CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
Existe una ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños, normativa que permite combatir la explotación sexual.
La trilogía que forman drogas, armas y explotación sexual se viene combatiendo desde el Gobierno de la República.
Esa figura no es una asignatura cómoda o fácil de atender, pero tampoco resulta ser un asunto que apenas inicie o se esté enfrentando y combatiendo.
Desde el periodo del presidente López Obrador, se decretó la creación de una comisión que tiene por objeto fungir como un grupo de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que realizan siete dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en un esquema que preside la figura del titular del Poder Ejecutivo.
En el grupo de trabajo están los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Relaciones Exteriores, Sedena, Semar, Salud y la SHCP —esta, a través de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y la PFF (Procuraduría Fiscal de la Federación)—, y donde también aparecen el titular del Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la SSPC, y el de la Guardia Nacional, que está sectorizada en la Sedena.
La Administración Federal, de este modo, trata de abordar “dos” de las materias que han puesto en un constante conflicto a distintos titulares de la Presidencia de México: “el tráfico de armas y el de las drogas”, ante las autoridades de USA, pero “hay un tercer tema” que, sin estar en la agenda de EE. UU. con México, sí debería estar, al menos, en la agenda nacional y es “la explotación sexual”, y sobre la que han venido en aumento las quejas de los familiares de personas afectadas, sobre todo por casos de menores de edad, como diversos medios y redes sociales lo han ido difundiendo.
Y es que, en los últimos años, el tráfico de mujeres menores de edad con fines de explotación sexual ha pasado a ser un lucrativo negocio, después de las drogas, a decir de notas que han circulado, en mayor o menor intensidad, lo cual habla también de condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas, según el informe difundido y elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social en el país.
Y lo que más preocupa a los autores es que algunas de las autoridades aparentemente poco están haciendo en esta asignatura social, y que hay quienes la ven como un rentable negocio. Y esto ha llevado también a la aparición de algunas ONG que trabajan en favor de “los derechos de las prostitutas y en contra del tráfico de mujeres”.
Cabe recordar que, desde 2012 a la fecha, se dice que dos de cada tres víctimas son mujeres y el 50 % de ellas resultan menores de edad, y casi en un porcentaje similar los casos provienen de estados del sur del país, y nuestra entidad veracruzana aparece enlistada, al menos, como sitio de paso, aseguran algunas expresiones sociales.
También cabe decir que los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un bajo registro de denuncias por este delito. Y aunque los reportes permiten identificar a las mujeres y a los menores de 17 años como las personas con mayores riesgos de ser victimizadas por los tratantes, las edades de las víctimas resultan ser: 41.1 % menores de edad, 28.4 % entre 18 y 30 años, 9.5 % de 31 a 50 años y 6.3 % adultos mayores. Lo penoso es que esta asignatura viene creciendo y no en todos los casos hay denuncias de los hechos.
DE SOBREMESA
En el terreno del análisis se dice, por fuentes que han dejado testimonios en medios y redes donde denuncian hechos de trata de personas, que la forma llamada “enganche” es una especie de enamoramiento que incluye ofertas muy engañosas de empleo para captar a víctimas de este delito.
Las víctimas —desde el enfoque sociológico— resultan ligadas al universo de la vulnerabilidad económica y hasta afectiva en su condición de vida familiar, y ello las expone aún más si en el primer círculo del hogar no existen los pilares básicos de la confianza y la educación, que se ven más afectados hoy en día por la digitalización de la época.
Esto nos muestra que el núcleo social —hogar y familia—, de no protegerse, aumenta la posible vulnerabilidad.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
La promesa de ayuda y el engaño son factores favorables para los llamados enganches, en particular para captar mujeres y menores de edad de ambos sexos, pues el delito no tiene fronteras ni con el género ni con la edad.
Estadísticas muestran y dicen que, durante periodos de alta movilidad —vacaciones largas o fiestas tradicionales durante el año, regionalmente—, aumenta la vulnerabilidad en ese orden.
Y además, la vulnerabilidad de las víctimas de trata, en muchos casos, pasa por la línea delgada de la violencia familiar, y ese deterioro de los vínculos familiares, con patrones de conducta violentos por parte del padre, la madre, de ambos u otra persona a cargo de la crianza, potencia la acción de quien infringe la ley desde la figura de la trata.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Los investigadores sociales del tema aseguran la existencia de una vulnerabilidad asociada a la edad de las víctimas, en la que encontramos a niñas, niños y adolescentes, quienes aún no desarrollan plenamente sus habilidades de razonamiento lógico o pensamiento crítico que les permitan entender situaciones de riesgo, de ahí la importancia del entorno en el hogar y la familia.
Los sociólogos, psicólogos y abogados coinciden en que la vulnerabilidad de los menores de edad —mujeres y hombres—, al resultar forzados a trabajar o mendigar, con insultos y golpes o no, les hace sentir o creer que el sustento es su responsabilidad, descuidando así que tales condiciones maximizan la pérdida de afectos y aumentan el grado de vulnerabilidad ante quienes los logran seducir y engañar.
Dicho de otra forma, el entorno familiar cercano juega un papel vital.
Y aquí, instancias municipales, junto con el DIF en el Estado de Veracruz, bien podrían sumar esfuerzos en torno a la Ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños, y ante lo recientemente declarado por miembros del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quizá las autoridades podrían investigar hechos que marcan “la existencia creciente del delito de trata de personas” que transitan por la entidad con destino a otros puntos dentro y fuera del país.
¡ES CUANTO!
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