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sábado, 25 de julio de 2026

Antes de gobernar, se exigía libertad; ahora se exige una fianza


Por Miguel Ángel Cristiani G

Hay decisiones de gobierno que no sólo exhiben una deficiente administración; también revelan una forma de entender el poder. Y cuando un ayuntamiento decide tratar a los medios de comunicación como si fueran contratistas de alto riesgo, en lugar de aliados indispensables para el ejercicio del derecho ciudadano a la información, el problema deja de ser administrativo para convertirse en político.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica al hecho de que el Ayuntamiento de Veracruz presidido por la ex periodista Rosa María Hernández sea, hasta donde se conoce, el único de los 212 municipios del estado que exige el pago de una "fianza" para que un medio de comunicación pueda simplemente tramitar el cobro de una factura por concepto de publicidad oficial.

Siete mil pesos de garantía.

 Como si el periodista o el pequeño medio estuvieran concursando por una obra pública de cientos de millones de pesos. Como si emitir una factura representara un riesgo financiero extraordinario para las arcas municipales. Como si la presunción de buena fe, principio elemental de toda relación entre autoridad y proveedor, hubiera sido sustituida por la sospecha permanente.

Lo más grave es que esta práctica no nació con la actual administración. Es un viejo mecanismo heredado de los gobiernos panistas que gobernaron el puerto durante años, diseñado precisamente para levantar barreras burocráticas que limitaran el acceso de muchos medios a la publicidad institucional. Una forma elegante de excluir sin prohibir; de censurar sin censurar; de seleccionar discrecionalmente quién podía sobrevivir y quién debía quedarse fuera.

La diferencia es que las herencias políticas no son una obligación moral. Quien llega al poder tiene la responsabilidad de corregir los abusos del pasado, no de perfeccionarlos. Gobernar implica revisar las prácticas recibidas, eliminar las que lesionan derechos y construir instituciones más justas. Repetir inercias autoritarias sólo demuestra falta de criterio propio o, peor aún, comodidad para ejercer el poder mediante mecanismos de control.

Por eso sorprende aún más que esta política permanezca vigente bajo una presidenta municipal de MORENA que conoce perfectamente el trabajo periodístico. Antes de ocupar un cargo público, también recorrió calles, cubrió conferencias, buscó entrevistas y entregó notas. Sabe, porque lo vivió, que la enorme mayoría de los medios locales no navega en la abundancia. Sobreviven literalmente día con día, enfrentando costos crecientes, una competencia desigual y un mercado publicitario cada vez más reducido.

Exigir una garantía económica a quienes apenas logran sostener una empresa informativa no es un acto de responsabilidad administrativa. Es una muestra de absoluta desconexión con la realidad. Más aún cuando, según denuncian periodistas del puerto, además de esa fianza deben dejar retenido el importe correspondiente a la primera factura pagada como otra especie de garantía adicional. Dos candados para cobrar un servicio ya prestado. Dos actos de desconfianza institucional hacia quienes cumplen con requisitos fiscales, entregan evidencias de publicación y acreditan plenamente su actividad.

La pregunta es inevitable: ¿de qué exactamente pretende protegerse el Ayuntamiento? Si existe un contrato, una orden de inserción, una factura legalmente emitida y un servicio comprobable, la garantía es el propio marco jurídico. Lo demás parece más un instrumento de intimidación administrativa que un mecanismo de control financiero.

No deja de ser paradójico que mientras desde el discurso oficial se proclama la cercanía con el pueblo, la transparencia y la transformación de las instituciones, en la práctica sobrevivan procedimientos que castigan precisamente a quienes ejercen una función esencial para cualquier democracia: informar. La publicidad oficial nunca debería utilizarse como premio para los dóciles ni como castigo para los críticos. Mucho menos convertirse en un laberinto burocrático diseñado para desalentar la participación de medios independientes.

El periodismo atraviesa una de sus etapas más complejas. La reducción de ingresos, la migración digital, la concentración publicitaria y la violencia contra comunicadores han colocado a cientos de empresas informativas al borde de la desaparición. En ese contexto, imponer cargas económicas injustificadas desde una autoridad municipal resulta no sólo insensible, sino profundamente contradictorio con cualquier discurso de fortalecimiento democrático.

La presidenta municipal aún está a tiempo de corregir. Bastaría revisar esa disposición, eliminar un requisito que no existe en prácticamente ningún otro municipio de Veracruz y enviar un mensaje claro de respeto a la libertad de información y al ejercicio periodístico. Persistir en esa política equivaldría a reconocer que el problema no era la herencia recibida, sino la voluntad de conservarla.

Cuando un gobierno exige una fianza para pagar una factura, no administra recursos: administra la desconfianza y convierte la libertad de informar en un privilegio sujeto al permiso del poder.

"En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras... siempre y cuando primero dejes una fianza."

Que no normalicen ese tipo de cateos que alarman a las víctimas

 La columna 

Por Fanny Yépez

Los judiciales argumentan que recibieron una denuncia anónima

Intempestivamente llega todo el aparato policiaco a un hogar sin una orden  

 

 Aunque no existe una cifra oficial exacta, que contabilice de forma específica cuántos "cateos erróneos" (ingresos a viviendas equivocadas) se han ejecutado en el estado de Veracruz, extraoficialmente se habla de varias incursiones ilegales en varios domicilios equivocados y se han llevado a cabo sin presentar la orden de un juez.    

 Las quejas públicas de ciudadanos y los expedientes ante las comisiones de derechos humanos, demuestran que, estas incidencias y los cateos ilegales sin orden judicial son recurrentes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz reporta constantemente un incremento histórico en sus diligencias operativas (superando los 285 y hasta 368 cateos en sus periodos de estrategia de seguridad), pero no desglosa públicamente cuántos de estos procedimientos resultaron fallidos, en domicilios incorrectos o sin hallazgos.

 En Boca del Río, en este mes de julio, habitantes de la colonia Adalberto Tejeda encararon a elementos policiacos y ministeriales tras la ejecución de tres cateos simultáneos. La propietaria de uno de los inmuebles denunció públicamente que las autoridades allanaron su propiedad de forma violenta y completamente ilegal, sin presentar una orden judicial firmada o con sellos vigentes, argumentando una clara equivocación.

 Los operativos se llevaron a cabo sin resultados, diversos despliegues en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han concluido con la irrupción en viviendas, donde al final de la jornada, las autoridades se retiran sin reportar personas detenidas ni asegurar ningún tipo de objeto ilícito, dejando solo daños materiales y reclamos vecinales.

 En la primera mitad del año en curso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió decenas de recomendaciones orientadas a abusos de autoridad.

 Varias de ellas señalan directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por irregularidades que abarcan detenciones ilegales, arbitrarias y violaciones al debido proceso durante operativos en campo.

 Negativa de las autoridades: Históricamente, tanto la Fiscalía como la SSP han acumulado decenas de recomendaciones emitidas por la comisión local que se niegan a acatar formalmente, lo que obliga a trasladar las quejas de los ciudadanos afectados ante instancias federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH.

 ¿Qué dice la ley si eres víctima de un cateo erróneo o ilegal?

 Según los especialistas en derecho penal de la entidad, cualquier ingreso de las fuerzas de seguridad a una propiedad privada debe contar obligatoriamente con una orden escrita, emitida por un juez de control. Si los agentes se equivocan de dirección o ingresan por la fuerza sin dicho documento formal, incurren en las siguientes violaciones:

 Allanamiento de morada y abuso de autoridad. Por lo tanto, los afectados tienen el derecho de interponer de inmediato una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal o local.

 Y también se puede formalizar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para documentar la agresión y exigir la reparación de los daños materiales provocados al inmueble.

 Sea como sea este tipo de agresiones y abusos de autoridad, provocan un estado nervioso, impactan en el ánimo de la persona afectada, la impresión podría traer severas consecuencias en el estado de salud de las víctimas y es por eso que se insiste a través de los medios de comunicación, en capacitar a los elementos judiciales y hacerles comprender el daño que pueden provocar, por un error y con un “Usted disculpe” piensan que se puede remediar.

 Llegar a tu casa y ver el movimiento inusitado de policías, patrullas y las puertas abiertas argumentando que buscan algo ilegal, es de alto impacto emocional.

 Los procesos de investigación debieran hacerlos más profundos, porque han dicho los invasores que acudieron porque recibieron una denuncia anónima. ¿Acaso eso es suficiente para actuar de esa manera y provocar pánico?

 Cualquier persona puede hacer una denuncia anónima tan solo por provocar ese desaguisado a un vecino y generarle una mala imagen o al menos provocarle un gran susto, entonces es urgente retomar este tipo de acciones y corregir los procedimientos equivocados que en nada ayudan.

KREM-1, cuando apagar el fuego no basta


IMPRONTA

Carlos Miguel Acosta Bravo

Durante casi cinco meses, el incendio del pozo exploratorio KREM-1 en Las Choapas, Veracruz  convirtió una emergencia industrial en una crisis social, ambiental y económica. El anuncio de que el flujo de gas finalmente fue controlado representa un avance técnico importante, pero no puede confundirse con el fin del problema. Para cientos de familias que viven de la ganadería y el campo, el incendio seguirá presente mientras persistan las pérdidas económicas, las afectaciones a la salud y la incertidumbre sobre el estado de su territorio.

Los grandes accidentes industriales no concluyen cuando cesan las llamas; terminan cuando las comunidades recuperan sus condiciones de vida. Y ese momento, claramente, aún no ha llegado.

En torno al caso KREM-1 existe una diferencia evidente entre la narrativa institucional y la experiencia de los habitantes. Mientras Pemex sostiene que desplegó brigadas médicas, monitoreos ambientales y acciones de atención, pobladores de decenas de comunidades describen un escenario marcado por irritaciones respiratorias, dolores de cabeza, problemas para dormir, pérdida de animales, deterioro de pastizales y una disminución significativa de su capacidad productiva.

No corresponde minimizar ninguna de las dos posturas. Tampoco corresponde aceptar sin mayor análisis cualquiera de ellas. Lo que sí resulta indispensable es que exista información científica independiente que permita conocer con precisión qué ocurrió en el aire, en el suelo, en los cuerpos de agua y, sobre todo, en la salud de quienes estuvieron expuestos durante más de cinco meses a una combustión continua.

En una democracia moderna, la confianza pública no puede construirse únicamente con comunicados oficiales; necesita evidencia verificable.

El otro gran vacío es económico. Hasta ahora no existe un inventario público que determine con exactitud cuántas hectáreas resultaron afectadas, el dato preliminar dado a conocer por el Presidente municipal es de 20 hectáreas, organizaciones como CartoCrítica y Greenpeace calculan un total de 270 hectáreas dañadas (8 ha de suelo calcinado, 120 ha de vegetación muerta y 140 ha con distintos niveles de afectación). cuántos ganado murió o enfermó?, cuánto dejó de producir cada familia, ni cuál será el costo real de la recuperación?. Sin esa información resulta imposible hablar de una reparación integral.

La ausencia de un censo transparente termina perjudicando a todos. A la población, porque dificulta demostrar sus pérdidas, y a Pemex, porque impide acreditar que las compensaciones corresponden al daño efectivamente ocasionado. La reparación no puede basarse en estimaciones generales ni en negociaciones individuales sin reglas claras; debe sustentarse en criterios técnicos, públicos y verificables.

La responsabilidad principal recae en Pemex. El incidente ocurrió durante una operación bajo su conducción y la legislación ambiental mexicana establece con claridad que quien ocasiona un daño ambiental tiene la obligación de repararlo o compensarlo cuando la restauración no sea posible. Esa obligación no termina con el control del pozo. Continúa mientras existan consecuencias ambientales, económicas o sanitarias derivadas del accidente.

Pero también sería un error concentrar toda la discusión únicamente en la empresa productiva del Estado.

El gobierno municipal, aunque no sea responsable de la operación petrolera, sí tiene obligaciones legales y políticas con su población. La protección civil, la coordinación de emergencias, el acompañamiento jurídico de los afectados, la elaboración de padrones propios, la exigencia de información pública y la defensa de los intereses comunitarios forman parte de sus responsabilidades institucionales.

No basta con aparecer en reuniones de coordinación o participar en la distribución de apoyos. La verdadera evaluación de una autoridad municipal consiste en determinar si logró garantizar que sus habitantes recibieran atención médica suficiente, información transparente y mecanismos efectivos para acceder a una indemnización justa.

En este punto surge otra reflexión importante. La reparación del daño no puede reducirse a consultas médicas temporales, despensas o apoyos emergentes. Cuando una contingencia se prolonga durante casi cinco meses, la respuesta también debe evolucionar. Las brigadas móviles son útiles durante los primeros días; después se requieren expedientes clínicos completos, seguimiento epidemiológico, estudios especializados, monitoreo ambiental permanente y programas económicos capaces de sostener a quienes dejaron de producir.

De lo contrario, la asistencia termina sustituyendo a la justicia.

El caso KREM-1 también deja una enseñanza para la política energética nacional. México necesita aprovechar sus recursos naturales, pero ninguna estrategia de desarrollo puede sostenerse si las comunidades que conviven con esa infraestructura sienten que asumen solas los riesgos mientras esperan durante meses una respuesta integral.

La confianza social no se construye únicamente con inversión o producción petrolera; también depende de la capacidad del Estado para responder cuando algo sale mal.

Hoy el mayor desafío ya no consiste en apagar un incendio. Consiste en restaurar la confianza de una población que exige respuestas, transparencia y reparación.

Si el Estado mexicano aspira a demostrar que la responsabilidad ambiental no es solamente un principio jurídico, sino una obligación real, el caso KREM-1 debe convertirse en un referente nacional sobre cómo atender integralmente un desastre industrial. Eso implica censos independientes, indemnizaciones oportunas, monitoreo ambiental de largo plazo, atención médica especializada y una rendición de cuentas permanente.

Porque las llamas pueden extinguirse en cuestión de horas, pero las consecuencias de un accidente de esta magnitud pueden acompañar a una comunidad durante años. La verdadera prueba para Pemex, para las autoridades municipales y para las instituciones ambientales no será haber controlado el pozo, sino demostrar que ninguna familia tendrá que cargar indefinidamente con el costo humano, económico y ambiental de una emergencia que nunca provocó.

Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

 

MC Y MORENA, LOS 12 "ROUND" EN VERACRUZ..


 Ricardo Chua

La disputa entre Movimiento Ciudadano en Veracruz y el régimen de la 4T, que manda en la entidad,, Al parecer va a llegar hasta las "esferas" políticas más altas del país.. Es decir, Palacio Nacional.. Ya que en Veracruz, como se ha dicho hasta el cansancio, las relaciones entre MORENA, Gobierno del Estado y MC, están "rotas".. No hay acuerdos, no hay negociación.. Es todos contra todos y no hay tregua.. Por eso los "naranjas" acusan de persecución política contra dos de sus alcaldes, que los del partido "guinda" quieren desaforarlos..


Cuenta "Garganta Profunda" que el caso de los alcaldes de Ixhuatlan del Sureste y Úrsulo Galván..Será llevado hasta la Presidencia de México.. Donde tienen la idea, de que la orden del centro será que en Veracruz, los gobernantes "morenos" paren su "carro" en contra de los emecistas.. Ya que en un futuro no muy lejano.. La Presidenta Claudia Shienbaum necesite de ALIADOS políticos después del 2027.. Dónde MORENA no podría mantener la mayoría calificada en la cámara de diputados federales.. Y va a necesitar negociar sus reformas venideras.. Por eso vendrá la presión..


Lo que es un hecho, mientras se presenta este escenario, no hay manera, al menos en este momento, que Movimiento Ciudadano pueda "frenar" la petición de la Fiscalía de Veracruz, de desaforar a estos alcaldes "naranjas" para fincarse responsabilidad penal en los delitos que se les acusa, como presuntos culpables, y de esa manera puedan enfrentar su proceso sin la protección del fuero legislativo.. Y ese "round" al menos hoy, MORENA lo tiene ganado.. Salvo que la negociación en CDMX sea rápida.. Y una llamada de Palacio Nacional detenga todo.. El "horno no está para bollos".. Salvo que la carpeta de investigación esté bien sustentada, no habrá marcha atrás.. Pero si la denuncia es por "oídas".. El caso se va a caer.. AMEN..


VERACRUZ Y LA LUCHA DE TRANSPORTISTAS Y LAS PLATAFORMAS DIGITALES..


Algunos personajes de la vida pública y del sector transportista.. Hicieron comentarios de lo publicado en este espacio en días anteriores, sobre la regulación del transporte público en Veracruz y sobre todo el uso de las plataformas digitales como UBER, IN DRIVE o DIDI.. Y algunos de ellos muy cercanos a Palacio de Gobierno y al partido MORENA señalan que la gobernadora Rocío Nahle tampoco está decretando la desaparición de taxis y concesionarios.. Por el uso de las apps.. Pero si sabe que tiene que regularizar todo en torno al transporte.. No puede dejar pasar más tiempo.. 


Por ello, hasta manifestaron que su gobierno estatal.. Incluso puso en marcha un programa de reordenamiento y apoyo para regularizar unidades, corregir inconsistencias y otorgar estímulos fiscales al sector de los empresarios transportistas.. Buscando siempre un verdadero cambio.. Ya que según ellos mismos, la era del "pulpo" transportista no concluye porque desaparezcan las concesiones, si no porque las concesiones dejan de estar por encima del interés público.. Y ese era el fondo del asunto..


Sobre todo que esto va a terminar cuando un grupo de transportistas, ya no puede detener una reforma simplemente cerrando avenidas.. Va a terminar cuando el gobierno estatal entienda que dialogar no significa "arrodillarse".. Va a terminar cuando la movilidad se diseña pensando primero en el pasajero y después en quienes viven de transportarlo.. Por eso todo indica que Rocío Nahle parece entender algo que muchos gobernadores evitaron reconocer: No se puede hablar de desarrollo turístico, competitividad o ciudades de primer mundo mientras trasladarse siga siendo una experiencia de tercera.. 


Motivo por el cual, Veracruz necesitaba nuevas unidades, nuevas rutas y nuevas alternativas.. Pero, sobre todo, necesitaba un gobierno del Estado capaz de decirle al" viejo" sistema transportista: Ustedes pueden participar en la modernización.. Pero lo que ya no pueden hacer es impedirla.. Ya que el "pulpo" todavía se mueve.. Pero por primera vez en muchos años, ya no conduce el autobús.. Por lo que se dice que esa era llegó a su fin.. Y no hay reversa, ni de la administración estatal, ni de la misma sociedad.. 


Ya que durante décadas, en Veracruz hubo un poder que no aparecía en las boletas.. Pero condicionaba gobiernos, frenaba decisiones y decidía hasta dónde podía modernizarse el transporte público.. Y no era un partido político.. Tampoco una dependencia del gobierno.. Era el "pulpo" transportista.. Pero eso se acabó.. Un entramado de concesiones, intereses y organizaciones acostumbrado a imponer su voluntad bajo una regla sencilla: En Veracruz podría cambiar el gobernador, pero el transporte debía permanecer exactamente igual..


Así que al paso de los años.. Hay las mismas unidades envejecidas.. Las mismas rutas que son  insuficientes.. Los mismos usuarios esperando durante horas.. El mismo turista que queda sorprendido al descubrir que, para trasladarse en uno de los estados más importantes del país, debía enfrentarse a servicios que parecían detenidos en otra época.. El pasajero podía esperar. La modernización podía esperar. Veracruz podía esperar.. Los concesionarios, no.. Pero esa etapa comienza a terminar.. AMEN.. EL QUE ENTENDIÓ, ENTENDIÓ..

Plan de Justicia del Pueblo Chinanteco y Mazateco fortalece coordinación con el INPI para dar seguimiento a proyectos estratégicos

 

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Ciudad de México, 25 de julio de 2026.– El presidente del Plan de Justicia para la Reconstrucción del Pueblo Chinanteco y Mazateco, Juan Pablo Zamora Bonilla, encabezó una reunión de trabajo con el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, para dar seguimiento a las acciones, programas y proyectos que impulsa el Gobierno de México en beneficio de las comunidades afectadas por el reacomodo.

Durante el encuentro se revisaron los avances de las gestiones que el Plan de Justicia mantiene con dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Economía.

Entre los temas abordados destacaron la regularización y certeza jurídica de la tenencia de la tierra, el reconocimiento de las posesiones históricas, la certificación de predios, los proyectos de agua potable, la infraestructura eléctrica y el avance de los caminos artesanales contemplados dentro del Plan de Justicia.

Adelfo Regino Montes reiteró que, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los recursos destinados a los caminos artesanales deberán ser administrados exclusivamente por los comités comunitarios designados por las asambleas de las localidades beneficiadas, con plena transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, subrayó que ninguna persona ajena a las comunidades puede intervenir en la administración de dichos recursos.

Al concluir la reunión, Juan Pablo Zamora Bonilla reafirmó el compromiso del Plan de Justicia de mantener la coordinación con el Gobierno de México para impulsar proyectos que atiendan las demandas históricas del pueblo chinanteco y mazateco y fortalezcan el desarrollo de las comunidades de Uxpanapa.


viernes, 24 de julio de 2026

Se renovará la Vocalía Ejecutiva Estatal del INE, para el proceso electoral 2027

 


La Columna

Por Fanny Yépez

Serán los nuevos funcionarios, responsables de investigar a los aspirantes

Sin antecedentes penales y sin relación con el crimen organizado

 

 A un mes del inicio del proceso electoral para la elección de candidatos a diputados federales, en el estado se Veracruz el Instituto Nacional Electoral se prepara para renovar la Vocalía Ejecutiva Estatal y está obligado hacerlo con absoluta transparencia, para que refuerce la credibilidad de los ciudadanos en esta institución.

 Porque hay que recordar que, en la entidad veracruzana más de 6 millones de ciudadanos elegirán a 19 diputados federales por mayoría relativa, cabe señalar que Veracruz es la cuarta entidad con mayor volumen de electores en el país.

 Las autoridades del INE deben investigar los antecedentes penales de todos los que se inscriban para participar en esta contienda, principalmente para garantizar la idoneidad legal y ética de quienes buscan ocupar un cargo de elección popular, protegiendo así la integridad de las instituciones públicas

 El INE debe validar que los aspirantes cumplan estrictamente con las condiciones dictadas por la Constitución y las leyes electorales mexicanas.

 Aplicación de la iniciativa "8 de 8 contra la violencia", es obligatorio asegurar que ningún aspirante cuente con sentencias firmes por delitos de violencia de género, violencia familiar, agresión sexual o por ser deudor alimentario moroso.

 Prevención de vínculos con la delincuencia: La revisión ayuda a detectar posibles nexos con el crimen organizado o antecedentes penales graves, que inhabiliten al ciudadano para ejercer el cargo.

 Fiscalización y rendición de cuentas, también debe revisar el historial de sanciones administrativas o inhabilitaciones previas en el servicio público que impidan una nueva postulación.

 El INE avanza en el desarrollo del Concurso Público 2026, para el ingreso al Concurso Público de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional SPEN, que forma parte del sistema del INE.

 Los organizadores de este proceso están obligados a realizar uno de los ejercicios de reclutamiento más escrupulosos, transparente y correctos de la historia, por ello están preparados a responder a la complejidad técnica y compromiso con los principios de mérito, igualdad e inclusión. Esperamos que este compromiso lo cumplan a cabalidad y estén a la altura de los electores.

 Actualmente el concurso se encuentra en la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos. En esta fase participan 1,957 personas aspirantes que avanzaron

tras acreditar el examen de conocimientos y cumplir con los criterios establecidos en la Convocatoria.

 El proceso de selección incorpora importantes acciones orientadas a la igualdad sustantiva y la inclusión. Entre ellas se encuentran medidas afirmativas para impulsar la participación de mujeres, criterios de alternancia paritaria y mecanismos de asignación, que permitirán que 66 % de las plazas sujetas a concurso sean ocupadas por mujeres. Este aspecto sobre sobre respetar la paridad de género nos entusiasma y solo esperamos que cumplan con el compromiso con este sector que representan el 52% del padrón electoral.

 Mientras, todos esperamos con grandes expectativas sobre quiénes serán los que vigilen que nuestros votos se cuenten bien, el Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en el desarrollo del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema INE.

 Este ejercicio de reclutamiento y selección más relevantes de la institución por su alcance, complejidad técnica y compromiso con los principios de mérito, igualdad e inclusión.

 El Concurso Público 2026 contempla la ocupación de 333 plazas vacantes, correspondientes a 49 cargos y puestos adscritos a Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos delegacionales del Instituto. Este proceso representa

una oportunidad estratégica para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del INE, mediante la incorporación de talento especializado seleccionado bajo reglas claras, evaluación objetiva y criterios transparentes.

 Entre los aspirantes deberán ubicarse dentro del 33 por ciento de las calificaciones más altas para cada cargo o puesto. Del total de personas convocadas, 1,162 son

mujeres, 788 hombres y 7 se identifican como personas no binarias.

 Uno de los aspectos más destacados de esta edición, fue la decisión institucional de realizar el examen de conocimientos en modalidad presencial, mediante medios impresos, lo que implicó una amplia coordinación nacional para habilitar sedes, distribuir materiales, acompañar la operación en órganos desconcentrados y establecer controles que garantizaran condiciones homogéneas para todas las personas participantes. Esta medida fortaleció la certeza, la seguridad y la confianza en el desarrollo del Concurso.

 Asimismo, el Instituto ha implementado medidas para favorecer la participación de personas con discapacidad, personas indígenas, integrantes de la diversidad sexual

y personas adultas mayores. Estas acciones incluyen ajustes razonables, materiales accesibles, contenidos audiovisuales, traducciones a lenguas indígenas nacionales, interpretación en Lengua de Señas Mexicana y una guía especializada de accesibilidad para atender necesidades específicas de las personas aspirantes.

 Concluida la verificación documental y la atención a los recursos de revisión sobre las calificaciones del examen de conocimientos, el proceso continuará con las etapas de evaluación psicométrica, entrevistas e integración de resultados finales, hasta la designación de las personas ganadoras. De esta manera, el INE refrenda su compromiso con la profesionalización del servicio público electoral y con la conformación de un Servicio Profesional Electoral Nacional sólido, especializado y comprometido con los principios democráticos del país. 

La renovación de los nuevos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida la titularidad de la vocalía ejecutiva de Veracruz, quedará lista antes del inicio del próximo proceso electoral, según informó el encargado de despacho de la Junta Local, Sergio Vera Olvera, quien no se apartará de esta institución por el servicio civil de carrera, solo dejará la titularidad de este instituto electoral en el estado.

La torre que sí estorba… y la que nadie se atreve a tocar

Por Miguel Ángel Cristiani

Las ciudades hablan. Sus calles cuentan historias y sus edificios delatan a quienes las gobiernan. Basta recorrer el malecón de Veracruz para encontrar dos monumentos que representan dos caras del poder: uno abandonado por la burocracia y otro protegido por la impunidad.

La buena noticia es que, finalmente, alguien decidió mirar hacia el primero.

La gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, anunciaron su intención de solicitar a Petróleos Mexicanos la entrega de la antigua Torre de Pemex para rehabilitarla e incorporarla al patrimonio activo del Estado. La iniciativa merece reconocerse porque rompe con una vieja costumbre de los gobiernos mexicanos: dejar que los edificios públicos se conviertan en ruinas mientras los discursos oficiales hablan de progreso.

La llamada Torre de Pemex no es cualquier inmueble. Durante décadas formó parte del paisaje más representativo del puerto de Veracruz. Antes fue sede del Banco Nacional de México; después albergó oficinas de Petróleos Mexicanos. Hoy permanece como un gigante vacío, víctima del abandono institucional.

Pero su valor trasciende el cemento.

Fue diseñada por el arquitecto Enrique Segarra, uno de aquellos republicanos españoles que llegaron a México huyendo de la dictadura franquista y encontraron aquí un país dispuesto a recibir talento en lugar de perseguir ideas. Quienes fuimos sus alumnos en la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana sabemos que hablaba de arquitectura como quien habla de la historia viva de los pueblos. Para Segarra, un edificio no era solamente una construcción: era una expresión cultural.

Por eso rescatar esa torre significa mucho más que reparar muros; significa rescatar una parte de la memoria urbana de Veracruz.

Sin embargo, toda buena intención tropieza con una pregunta inevitable.

¿Por qué unos edificios sí preocupan al poder y otros parecen gozar de inmunidad permanente?

A menos de cien metros de distancia permanece otro edificio que se ha convertido en el verdadero símbolo de los privilegios políticos en Veracruz: la conocida Torre Yunes.

Ahí sigue.

Intacta.

Desafiando gobiernos.

Desafiando autoridades.

Desafiando incluso al sentido común.

No hace falta rebuscar en la memoria. Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien anunció públicamente que aquella construcción sería revisada y que se analizaría la posibilidad de retirar los pisos edificados fuera de autorización. Parecía el inicio de una decisión ejemplar.

Todo quedó en palabras.

Ni desaparecieron los pisos.

Ni hubo intervención.

Ni alguien explicó qué ocurrió.

La torre continúa levantándose frente al malecón con la tranquilidad de quien sabe que en México las promesas presidenciales también prescriben.

Ese edificio terminó convirtiéndose en algo mucho más grave que una controversia urbanística. Es un monumento de concreto a la selectividad de la ley.

Porque cuando un ciudadano común invade unos centímetros de banqueta, aparecen inspectores, clausuras y multas. Pero cuando el asunto involucra a personajes con apellido político, la autoridad desarrolla una extraña alergia a aplicar el reglamento.

Eso erosiona mucho más que la imagen urbana.

Erosiona la credibilidad del Estado.

Por eso el rescate de la Torre de Pemex representa una oportunidad que el Gobierno de Veracruz no debería desperdiciar. No solamente porque devolvería vida a uno de los edificios más emblemáticos del puerto, sino porque enviaría un mensaje de que los espacios públicos pueden recuperarse para beneficio colectivo.

Pero ese mensaje quedará incompleto mientras continúe pendiente el otro símbolo del malecón.

La ley no puede aplicarse con brújula política.

No puede distinguir entre edificios amigos y edificios incómodos.

La autoridad no recupera legitimidad inaugurando restauraciones mientras mantiene intactos los monumentos a la impunidad.

Veracruz necesita rescatar su patrimonio arquitectónico, sí.

Pero necesita rescatar algo mucho más importante: la certeza de que la ley vale exactamente lo mismo para quien construye una casa de interés social que para quien levanta una torre con influencias.

Porque los edificios también tienen memoria.

Y la ciudadanía, aunque algunos gobernantes lo olviden, también.

La Torre de Pemex se cayó por abandono; la otra sigue de pie porque en Veracruz hay estructuras mucho más resistentes que el concreto: los privilegios políticos y la impunidad.

 

Refrenda Ayuntamiento de Xalapa la hermandad con el pueblo de Cuba

*Xalapa, Ver., 24 de julio de 2026.-* El Ayuntamiento de Xalapa y el pueblo xalapeño reconocen la resistencia del pueblo cubano, ejemplo de dignidad y perseverancia para América Latina y el mundo; por ello, refrendan su hermandad con la Isla, expresó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, durante el encuentro que sostuvo con representantes diplomáticos de la República de Cuba.

















En la Sala de Cabildo, acompañada del Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, la Administración Municipal recibió al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba en México, Excmo. Eugenio Martínez Enríquez; a la Embajadora y Segunda Jefa de Misión en México, Johana Tablada de la Torre, y a la Cónsul de Cuba en México, Dra. Elisa Martínez Martínez.


Durante el encuentro, la Alcaldesa manifestó el respaldo del Ayuntamiento y la simpatía del pueblo xalapeño hacia la isla, al tiempo que reconoció la fortaleza que ha demostrado durante más de seis décadas, convirtiéndose en un referente de dignidad y resistencia frente a las adversidades.


Asimismo, destacó que la capital veracruzana ha mantenido, desde hace muchos años, una relación de solidaridad y hermanamiento con el pueblo cubano.


Recordó que, para su generación, la solidaridad con América Latina y los movimientos sociales que luchaban por la liberación de los pueblos y contra las dictaduras marcó una etapa importante a finales de la década de los ochenta.


“Gracias por darnos la oportunidad de recibirles como merecen y de compartir que Xalapa y Cuba han mantenido una estrecha relación desde hace muchos años. Nuestra ciudad ha impulsado diversas acciones de solidaridad y acompañamiento con el pueblo cubano”, expresó.


Agregó que, durante los primeros siete meses de la Administración, se ha trabajado para mejorar la calidad de vida de las y los xalapeños, así como para fortalecer la vocación de Xalapa como una ciudad hospitalaria y fraterna con las hermanas y los hermanos de América Latina.


Por su parte, el Síndico Único y las y los Regidores coincidieron en que la historia de México y Veracruz ha estado estrechamente vinculada con Cuba, una relación que se ha fortalecido a lo largo de los años mediante lazos históricos, culturales y de solidaridad, por lo que refrendaron su admiración por la resistencia de su pueblo.


En su intervención, el Embajador Eugenio Martínez Enríquez afirmó que este encuentro representa una muestra de la hermandad indestructible entre los pueblos de México y Cuba. Además, destacó la buena relación que existe entre ambas naciones y el apoyo mutuo que han mantenido en distintos momentos de su historia.


Finalmente, agradeció el recibimiento brindado por el Gobierno Municipal y por el Gobierno del Estado, encabezado por la Gobernadora, Ing. Rocío Nahle García.


Estuvieron presentes la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González; la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega; así como titulares de diversas Direcciones del Ayuntamiento.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ÁLAMO FORTALECE LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE NIÑOS Y JÓVENES

** El interés del alcalde Pepe Arenas es apoyar el desarrollo del talento local de las nuevas generaciones.

** Destacado ex jugador de futbol profesional imparte clínica deportiva sobre las habilidades de portero.

ÁLAMO, VER.- Comprometido con el deporte y con las nuevas generaciones de Álamo Temapache, el Gobierno Municipal que preside el alcalde José Roberto Arenas Martínez gestionó la visita de un ex jugador profesional y ex entrenador de porteros de la Selección Mexicana de Futbol, para impartir durante tres días una clínica deportiva dirigida a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de fortalecer su formación deportiva y compartir conocimientos de alto rendimiento.


Esto, como parte de las acciones que desde el inicio de su administración Pepe Arenas ha impulsado para fortalecer el deporte como herramienta de formación, integración y desarrollo social, acercando a las familias alamenses experiencias deportivas de primer nivel


La clínica deportiva la impartirá José de Jesús “Ojo” Torruco Pérez, quien fue jugador del equipo de futbol profesional Petroleros de Poza Rica, con el que logró el ascenso en la Tercera División, para posteriormente iniciar una exitosa carrera como entrenador profesional.


Desde el año 2000 ha formado parte de importantes cuerpos técnicos del futbol mexicano, trabajando junto a estrategas de la talla de Javier Aguirre, Alfredo Tena, Víctor Manuel Vucetich, Miguel "Ratón" Ayala y, durante más de 14 años, con Miguel Herrera. Como entrenador de porteros fue integrante del cuerpo técnico de la Selección Mexicana que participó en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y conquistó la Copa Oro de la Concacaf en 2015.


Asimismo, ha colaborado con clubes como América, Veracruz, Xolos de Tijuana, Tigres, entre otros, consolidando una trayectoria reconocida por su profesionalismo y experiencia en el desarrollo de guardametas.


Torruco explicó que esta nueva etapa de su carrera está enfocada en compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones, luego de concluir su participación en el futbol profesional. Señaló que recientemente comenzó a desarrollar proyectos de capacitación para niños y jóvenes, respondiendo a la inquietud de muchas personas que durante años le solicitaron crear escuelas y clínicas especializadas para porteros.


La invitación para realizar esta clínica en Álamo Temapache surgió gracias a la coordinación entre el director del área deportiva y el presidente municipal Pepe Arenas, para impulsar acciones que fomenten el deporte entre la niñez y la juventud del municipio.


Durante los tres días de actividades, los participantes recibirán enseñanza sobre los fundamentos básicos de la posición de portero. El primer día estará dedicado a aspectos técnicos como recorridos, bloqueos, desplazamientos, posicionamiento y postura bajo los tres postes. Posteriormente se desarrollarán ejercicios en espacios reducidos y, finalmente, se realizarán trabajos prácticos dentro del terreno de juego para fortalecer la toma de decisiones en situaciones reales como tiros de esquina, ubicación en el área y lectura del juego.


Las sesiones se llevarán a cabo en horario de 4:30 a 6:30 de la tarde, en la Unidad Deportiva, permitiendo que niñas, niños y jóvenes aprovechen esta experiencia de aprendizaje con uno de los entrenadores más destacados del futbol mexicano.


Torruco Pérez destacó el interés que ha mostrado el Gobierno Municipal por impulsar el deporte, señalando que son pocos los municipios cuyos presidentes municipales promueven este tipo de actividades en beneficio de la niñez.


"Es muy importante que existan autoridades comprometidas con el deporte y con las nuevas generaciones. Siempre estaremos dispuestos a regresar a Álamo para seguir compartiendo nuestra experiencia con los jóvenes y apoyar el desarrollo del talento local", expresó.

¿Bajar a MC?

 Sin tacto


 





 


Por Sergio González Levet


 


Probablemente fue un asesor remoto desde alguna oficina escondida el que tuvo esta vez la ocurrencia de seguir hundiendo la simpatía popular de la Cuarta Transformación a través de acusar tan rápida como sospechosamente a dos presidentes municipales procedentes de Movimiento Ciudadano.


     Los indiciados son Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, a quien la Fiscalía estatal señala con dedo flamígero de que está relacionado con el secuestro, tortura y muerte de la periodista Roxana Guzmán.


     El otro es el munícipe de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, a quien denuncian que tuvo que ver directamente con la desaparición aún no resuelta del empresario Héctor Ramos Sánchez y su guardaespaldas Ignacio López.


     En el caso de Raúl González, parece muy apresurada la acusación que le han montado a partir de un “testigo protegido”, quien declara muy superficialmente y de oídas que escuchó cómo el edil ixhuatlanense dio la orden de que secuestraran y asesinaran a Roxana. Levanta sospechas el que este hecho que tuvo repercusiones nacionales e internacionales se esté desviando muy convenientemente hacia un alcalde de oposición, cuando hay otros funcionarios de la Cuatroté que pudieran estar inmiscuidos, y a los que no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa.


     La impunidad de que gozan todos los morenos es un hecho demostrado fehacientemente en innumerables casos en que han sido y están siendo señalados, entre los que destacan varios gobernadores guindas del norte del país.


     Y en el caso de Berlín Bravo, igualmente se ha actuado en su contra de veloz manera, al grado de que en muy pocos días será puesto en la picota de la Legislatura estatal para ser desaforado.


     No soy agente investigador público ni privado y por tanto no me ocupo de señalar inocencias o culpabilidades, solamente digo que resulta demasiado coincidente que dos autoridades municipales que ganaron por los naranjas, el partido que dio la sorpresa el año pasado al colocarse como la segunda fuerza electoral, de pronto estén a punto de dejar también la presidencia para la que fueron electas en junio del año pasado.


     Ya les habían quitado a la mala las alcaldías de Poza Rica y Papantla, después consiguieron que el ganador de Las Choapas se pasara a las filas del partido oficial, y con eso MC quedó de 41 con 39 alcaldías. Y ahora la guadaña va por el lado de la Fiscalía, que le quitaría otros dos ayuntamientos por la vía del desafuero.


     El problema real es que la idea de atacar a autoridades municipales que fueron electas por sus respectivos pueblos, es una estrategia que en lugar de acarrear simpatías crea entre los electores un clima de desconfianza.


     El Gobierno del Estado enfrenta un problema de credibilidad, aunque quieran negarlo con encuestas hechizas, acusaciones falsas y declaraciones atrevidas. El fantasma de una derrota en 2027, tanto en lo local como en lo federal, sigue creciendo, y mal abonan estas tácticas totalmente impopulares.


     Una sociedad tan politizada e inteligente como es la veracruzana requiere de medidas mucho más inteligentes para ser convencida. Y más si se enfrentan a políticos tan preparados y eficientes como Dante Delgado Rannauro y Luis Carbonell (a quien ya consideran los morenos como “Cabrón él”).


 


sglevet@gmail.com

MAYM ¿la mejor opción de Morena para el 2030?


 Desde el Café 

Bernardo Gutiérrez Parra  

En el periodismo hay una frase viejísima que hasta la fecha sigue vigente: “Una buena columna política es para leerse, comentarse y discutirse” y las columnas del maestro Manuel Rosete cumplen a cabalidad con ese axioma. Se puede estar de acuerdo o no con lo que escribe, pero sus textos siempre serán tema de conversación. 


En su columna del miércoles titulada: Los Yunes políticos profesionales, don Manuel ensalza las figuras de Miguel Ángel Yunes Linares y de sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, de quienes dice que son políticos que han sabido sortear los escollos que han encontrado a su paso para estar siempre en la parte más alta de la pirámide. Y este es un punto que no voy a discutir. 


Miguel Ángel Yunes papá, ha sido por años un ave de las tempestades y un político que ha salido airoso de las aguas más procelosas, no así sus hijos que se han hecho a la sombra de su padre y a los que les falta el colmillo del viejo tiburón. 


Pero más adelante don Manuel agrega unas líneas que de seguro provocaron ronchas: “Nadie de Morena tendría las capacidades suficientes para contender por un cargo como ellos, de ahí que no es gratuita la observación que se hace en el sentido de que para el 30 Morena tiene, en primer lugar, a Miguel Ángel Yunes Márquez (Senador de la República con Morena) como su principal opción para la candidatura al gobierno del estado”.


Y a renglón seguido añade: “Este joven conoce mejor que ningún morenista el estado, ya fue candidato a gobernador cuando su señor padre cumplía con su segundo año de gobierno, pero un exceso de confianza le impidió llegar...”. 


Difiero de don Manuel. 


Para empezar, no fue ningún exceso de confianza lo que provocó la derrota de Miguel Ángel hijo en 2018, sino la fuerza que traía la candidatura de López Obrador y esa fuerza la transmitió a sus candidatos a la gubernatura. 


Por ese tiempo surgió la frase de que en Veracruz el triunfo de Morena era seguro, aunque el partido postulara a una vaca. Si bien no ganó la vaca, si ganó un buey de ingratos recuerdos. Es decir, en 2018 o ganaba Cuitláhuac García o ganaba Cuitláhuac García. No había de otra.  


Don Manuel dice que no fallan quienes consideran a los Yunes como los mejores cuadros con que cuenta Morena en Veracruz. Y al llegar a este punto puedo apostar a que se levantaron las cejas de sus lectores. 


Quizá no lo sepa el maestro, pero ni el senador Miguel Ángel hijo ni su papá que es su suplente, son militantes de Morena. Una cosa es que integren la bancada del guinda en el Senado y otra que estén afiliados. Recordarás lector que más tardó el senador en redactar su petición de afiliarse al partido que en retirarla cuando los morenos en pleno la rechazaron. 


De ahí que no encuentro razón para que Miguel Ángel Yunes Márquez sea la opción principal de Morena a la candidatura en 2030.


¿Dónde quedan Ricardo Ahued que es la carta principal de Rocío Nahle y Manuel Huerta que es la opción de los morenos duros? ¿Dónde quedan otros suspirantes que se han fajado por años por el partido y que tendrían más merecimientos?


No se necesita ser pitoniso de la política para vaticinar que si por esas cosas que tiene la vida Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum eligen al junior candidato a la gubernatura, entonces sí se armará algo más que un motín, un aquelarre o un escándalo en Morena. 


Y es que nomás no caben en ese partido. 


Siempre han sido vistos como la antítesis de lo pregonaba Andrés Manuel. Cada vez que pudo (y pudo muy seguido), el tabasqueño acusó a Yunes Linares de ladrón y corrupto. Y lo mismo hizo Claudia Sheinbaum cuando anduvo en campaña. 


Por muchos blasones que tengan en la política, tanto el hijo senador como el padre (su suplente) son considerados traidores y con eso tuvieron para devaluarse de por vida porque esa mancha jamás se quita. 


El único feliz con la designación de esa candidatura sería el candidato de la oposición que ganaría sin necesidad de hacer campaña. Pero de ahí en fuera nadie y Morena menos. 


Si se me hace muy hacia arriba que haya quienes piensen en los Yunes de El Estero, como “los mejores cuadros con que cuenta Morena en Veracruz” cuando ni morenos son, más inverosímil se me hace el hecho de que Morena tenga en Miguel Ángel Yunes Márquez a su primera opción para la gubernatura. 


De ahí que por esta ocasión difiera de la opinión del maestro Manuel Rosete, aunque sin menoscabo de la admiración que le tengo como persona y como profesional del periodismo. Abrazo, maestro.


bernagup28@gmail.com

Ayuntamiento de Xalapa participa en la 36.ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil con actividades y publicaciones editoriales

*Xalapa, Ver., 24 de julio de 2026.-* Con la participación del Ayuntamiento de Xalapa dio inicio este viernes la 36.ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que se lleva a cabo en las instalaciones del Colegio Preparatorio de Xalapa y la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes del estado.















En representación de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, asistió el Director de Cultura, Mtro. Marco Darío García Franco, quien acompañó a la Secretaria de Cultura de Veracruz, Lic. Xóchitl Molina González, a quien se reconoció por el trabajo realizado al frente de esta emblemática feria.


Durante la ceremonia también se felicitó a la antropóloga Raquel Torres Cerdán, integrante del Consejo de la Crónica Municipal, y al maestro Héctor Martínez Ramírez, quien participó como jurado del Programa Editorial de Publicaciones 2026, por los reconocimientos que les fueron otorgados.


Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, acompañó al personal de la Unidad de Ediciones, Publicaciones y Registro en la apertura del stand del Ayuntamiento, donde el público podrá conocer y adquirir diversas obras del fondo editorial municipal.


Entre los títulos disponibles se encuentran Otra historia de Xalapa, de Paulo César López Romero; Xalapa durante la intervención francesa y el Segundo Imperio (1861-1867), de Héctor Strobel; La cocina de Xalapa, vida cotidiana del siglo XX, de Raquel Torres Cerdán; así como Historias de Niñas Extraordinarias, Volumen 9, publicado por el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.


Además, la Dirección de Limpia Pública impartió un taller de educación ambiental enfocado en la separación de residuos y la identificación de las lombrices composteadoras, a fin de fomentar entre niñas, niños y jóvenes prácticas de cuidado del medio ambiente.


La 36.ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil permanecerá abierta del 24 de julio al 2 de agosto, de 11:00 a 20:00 horas, por lo que el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a visitar su stand, conocer las publicaciones editoriales y disfrutar de la amplia oferta cultural que ofrece este encuentro literario.