En la política existe una tragedia recurrente:
muchos llegan al poder hablando de servicio público y terminan actuando como
administradores de franquicias personales. El ayuntamiento se convierte en
agencia de colocaciones, las regidurías en negocios familiares y el presupuesto
municipal en piñata para grupos partidistas hambrientos de canonjías.
Por eso en Coatzacoalcos está ocurriendo algo que
para ciertos personajes resulta insoportable: alguien decidió cerrar la llave.
Y cuando se termina el flujo del dinero fácil,
comienzan las denuncias, los chantajes disfrazados de “lucha democrática” y las
campañas de linchamiento digital operadas por quienes durante años confundieron
la política con un sistema de cobro de cuotas.
Pedro Miguel Rosaldo García lo ha dicho varias
veces y, guste o no, los hechos empiezan a respaldarlo: no llegó al gobierno
municipal para administrar inercias ni para dejar intactas las viejas redes de
privilegios enquistadas en el ayuntamiento. Llegó —al menos hasta ahora— con la
intención de meter orden en una estructura pública que durante demasiado tiempo
funcionó como refugio de aviadores, operadores políticos, recomendados y gestores
de negocios disfrazados de servidores públicos.
Y claro, eso genera enemigos.
Porque en Veracruz hay políticos que no saben vivir
sin subsidio gubernamental. Se acostumbraron tanto al moche, a la nómina
inflada y al tráfico de influencias, que cualquier intento de control
administrativo les parece persecución política.
Ahí encaja perfectamente el caso del regidor
Gustavo Alonso Linares Yépez y sus denuncias interpuestas ante el Tribunal
Electoral de Veracruz contra el alcalde porteño.
La primera querella —según el expediente
TEV-JDC-7/2026— acusa una supuesta omisión para convocarlo a una sesión
extraordinaria. La segunda —expediente TEV-JDC-317/2026— denuncia presuntas
obstrucciones relacionadas con la autorización de personal de confianza para su
regiduría.
Traducido al castellano político menos hipócrita:
el pleito parece girar alrededor del control burocrático y del acceso a
posiciones administrativas que históricamente han servido como botín
partidista.
Porque esa es la verdadera discusión de fondo.
No estamos viendo una batalla épica por la
democracia municipal ni una cruzada moral por los derechos ciudadanos. Lo que
observamos es el choque entre una administración que intenta apretar controles
financieros y grupos políticos acostumbrados a operar el ayuntamiento como caja
registradora electoral.
Y eso explica la virulencia de las campañas en
redes sociales.
Cuando el dinero deja de circular hacia ciertos
bolsillos, aparece inmediatamente el discurso victimista. Los mismos que
durante años guardaron silencio frente al desorden administrativo ahora
descubren súbitamente su amor por la institucionalidad. Qué conmovedora
vocación republicana… tan coincidente con el cierre de las llaves
presupuestales.
Pedro Miguel Rosaldo entendió algo elemental que
muchos alcaldes prefieren ignorar: el principal cáncer de los municipios no
siempre está afuera, sino dentro del propio aparato gubernamental. Las fugas
financieras pequeñas pero permanentes terminan destruyendo la capacidad
operativa de cualquier administración. Aviadores, plazas innecesarias,
contratos inflados, favores políticos y obras convertidas en negocio privado
forman parte de un ecosistema de corrupción cotidiana que consume recursos
mientras las calles siguen destruidas y los servicios públicos colapsan.
Y Coatzacoalcos ya estaba demasiado hundido para
seguir tolerando ese modelo.
Por supuesto que ningún gobierno merece cheques en
blanco. La vigilancia ciudadana debe mantenerse firme y permanente. Pero
también hay que decirlo con claridad: una cosa es fiscalizar al poder y otra
muy distinta utilizar instituciones y redes sociales como instrumentos de
presión para recuperar privilegios perdidos.
En el fondo, lo que duele no es la supuesta “falta
de atención” institucional. Lo que verdaderamente irrita a ciertos grupos es
que el ayuntamiento dejó de funcionar como agencia de financiamiento político
rumbo a futuras campañas.
Se enfrenta además un problema incómodo: mucha
estridencia mediática, pero poca estructura real sin recursos públicos
alrededor. Y cuando el financiamiento informal se seca, comienzan las fracturas
internas, los pleitos por las regidurías y las disputas por cuotas de poder que
antes se repartían discretamente.
La política municipal mexicana está llena de personajes
que hablan como opositores heroicos mientras extienden discretamente la mano
debajo de la mesa esperando el siguiente convenio, la siguiente plaza o el
siguiente favor económico.
Y quizá por eso el caso Coatzacoalcos resulta tan
revelador: porque exhibe el momento exacto en que varios políticos dejaron de
defender principios y comenzaron desesperadamente a reclamar que les devuelvan
sus antiguos privilegios.
Porque cuando un grupo político se indigna más por
el cierre de las fugas financieras que por el abandono de la ciudad, queda
claro que nunca luchó por los ciudadanos: luchaba únicamente por conservar
abierta la caja chica del poder.
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