Dr. Rafael Vela Martínez.
Desde
una perspectiva de gobernanza universitaria, el CUG es el órgano esencial del
equilibrio interno, con atribuciones para aprobar reformas regulatorias,
supervisar políticas institucionales, analizar presupuestos, evaluar
responsabilidades de autoridades y, especialmente, intervenir en la renovación
de la Junta de Gobierno (JdG). Esta competencia lo convierte en el mecanismo
institucional más importante para restituir el orden jurídico cuando se produce
una ruptura de la normatividad o un vaciamiento de la ética en la conducción
universitaria, tal y como sucede actualmente.
La
normatividad de la UV es inequívoca: el CUG tiene plena autoridad para incidir
en la reorganización del poder institucional. Sin embargo, esta atribución solo
adquiere eficacia real cuando se acompaña de voluntad política, ejercicio
crítico de la representación y disposición colectiva para actuar conforme a la
responsabilidad histórica, ética y moral que cada consejero tiene frente a la
comunidad académica y estudiantil.
En este
contexto, la sesión del CUG convocada para el 15 de diciembre constituye una
coyuntura excepcional. Es una oportunidad para que el Consejo recupere su
carácter de garante de la legalidad y no continúe limitado a un papel
ornamental y sumiso dentro de un sistema de decisiones concentradas y opacas.
Los consejeros deben tener claridad: o el CUG actúa con firmeza y autonomía, o
se consolidará un precedente de erosión institucional sin retorno inmediato. Las
acciones que el CUG puede emprender son claras, legítimas y necesarias:
- Renovar la Junta de Gobierno,
desarticulando el entramado de irregularidades que ha minado la confianza
interna.
- Exigir la renuncia del rector, cuya
prórroga ha sido denunciada como ilegal por exrectores, exmiembros de la
JdG y amplios sectores universitarios.
- Nombrar un rector interino,
conforme a la normatividad vigente, que garantice un proceso de transición
transparente y con supervisión efectiva.
- Restablecer un proceso rectoral
legítimo, con participación real de estudiantes, docentes e
investigadores, y con criterios académicos y éticos verificables.
La
situación actual no admite ambigüedades. Las posturas tibias o resultado de cofradías
no solo debilitan la integridad institucional, sino que avalan, por omisión, la
continuidad de prácticas que contradicen el espíritu fundante de la Universidad
Veracruzana. El reto, por tanto, es de carácter moral y político: ¿están los
consejeros dispuestos a asumir la representación que aceptaron y ejercerla en
defensa de la legalidad?
Diversas
expresiones públicas evidencian que la comunidad universitaria está en un
momento de movilización sin precedentes. Exrectores como Sara Ladrón de Guevara,
Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo han señalado abiertamente la transgresión
normativa. Más de 20 exmiembros de la Junta de Gobierno documentaron la
tergiversación del marco legal. La Red UV por la Legalidad, que pasó de 300 a
más de 2,700 integrantes, suma voces que denuncian la irregularidad de la
prórroga y exigen un nuevo proceso rectoral. Estudiantes, académicos y
trabajadores han realizado marchas, protestas y acciones pacíficas reclamando
que el CUG actúe.
Este
clima de convergencia entre movilización social, respaldo académico de alto
prestigio y escrutinio público genera una ventana política inédita. Por primera
vez en años, el CUG tiene la posibilidad real de convertirse en un actor
protagónico en la recuperación de la autonomía universitaria. Pero también es
necesario advertir: si el CUG no actúa con determinación, si permite que el
temor, la presión o la indiferencia definan la sesión, la oportunidad se
cerrará. Y con ella, la posibilidad de reconstruir la credibilidad y la
integridad de la UV. El impacto de una
decisión valiente del CUG sería profundo:
- Consolidaría un precedente de
control democrático interno.
- Reforzaría la confianza en la UV
como institución pública seria y ética.
- Abriría nuevas oportunidades de
desarrollo académico, científico y tecnológico.
- Garantizaría a las nuevas
generaciones de estudiantes e investigadores una universidad sólida,
transparente y legítima.
- Servir como detonador del
desarrollo social, económico y cultural de Veracruz, pues ninguna región
progresa sin una universidad fuerte, íntegra y capaz de liderar procesos
de innovación.
El
horizonte es claro: una Universidad Veracruzana con gobernanza confiable es
condición indispensable para el progreso regional. La parálisis institucional,
en cambio, condena a Veracruz a rezagos educativos, científicos y productivos; por
ello, la sesión del 15 de diciembre no es una formalidad: es un parteaguas; un
momento para definir si la UV seguirá atrapada en un círculo de decisiones
ilegítimas o si avanzará hacia un modelo institucional renovado, ético y
democrático.
Hoy,
cada consejero universitario —maestro, estudiante o ex oficio— debe reconocer
la magnitud de su responsabilidad. No se representa a sí mismo, sino a la
comunidad que lo eligió y a las generaciones por venir. El CUG sí puede
resolver la crisis de ilegalidad. La pregunta decisiva es: ¿están los
consejeros dispuestos a ejercer el poder que la normatividad les confiere y a
restaurar la legalidad, la autonomía y el futuro de la Universidad Veracruzana,
contribuyendo con ello al desarrollo y progreso de Veracruz?
El
juicio de la historia universitaria será ineludible. La respuesta se escribirá
el 15 de diciembre. Y quedará en la memoria de nuestra universidad, de nuestros
hijos, hermanos, padres y de todos quienes desde siempre han confiado en
nosotros.
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