La Universidad Veracruzana (UV) celebrará este lunes 15 de diciembre una sesión del Consejo Universitario General (CUG) en un contexto marcado por la controversia legal y académica derivada de la prórroga rectoral aprobada por la Junta de Gobierno, así como por la existencia de tres juicios de amparo en curso contra dicha decisión. El encuentro ocurre tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no atraer los recursos de queja relacionados con el caso.
El CUG se realizará luego de casi cuatro meses sin sesiones, después del celebrado el 27 de agosto pasado, cuando, en medio de protestas de la comunidad universitaria, la sede fue cambiada a un salón de hotel. La prórroga cuestionada extiende el periodo rectoral del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029, sin que mediara convocatoria pública, lo que detonó inconformidades y acciones legales por parte de académicos y juristas vinculados a la institución.
Integrantes de la Red por la Legalidad UV informaron que se mantienen atentos al desarrollo de la sesión y al papel que asumirán las y los consejeros universitarios. La organización surgió tras el rechazo a la prórroga rectoral y ha llamado a que el CUG ejerza una representación crítica, reflexiva y apegada a la legalidad universitaria, de acuerdo con sus principios de autonomía y transparencia.
La sesión del Consejo se da en un escenario jurídico aún abierto. Existen tres amparos en proceso contra la prórroga rectoral y, recientemente, la SCJN resolvió no atraer los recursos de queja identificados como 370 y 389/2025. Estos recursos ya habían sido analizados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, el cual decidió mantener el criterio aplicado en la revisión del caso.
La exabogada general de la UV, Marisol Luna Leal, junto con un grupo de colegas, solicitó la intervención de la SCJN al considerar que el tribunal colegiado resolvió con una rapidez inusual. De acuerdo con su exposición, el análisis, proyección y discusión del asunto se realizó en un plazo aproximado de dos días y medio, cuando el promedio para procedimientos de esta naturaleza suele ubicarse entre tres y cinco meses.
Luna Leal explicó que esta celeridad fue uno de los motivos centrales para solicitar la atracción del caso por parte del máximo tribunal del país, al estimar que existían elementos de interés y trascendencia constitucional. Sin embargo, la SCJN determinó no ejercer dicha facultad, por lo que el criterio del tribunal colegiado se mantiene vigente.
Tanto Marisol Luna Leal como el académico José Luis Cuevas Gayosso han señalado que los amparos promovidos recibieron recursos de queja por parte de la Junta de Gobierno y que, hasta ahora, el tribunal no ha resuelto el fondo del juicio de amparo, sino únicamente aspectos procesales.
En este contexto, la sesión del Consejo Universitario General adquiere relevancia institucional, al celebrarse mientras persisten cuestionamientos legales y demandas de mayor claridad en la toma de decisiones. Diversos sectores de la comunidad universitaria esperan que el órgano colegiado contribuya a fortalecer la confianza, el respeto a la legalidad y el equilibrio entre autonomía universitaria y rendición de cuentas.
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