Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política suele decirse que nadie es indispensable. Es cierto. Lo preocupante no es que un funcionario se vaya; lo verdaderamente grave es que parezca dar exactamente lo mismo quién llegue.
La salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz era un
desenlace anunciado. Durante meses, su permanencia fue objeto de rumores
constantes. Las redes sociales la "renunciaron" en innumerables
ocasiones antes de que la decisión se hiciera oficial. Esta vez, sin embargo,
el relevo dejó de ser especulación para convertirse en realidad.
Su paso por la dependencia difícilmente podrá recordarse por logros de
fondo. En cambio, sí quedará asociado a un ambiente permanente de confrontación
con sindicatos, trabajadores y distintos actores del sistema educativo. Resulta
complicado encontrar un periodo reciente en el que la Secretaría de Educación
haya enfrentado tantas protestas, bloqueos y tomas de instalaciones en tan poco
tiempo.
No se trata únicamente de un problema de carácter o de operación política. La
Secretaría de Educación no es una oficina administrativa cualquiera. Maneja el
presupuesto más grande del gobierno estatal y tiene bajo su responsabilidad el
futuro académico de más de dos millones de estudiantes, miles de escuelas y
decenas de miles de trabajadores.
Gobernar esa estructura exige experiencia administrativa, capacidad de
negociación y conocimiento profundo del sistema educativo.
Por eso el relevo no debería analizarse únicamente desde la óptica de las
amistades políticas o de las cuotas de poder.
Las primeras reacciones que generó el nombramiento de Raquel Bonilla apuntan
precisamente hacia esa preocupación. Más allá de las descalificaciones
apresuradas que suelen inundar las redes sociales, comenzó una pregunta
legítima: ¿cuál es el perfil profesional de quien asumirá una de las
responsabilidades públicas más importantes de Veracruz?
Toda persona merece el beneficio de la duda. Nadie debería ser juzgado antes
de ejercer el cargo. Sin embargo, ese beneficio no exime al gobierno de una
obligación elemental: explicar por qué una persona fue considerada la mejor
opción.
La transparencia comienza desde el nombramiento.
En cualquier democracia madura, cuando se designa al responsable de un área
estratégica, se presenta su trayectoria, su preparación académica, su
experiencia profesional y los resultados que respaldan su llegada. No se trata
de un trámite protocolario. Es un acto de rendición de cuentas.
Bastaba una explicación clara para evitar que las especulaciones ocuparan el
espacio de la información.
Pero el problema rebasa incluso este nombramiento.
Veracruz parece haber normalizado que las dependencias públicas sean
ocupadas bajo criterios de cercanía política antes que de capacidad técnica.
Esa práctica no comenzó en el actual gobierno. Viene de administraciones
anteriores y ha sobrevivido a distintos colores partidistas.
La Secretaría de Educación quizá sea el mejor ejemplo.
La historia reciente demuestra que los cambios de secretario rara vez han
significado una transformación de fondo. Cambian los nombres, cambian los
equipos, cambian los discursos, pero los conflictos con el magisterio, la
burocracia, la infraestructura escolar y los resultados educativos permanecen
prácticamente intactos.
Mientras tanto, Veracruz continúa rezagándose en indicadores educativos que
deberían ser motivo de preocupación permanente.
El verdadero debate no consiste en defender o atacar a quien llega. Consiste
en preguntarnos si algún día dejaremos de considerar la educación como un
espacio para recompensar lealtades políticas y empezaremos a tratarla como la
política pública más importante para el futuro del estado.
Raquel Bonilla tiene ahora la oportunidad de demostrar, con resultados, que
las dudas iniciales eran infundadas. Gobernar una institución tan compleja
exige mucho más que cercanía con el poder; exige liderazgo, capacidad técnica y
sensibilidad para reconstruir una relación deteriorada con el sector educativo.
Porque los gobiernos cambian cada seis años, los secretarios van y vienen,
los partidos se alternan en el poder... pero las generaciones de estudiantes
que pierden oportunidades por decisiones equivocadas ya no recuperan el tiempo
perdido.
Cuando la
política convierte la educación en un premio de lealtades y no en una
responsabilidad de capacidades, el costo termina pagándolo toda una generación
de veracruzanos.
