Por Miguel Ángel Cristiani
La historia del llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa
comienza a dejar de ser solamente una colección de denuncias, acusaciones y
testimonios de personas que aseguran haber sido despojadas de sus propiedades.
Este martes ocurrió algo que cambia el escenario: la Fiscalía General del Estado detuvo a los
abogados Isaac Contreras Gómez Gil y Pedro Damián Atilano Cruz,
señalados por su presunta relación con uno de estos casos de despojo
inmobiliario.
Y aquí aparece un caso que resulta particularmente
ilustrativo.
Se trata de una propiedad ubicada en la avenida 20 de
Noviembre número 50, en Xalapa, con una superficie cercana a los mil metros
cuadrados, cuya posesión, de acuerdo con el testimonio de sus propietarios,
había permanecido durante más de 80 años en manos de la familia.
El doctor Manuel Ezequiel Casillas Rivas y su padre, José
Luis Castilla Aburto, relataron públicamente lo que aseguran ocurrió el 28 de
agosto de 2024.
Según su versión, fueron desalojados durante la madrugada,
alrededor de las 5:30 horas, mediante una serie de actos que califican como
fraudulentos, incluyendo la presunta falsificación de documentos y firmas.
Lo más grave de su relato es que aseguran haber solicitado
auxilio al C4 sin recibir respuesta.
Pero también dejaron constancia notarial de otro detalle que
parece salido de una novela de corrupción inmobiliaria: alguien habría cambiado
físicamente el número del inmueble, pintando sobre la fachada el 1250 en lugar
del número real, el 50.
¿Por qué?
Esa es precisamente una de las preguntas que ahora tendrán
que responder las autoridades.
Los afectados también cuestionaron la actuación de
funcionarios judiciales que, según su testimonio, participaron en el
procedimiento que terminó con el desalojo. señalando que, a su juicio, no se
tomó debidamente en cuenta que ellos tenían la posesión del inmueble ni la
presencia de menores de edad durante el desalojo.
Son señalamientos serios que deberán ser investigados y, en
su caso, acreditados por las autoridades competentes.
Pero hay otro elemento que llama poderosamente la atención.
Los afectados aseguran que en el procedimiento participaron
diversos abogados y que existe un patrón de operación mediante el cual los
litigantes aparentemente se van rotando los casos, incluso llegando —según su
versión— a promover denuncias entre integrantes de las mismas familias para
generar la apariencia de que existe un cambio de representación jurídica.
Si esta acusación llegara a acreditarse, estaríamos ante
algo mucho más grave que un simple pleito por una propiedad.
Estaríamos hablando de un posible método de operación.
Y ahí es donde las autoridades tienen una enorme
responsabilidad.
Porque no basta con detener a dos abogados.
Hay que investigar toda la cadena.
Quién presentó los documentos.
Quién los certificó.
Quién promovió los juicios.
Quién obtuvo las resoluciones.
Quién ejecutó los desalojos.
Quién proporcionó apoyo operativo.
Quién adquirió posteriormente las propiedades.
Y, sobre todo, si existió una estructura organizada para
utilizar procedimientos judiciales con el propósito de despojar a legítimos
poseedores.
Porque si solamente se detiene a quienes aparecen al final
de la cadena, pero nadie pregunta quiénes estaban detrás, el problema no se
resuelve.
Los afectados, acompañados por sus abogados, incluso
llevaron este martes cartulinas y una lona para agradecer el apoyo de la
gobernadora Rocío Nahle, del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General
del Estado, así como de sus representantes legales.
Es comprensible.
Para una familia que afirma haber perdido una propiedad
después de ocho décadas de posesión, recuperar el inmueble no es un trámite
administrativo.
Es recuperar parte de su vida.
Y aquí aparece otra dimensión del problema.
Los propios afectados aseguran que existen muchas más
víctimas, pero que numerosas personas no pueden contratar un abogado para
defenderse.
Ese puede ser precisamente uno de los puntos débiles que
aprovechan quienes conocen las trampas del sistema: el ciudadano sin dinero para litigar termina enfrentándose a estructuras
jurídicas que pueden convertir un problema patrimonial en una pesadilla
interminable.
Hasta ahora, uno de los casos que sí logró recuperar su
propiedad fue el de Vanessa Ávila, quien, según se informó, tardó un año y ocho
meses en conseguirlo.
Demasiado tiempo.
Demasiado desgaste.
Demasiada incertidumbre para quien simplemente quiere
conservar aquello que legalmente le pertenece.
Por eso las detenciones de este martes deben verse como un
posible principio, no como el final de la historia.
La sociedad xalapeña necesita saber si estamos frente a
casos aislados o ante una verdadera red.
Y si existe una red, quiénes la integran.
Porque un “cártel” no puede funcionar solamente con
abogados.
Necesita documentos, trámites, decisiones, intermediarios,
posibles complicidades y, sobre todo, un sistema que permita que las cosas
ocurran.
La pregunta ahora es inevitable:
¿Hasta dónde llegará
la investigación?
Porque si la Fiscalía solamente llega hasta dos abogados,
tendremos detenidos.
Pero si llega hasta el origen de las operaciones, a quienes
fabricaron documentos, promovieron procedimientos, facilitaron resoluciones o
se beneficiaron de los despojos, entonces podríamos estar frente al verdadero
principio del fin del llamado “Cártel Inmobiliario”.
Y eso sí sería una noticia.
Porque durante demasiado tiempo en Veracruz se ha repetido
una vieja historia: propiedades que cambian de manos, ciudadanos que pierden
sus casas y expedientes judiciales que parecen tener una velocidad
extraordinaria para desalojar al pobre y una lentitud desesperante para
devolverle lo que asegura que le pertenece.
Ahora hay dos abogados detenidos.
La justicia tiene la palabra.
Pero también tiene una obligación:
no quedarse en la
puerta de entrada.
Porque detrás de cada propiedad despojada puede haber una
familia.
Y detrás de cada familia puede existir una historia que
todavía nadie se ha atrevido a investigar hasta el final.
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