Por Miguel Ángel Cristiani
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la
Cámara de Diputados un presupuesto de 36 mil 114 millones de pesos para
financiar su operación ordinaria, el proceso electoral federal y local de 2027
y una eventual consulta popular. La cifra, por sí sola, ha encendido el debate
nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en
expresar su desacuerdo. Consideró exagerada la propuesta al recordar que la
elección presidencial de 2024, con la renovación del Congreso de la Unión y la
elección de la titular del Poder Ejecutivo Federal, costó considerablemente
menos. Su argumento es sencillo: si el proceso de 2027 es similar, el
incremento debería corresponder únicamente a la inflación acumulada y no
representar un aumento de alrededor de 15 mil millones de pesos.
Más allá del inevitable choque entre el Ejecutivo y
el árbitro electoral, la discusión de fondo pertenece a los ciudadanos, que son
quienes finalmente financian ambos presupuestos.
La pregunta no es si la democracia cuesta. Claro
que cuesta. Organizar elecciones confiables, instalar casillas, capacitar
funcionarios, producir documentación electoral y garantizar certeza jurídica
tiene un precio. Lo verdaderamente importante es determinar si cada peso
solicitado está plenamente justificado.
Y es precisamente ahí donde el debate apenas
comienza.
Mientras el INE ya puso sobre la mesa su petición
presupuestal, en Veracruz todavía no se conoce públicamente cuál será el monto
que solicitará el Organismo Público Local Electoral para organizar los comicios
concurrentes de 2027. Lo lógico sería que ese proyecto se presente con el mismo
nivel de detalle y apertura, explicando cuánto se destinará a la organización
electoral y cuánto al funcionamiento administrativo del organismo.
También sería pertinente conocer cuánto se ejercerá
en campañas de comunicación social. En meses recientes, el OPLE destinó
recursos para difundir la convocatoria y posteriormente los resultados de una
consulta dirigida a niñas, niños y adolescentes, ejercicio que sin duda tiene
un propósito formativo, pero cuya relación costo-beneficio merece ser evaluada
por la ciudadanía. La pregunta no es si esas actividades deben realizarse, sino
si el gasto destinado a ellas es proporcional y prioritario frente a las
responsabilidades esenciales del organismo.
La exigencia de transparencia no puede dirigirse
únicamente a los gobiernos. Los organismos constitucionales autónomos
administran recursos públicos y, por esa razón, también deben explicar con
claridad cómo y por qué los ejercen.
En 2025, el propio OPLE aprobó un proyecto de
presupuesto para 2026 que contemplaba recursos para el fortalecimiento
institucional, el proceso electoral, prerrogativas a partidos políticos y la
elección judicial; posteriormente realizó ajustes para adecuarlo a las
necesidades del ejercicio fiscal.
La sociedad no espera elecciones más baratas a
costa de su credibilidad. Lo que exige son elecciones eficientes, instituciones
sobrias y administraciones responsables.
Porque la democracia no se mide únicamente por la
limpieza de las urnas.
También se mide por la limpieza con que se
administra el dinero de los ciudadanos.
Y si el INE debe explicar por qué necesita 36 mil
millones de pesos, el OPLE Veracruz también tendrá que responder, con la misma
transparencia, cuánto costará organizar las elecciones en el estado y en qué
piensa gastar cada peso.
La confianza en las instituciones electorales no
solo se construye contando votos. También se fortalece cuando quienes
administran recursos públicos aceptan que la rendición de cuentas es parte
inseparable de la democracia que están llamados a proteger.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:
"¿La democracia se fortalece con más
presupuesto... o con más confianza ciudadana en quienes administran ese
presupuesto?"
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