Por Miguel Ángel Cristiani
Hay momentos en la vida pública que parecen rutinarios, pero en realidad son decisivos para la salud democrática de un país. La designación del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es uno de esos momentos. No se trata de un trámite burocrático más. Se trata de elegir a quien tendrá en sus manos la tarea de revisar, con lupa y sin concesiones, el uso de miles de millones de pesos del dinero público.
Por eso resulta relevante lo que ocurre esta semana en la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el legislador veracruzano Javier Herrera Borunda, informó que este martes deberá definirse la terna de aspirantes que será presentada al Pleno para elegir al nuevo auditor superior.
El dato no es menor. La ASF es el principal órgano técnico de fiscalización del Estado mexicano. Su responsabilidad, establecida en el artículo 79 de la Constitución y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es revisar la cuenta pública, evaluar el uso de los recursos federales y señalar irregularidades cuando las haya. En otras palabras: es la institución que debe vigilar que el dinero del pueblo no se pierda entre la corrupción, la opacidad o la negligencia administrativa.
La elección del auditor, por tanto, no puede convertirse en una negociación política más. Tampoco en una cuota partidista. El país ya ha pagado demasiado caro cuando las instituciones encargadas de fiscalizar se subordinan al poder político.
Herrera Borunda explicó que el proceso ha seguido el procedimiento establecido por la ley. Se realizaron 77 entrevistas a aspirantes al cargo, cada una acompañada por un sistema de evaluación que calificó preparación, desempeño y capacidad técnica de los candidatos. En total, se generaron 3 mil 80 evaluaciones que fueron entregadas a los legisladores de manera foliadas y remitidas a la Secretaría Técnica de la Unidad de Evaluación y Control.
Es un proceso complejo, pero necesario. La fiscalización no es un asunto de discursos; es un ejercicio técnico que exige conocimiento profundo en materia presupuestaria, contable, jurídica y administrativa.
Ahora bien, más allá del procedimiento, hay un elemento político que conviene subrayar. En días recientes surgieron versiones sobre un supuesto “palomazo” o intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la designación del nuevo auditor. El propio presidente de la Comisión de Vigilancia aclaró que la ley establece que el proceso corresponde exclusivamente a las y los diputados federales, y que la mandataria ha manifestado públicamente que no se entrometerá en la autonomía del Poder Legislativo.
Esa aclaración no es menor. En una democracia constitucional, los poderes deben mantener equilibrios claros. La independencia de la ASF depende, en gran medida, de que su titular no llegue al cargo como resultado de una decisión política externa, sino como producto de un procedimiento institucional transparente.
Otro aspecto que llamó la atención en el proceso es la baja participación femenina. De acuerdo con los datos presentados, apenas el 17 por ciento de quienes se registraron en la convocatoria fueron mujeres, frente a un 78 por ciento de hombres.
Ante ese desequilibrio, Herrera Borunda planteó una propuesta que merece ser discutida: que, en caso de que entre los tres aspirantes mejor evaluados no se encuentre una mujer, se aplique una acción afirmativa para garantizar que al menos una integre la terna final.
El planteamiento refleja una realidad que persiste en muchos espacios de la administración pública: la desigualdad en el acceso a posiciones de alta responsabilidad. La equidad de género no puede ser una consigna vacía; debe reflejarse en decisiones concretas que permitan ampliar la participación de mujeres en cargos estratégicos.
En los próximos días se definirá si la terna logra consenso suficiente para ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. La ley establece además un escenario interesante: si la propuesta es rechazada por la mayoría, ninguno de los integrantes de esa terna podrá volver a aparecer en una nueva propuesta.
Esto obliga a los legisladores a construir acuerdos sólidos desde el inicio.
También hay un factor de tiempo que presiona las decisiones. El actual auditor superior, David Colmenares, concluye formalmente su encargo el 15 de marzo, tras ocho años al frente de la institución. Hace ocho años, el país vivió una situación incómoda: la ASF permaneció tres meses sin titular.
Hoy, según lo expresado por el presidente de la Comisión de Vigilancia, existen condiciones para que el nombramiento se concrete incluso esta misma semana.
Ojalá así sea. La Auditoría Superior no puede operar con incertidumbre en momentos en que la vigilancia del gasto público es más necesaria que nunca.
Porque al final del día la discusión no es sobre nombres, ni sobre equilibrios partidistas. La verdadera pregunta es otra: ¿queremos una Auditoría que vigile al poder o una que lo acompañe?
La respuesta definirá, en buena medida, la credibilidad del sistema de rendición de cuentas en México.
Y ahí, como siempre, la última palabra la tiene el Congreso. Y detrás de él, la ciudadanía que exige transparencia, legalidad y responsabilidad en el uso del dinero público.
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