Por Miguel Ángel
Cristiani G
Hay una vieja costumbre en el poder mexicano: cuando la
realidad resulta incómoda, se cambia el nombre del problema con la esperanza de
que desaparezca. No se resuelve; se rebautiza. Es el viejo recurso de creer que
modificando las palabras también cambian los hechos. Pero la electricidad,
afortunadamente para la verdad, no entiende de propaganda.
Ahora resulta que para la presidenta Claudia Sheinbaum los
apagones que desde hace meses padecen miles de mexicanos ya no son apagones,
sino simples "interrupciones del servicio". La diferencia semántica
podrá tranquilizar a los estrategas de comunicación de Palacio Nacional, pero
difícilmente convencerá a la familia que perdió sus alimentos refrigerados, al
comerciante que suspendió ventas, al hospital que activó plantas de emergencia
o a la industria obligada a detener su producción.
Las palabras importan. También los conceptos. Y precisamente
por eso conviene aclarar la diferencia que desde el discurso oficial pretenden
diluir.
Toda interrupción del servicio eléctrico implica una
suspensión del suministro, pero no toda interrupción constituye un apagón. El
apagón representa la pérdida total e inesperada de energía en una zona
determinada, generalmente como consecuencia de fallas relevantes en la
infraestructura eléctrica, sobrecargas del sistema o deficiencias en la
generación y transmisión. La interrupción del servicio es un concepto técnico
mucho más amplio, que puede incluir cortes programados para mantenimiento o
suspensiones momentáneas por diversas causas.
Es decir, todo apagón es una interrupción del servicio, pero
no toda interrupción del servicio es un apagón.
El problema es que cuando colonias enteras, municipios
completos y regiones del país permanecen durante horas sin electricidad, el
ciudadano no necesita un diccionario técnico para saber que vive un apagón. Lo
experimenta en carne propia. Lo sufre. Lo paga.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, que no presume
títulos de ingeniero ni pretende dar clases de ingeniería eléctrica, resume el
asunto con una lógica aplastante: cuando una instalación deja de recibir
mantenimiento durante años, cuando transformadores envejecidos siguen operando
por encima de su capacidad y las redes de distribución se deterioran sin
renovación suficiente, el resultado inevitable son las fallas. No hace falta un
doctorado para entender lo que cualquier electricista de barrio explica en
cinco minutos.
Ahí aparece otro dato incómodo que el oficialismo preferiría
mantener en penumbras. Durante años, la Comisión Federal de Electricidad estuvo
encabezada por Manuel Bartlett. Nadie podría atribuirle experiencia técnica en
sistemas eléctricos. Su trayectoria política se construyó en otros terrenos
bastante más polémicos. Su nombre quedó asociado para siempre a la célebre
"caída del sistema" electoral de 1988, además de múltiples
cuestionamientos públicos sobre su patrimonio. Sin embargo, la modernización
integral de la infraestructura eléctrica jamás apareció como una prioridad
visible de su administración.
Hoy comienzan a cobrarse las facturas de ese abandono.
Durante décadas la red eléctrica nacional fue creciendo
mientras buena parte de su infraestructura envejecía. El incremento de la
demanda provocado por el crecimiento urbano, la expansión industrial, el uso
intensivo de sistemas de aire acondicionado y las temperaturas extremas exige
inversiones permanentes, sustitución de equipos obsoletos y mantenimiento
preventivo constante. La electricidad no admite discursos ideológicos: requiere
ingeniería, planeación y recursos.
Pero en la política contemporánea parece más rentable
administrar narrativas que resolver problemas. Si la inflación incomoda, se
minimiza. Si aumenta la violencia, se relativiza. Si aparecen apagones,
simplemente dejan de llamarse apagones.
El riesgo de esta estrategia es enorme. Un gobierno que
comienza modificando el lenguaje termina desconectándose de la realidad. Y
cuando el discurso oficial insiste en negar lo que millones de ciudadanos
experimentan todos los días, no sólo se erosiona la credibilidad institucional:
también se rompe la confianza entre gobernantes y gobernados.
Porque el país no necesita nuevos eufemismos. Necesita
transformadores nuevos, líneas eléctricas modernas, mantenimiento permanente,
planeación técnica y funcionarios capaces de reconocer los problemas antes de
intentar maquillarlos con definiciones administrativas.
Porque cuando el gobierno pretende iluminar la realidad
cambiándole el nombre a los apagones, lo único que demuestra es que la
oscuridad más peligrosa no está en la red eléctrica, sino en el discurso del
poder.
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