Bitácora Política
Miguel Ángel Cristiani G.
Hay temas que, de pronto, dejan de ser un asunto
exclusivamente universitario y se convierten en un problema de interés público.
Y el de las pensiones de las universidades públicas estatales acaba de recibir
un fuerte reflector desde Palacio Nacional.
Este martes, durante la llamada Mañanera del Pueblo,
la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se está revisando el sistema
de pensiones de las universidades públicas estatales, porque en algunos casos
existen pensiones que calificó como “muy, muy, muy excesivas”.
La Presidenta habló incluso de personas que reciben doble
pensión y de casos en los que los trabajadores no realizaron aportaciones.
Explicó que el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí,
ya dialoga con rectores, rectoras, académicos y sindicatos para encontrar
mecanismos que permitan que estos sistemas sean sustentables y justos.
Y justamente cuando se habla de pensiones universitarias,
resulta inevitable voltear hacia la Universidad Veracruzana.
No porque exista una resolución que determine alguna
irregularidad en el sistema de jubilaciones de la UV, sino porque desde hace
algunas semanas circula públicamente una versión particularmente delicada sobre
el futuro del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
El pasado 8 de septiembre, el investigador universitario
Rafael Vela Martínez declaró que Aguilar Sánchez podría dejar la Rectoría antes
de concluir el periodo para el que fue ratificado y que la razón estaría
relacionada con la posibilidad de jubilarse con un ingreso cercano a 160 mil pesos mensuales.
La versión fue suficientemente fuerte como para que la
propia Universidad Veracruzana saliera a desmentir que el rector fuera a
renunciar. La institución sostuvo que continuaba la ruta establecida para el
periodo 2025-2029 y que el informe de labores sería un ejercicio de rendición
de cuentas, no el anuncio de una salida anticipada.
Y aquí está precisamente el punto que interesa.
La UV tiene oficialmente a Martín Aguilar como rector para
la administración 2025-2029. La Junta de Gobierno ratificó su permanencia del 1
de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.
Incluso la propia Junta de Gobierno aclaró en 2025 que
jurídicamente no se trataba de una “reelección”, sino de una prórroga prevista por la legislación
universitaria.
Por eso la pregunta que ahora resulta pertinente no es
afirmar que el rector vaya a renunciar. No existe, hasta ahora, una
confirmación oficial de eso.
La pregunta es otra:
¿Qué ocurriría si el
rector decidiera no concluir el periodo 2025-2029 y optara por jubilarse antes?
Y, sobre todo, ¿Cuánto
representaría para las finanzas de la Universidad Veracruzana una eventual
jubilación de ese nivel?
Porque si la Presidenta de México está hablando precisamente
de revisar los esquemas de pensiones universitarias, de casos de montos
excesivos, dobles pensiones y trabajadores que no aportaron, sería
perfectamente legítimo conocer cómo funciona el régimen de jubilaciones de la
UV.
¿Cuántos trabajadores jubilados tiene actualmente la
Universidad?
¿Cuánto se destina anualmente al pago de pensiones?
¿Cuál es la pensión más alta?
¿Con qué salario se determina?
¿Qué porcentaje corresponde a las aportaciones de los
trabajadores y cuánto aporta la institución?
¿Existen casos de doble pensión?
Y una pregunta particularmente importante: ¿Qué pensión correspondería al actual rector
si decidiera jubilarse antes de concluir el periodo para el cual fue
ratificado?
No se trata de cuestionar el derecho de nadie a jubilarse
conforme a la ley y a sus derechos laborales.
Se trata de algo mucho más sencillo: saber cuánto cuesta.
Porque la Universidad Veracruzana no funciona con dinero
privado. Su presupuesto se sostiene fundamentalmente con recursos públicos.
Para 2026, la ficha oficial de transparencia reporta más de 3 mil 298 millones de pesos de subsidio
federal y más de 3 mil 836 millones de pesos de aportación estatal.
Y cuando se trata de recursos públicos, la autonomía
universitaria no debería ser sinónimo de opacidad financiera.
Por eso, ahora que desde la Presidencia de la República se
anuncia una revisión de los sistemas pensionarios de las universidades públicas
estatales, sería oportuno que la Universidad Veracruzana hiciera lo propio y
ofreciera información clara, completa y pública sobre su sistema de
jubilaciones.
No hay acusación aquí.
Hay preguntas.
Está la versión pública de un investigador universitario
sobre una eventual jubilación de 160 mil pesos mensuales.
Está la postura oficial de la UV, que negó en septiembre una
renuncia anticipada.
Y está ahora el anuncio de la Presidenta de México de que
los sistemas de pensiones universitarios serán revisados porque existen casos
que considera excesivos.
Tres elementos que, juntos, hacen que el tema merezca algo
más que rumores de pasillo.
Porque si finalmente Martín Aguilar termina su periodo hasta
2029, asunto aclarado.
Pero si en algún momento decide retirarse antes, entonces
habrá que saber qué establece la
legislación, cuánto le corresponde y cuánto tendrá que pagar la Universidad
Veracruzana durante los años siguientes.
Y eso, en una institución sostenida con recursos públicos,
no debería ser un secreto.
Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense, seguramente lo
resumiría así:
“Una cosa es
jubilarse con dignidad y otra muy distinta jubilar al presupuesto.”
.jpeg)
