Por Miguel Ángel Cristiani G.
Y hay otras que comienzan con algo mucho más
sencillo: una solicitud de información.
Esta vez, en Bitácora Política, decidimos
hacer lo segundo.
El pasado 10 de agosto presentamos ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz una solicitud de
información pública para conocer, con documentos, quiénes fueron contratados
durante el primer semestre de 2025 para prestar servicios de difusión
institucional y cuánto dinero público recibieron.
No estamos preguntando por rumores.
Estamos preguntando por contratos.
Queremos saber quiénes fueron los proveedores,
cuánto se contrató, cuánto se pagó, mediante qué procedimiento fueron
seleccionados y a qué partida presupuestal se cargaron esos recursos.
La solicitud, registrada con el folio 630564026000105,
también pide conocer las fechas de los pagos y el área del OPLE que solicitó
cada servicio.
Pero hay una pregunta adicional que puede resultar
todavía más interesante:
¿Dónde se difundieron esos contenidos?
Porque no es lo mismo contratar una campaña
institucional para televisión, radio, prensa escrita, portales digitales o
redes sociales.
Y tampoco es lo mismo conocer cuánto se gastó que
saber qué se recibió a cambio.
Por eso solicitamos que, cuando la información obre
en los expedientes, se identifiquen los medios, portales, plataformas digitales
o redes sociales en los que se realizó la difusión contratada.
También pedimos que se informe si durante el
periodo comprendido entre enero y junio de 2025 existieron proveedores
contratados para comunicación digital, publicidad digital, producción y
difusión de contenidos, manejo o difusión en redes sociales y otros conceptos
equivalentes, independientemente del nombre administrativo utilizado.
La razón es sencilla.
Cuando se analiza el gasto público, las palabras
pueden cambiar, pero los pesos siguen siendo pesos.
Una partida puede llamarse difusión.
Otra comunicación social.
Otra publicidad digital.
Otra producción de contenidos.
Por eso necesitamos revisar el conjunto y no
solamente una etiqueta presupuestal.
Ahora toca esperar la respuesta
La propia Plataforma Nacional de Transparencia
establece como fecha prevista para la respuesta el 7 de septiembre de 2026.
También señala que, si el organismo requiere más tiempo para localizar la
información, existe un plazo adicional que llevaría la respuesta hasta el 22
de septiembre.
Mientras tanto, no vamos a adelantar conclusiones.
Primero queremos los documentos.
Después vendrán las comparaciones.
Y finalmente, si los datos lo permiten, podremos
saber quiénes fueron los principales proveedores, cuánto recibieron, cómo
fueron contratados y qué servicios proporcionaron.
Porque una cosa es hablar de millones de pesos en
un informe presupuestal.
Y otra muy distinta es seguirle la pista al
dinero hasta llegar al proveedor.
Ahí es donde empieza realmente el periodismo de
investigación.
Y como diría nuestro inevitable Pancho López:
“A ver si ahora sí nos cuentan dónde quedó la
bolita… y, sobre todo, cuánto pesaba.”
Por lo pronto, la pregunta ya está formalmente
sobre la mesa.
Ahora le toca responder al OPLE.
