Sarampión: cuando la negligencia
también mata
Por Miguel Ángel Cristiani G
Las filas interminables frente a los centros de
salud no son una postal de eficiencia gubernamental, sino el retrato tardío de
una omisión criminal. Hoy, los noticieros muestran padres angustiados buscando
una vacuna que debió aplicarse hace años, mientras el sarampión —una enfermedad
prevenible, controlada y prácticamente erradicada— vuelve a instalarse en
México como si el tiempo hubiera retrocedido varias décadas.
El brote no cayó del cielo ni es producto de una
conspiración biológica. Tiene causa, responsables y consecuencias. Y la causa
es tan simple como brutal: no se compraron ni se aplicaron las vacunas cuando
debió hacerse. Entre 2022 y 2025, el Congreso aprobó 62 mil 939 millones de
pesos para vacunación. De ese monto, 44 mil 457 millones no se ejercieron.
Siete de cada diez pesos destinados a proteger la vida de niñas y niños se
quedaron archivados en la burocracia, atrapados entre la incompetencia
administrativa, la indolencia política y una peligrosa normalización de la
negligencia.
El resultado está a la vista. Casi 10 mil casos de
sarampión en activo. Más de una cuarta parte concentrados solo en enero y
febrero. Una enfermedad altamente contagiosa —una persona puede infectar hasta
a 18 más— con una tasa de mortalidad de uno por cada cien casos y secuelas
graves que incluyen ceguera, sordera y daño neurológico. No es un resfriado mal
atendido. Es una amenaza real, tangible y evitable.
Lo más alarmante no es solo el brote, sino el
terreno fértil que se le dejó. Apenas seis de cada diez niñas y niños en México
cuentan con su esquema completo de vacunación. Eso significa millones de
menores expuestos por una cadena de decisiones —o indecisiones— tomadas lejos
de los consultorios y demasiado cerca de los escritorios. Cuando el Estado
falla en su obligación más básica, que es prevenir el daño, el discurso
triunfalista se vuelve obsceno.
Conviene decirlo con todas sus letras: esto no es
un debate ideológico ni un pleito partidista. Es un asunto de salud pública y
de responsabilidad de Estado. La vacunación es una de las políticas públicas
más costo-efectivas de la historia moderna. Cada peso invertido ahorra
tratamientos, hospitalizaciones y muertes. No ejercer ese presupuesto no es
austeridad: es abandono.
El problema no empieza ni termina en la tesorería.
También es de planeación, seguimiento y rendición de cuentas. Durante años,
México fue referente regional en cobertura de vacunación. La cartilla nacional
—hoy relegada— permitió durante décadas un control efectivo. La transición mal
ejecutada hacia sistemas digitales inconclusos dejó vacíos que nadie se tomó la
molestia de cerrar. La consecuencia es un país que no sabe con precisión quién
está protegido y quién no.
Por eso las propuestas que hoy se ponen sobre la
mesa no son ocurrencias, sino urgencias. Un Registro Nacional de Vacunación
digital, funcional y obligatorio, permitiría saber en tiempo real qué niña o
niño está cubierto. Recuperar y modernizar la cartilla electrónica desde el
nacimiento daría continuidad al seguimiento médico. Blindar el presupuesto de
vacunación —no solo aprobarlo, sino garantizar su ejercicio— cerraría la puerta
a la simulación. Y los informes públicos trimestrales aportarían algo escaso en
este país: transparencia verificable.
Nada de esto viola la ley ni la ética. Al
contrario, las fortalece. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así
como el marco de derechos humanos, obligan a informar con veracidad y a
proteger la dignidad de las personas, especialmente de la infancia. Ocultar,
minimizar o maquillar cifras es una forma de violencia institucional. Nombrar
el problema y exigir soluciones es un deber cívico.
No se trata de linchar funcionarios ni de explotar
el miedo. Se trata de asumir que las decisiones presupuestales tienen
consecuencias humanas. Que cada vacuna no comprada es una puerta abierta a la
enfermedad. Que cada peso no ejercido puede traducirse en una cama ocupada o en
un duelo evitable.
La salud pública no admite pretextos ni discursos
tardíos. Cuando el Estado falla en prevenir, la factura se paga con vidas, y
esa deuda no se cancela con conferencias ni con filas improvisadas frente a los
centros de salud.
El sarampión no regresó por accidente: volvió
porque alguien decidió – ya saben quién- no hacer su trabajo y hoy la infancia
mexicana está pagando el precio.
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