ejercicio presupuestal. Resulta inevitable pensar que estas declaraciones buscan más bien contener el creciente descontento social y universitario derivado de la cuestionada legitimidad de la actual rectoría, así como responder a la presión de medios de comunicación y sectores académicos críticos que han documentado consistentemente las limitaciones de esta administración.
Porque una verdadera expansión universitaria no puede construirse sobre discursos improvisados ni ocurrencias coyunturales. Requiere planeación estratégica, respaldo financiero, legitimidad institucional, vinculación con el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, organismos internacionales y el sector empresarial, además de un proyecto integral de desarrollo regional. La Universidad Veracruzana necesita mucho más que anuncios mediáticos: necesita visión de Estado.
Y antes de prometer cobertura universal mediante plataformas digitales, quizá lo primero que debería garantizarse es algo mucho más elemental: mantenimiento digno a la infraestructura existente, acceso eficiente a internet dentro de todas las instalaciones universitarias, así como preservar la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores de la UV: claro que esto último no lo va a garantizar un rector ilegal.
