Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay deudas que se pagan con dinero. Y hay otras que
las terminan pagando generaciones enteras con atraso, abandono y pobreza
institucional. En Veracruz, los municipios llevan años atrapados en esa segunda
categoría: gobiernos locales convertidos en oficinas de cobranza bancaria,
alcaldes administrando miseria y ciudadanos pagando obras que nunca llegaron.
Por eso no es menor lo que acaba de comentar el
alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, respecto al programa de
saneamiento financiero impulsado por la gobernadora Rocío Nahle García. El tema
merece análisis serio, porque detrás de los discursos triunfalistas hay una
realidad brutal: Veracruz arrastra una de las peores historias de endeudamiento
municipal del país.
Y Rosaldo García sabe perfectamente de lo que
habla. No es un improvisado. Viene de la Subsecretaría de Finanzas estatal y
conoce las entrañas de la maquinaria financiera veracruzana, esa que durante
años funcionó como trituradora de presupuestos municipales. Cuando afirma que
Coatzacoalcos fue “sentenciado a muerte financiera”, no está exagerando; está
describiendo con precisión quirúrgica el legado de dos décadas de
irresponsabilidad política.
Hay que recordar que la bursatilización municipal
de 2008 y 2009 fue presentada en su momento como la gran modernización
financiera. Qué ironía. Aquello terminó siendo una sofisticada forma de
hipotecar participaciones federales futuras para resolver urgencias inmediatas
y alimentar la voracidad política del corto plazo. Se vendió como ingeniería
financiera; en los hechos, fue ingeniería del saqueo institucionalizado.
Hoy vemos las consecuencias: municipios pagando
intereses eternos, créditos en UDIS convertidos en trampas inflacionarias y
administraciones completas incapaces de liberar recursos para obra pública
porque el dinero ya tenía dueño desde antes de llegar a las arcas municipales.
Coatzacoalcos es quizá el ejemplo más dramático.
Una ciudad estratégica para el desarrollo energético y portuario del país, pero
financieramente devastada. Una ciudad rica administrada como pobre. Una
contradicción profundamente mexicana.
Pasar de una deuda de 181 millones a 28 millones
representa un alivio financiero de enorme magnitud. Significaría liberar
recursos retenidos durante años únicamente para alimentar intereses bancarios.
Significaría recuperar capacidad de inversión, flujo operativo y margen de
maniobra administrativa.
Pero aquí es donde conviene bajar el volumen de la
propaganda y subir el de la memoria histórica.
Porque en México ya conocemos perfectamente el
libreto del “rescate financiero”. Primero se endeuda irresponsablemente.
Después se renegocia. Luego se presume como logro político lo que en realidad
fue la corrección tardía de un desastre provocado por la propia clase
gobernante. Y mientras tanto, nadie responde por los responsables originales
del quebranto.
La pregunta incómoda sigue intacta: ¿quiénes
hundieron financieramente a los municipios veracruzanos? Porque las deudas no
aparecieron por generación espontánea. Hubo alcaldes, tesoreros, congresos
complacientes, bancos felices cobrando intereses y gobiernos estatales mirando
hacia otro lado mientras hipotecaban el futuro municipal.
El esquema anunciado por Rocío Nahle tiene, sin
duda, un componente innovador. Que el gobierno estatal absorba parte importante
de la deuda bursatilizada rompe con la lógica tradicional del “arréglense como
puedan”. Puede convertirse en un precedente nacional si realmente fortalece las
finanzas locales sin sustituir una dependencia por otra.
Sin embargo, el verdadero saneamiento financiero no
se mide únicamente en reducir pasivos. Se mide en impedir que el ciclo vuelva a
repetirse. Porque de nada servirá aliviar la deuda si los municipios continúan
siendo cajas chicas electorales, refugios de incompetencia administrativa o
botines sexenales.
La tragedia financiera de muchos ayuntamientos
veracruzanos no nació en los bancos: nació en la impunidad y negociación política.
Y ahí está el núcleo del problema. En Veracruz
llevamos años celebrando como hazañas gubernamentales lo que en cualquier
democracia funcional sería apenas la obligación mínima de reparar los daños
causados por décadas de corrupción, negligencia y cinismo administrativo.
Porque rescatar municipios está bien; lo
verdaderamente imperdonable es que quienes los quebraron sigan paseándose por
la política como si nunca hubieran firmado la sentencia financiera de ciudades
enteras.
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