IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Para competir en las elecciones de 2027 y proyectar una alternativa viable hacia 2030, Morena no necesita sólo ganar elecciones. Necesita demostrar que puede gobernar sin depender de la cercanía con el poder, sin proteger a sus propios grupos internos y sin permitir que casos de corrupción, contratos cuestionables o vínculos con el crimen organizado definan su imagen.
El mayor riesgo del partido no es únicamente la oposición. Es que la ciudadanía deje de distinguir entre el proyecto de transformación y las prácticas que Morena critica en sus adversarios.
Las acusaciones de “narcopartido” no surgen de una sola noticia. Se fortalecen cuando se acumulan señales, contratos públicos concentrados en personas cercanas al poder, investigaciones periodísticas sobre enriquecimiento acelerado, presuntas redes de influencia, vínculos con el crimen organizado, retiros de visa por parte de Estados Unidos y una percepción de que las instituciones no actúan con la misma firmeza contra todos.
En el caso de Jorge Amílcar Olán, la controversia no se limita a su trayectoria personal. El problema político es que un empresario que pasó de ser un pequeño comerciante a un proveedor relevante en contratos públicos —incluidos suministros de medicamentos y balasto para proyectos como el Tren Maya— haya mantenido vínculos cercanos con figuras del entorno de López Obrador. Diversas investigaciones periodísticas han documentado contratos y utilidades asociadas a esos suministros, aunque el caso sigue en etapa de escrutinio y no equivale a una condena judicial.
Para Morena, el daño no depende exclusivamente de que las acusaciones sean probadas. Si la sociedad percibe que un pequeño grupo tiene acceso privilegiado a contratos, licitaciones o decisiones públicas, el partido pierde su principal capital: la idea de que representa a los de abajo y no a las élites.
El caso Olán muestra por qué esta separación es indispensable. La presunta relación entre empresarios, familiares de funcionarios y contratos de salud o infraestructura no puede resolverse con desmentidos. Requiere auditorías, revisión de expedientes, publicación de contratos y, cuando existan indicios, investigación penal.
Ese criterio es correcto. Pero la investigación debe ser visible, independiente y con resultados verificables. Si no hay sanciones cuando existen pruebas, el mensaje será de impunidad. Si hay persecución sin evidencia, el mensaje será de abuso político.
La reconstrucción de Morena comienza por la selección de sus candidatos. Un candidato cuestionado no sólo puede perder una elección; puede contaminar a todo el partido.
Las encuestas pueden ser una herramienta democrática o un mecanismo para legitimar decisiones ya tomadas. Todo depende de cómo se realicen.
Para que generen confianza, Morena debería publicar, El nombre de la empresa encuestadora; El tamaño y la representatividad de la muestra; Las fechas de levantamiento; El cuestionario completo; Los criterios de ponderación; Los resultados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico; Los nombres de los aspirantes incluidos; El margen de error; El procedimiento para impugnar resultados.
Además, la coalición debería evitar que las encuestas se conviertan en un filtro para eliminar a candidatos incómodos. La medición debe complementarse con trabajo territorial, evaluación de trayectoria, integridad y capacidad de gobernar.
Una candidatura no debería ganar sólo porque tiene mayor reconocimiento o más recursos para posicionarse. Debe ganar porque combina aceptación ciudadana, trabajo comprobable, honestidad y capacidad institucional.
La continuidad de la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México es estratégica para Morena. Los tres partidos han acordado competir juntos en varias gubernaturas y han establecido una mesa permanente para definir distritos y reglas de selección de candidaturas.
Pero la alianza tiene tensiones. Morena ha adoptado una regla de no postular familiares de gobernantes en turno, mientras que el PT y el PVEM tienen normas distintas. Eso ha generado fricciones sobre quién puede participar y bajo qué condiciones.
Para evitar rupturas, Morena debería proponer reglas comunes mínimas, aplicables a los tres partidos, Prohibición de nepotismo directo; Publicación de intereses y vínculos con contratistas públicos; Revisión de antecedentes penales y financieros; Encuestas con metodología pública; Cuotas de participación para cada aliado; Mecanismos claros de resolución de conflictos; Compromiso de respetar el resultado sin campañas internas destructivas.
En el caso del huachicol fiscal exige una respuesta institucional, no una respuesta de partido. Morena debería separar tres cosas: La investigación penal, debe corresponder a la Fiscalía, con pruebas, debido proceso y independencia; La responsabilidad política. El partido puede decidir no postular, suspender o expulsar a militantes cuya conducta dañe la credibilidad del movimiento, aun cuando no exista condena; La comunicación pública. El partido debe explicar con claridad qué sabe, qué investiga y qué medidas toma.
El retiro de visas por parte de Estados Unidos a algunos integrantes o personas cercanas al entorno del partido es un asunto delicado. Un retiro de visa no es una condena penal ni prueba, por sí solo, un delito. Pero sí puede tener consecuencias reputacionales y políticas, especialmente si se relaciona con investigaciones por corrupción, lavado de dinero o vínculos con redes criminales.
Para el caso del Tren Maya, el Tren Interoceánico, Pemex, la refinería de Dos Bocas y los contratos de medicamentos deben someterse a auditorías técnicas, financieras y de desempeño.
No se trata de destruir proyectos estratégicos. Se trata de demostrar que las obras públicas pueden ser grandes sin ser opacas. Una auditoría seria debería revisar: Precios de compra y comparaciones de mercado. Procesos de licitación y adjudicación; Empresas beneficiadas y sus vínculos con funcionarios; Calidad de materiales y obras; Sobreprecios, pagos indebidos o irregularidades administrativas; Responsabilidades de servidores públicos; Recuperación de recursos en caso de daño al erario.
Las investigaciones periodísticas han señalado que empresas vinculadas con Olán obtuvieron contratos de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, y que habrían existido presuntos sobreprecios. Estas afirmaciones requieren verificación técnica y judicial, pero el volumen de los cuestionamientos obliga a una revisión institucional.
Si Morena audita sus propios proyectos, puede recuperar credibilidad. Si se limita a defenderlos, convertirá cada hallazgo periodístico en una crisis política.
Para 2030, Morena necesita una nueva generación de dirigentes con legitimidad propia. No basta con heredar el apellido, el cargo o la cercanía con López Obrador. El partido debe formar cuadros capaces de gobernar municipios, estados y dependencias federales con resultados verificables.
Esa renovación debería privilegiar a personas con:Trayectoria social comprobable; Experiencia administrativa; Compromiso con la transparencia; Capacidad para dialogar con distintos sectores; Independencia de redes clientelares. Resultados en salud, educación, seguridad, agua, vivienda o desarrollo económico.
La renovación no significa abandonar el obradorismo. Significa convertirlo en una base de valores y no en una estructura de dependencia personal. Morena debe conservar los programas sociales, pero también debe blindarlos contra la corrupción y el clientelismo.
Un programa social pierde legitimidad cuando se percibe como una recompensa política. Para protegerlo, el partido debería apoyar: Padrones públicos y auditables; Reglas claras de elegibilidad; Sistemas digitales de trazabilidad; Auditorías independientes; Mecanismos de queja y reparación; Evaluaciones de impacto; Prohibición estricta de condicionar apoyos al voto.
Los programas sociales son la fortaleza electoral de Morena. Pero si se perciben como instrumentos de control político, pueden convertirse en una debilidad moral y en un argumento para la oposición.
La comunicación eficaz debe reconocer los riesgos, explicar las medidas y mostrar resultados. Si hay una investigación, debe decirse quién la lleva, qué se revisa y qué plazos existen. Si hay una irregularidad comprobada, debe haber sanción. Si una acusación es falsa, debe demostrarse con documentos, no con descalificaciones. La ciudadanía no exige perfección. Exige coherencia.
Para 2030, Morena debe responder una pregunta esencial: ¿es un partido de transformación social o una maquinaria electoral que administra el poder? Si no lo hace, la oposición no necesitará construir una propuesta sólida. Le bastará con convertir cada caso de corrupción, cada contrato cuestionable y cada retiro de visa en una acusación general contra el partido.
La reconstrucción de Morena no consiste en negar los escándalos. Consiste en demostrar que puede investigarlos, sancionarlos y evitar que se repitan.
Esa es la única forma de que el partido pueda decir, con credibilidad, que sigue representando una transformación y no solamente la continuidad del poder.
