Por Miguel Ángel Cristiani
¿Cuántas veces se ha confundido en México el acto de
escuchar con el de gobernar? La respuesta, incómoda pero necesaria, suele
aparecer cada vez que la autoridad como la presidenta municipal del puerto de
Veracruz, Rosa María Hernández Espejo presume mecanismos de “diálogo” como si
fueran sinónimo de resultados.
Porque atender no es resolver. Escuchar no es transformar. Y
recibir solicitudes no equivale, ni de lejos, a corregir las fallas
estructurales de una ciudad que arrastra rezagos históricos en servicios
básicos, infraestructura urbana y planeación territorial.
El ejercicio de abrir las puertas del Ayuntamiento, sin
interrupción, tiene un valor político innegable: envía el mensaje de un
gobierno accesible. Pero también revela, sin quererlo, la persistencia de un
modelo que depende de la gestión individualizada, casi clientelar, de las
demandas ciudadanas. Es decir, el ciudadano que acude, expone, insiste… quizá
obtiene respuesta. El que no, queda fuera del radar institucional.
Y ahí comienza el problema.
Porque un gobierno moderno no debería operar a partir de
audiencias públicas como mecanismo central de solución, sino mediante políticas
públicas eficaces, medibles y universales. Si más de mil peticiones han sido
necesarias en apenas cuatro meses, la pregunta obligada no es cuántas se
atendieron, sino por qué existen tantas necesidades sin resolver en una capital
que presume planeación y participación.
El propio Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029, aprobado
por el Cabildo, se presenta como un documento rector construido con la voz
ciudadana. Foros, recorridos, consultas y este “Día del Pueblo” nutren su
contenido. Suena bien. Pero la experiencia histórica en Veracruz —y en buena
parte del país— demuestra que los planes de desarrollo suelen convertirse en
catálogos de buenas intenciones, más que en instrumentos de ejecución efectiva.
No basta con escuchar a la ciudadanía si las decisiones
presupuestales, técnicas y políticas no están alineadas para resolver de fondo
los problemas. La rehabilitación de drenajes, el acceso al agua potable, la
pavimentación o la salud pública no son asuntos que deban depender de una
audiencia semanal, sino de una estrategia integral con metas claras, plazos
definidos y rendición de cuentas verificable.
Además, conviene subrayar un elemento que suele omitirse en
el discurso oficial: la participación ciudadana no es un favor del gobierno, es
un derecho. Y como tal, debe garantizarse con mecanismos institucionales
sólidos, no con ejercicios que, aunque bien intencionados, pueden derivar en
simulación si no se traducen en resultados tangibles.
Aquí no se trata de descalificar el esfuerzo, sino de
ponerlo en su justa dimensión. La cercanía política sin eficacia administrativa
es, en el mejor de los casos, un gesto simbólico; en el peor, una estrategia
para administrar el descontento.
Veracruz puerto no necesita más ventanillas de escucha:
necesita soluciones estructurales, planeación con rigor técnico y un gobierno
que deje de contabilizar peticiones como si fueran logros, cuando en realidad
son evidencia de lo mucho que falta por hacer.
Porque al final del día, gobernar no es oír problemas… es
resolverlos.
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