IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta
Bravo
En México, la carrera rumbo a 2027 parece haber
comenzado mucho antes de lo que marca el calendario electoral. Bajo distintas
denominaciones —“coordinadores”, “defensores” o “aspirantes adelantados”— los
partidos políticos han encontrado formas de posicionar figuras públicas sin
declararlas formalmente como candidaturas. Aunque en apariencia estas figuras
no violan la ley, en la práctica cumplen funciones muy similares a las de una
campaña: generan reconocimiento, movilizan estructuras, recaudan apoyos y,
sobre todo, construyen ventaja. Buscan repetir lo que Vicente Fox hizo en el
2000, inició antes que todos, tanto que después fue imposible alcanzarlo.
Este fenómeno no distingue colores partidistas.
Morena, PRI y PAN, cada uno con su propio lenguaje, participan en una dinámica
común: anticipar la
competencia electoral sin llamarla por su nombre. El problema
no es únicamente semántico; es profundamente político y democrático.
El primer impacto evidente es la desigualdad en la contienda. Quien inicia antes,
acumula tiempo, visibilidad y posicionamiento. Esto puede traducirse en
ventajas indebidas, uso anticipado de recursos —no siempre transparentes— y aún
con la sospecha de recursos provenientes de actividades ilícitas, y una erosión del principio de equidad. La
democracia, en esencia, exige condiciones parejas; adelantar los tiempos rompe
ese equilibrio.
A ello se suma un fenómeno más complejo: la simulación legal. Los partidos operan en zonas
grises, utilizando figuras que no están expresamente prohibidas pero que
tampoco fueron previstas por la regulación. Este vacío genera dificultades para
sancionar y, peor aún, instala en la percepción pública la idea de que la ley
puede rodearse sin consecuencias reales.
Otro efecto es la consolidación de campañas permanentes. La política deja de ser
cíclica y se vuelve continua. Gobernar pasa a segundo plano frente a la
necesidad constante de competir. El resultado es doble, por un lado, menor
atención a la gestión pública; por otro, un desgaste ciudadano provocado por la
saturación mediática y la sobreexposición política.
Pero quizás el impacto más delicado es el debilitamiento de la confianza pública. Cuando la
ciudadanía percibe que todos los partidos estiran o reinterpretan la ley, y que
las sanciones son escasas o ambiguas, comienza a erosionarse la idea de
justicia electoral. Sin confianza, la democracia pierde uno de sus pilares
fundamentales.
Ante este escenario surge una pregunta inevitable:
¿esto significa que no hay árbitro electoral en México? La respuesta requiere
matices. El Instituto Nacional Electoral (INE) existe, tiene facultades y sigue
operando, pero enfrenta limitaciones importantes, o bien su desempeño busca
favorecer al actual partido en el poder.
En primer lugar, la ley presenta vacíos normativos. Muchas de estas prácticas no
encajan claramente como actos anticipados de campaña, ya que no hay un llamado
explícito al voto ni un reconocimiento formal de candidaturas. En segundo
lugar, el estándar probatorio es elevado, el INE debe demostrar de manera
contundente la intención electoral, algo que los partidos han aprendido a
evitar cuidadosamente.
Además, las decisiones del INE pueden ser revisadas —y
eventualmente revertidas— por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), lo que introduce un margen adicional de interpretación
jurídica. Finalmente, el contexto político, marcado por la polarización,
influye tanto en la acción institucional como en la percepción pública de sus
decisiones.
Por ello, más que hablar de ausencia de árbitro,
habría que reconocer una realidad más compleja: un sistema donde la regulación va detrás de la práctica política.
Los partidos innovan, exploran límites y aprovechan vacíos; las autoridades
responden, pero lo hacen con herramientas que no siempre están actualizadas
frente a estas nuevas estrategias.
La conclusión es clara, el problema no es la
inexistencia de reglas, sino su insuficiencia frente a una política que ha
aprendido a adelantarse. Si esta dinámica continúa sin ajustes, el riesgo no
será únicamente legal, sino profundamente político. La mayor amenaza no es que
se violen las normas, sino que la ciudadanía termine por asumir que las reglas no se respetan de forma consistente.
Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un
terreno de competencia justa para convertirse en un juego donde gana quien
mejor sabe esquivar la ley.
Los partidos políticos
mexicanos, como Morena con sus "Coordinadores de la Transformación" (que
serán seleccionados en junio 2026 para las 17 entidades que tendrán elecciones
de gobernador en el 2027), PRI con "Defensores de México" (lanzados
en marzo 2026 para recorridos en 17 gubernaturas y distritos) y PAN (abriendo
plataforma para 15 mil aspirantes a un año antes), anticipan precampañas mucho
antes de septiembre 2026, calentando el ambiente electoral. Esto genera
precampañas disfrazadas de "coordinaciones" o "defensores",
similar a estrategias exitosas de 2024.
La anticipación prolongada
favorece partidos con mayor estructura y recursos (Morena), creando ventajas
asimétricas en posicionamiento y movilización temprana, lo que distorsiona
competencia y fatiga al electorado. Reduce tiempo para emergentes o independientes,
fomentando polarización constante y uso indebido de recursos partidistas fuera
de topes legales.
Se debilita la autoridad del
INE, pues aunque INE multa irregularidades fiscales (706 mdp en 2026 a todos
partidos), las "estrategias" para evadir sanciones vía figuras no
electorales cuestionan su capacidad de arbitraje estricto pre-tiempos
oficiales. PRI y Morena argumentan no violar ley al "calentar
motores" como en 2024 sin multas mayores, sugiriendo percepción de laxitud
que incentiva violaciones.
Todo esto constituye amenazas
a la democracia, pues erosiona principios constitucionales de paridad (art.
41), promoviendo "campañas permanentes" que minan confianza en
instituciones y legitiman ganadores por exposición vs. propuestas. Podría
aumentar impugnaciones, polarización y abstencionismo, debilitando
representatividad en 2027, jornada electoral en que se elegirán 17
gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte
CDMX.
