DE PRIMERA MANO
*El corredor naranja se fractura con el
desafuero de Bertín
*En Puente Nacional, síndico y alcaldesa
convierten el gobierno municipal en un pleito sin estrategia, mientras la gente
paga la cuenta
Por Omar Zúñiga
Este miércoles el Congreso de Veracruz
tiene sobre la mesa la solicitud de desafuero de Bertín Bravo Montero,
alcalde de Úrsulo Galván, a quien la Fiscalía General del Estado señala por su
presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos
Sánchez y de su escolta.
De aprobarse, Bravo Montero perdería el
fuero constitucional y enfrentar un proceso penal y con él la fractura del
llamado "corredor naranja", esa franja de municipios gobernados por
Movimiento Ciudadano —Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional, Paso de
Ovejas y Jalcomulco— que hasta hace unos meses se perfilaba como bloque
compacto rumbo a 2027.
Bertín Bravo no es un alcalde cualquiera dentro de
esa alianza, es el líder, y también, con nombre y apellido, el padrino político
de Bibiana "Bibi" Sánchez Báez, alcaldesa de Puente Nacional.
Y cuando el padrino se tambalea frente a
una acusación de esta gravedad, el ahijado se sacude.
No es casualidad que, mientras el
Congreso analiza el fuero de Bertín, en Puente Nacional el gobierno municipal
atraviese su propia crisis de credibilidad, con un agravante: la de Bibi no es
una crisis que le llegue de fuera, es una que ella y su síndico, Francisco
Palmeros Báez, se han fabricado solitos.
*****
Empecemos por lo que debería ser
innegociable en cualquier gobierno municipal: la transparencia.
Puente Nacional es, hoy, uno de los
ayuntamientos más opacos de Veracruz; información hecha llegar a este espacio
revela que se solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
información sobre los salarios de los funcionarios del ayuntamiento.
La respuesta, nunca llegó, no hubo
negativa formal ni prórroga notificada: simplemente, silencio administrativo,
que es la forma más vieja —y más cómoda— de practicar la opacidad desde un
escritorio municipal.
Un ayuntamiento que no puede
transparentar la nómina de quienes cobran del erario no tiene, en los hechos,
mucho que explicar sobre por qué el síndico y la alcaldesa se pelean,
precisamente, por el acceso a la información financiera.
*****
Porque a esa opacidad de fondo se suma
el pleito, ya crónico, entre Palmeros Báez y la alcaldesa.
La confrontación no nació ayer: se
incubó desde la transición misma, cuando Bibi decidió no incorporarlo al
proceso de entrega-recepción en los términos que marcaba la ley, y se agudizó
cuando las propuestas del síndico para colocar a gente de su confianza en la
estructura administrativa no prosperaron.
De ahí en adelante, cada mes ha traído
un capítulo nuevo: acusaciones cruzadas, videos en redes sociales y, la semana
pasada, una resolución del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que vale
la pena desmenuzar, porque revela más de lo que el propio síndico quisiera.
El 25 de junio, mediante el oficio
SM/46/2026, Palmeros pidió al Congreso del estado que interviniera porque,
según denunció, la Tesorería municipal le restringía injustificadamente el
acceso a la información financiera del ayuntamiento, lo que —dijo— le impedía
ejercer sus funciones de vigilancia sobre la hacienda pública.
El Legislativo turnó el asunto a la
Comisión Permanente de Vigilancia, pero antes de que ese trámite avanzara, el
propio ORFIS ya había resuelto por otra vía: mediante oficio del 23 de junio,
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo desechó y archivó la
queja del síndico, al considerar que el Órgano Interno de Control del
ayuntamiento ya había realizado las actuaciones correspondientes, y que
cualquier responsabilidad administrativa —de existir— debía atenderla la
Contraloría Municipal, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, no el
ORFIS.
En otras palabras: Palmeros hizo round
de sombra, pues su queja nunca estuvo bien integrada.
El ayuntamiento, por su parte, sostiene
que desde el 15 de julio la documentación financiera está disponible para
consulta del síndico y del resto del Cabildo, y que Palmeros, en lugar de
revisarla, prefirió grabar un video acusando —de nueva cuenta— que se le negaba
el acceso.
*****
Y aquí es donde toca ser también
honestos con Palmeros, porque su desgaste no es sólo obra de Bibi.
El síndico arrancó bien: se reunió con
la auditora general, denunció con nombre y expediente presuntas irregularidades
en la Subdirección de Obras Públicas municipal.
Esas fueron acciones concretas,
verificables, con destinatario institucional, pero sin asesoría profesional que
lo llevara a buen puerto.
De un tiempo para acá, Paco Palmeros
ha cambiado la estrategia por el gesto: se ha dedicado más a repartir apoyos y
a hacerse presente entre la gente que a construir, con método y asesoría, un
caso sólido contra la administración que dice combatir.
Y eso, hay que decirlo sin medias
tintas, es un barril sin fondo: repartir dinero o favores no resuelve nada de
fondo, no fiscaliza un peso, no obliga a transparentar una nómina, no cambia
una sola línea del presupuesto municipal.
Sólo compra simpatías temporales
mientras el problema de origen —el acceso a la información financiera, la
rendición de cuentas— sigue exactamente donde estaba.
*****
Para documentar el optimismo…, hacerse
la víctima en redes sociales, tampoco alcanza.
Palmeros tiene, en el papel, las
atribuciones de vigilancia que le da la ley; lo que le ha faltado es la
estrategia para ejercerlas: buenos asesores, rutas jurídicas bien armadas,
objetivos concretos y verificables, no solamente denuncias que terminan
archivadas por tecnicismo y videos que el ayuntamiento desmiente al día
siguiente.
La indignación sin método no incomoda a
nadie; solo desgasta a quien la ejerce.
*****
Al final, entre el desafuero que amenaza
al padrino político de Bibi en Úrsulo Galván, el silencio administrativo que
blinda los salarios del ayuntamiento y el pleito sin brújula entre la alcaldesa
y su síndico, los únicos que verdaderamente pierden son los puentenses: gente
noble, de a pie, que no tiene vela en el entierro en esta disputa de poder y
que, sin embargo, carga con sus consecuencias en forma de obra pública
detenida, información que nunca llega y un gobierno municipal más ocupado en
sobrevivir a su propio pleito que en gobernar.
Puente Nacional merece algo mejor que un
cabildo fracturado y una administración opaca. Merece, para empezar, que
alguien —la alcaldesa, el síndico, o los dos— se tome en serio la palabra
transparencia, antes de que el corredor naranja termine de caerse a cachitos.
Que los funcionarios electos dejen de
victimizarse, de pedir vacaciones a ojos de todo el mundo, -no porque no lo
merezcan, no-, sino porque el municipio necesita trabajo permanente, en bien de
sus ciudadanos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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