Por Miguel Ángel Cristiani G
“De lengua me como un taco”, decía con sabia ironía
Pancho López, el filósofo xalapeño. Y no podría haber mejor sentencia para
describir el entusiasmo oficial con el que se anunció, desde la Sala de
Banderas de Palacio de Gobierno, la llegada de 17 proyectos de inversión por
mil 186 millones de dólares y la generación de más de 22 mil empleos en
Veracruz durante el primer trimestre del año.
En el papel, la cifra deslumbra. En el discurso,
seduce. En la realidad… aún no alcanza para convencer.
Nadie en su sano juicio podría desestimar la
importancia de atraer inversión privada. Veracruz, históricamente rezagado en
competitividad frente a entidades como Nuevo León, Querétaro o Guanajuato,
necesita dinamizar su economía, generar empleo formal y aprovechar su
indiscutible posición geográfica estratégica. Eso es un hecho. Pero otra cosa
muy distinta es pedir un cheque en blanco a la credulidad ciudadana.
Porque si algo le ha costado caro a este país —y a
este estado en particular— es la opacidad disfrazada de buenas noticias.
El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto
Pérez Astorga, habla de 17 proyectos concretados. Bien. Pero no dice cuáles. Ni
quiénes invierten. Ni en qué sectores específicos más allá de generalidades. Ni
bajo qué condiciones. Ni con qué impactos ambientales o sociales.
¿Se trata de inversiones nuevas o ampliaciones de
empresas ya instaladas? ¿Qué tipo de empleos se generarán: bien remunerados o
precarizados? ¿Cuál es el plazo real de ejecución? ¿Qué incentivos fiscales o
facilidades regulatorias se otorgaron a cambio?
Preguntas elementales. Respuestas ausentes.
Se nos dice que el 45 por ciento de la inversión
está orientado al sector agropecuario, principalmente avícola. Esto, lejos de
ser un dato menor, abre otra línea de análisis: ¿cuál será el impacto hídrico
de estas inversiones? Veracruz no es ajeno a conflictos por el uso intensivo
del agua, particularmente en industrias como la cervecera, refresquera o
agroindustrial. Apostar por el crecimiento sin medir la presión sobre los
recursos naturales no es desarrollo: es pan para hoy y crisis para mañana.
El discurso oficial insiste en conceptos
atractivos: “justicia social”, “bienestar”, “prosperidad compartida”, “cuidado
ambiental”. Palabras correctas, políticamente impecables, pero que requieren
sustento verificable. Porque en política económica, lo que no se documenta, no
existe.
Hay otro ángulo que no debe perderse de vista. Mil
186 millones de dólares suenan a una cifra extraordinaria, pero en el contexto
de la inversión industrial global, es apenas una inversión mediana. Para
ponerlo en perspectiva: una sola planta automotriz puede superar fácilmente ese
monto. Es decir, no estamos ante una transformación estructural de la economía
veracruzana, sino ante un conjunto de proyectos que, si bien positivos, deben
dimensionarse con realismo.
Eso no los descalifica. Pero sí obliga a ponerlos
en su justa medida.
Se destaca también que la inversión se distribuye
en diez regiones económicas, con énfasis en Las Montañas, la región Capital y
Sotavento. El discurso de la descentralización es correcto. El problema es que
Veracruz ha escuchado esa promesa durante décadas sin ver resultados
sostenidos. La historia económica del estado está plagada de anuncios que no se
tradujeron en desarrollo equilibrado, sino en crecimiento fragmentado y
desigual.
Y ahí radica el punto central: la confianza
empresarial no se decreta, se construye. Y la confianza ciudadana, aún más.
La simplificación de trámites, la mejora
regulatoria y el combate a la corrupción —también mencionados— son condiciones
indispensables, pero no se acreditan con declaraciones, sino con indicadores,
resultados y evidencia pública. Veracruz arrastra una larga historia de
discrecionalidad administrativa que no se borra con buenas intenciones.
El gobierno tiene, sin duda, la oportunidad de marcar
una diferencia. Pero para hacerlo necesita algo más que cifras espectaculares:
necesita transparencia total.
Publicar los nombres de las empresas, los montos
desagregados, los compromisos ambientales, los plazos de ejecución y los
beneficios concretos para la población no es un favor, es una obligación en un
régimen democrático. La inversión privada, cuando se maneja con opacidad, deja
de ser motor de desarrollo y se convierte en terreno fértil para la sospecha.
Y en Veracruz, donde la memoria de promesas
incumplidas sigue fresca, la sospecha no es paranoia: es experiencia.
Porque al final del día, el verdadero desarrollo no
se mide en boletines de prensa, sino en la calidad de vida de la gente, en
empleos dignos, en servicios públicos eficientes y en un entorno sostenible.
Todo lo demás es narrativa.
Y Veracruz ya está cansado de vivir de palabras.
Porque cuando los millones se anuncian sin
transparencia, el desarrollo deja de ser promesa y empieza a oler a simulación.
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