Por Miguel Ángel Cristiani
Cuando la política se cocina en la penumbra, lo que
sale a la mesa pública no es gobernabilidad, sino sospecha. Y en México, las
sospechas —cuando se acumulan— terminan por convertirse en crisis de Estado.
Circula en redes una versión inquietante sobre una
presunta reunión en Palenque, no en el rancho sino —según dichos no
verificados— en una instalación militar cercana. El relato describe decisiones
de alto calibre sobre el destino del hoy gobernador con licencia de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya. Conviene decirlo de entrada: se trata de versiones no
confirmadas, sin respaldo documental público. Pero también conviene subrayar
algo más importante: el solo hecho de que resulten verosímiles para amplios
sectores habla del deterioro de la confianza institucional.
La narrativa sugiere una consigna tajante: evitar,
a toda costa, que Rocha Moya caiga en manos de autoridades estadounidenses. El
argumento —siempre según esos relatos— sería el temor a un efecto dominó: “si
cae uno, caen todos”. En ese punto, la política deja de ser administración de
lo público para convertirse en gestión de daños. Y cuando un gobierno se
concentra en contener, es porque ha perdido el control de la agenda.
Se añade otro elemento: la presión internacional.
No es novedad que Washington ha intensificado solicitudes de información
financiera y procesos de cooperación judicial en materia de crimen organizado.
México ha firmado tratados y asumido compromisos en ese terreno. La Ley de
Extradición Internacional y los acuerdos bilaterales obligan a actuar con
base en pruebas, no en lealtades. Si existen solicitudes formales, deben
atenderse conforme a derecho; si no existen, el gobierno debe desmentir con
claridad. El silencio, en política, también comunica.
En ese contexto, la supuesta “licencia” del
gobernador aparece como una jugada para ganar tiempo. No sería la primera vez
que en México se utiliza la figura de la licencia para despresurizar una
crisis. El problema es que el país ya no está para simulaciones. La ciudadanía
exige transparencia, no maniobras de contención.
Más delicada aún es la insinuación de rutas de
escape: países “amigos” o incluso protección de actores criminales. Si esto
fuera cierto —y subrayo, no hay prueba pública— estaríamos ante una ruptura
frontal del Estado de derecho. Pero incluso como rumor, el daño es real:
erosiona la credibilidad de las instituciones y coloca a la administración
federal en una posición de debilidad frente a sus socios internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta, en este
escenario, un dilema clásico: gobernar con autonomía o cargar con inercias que
no le pertenecen. Las versiones hablan de falta de margen de maniobra. Si ese
margen no existe, hay que construirlo con decisiones firmes, legales y
transparentes. El poder no se ejerce administrando lealtades, sino garantizando
justicia.
En paralelo, se menciona el riesgo de deserciones:
figuras que, ante la presión, opten por colaborar con autoridades extranjeras.
No sería inédito. El sistema político mexicano ha visto antes cómo las
lealtades se desvanecen cuando entra en juego la libertad personal. Por eso, la
fortaleza de un gobierno no debe descansar en pactos implícitos, sino en
instituciones sólidas.
Aquí es donde la crítica debe ser puntual: México
no puede permitirse que la agenda pública sea dictada por filtraciones, rumores
o versiones de pasillo. Se gobierna con hechos, no con narrativas clandestinas.
Si hay investigaciones, que se informen; si hay acusaciones, que se prueben; si
hay inocencia, que se defienda con transparencia.
Porque cuando el poder se protege a sí mismo por
encima de la ley, deja de ser poder legítimo y se convierte en un riesgo para
la democracia.
Y si el gobierno no aclara, investiga y actúa con
rigor, entonces no solo estará perdiendo el control de la crisis, estará
confirmando que el verdadero problema no es lo que se dice… sino lo que se
oculta.
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