Por Miguel Ángel
Cristiani G.
En Veracruz hay instituciones que nacen con buenas intenciones y terminan convertidas en motivo de sospecha. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) es una de ellas.
En las benditas redes sociales se ha desatado en los últimos
días un intenso debate. Hay quienes sostienen que la Comisión debe desaparecer
porque ha perdido razón de ser. Otros consideran que basta con remover a la
actual directiva y darle una nueva orientación. Ambas posturas tienen
argumentos válidos. Ambas tienen razones que no pueden descalificarse a la
ligera.
Pero quizá el problema de fondo no sea si la CEAPP debe
morir o simplemente cambiar de rostro. La verdadera discusión es si alguna vez
cumplió el propósito para el cual fue creada.
La CEAPP nació durante el gobierno de Javier Duarte de
Ochoa, precisamente en una de las etapas más oscuras para el periodismo
veracruzano. El estado se convirtió entonces en un referente internacional de
agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas. Veracruz aparecía en
los informes de organismos nacionales e internacionales no por sus bellezas
naturales, sino por la peligrosidad de ejercer la libertad de expresión.
En ese contexto surgió la Comisión como una respuesta
institucional. La idea parecía impecable: crear un organismo especializado que
protegiera a los comunicadores y garantizara mecanismos de atención y
prevención.
La realidad fue otra.
Desde su creación, los periodistas auténticos —los que todos
los días salen a la calle, investigan, cuestionan al poder y enfrentan riesgos
reales— nunca fueron verdaderamente consultados. Nunca se les preguntó qué
institución necesitaban, cómo debía integrarse ni cuáles debían ser sus
facultades. Mucho menos se les permitió decidir quiénes debían representarlos.
La CEAPP nació desde el poder y para el poder.
Su integración siempre respondió más a acuerdos políticos
que a procesos de representación gremial. Los nombramientos han dependido de la
voluntad del gobernador o gobernadora en turno, de las negociaciones
legislativas y de las cuotas de grupos e intereses particulares.
En pocas palabras, los periodistas han sido los convidados
de piedra en una institución creada supuestamente para ellos.
Por eso hoy resulta hasta irónico escuchar que son los
periodistas quienes deben decidir el futuro de la Comisión.
¿Cuándo los han dejado decidir?
¿Cuándo se convocó al gremio de manera abierta y
democrática?
¿Cuándo se preguntó a los reporteros de las regiones, a los
corresponsales de municipios alejados o a quienes trabajan sin seguridad
laboral qué tipo de organismo requerían?
La respuesta es sencilla: nunca.
Eso explica el desencanto que hoy rodea a la institución.
Porque una cosa es la existencia de un mecanismo de
protección y otra muy distinta es la percepción de que dicho mecanismo se
encuentra distante de la realidad cotidiana del periodismo veracruzano.
La discusión tampoco debe caer en la demagogia de destruir
por destruir.
Veracruz sigue siendo un estado donde el ejercicio
periodístico enfrenta riesgos. Las amenazas existen. La precariedad laboral es
evidente. Las agresiones no han desaparecido. Pensar que el problema se
resolverá eliminando una institución constituye una simplificación peligrosa.
Pero también sería un error monumental fingir que basta con
cambiar algunos nombres en la directiva para que todo funcione de manera
distinta.
Las instituciones no se regeneran por decreto.
Se transforman cuando cambian su origen de legitimidad, sus
mecanismos de representación y su relación con los ciudadanos a quienes deben
servir.
La CEAPP necesita una revisión profunda y sin simulaciones.
Debe preguntarse si su estructura responde a las necesidades actuales del
gremio; si sus recursos se utilizan con eficacia; si sus mecanismos de
protección funcionan y, sobre todo, si quienes la integran tienen la
legitimidad y la credibilidad necesarias para representar al periodismo
veracruzano.
Porque una institución creada para defender la libertad de
expresión no puede convertirse en una oficina burocrática que administra
expedientes, reparte apoyos y se mantiene al margen de las decisiones
fundamentales que afectan al gremio.
La protección de los periodistas no es una concesión
graciosa del poder. Es una obligación democrática del Estado.
Y quizá allí se encuentra la gran paradoja de la CEAPP:
durante más de una década se ha hablado mucho en nombre de los periodistas,
pero muy pocas veces se les ha permitido hablar y decidir sobre la institución
que supuestamente fue creada para protegerlos.
En Veracruz, la CEAPP ha terminado pareciéndose demasiado a
aquello que debía combatir: un organismo donde el poder decide por los
periodistas y los periodistas solamente se enteran de las decisiones cuando ya
están tomadas.
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