CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
El artículo 134 constitucional no habla de vedas, de jornadas ni de fines de semana, "ordena" simplemente a los servidores públicos aplicar en todo tiempo, con imparcialidad, los recursos a su cargo, para NO influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.
En Veracruz,- durante el pasado sexenio con Cuitlahuac García,- "el blindaje electoral" se hizo como operativo de temporada: se anunciaba, se promovía una fotografía y se guardaban las unidades de transporte, en el mejor de los casos.
E incluso el ejemplo actual o más reciente lo documentó el propio gobierno. A finales de mayo de 2025, en vísperas de la elección municipal, la administración estatal anunció el resguardo de los vehículos oficiales, oficinas y bodegas durante el fin de semana de la jornada, con excepción de las áreas de seguridad, protección civil y salud; y hasta le encargó la vigilancia a los 32 órganos internos de control (OIC) de la Contraloría General y difundió entre todo el personal las prohibiciones vigentes.
"Hubo medidas, y esto hay que reconocerlo".
Lo que no aparece en las fuentes públicas consultadas a hoy 20 de octubre de 2026 es el texto de esos lineamientos ni un informe de resultados: en relación a cuántas unidades se resguardaron, cuántas quejas llegaron, si hubo o no y cuántas investigaciones se abrieron.
Cabe decir también que NO es un vicio exclusivo de la actual administración de la Contraloría General actual, en descargo de ellos.
Se avecina el II Informe del Gobierno de Rocío Nahle, y a la par las comparecencias de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo ante el Congreso del Estado a través de las Comisiones Legislativas Permanentes.
Y habría de esperarse que la Ingeniera Nahle, su gabinete y en especial la CGE dedique un espacio para informar de las elecciones en marcha desde el enfoque del Blindaje Electoral, entre otros temas.
"Y es que desde el inicio del régimen estatal actual y en el primer informe de gobierno, la Gobernadora fue puntual sobre la no intervención de servidores públicos en comicios".
Creo importante decir que los materiales y las herramientas de los órganos de control o sea, las Contralorias,- así lo dice la norma y la transparencia para la rendición de cuentas,- deben estar disponibles para consulta, no siendo así, alimenta e ilustra un problema en la percepción ciudadana: "un blindaje que no deja huella pública verificable no se puede evaluar", de ahí que la titular de la CGE Barbara Galindo, y su equipo, lleva a suponer que están trabajando con sentido institucional y responsabilidad, para que muy pronto sepamos en Veracruz lo que hacen en ese rubro.
Y Veracruz tiene memoria de por qué hace falta. En 2013, videos y audios presentados por un diputado federal, llevó a destapar el presunto uso de Oportunidades y 65 y Más - ahora el programa es llamado; Bienestar - con fines electorales; y la SEDESOL en aquel momento, procedió a la separación temporalmente a su delegado, y aceptó la renuncia de seis funcionarios y la entonces FEPADE abrió una averiguación.
Más de tres años después, un juez dictó auto de formal prisión a cuatro exfuncionarios por haber puesto información de padrones al servicio de la campaña de un partido.
"Después, en 2016, el delegado de PROSPERA renunció tras difundirse un audio que lo vinculaba con la campaña priista a la gubernatura, apenas dos meses después de que la dependencia firmara un pacto de blindaje". Y NO se conoce públicamente una sentencia definitiva en ninguno de los dos casos.
"Y así cambian los colores; la tentación, no", pero habría de cuidarse que otro partido en el poder, las quejas NO se repitan.
En marzo de 2024, el sindicato de empleados del Poder Ejecutivo denunció ante la Contraloría que trabajadores de la Sedarpa eran enviados a mítines de Morena pagando de su bolsa los viáticos, y que uno fue separado por negarse; su propio dirigente anticipó que la denuncia podría archivarse, y que por cierto, no se conoce de resolución alguna.
En mayo de 2026, antes del acto del día 31 en el puerto con motivo del informe nacional de la presidenta, personal de salud relató a la prensa porteña que algunos líderes sindicales los convocaban por WhatsApp con amenazas de sanción; y una columna local recogió esos señalamientos semejantes en la Jurisdicción Sanitaria V, y una carta anónima difundida en un portal de opinión habló de policías citados con pase de lista y de viáticos pagados a los mandos.
Así pues, estos testimonios sin documentos públicos y sin respuesta oficial conocida; por eso mismo exigen toda una investigación, no carpetazo ni linchamiento. Conviene separar la paja del grano.
La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido, en su jurisprudencia 14/2012, que la sola asistencia de servidores públicos a actos proselitistas en días inhábiles no está restringida: es libertad de asociación. "El 31 de mayo fue domingo, pero lo que ningún derecho ampara es coaccionar a subordinados, conducta que la ley general en materia de delitos electorales castiga con hasta nueve años de prisión".
Ahí está el nudo o diría Don Mario Moreno Reyes "Cantinflas"; ahí esta el detalle chato.
El OPLE instruye y el Tribunal Electoral de Veracruz resuelve las violaciones al 134, pero cuando el infractor es servidor público, por regla da vista a su superior o al órgano de control para que sancione, de ahí la relevancia de la CGE.
Las contralorías investigan faltas como el desvío de recursos o también, el abuso de funciones; las fiscalías, delitos. Si cada eslabón espera al otro, nadie sanciona. Y así pues, las denuncias naufragan por falta de prueba. "Por eso el blindaje debe ser permanente" y, sobre todo, producir la evidencia.
Bitácoras y geolocalización de vehículos oficiales cruzadas con las cargas de combustible. Oficios de comisión y viáticos publicados con destino y objeto. Registros de asistencia que permitan contrastar los horarios con las agendas partidistas. Inventario y reglas de uso de las cuentas institucionales en redes. Padrones de programas sociales con cortes fechados y auditables. Un canal de denuncia con protección real contra represalias, capacitación obligatoria e informes trimestrales de resultados. Nada de esto inventa obligaciones: desarrolla las del 134 y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin invadir competencias ni restringir los derechos políticos de quien, en su tiempo libre, quiera ir a un mitin, y está en su derecho.
DE SOBREMESA
El concurrente y actual proceso electoral ya está en marcha: en el 2027 elegiremos a 500 diputaciones federales y 50 en el Congreso del Estado.
Y también hay ya "quejas por actos anticipados", ante el OPLE y la Sala Regional Xalapa, situación que avisa que el proceso nació judicializado. "Y la Contraloría está a tiempo de publicar lineamientos antes de las precampañas, y NO en la víspera de la jornada".
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
Un blindaje que se activa el viernes y se levanta el lunes no blinda: decora.
¡ES CUANTO!
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