Por Miguel Ángel
Cristiani G.
A veces el abandono habla más fuerte que los discursos
oficiales. Basta caminar por el primer cuadro del puerto de Veracruz para
entenderlo: balcones sostenidos por milagro, muros que se desmoronan, techos
vencidos por el tiempo y edificios históricos convertidos en ruinas urbanas. No
es una metáfora; es la postal real que ven miles de turistas cada semana.
Hace apenas unos días señalábamos en este espacio algo
elemental: el deterioro del Centro Histórico no es solo un problema estético,
es un riesgo público. Cuando una fachada centenaria amenaza con desplomarse
sobre la banqueta, el asunto deja de ser patrimonial y se vuelve una cuestión
de seguridad.
Por eso resulta relevante —y necesario— el anuncio de que el
Gobierno de Veracruz intervendrá inmuebles abandonados en el Centro Histórico
del puerto. La gobernadora Rocío Nahle García lo dijo con claridad: “no podemos
seguir esperando a que los dueños quieran arreglar”.
La frase tiene sentido. Durante décadas, la historia del
centro porteño ha sido una mezcla de abandono privado y omisión pública. Muchos
edificios pertenecen a particulares que, por especulación inmobiliaria,
desinterés o falta de recursos, simplemente los dejaron morir. Mientras tanto,
las autoridades miraban hacia otro lado.
El problema no es menor. El Centro Histórico de Veracruz no
es cualquier zona urbana. Es uno de los espacios con mayor valor histórico del
país. Desde ahí se ha contado buena parte de la historia nacional: el comercio
colonial, las invasiones extranjeras, el auge del puerto, el tránsito cultural
del Golfo de México.
Pero hoy, entre restaurantes, hoteles y comercios activos,
sobreviven también decenas de casonas abandonadas que parecen salidas de una
ciudad fantasma.
La paradoja es evidente: Veracruz vive en gran medida del
turismo, pero descuida uno de los escenarios más emblemáticos de su identidad
urbana.
El deterioro no solo afecta la imagen de la ciudad. También
impacta la economía local. Un centro histórico en ruinas ahuyenta inversiones,
limita la actividad comercial y reduce el potencial cultural del puerto.
Ciudades del mundo han demostrado lo contrario: cuando el patrimonio urbano se
rescata, el turismo crece, el comercio se dinamiza y la identidad colectiva se
fortalece.
Ahí están ejemplos como Cartagena, La Habana Vieja o el
propio Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la recuperación del
patrimonio fue resultado de políticas públicas sostenidas, inversión y
coordinación con los propietarios.
En Veracruz, en cambio, la recuperación ha sido lenta,
fragmentada y muchas veces simbólica.
Por eso la intervención gubernamental anunciada plantea una
discusión necesaria: ¿hasta dónde debe llegar el Estado cuando la propiedad
privada abandona su responsabilidad histórica?
La Constitución protege la propiedad, sí, pero también
reconoce la función social del patrimonio cultural. Cuando un inmueble
histórico amenaza con colapsar o deteriora el entorno urbano, el interés
público no puede seguir esperando la buena voluntad del propietario.
No se trata de expropiar indiscriminadamente ni de imponer
decisiones arbitrarias. Se trata de aplicar la ley, promover la restauración,
incentivar la inversión y, cuando sea necesario, intervenir para evitar que la
memoria arquitectónica de una ciudad termine convertida en escombros.
El rescate del Centro Histórico de Veracruz requiere algo
más que declaraciones. Necesita un programa integral: inventario de inmuebles
abandonados, mecanismos legales para intervenirlos, incentivos fiscales para su
restauración, participación de universidades y especialistas en conservación, y
una visión de desarrollo urbano que entienda que el patrimonio no es un
estorbo, sino un activo económico y cultural.
Porque el deterioro del centro no ocurrió de la noche a la
mañana. Es el resultado de décadas de indiferencia institucional y de
propietarios que dejaron que el tiempo hiciera el trabajo de demolición.
Si el gobierno estatal realmente está dispuesto a actuar, el
anuncio puede ser el inicio de una política urbana largamente esperada. Pero el
reto será pasar del discurso a la obra concreta, del anuncio mediático al
rescate real de las calles, las fachadas y la historia que todavía resiste entre
los muros del viejo Veracruz.
Porque una ciudad que permite que su patrimonio se derrumbe
no solo pierde edificios: pierde memoria, identidad y dignidad urbana.
Cuando una ciudad o municipio deja caer sus edificios
históricos por abandono y desidia, lo que termina en ruinas no es la
arquitectura, sino la responsabilidad pública de quienes debieron protegerla.
