Carlos Miguel Acosta Bravo
El reconocimiento oficial de un adeudo de 110.8 mil millones de pesos a la industria farmacéutica —con facturas arrastradas desde licitaciones de 2023— no es solo un número en el Segundo Informe de Gobierno, es una señal de tensión financiera que pone en riesgo el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas del país. A esto se suma la queja de empresarios mexicanos de que las compras públicas se abrieron a proveedores de India, China y otros países que operan con subsidios estatales, una decisión que, según la industria, distorsiona la competencia, amenaza empleos locales y contradice los objetivos del Plan México.
La magnitud del pasivo es elocuente 110.8 mil millones de pesos conciliados al 30 de junio de 2026 equivalen a cerca del 63% del presupuesto proyectado para IMSS-Bienestar en 2026. No se trata de compromisos futuros, son medicamentos e insumos que las empresas ya entregaron, pero que el Estado no ha pagado a tiempo. La industria identifica al IMSS-Bienestar como el principal deudor, y el propio informe admite que parte de los adeudos corresponde a licitaciones realizadas desde 2023, es decir, compromisos que se arrastran por más de dos años.
Cuando el gobierno no paga a tiempo, las farmacéuticas ven reducida su liquidez para comprar activos, empacar, distribuir o financiar nuevas licitaciones. El resultado es previsible, algunas empresas pueden decidir no participar en futuras licitaciones o exigir mayores garantías, lo que reduce la base de oferentes y aumenta el riesgo de que claves queden desiertas. En un sistema que ya ha reportado episodios de desabasto, la combinación de deuda acumulada y licitaciones con participación internacional amplia puede generar cuellos de botella en la reposición de inventarios, sobre todo en medicamentos de alta rotación o especializados.
El segundo frente de tensión es la apertura internacional de las compras. La Secretaría de Hacienda declaró internacional la licitación LA-12-NEF-012NEF001-I-285-2026 de medicamentos y material de curación, permitiendo la participación de empresas de prácticamente cualquier país, incluidos China, India y Pakistán.
Canifarma y otros gremios sostienen que muchos de esos competidores operan con subsidios estatales y condiciones de producción distintas, lo que les permite ofrecer precios más bajos pero en condiciones que la industria mexicana considera “no equitativas”. El argumento no es proteccionismo ciego, es una advertencia sobre distorsiones de mercado. Si se privilegia la compra al extranjero solo por precio, sin considerar certificaciones, continuidad de abasto, empleo local y compromisos de inversión, se erosiona la base productiva nacional justo cuando el Plan México busca fortalecer cadenas estratégicas y generar empleos formales.
La contradicción es evidente, por un lado, el Plan México promete fortalecer la inversión, el empleo y la soberanía productiva en sectores estratégicos. Por otro, la combinación de deuda acumulada y competencia con proveedores subsidiados desalienta la inversión en plantas, líneas de producción en México.
Además, la credibilidad del Estado como comprador queda en entredicho. Un comprador público que reconoce adeudos viejos y, al mismo tiempo, abre licitaciones a proveedores extranjeros con ventajas de costo, envía señales mixtas a inversionistas, por un lado, hay compromiso de pago; por otro, persiste incertidumbre sobre criterios de adjudicación y sostenibilidad financiera.
Qué se necesita para salir del atolladero? reducir el riesgo de desabasto y recuperar confianza requiere acciones concretas: Plan de pagos claro y calendarizado; Priorizar el pago de facturas conciliadas sobre todo de IMSS-Bienestar y comunicar un calendario que permita a las empresas planear producción y compras de insumos.
En licitaciones de medicamentos y material de curación, ponderar no solo precio, sino certificaciones, continuidad de abasto, empleo local y compromisos de inversión, para evitar distorsiones por subsidios externos.
Es clave mantener un margen de compra a proveedores nacionales en claves estratégicas, como han pedido Canifarma y otros gremios, para blindar el abasto frente a posibles interrupciones de importación.
Se necesita publicar estatus de pagos, resultados de licitaciones y indicadores de abasto por institución, de modo que la industria y la sociedad puedan evaluar avances y corregir a tiempo.
El adeudo y la apertura a proveedores asiáticos subsidiados no son solo un problema contable, son factores que, si no se gestionan con un plan de pagos creíble y reglas de compra equilibradas, pueden debilitar el abasto de medicamentos, erosionar la base productiva nacional y contradecir los objetivos del Plan México en salud, empleo e inversión.
La pregunta es simple, ¿priorizará el gobierno el pago oportuno y reglas claras, o seguirá acumulando tensiones que terminan pagando los pacientes con desabasto y los trabajadores con empleos perdidos? La respuesta definirá no solo la salud financiera de la industria, sino la salud pública de millones de mexicanos.[
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