Por Miguel Ángel Cristiani G.
¿De qué sirve celebrar los primeros 100 días de
gobierno si, mientras se reparten cifras optimistas, la realidad cotidiana
empieza a cerrar sus puertas? En el municipio de Veracruz, la narrativa oficial
habla de avances, estabilidad y dinamismo económico. Pero en la calle —que es
donde se mide el pulso real de una administración— los hechos cuentan otra
historia: la de cortinas que bajan, empleos que se pierden y confianza que se
evapora.
No se trata de un caso aislado ni de un ajuste
menor del mercado. El cierre de Chedraui en Plaza Nuevo Veracruz, junto con la
salida de LOB, Chuck E. Cheese’s y GamePlanet en Plaza Américas, además del
reciente cierre de Arby’s en la avenida Ruiz Cortines —un establecimiento que
apenas había abierto en 2023—, dibuja un patrón que no puede ignorarse ni
minimizarse. Cuando varias marcas, de distintos giros y con inversiones
recientes, coinciden en retirarse, el problema deja de ser empresarial para
convertirse en estructural.
La economía no funciona con boletines, sino con
condiciones. Y esas condiciones —seguridad, certeza jurídica, flujo económico,
poder adquisitivo— parecen estar fallando. El discurso institucional puede
insistir en que hay inversión y crecimiento, pero los inversionistas no operan
con discursos: operan con números, con expectativas y con señales claras de
estabilidad. Si esas señales no existen, simplemente se van.
Históricamente, Veracruz ha sido un puerto de
entrada, un nodo comercial estratégico y un motor económico regional. Sin
embargo, también ha cargado con lastres recurrentes: inseguridad, burocracia
ineficiente y una preocupante desconexión entre autoridad y sector productivo.
Lo que hoy estamos viendo no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia
acumulada de decisiones —o indecisiones— que han debilitado el ecosistema
económico local.
El cierre de establecimientos comerciales no solo
implica la pérdida de marcas visibles; significa empleos directos e indirectos que
desaparecen, cadenas de suministro que se rompen y familias que ven reducidas
sus oportunidades. Es un golpe silencioso pero constante al tejido social. Y lo
más grave es que, mientras esto ocurre, la narrativa oficial insiste en una
versión optimista que no dialoga con la realidad.
Aquí es donde la crítica se vuelve indispensable.
No para destruir, sino para corregir. Porque gobernar no es administrar
percepciones, sino resolver problemas. Si hay cierres, hay causas. Y esas
causas deben investigarse con seriedad: ¿ha disminuido el consumo? ¿existen
problemas de seguridad en las zonas comerciales? ¿hay cargas fiscales o
regulatorias que desalientan la permanencia de negocios? ¿se ha debilitado el
atractivo de estas plazas frente a nuevas dinámicas de consumo?
La responsabilidad de una administración municipal
no se limita a inaugurar obras o difundir cifras; implica generar condiciones
reales para que la economía local prospere. Eso exige diálogo permanente con
empresarios, políticas públicas basadas en evidencia y, sobre todo, una
disposición honesta para reconocer fallas. Negar la realidad no la corrige; la
agrava.
También es momento de exigir corresponsabilidad. El
sector empresarial debe transparentar las razones de sus decisiones y
participar activamente en la construcción de soluciones. La ciudadanía, por su
parte, debe asumir un papel crítico y exigir rendición de cuentas. Porque al
final, la economía local no es un concepto abstracto: es el sustento de miles
de familias.
El problema de fondo no es que cierren tiendas; es
que se esté normalizando el cierre como si fuera parte inevitable del paisaje
urbano. No lo es. Es una señal de alerta que exige atención inmediata,
diagnóstico serio y acciones concretas.
Porque cuando la economía empieza a apagarse, no
hay discurso que alcance para encenderla de nuevo.
Y en Veracruz, mientras el gobierno municipal presume
cifras, la realidad —esa que no se maquilla— sigue bajando cortinas.
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