Por Miguel Ángel Cristiani G.
La
pregunta obligada, después del comunicado de la Fiscalía General de la
República sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, es muy
sencilla:
¿Van a creer los veracruzanos que se trató de un
suicidio?
La
respuesta no puede darse por anticipado.
La FGR
informó este jueves que las principales líneas de investigación “avanzan,
coinciden y apuntan” a que la muerte del legislador habría sido por suicidio.
También
señaló que se han realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y
peritajes, con la participación de especialistas en medicina, criminalística,
balística, genética, toxicología y otras disciplinas.
Es
decir, no se trata de una conclusión presentada sin trabajo pericial.
Pero
tampoco es, según el propio comunicado, una investigación definitivamente cerrada.
Y ahí
está el detalle.
Porque
el boletín no ofrece mayores explicaciones sobre los elementos concretos que
llevaron a esa hipótesis. No se detallan los resultados de los peritajes, las
circunstancias precisas del fallecimiento ni las respuestas a las interrogantes
que surgieron desde que el cuerpo del exsecretario de Educación fue localizado
a un costado de la carretera.
La
Fiscalía asegura que las líneas de investigación coinciden.
Pero la
sociedad necesita saber en qué
coinciden y por qué.
No
basta con enumerar 150 diligencias si no se explica, al menos en lo esencial,
qué esclarecieron.
La
propia FGR reconoce que las investigaciones continuarán abiertas y que no
descarta otros móviles o líneas de investigación.
Entonces,
¿estamos ante una conclusión definitiva o ante la hipótesis principal hasta
este momento?
La
diferencia no es menor.
Y menos
cuando se trata de la muerte de un legislador federal en funciones,
exsecretario de Educación y figura política conocida en Veracruz.
Aquí no
se trata de alimentar rumores ni de fabricar teorías.
Se
trata de algo mucho más elemental: que
la autoridad explique con claridad, transparencia y respeto a la familia qué
ocurrió.
Si los
peritajes sostienen la hipótesis del suicidio, corresponde informar cuáles son
sus fundamentos, sin vulnerar la dignidad de los familiares.
Y si
existen interrogantes pendientes, también debe reconocerse.
Porque
la confianza pública no se construye solamente con comunicados oficiales.
Se
construye con explicaciones.
La FGR
afirma que ha privilegiado la atención y protección de los familiares y
víctimas indirectas. Es una obligación que debe cumplirse, pero también es
importante que la sociedad no quede convertida en simple espectadora de una
investigación cuyos resultados solamente conoce a través de frases generales.
Por
ahora, la Fiscalía ha dado a conocer una hipótesis.
No ha explicado todavía todas las circunstancias que
rodearon la muerte.
Y
mientras esas respuestas no lleguen, la pregunta seguirá sobre la mesa.
No por
desconfianza gratuita.
No por
morbo.
Sino
porque en un caso de esta naturaleza, la
verdad no puede depender únicamente de que la autoridad diga que ya la
encontró.
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