Por Miguel Ángel Cristiani G.
Primero fueron las promesas. Después los discursos
sobre inversión, empleos y desarrollo. Más tarde vinieron las fotografías
oficiales, los boletines triunfalistas y la narrativa de que Veracruz entraría
al “primer mundo industrial” gracias a la llegada de la cervecera Constellation
Brands. Y ahora, como suele ocurrir en este país donde la modernidad
frecuentemente llega embarrada de impunidad, aparecen peces muertos, agua con
olor a petróleo y vecinos denunciando contaminación.
La historia ya la conocemos. Se repite con una
precisión casi científica: las grandes corporaciones aterrizan con alfombra
roja, las autoridades les abren la puerta sin demasiadas preguntas y los
ciudadanos terminan pagando la factura ambiental. Lo verdaderamente alarmante
no es únicamente la denuncia de los habitantes de Vargas sobre el presunto
vertido de chapopote en el arroyo Paso Lugo; lo grave es el patrón de silencio
institucional que comienza a rodear el caso.
Porque aquí hay hechos concretos, no rumores de
café.
Los pobladores detectaron a una unidad de la
empresa contratista TYP descargando residuos derivados de trabajos de asfaltado
realizados dentro de la planta de Constellation Brands. Hay reportes reiterados
de contaminación desde 2025. Existen denuncias por mortandad de peces. Se
tomaron muestras de agua. Los habitantes aseguran que el líquido que llega a
sus viviendas huele a crudo. Y, pese a todo ello, hasta ahora no existe una
postura firme de la Procuraduría del Medio Ambiente ni una explicación pública
convincente de la empresa.
La pregunta inevitable es brutal: ¿qué más
necesitan las autoridades para actuar? ¿Una tragedia sanitaria? ¿Niños
intoxicados? ¿Un río completamente muerto?
En Veracruz tenemos una larga tradición de
convertir los desastres ambientales en expedientes burocráticos. -Como cantaría
Joaquín Sabina, “Lo Niego Todo”-
Basta recordar el deterioro histórico de ríos como
el Coatzacoalcos, el Blanco o el Jamapa, sacrificados durante décadas en nombre
del “progreso”. Siempre hay una justificación elegante para mirar hacia otro
lado: que la inversión no debe espantarse, que primero hay que esperar los
estudios, que no se puede acusar sin pruebas definitivas. Mientras tanto, las
comunidades respiran químicos, beben agua dudosa y entierran sus actividades productivas.
El problema de fondo no es solamente ambiental. Es
político. Y profundamente ético.
Constellation Brands llegó a Veracruz después de
que su planta en Mexicali fuera frenada por la presión social y el conflicto
por el agua en Baja California. Aun así, aquí se presentó el proyecto como
ejemplo de sustentabilidad y desarrollo responsable. Hoy, los testimonios de
Vargas contradicen brutalmente aquella narrativa oficial.
Resulta particularmente ofensivo que, según
denuncian los vecinos, la respuesta haya sido ofrecer tinacos con filtros de
agua. Es decir: en lugar de resolver el posible origen de la contaminación, se
intenta administrar el enojo social con paliativos domésticos. La vieja fórmula
mexicana: poner curitas donde hay gangrena.
Y aquí también debe señalarse la tibieza
institucional. La Procuraduría del Medio Ambiente no puede convertirse en
oficina de relaciones públicas de los grandes consorcios. Su función no es
administrar crisis mediáticas sino proteger el patrimonio ambiental y la salud pública.
Si existen elementos suficientes para investigar, debe hacerse con
transparencia, rigor técnico y sanciones ejemplares si se comprueba
responsabilidad.
Porque hay algo que los gobiernos parecen olvidar:
el agua no es propiedad de las empresas ni concesión graciosa de los políticos.
Es un derecho humano reconocido por el artículo 4° constitucional. Y cuando una
comunidad sospecha que ese derecho está siendo violentado, el Estado tiene la
obligación de actuar de inmediato, no de esconderse detrás de estudios eternos
o silencios cómodos.
La gobernadora Rocío Nahle tiene frente a sí una
prueba delicada. No basta con promover inversiones; también debe garantizar que
el desarrollo no se convierta en devastación disfrazada de progreso. Veracruz
no necesita más empleos construidos sobre ríos muertos ni crecimiento económico
cimentado en impunidad ambiental.
Porque cuando una empresa comienza contaminando
agua y las autoridades responden con silencio, lo que realmente se pudre no es
el arroyo: es el Estado de derecho.
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