IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La noche del 31 de agosto de 2026, 745,533 usuarios
en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se quedaron sin electricidad
durante casi ocho horas. La CFE y la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyeron
el mega apagón a actos de vandalismo en dos líneas de transmisión de 400 kV.
Pero detrás de la explicación oficial hay una
realidad incómoda, el sistema eléctrico mexicano es más vulnerable de lo que
las autoridades admiten, y los apagones recurrentes están erosionando la
confianza de empresarios e inversionistas que necesitan certeza para hacer
negocios en el país.
Según la CFE, el apagón se originó por daños
intencionales en los aisladores de dos líneas de transmisión de 400 kilovoltios
(las líneas ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, tramo Escárcega-Ticul). La falla
provocó la desconexión automática de ambas líneas, dejando sin electricidad a
cientos de miles de usuarios desde la noche del lunes hasta las 3:08 de la
madrugada, cuando el servicio fue restablecido al 100%.
La presidenta Sheinbaum fue categórica en su
conferencia matutina: "No tiene que ver con falta de infraestructura,
falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión. Por eso
se pudo recuperar tan rápido". Pero
esta explicación, aunque técnicamente posible, deja más preguntas que
respuestas.
Expertos en sistemas eléctricos consideraron poco
creíble que un acto vandálico aislado pudiera causar un apagón de esta
magnitud. Su razonamiento es simple, un sistema eléctrico robusto debería tener
redundancia y resiliencia para absorber fallas puntuales sin colapsar toda una
región.
El hecho de que dos líneas desconectadas provocaran
un apagón que afectó a cuatro estados sugiere debilidades en la arquitectura de
la red, no solo un acto criminal aislado. El vandalismo puede ser el detonante,
pero difícilmente es la causa raíz.
Más allá del vandalismo, los apagones en México
durante 2026 responden a múltiples factores estructurales que la CFE y el
gobierno federal prefieren no reconocer de lleno Infraestructura envejecida.
Gran parte de la red de transmisión y distribución tiene décadas de operación
sin modernización adecuada. Falta de mantenimiento preventivo, así como fallas
en inspecciones y reparaciones
insuficientes dejan vulnerabilidades sin atender.
La demanda eléctrica crece, pero la capacidad de
generación y transmisión no se ha expandido al mismo ritmo así como condiciones
meteorológicas extremas tormentas, huracanes y olas de calor ponen a prueba una
red ya debilitada.
También se han registrado sobrecargas del sistema
con picos de demanda (especialmente en verano por aire acondicionado) exceden
la capacidad instalada. Fallas en transformadores y centrales, entre ellos equipos
obsoletos o mal mantenidos que fallan con mayor frecuencia.
En 2026, la CFE ha reportado apagones por todas
estas causas en distintas regiones del país. El vandalismo es solo una pieza de
un rompecabezas mucho más complejo. Los apagones de gran escala no son solo una
molestia para los ciudadanos. Son un golpe directo a la competitividad de
México y a la confianza de quienes quieren invertir en el país.
Las empresas
no pueden garantizar continuidad productiva si el suministro eléctrico es
intermitente. Esto afecta especialmente a industrias de procesos continuos como
manufactura, alimentos y químicos.
Los empresarios deben invertir en plantas de
respaldo (generadores diésel, sistemas UPS), incrementando sus costos
operativos. Y cuando los respaldos fallan o no son suficientes, las pérdidas
por paradas de producción se multiplican.
Los inversionistas extranjeros comparan a México
con otros destinos como Chile, Colombia o Brasil. La confiabilidad del
suministro eléctrico es un factor clave en esas decisiones. Apagones
recurrentes envían la señal de que la infraestructura básica no está
garantizada.
El turismo en Cancún y la Riviera Maya depende de
electricidad constante para hoteles, restaurantes y comercios. Los centros de
datos y empresas de información requieren suministro ininterrumpido. Los
hospitales necesitan energía confiable para equipos médicos críticos.
Para evitar apagones de gran escala y recuperar la
confianza de usuarios, empresarios e inversionistas, la CFE necesita actuar en
múltiples frentes, no solo perseguir vándalos.
El Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 contempla
invertir 132,000 millones de pesos en transmisión para agregar 7,545
kilómetros de líneas nuevas y aumentar la capacidad de transformación. Esta
inversión debe acelerarse en regiones críticas como el sureste del país.
También se necesita construir líneas alternativas que permitan rerutear la
energía si una línea falla, instalar sistemas de protección automática más
sofisticados que resuelvan fallas sin colapsar toda la red, e implementar redes
inteligentes (smart grids) que permitan monitoreo en tiempo real y respuesta
automática a fallas.
Establecer un calendario riguroso de inspecciones
de líneas de transmisión, torres, subestaciones y equipos críticos. Usar drones
y sensores IoT para detectar puntos calientes, corrosión o daños estructurales
antes de que causen fallas. Identificar equipos con más de 30-40 años de
operación y planificar su reemplazo gradual, priorizando transformadores y
aisladores en zonas de alto riesgo.
El sureste depende excesivamente de unas cuantas
líneas de transmisión desde el centro del país. Se debe impulsar la generación
distribuida en la región (plantas solares, eólicas, de ciclo combinado) para
reducir la dependencia de transmisión de larga distancia. El Programa de
Desarrollo CFE 2026-2030 contempla esquemas mixtos enfocados en centrales
renovables, lo que diversifica la generación y reduce la vulnerabilidad a
fallas en líneas específicas.
Se deben instalar sistemas de almacenamiento de
energía (BESS) en puntos críticos de la red para estabilizar el suministro
durante fallas transitorias. Mantener plantas de emergencia listas para entrar
en operación cuando se detecten fallas en la red principal.
Cuando ocurran apagones, la CFE debe proporcionar
información detallada y verificable sobre las causas, no solo atribuciones
genéricas a vandalismo. Publicar reportes técnicos que permitan a especialistas
independientes evaluar la situación, así como establecer mesas de trabajo
permanentes con cámaras empresariales, gobiernos estatales y organizaciones de
usuarios. Asimismo deberá comprometerse públicamente con metas de reducción de
apagones y reportar avances trimestrales.
En el caso de Nuevo León, el gobernador Samuel
García acordó con la CFE una inversión de 10,000 millones de pesos para
fortalecer la red, con 60% destinado a transmisión y 20% a distribución. Este
modelo de cofinanciamiento debería replicarse en otros estados críticos.
La CFE planea que más de la mitad de los recursos
del Programa 2026-2030 se financien mediante esquemas fuera del balance,
principalmente con participación del sector privado, incluyendo Fibra E para
proyectos de transmisión. Esto podría acelerar las inversiones necesarias.
Desarrollar planes de contingencia específicos por
región que incluyan identificación de cargas críticas (hospitales, aeropuertos,
plantas industriales), protocolos de priorización de restablecimiento y
coordinación con gobiernos estatales para comunicación a la ciudadanía y realizar
simulacros periódicos de apagones masivos para probar la capacidad de
respuesta.
La CFE presentó en agosto de 2026 su Programa de
Desarrollo 2026-2030, que contempla una inversión total de hasta 740,000
millones de pesos (aproximadamente 37,500-39,800 millones de dólares y
considera la participación del sector
privado para acelerar proyectos también contempla energías renovables y
modernización tecnológica.
No está claro si la inversión se distribuirá
equitativamente en regiones críticas como el sureste. Los plazos (2026-2030)
pueden ser demasiado largos para problemas urgentes, en ese nivel falta
transparencia en cómo se priorizarán los proyectos y cómo se medirá el impacto
en reducción de apagones.
Para evitar apagones de gran escala y recuperar la
confianza de empresarios e inversionistas, la CFE debe emprender acciones
integrales, acelerar la inversión en transmisión y distribución los
132,000 millones de pesos contemplados para 2026-2030 deben ejecutarse más
rápido en regiones críticas, implementar programas rigurosos de mantenimiento
preventivo, fortalecer la seguridad física y tecnológica de la infraestructura,
diversificar las fuentes de generación en el sureste, instalar sistemas de
almacenamiento y respaldo, mejorar la transparencia y comunicación, coordinar
con gobiernos estatales y el sector privado, y desarrollar planes de
contingencia regionales.
El Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 es un
primer paso, pero su efectividad dependerá de la velocidad de ejecución, la
priorización de regiones vulnerables y la transparencia en la rendición de
cuentas.
Sin estas acciones, los apagones seguirán siendo un
lastre para la competitividad de México y un factor que aleja la inversión
nacional y extranjera. La pregunta no es si la CFE tiene los recursos para
actuar, el programa contempla una inversión total de 740,000 millones de pesos.
La pregunta es si tendrá la voluntad política y la capacidad ejecutiva para
hacerlo antes de que el próximo mega apagón vuelva a golpear la confianza en el
sistema eléctrico mexicano.
Porque cuando falla la luz, con estos alcances y afectaciones, no solo se apagan los focos. Se apaga también
la confianza de quienes quieren invertir, producir y generar empleos en México.
Y esa es una oscuridad mucho más difícil de iluminar.
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