Dr. Rafael Vela Martínez
México se encuentra ante una de las coyunturas más delicadas de las últimas décadas: el encarecimiento acelerado de los productos agrícolas no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino la manifestación visible de un problema estructural más profundo: el abandono histórico del sector agrícola alimentario.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ya había generado un incremento significativo en los precios de los fertilizantes, dado que ambos países son actores clave en la producción y exportación de estos insumos. Sin embargo, la escalada geopolítica en Medio Oriente —particularmente la confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán— introduce un nuevo factor de presión global. El eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, tendría efectos inmediatos en el precio internacional del crudo. Esto impacta directamente en los costos de producción agrícola, ya que los fertilizantes nitrogenados dependen del gas natural, así mismo el transporte de insumos y alimentos depende del petróleo, al igual que los sistemas de riego y la mecanización agrícola.
En México, este fenómeno se agrava por una inflación subyacente que supera el 4.6%, afectando principalmente a los alimentos (la inflación no subyacente que considera incremento en el precio de los energéticos y los alimentos es superior al 19%). No se trata solo de un indicador macroeconómico: es un golpe directo al ingreso de las familias, especialmente en los sectores más vulnerables. El encarecimiento de productos básicos como maíz, frijol, huevo, carne y hortalizas tiene un efecto regresivo: quienes menos tienen destinan una mayor proporción de su ingreso a la alimentación; pero incluso, el problema no termina ahí. La economía mexicana muestra signos preocupantes de estancamiento: bajo crecimiento económico; insuficiente generación de empleo formal; y, débil dinamismo del mercado interno. Esto configura un escenario de estanflación incipiente, donde coexisten inflación elevada y bajo crecimiento, limitando la capacidad del Estado para responder con políticas contracíclicas efectivas.
Más preocupante aún es la estructura de la Balanza de Pagos (registro de cuentas nacionales). México registra un comportamiento que recuerda peligrosamente al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se mantuvieron tasas de interés elevadas para atraer capital extranjero. Esta estrategia permitió financiar el déficit en Cuenta Corriente de manera temporal, pero generó una vulnerabilidad extrema. Cuando los capitales salieron, el país enfrentó una de las crisis más severas de su historia (1994). Hoy, México presenta síntomas similares: déficit en Cuenta Corriente; dependencia de capital externo (no solo el capital golondrino, sino incluso las deudas: externa e interna); fragilidad estructural del aparato productivo; e insuficiente inversión en sectores estratégicos, particularmente el agrícola.
En este contexto, las entidades con mayor rezago en el sector agrícola serán las más afectadas. Veracruz es un caso paradigmático. A pesar de su enorme potencial productivo, el estado enfrenta: abandono del campo; baja productividad agrícola; desarticulación de cadenas de valor; dependencia de importaciones alimentarias; y, fuga de liquidez hacia mercados externos. Esto lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad ante el encarecimiento de insumos y alimentos.
El riesgo es claro: una crisis alimentaria regional con impactos sociales profundos, que podrían traducirse en mayor pobreza, migración y conflictividad social. Es decir, en un contexto de creciente complejidad económica, marcado por la volatilidad de los mercados internacionales, el encarecimiento de insumos agrícolas y la fragilidad estructural del sistema alimentario, resulta paradójico que México —y particularmente el estado de Veracruz— disponga de investigaciones estratégicas de alto nivel que no han sido incorporadas plenamente en la toma de decisiones públicas. En particular, para el caso de Veracruz, en fechas recientes dos obras destacan en este sentido por su profundidad analítica, rigor metodológico y alcance territorial: “Planeación Económica: la cuestión agrícola en Veracruz” y, el “Atlas Agrícola de Veracruz: 1960–2022”. Ambas constituyen no solo aportaciones académicas, sino instrumentos estratégicos de política pública que, de ser utilizados adecuadamente, podrían incidir de manera decisiva en la reconfiguración del modelo de desarrollo regional.
La obra “Planeación Económica: la cuestión agrícola en Veracruz”, plantea una tesis central: sin reactivación del sector agrícola, no existe viabilidad de desarrollo económico sostenido en Veracruz. En esta obra se demuestra que el sector agrícola no es un sector residual, sino un eje articulador del desarrollo regional. Entre los aportes de esta obra se pueden considerar los siguientes: 1) Revalorización del sector agrícola como motor económico: se rompe con la visión tradicional que subordina al campo frente a la industria y los servicios; 2) Propuesta de articulación territorial: vinculación entre zonas rurales, ciudades medias y zonas metropolitanas: enfoque de soberanía alimentaria; y, 3) Modelo de planeación multinivel: integración de políticas municipales, estatales y federales bajo una lógica territorial; identificación de cuellos de botella estructurales como es la baja productividad; desarticulación de cadenas de valor; y, fuga de excedentes económicos.
En suma, esta obra no es una propuesta más: es una alternativa real frente al colapso silencioso del campo veracruzano. Desatenderla no solo implica desaprovechar una herramienta estratégica, sino asumir el costo histórico de mantener a Veracruz en el rezago, la dependencia y la precariedad, cuando existen ya las bases técnicas para cambiar su destino. El problema es que a nivel gubernamental se esta atendiendo más la micro lucha política entre los grupos de poder que en tomar decisiones para promover el desarrollo de la entidad. ¿Usted qué opina?
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