Por Miguel Ángel Cristiani G.
En Veracruz se han contaminado ríos, se han devastado
selvas, se han secado lagunas y se han destruido manglares. Lo verdaderamente
extraordinario es que casi nunca hay responsables.
Ahora la tragedia vuelve a repetirse en la Cuenca del
Papaloapan. Miles de peces muertos flotan en arroyos, ríos, lagunas y esteros
de al menos trece municipios de la región. La imagen es devastadora: cuerpos de
agua convertidos en cementerios acuáticos y pobladores observando cómo
desaparece una de sus fuentes de alimentación y sustento económico.
Todo apunta, según habitantes, pescadores y autoridades
municipales, hacia la Alcoholera de Nopaltepec y el presunto vertimiento de
vinaza en los cuerpos de agua.
La vinaza no es un asunto menor. Se trata de un residuo
líquido derivado de la producción de alcohol y etanol, con elevadas cargas
orgánicas y una gran demanda bioquímica de oxígeno. Cuando se vierte sin
tratamiento adecuado en ríos o lagunas, consume el oxígeno del agua y provoca
precisamente lo que hoy está ocurriendo en la Cuenca del Papaloapan: la muerte
masiva de peces y otras especies acuáticas.
La naturaleza está enviando señales inequívocas.
Miles de peces muertos no aparecen por generación
espontánea.
Pero en Veracruz existe una vieja costumbre política y
administrativa: mientras la evidencia flota en la superficie, las autoridades
suelen hundirse en el fondo de la burocracia.
Los habitantes de Cosamaloapan, Tierra Blanca,
Ixmatlahuacan, Ignacio de la Llave y otros municipios han hecho lo que les
corresponde. Han documentado la tragedia, han difundido imágenes en redes
sociales y han solicitado la intervención de las autoridades ambientales.
Ahora les toca actuar a las instituciones.
Y actuar significa investigar, determinar causas, establecer
responsabilidades y aplicar la ley.
No organizar mesas de diálogo.
No anunciar que se abrirán expedientes.
No prometer estudios interminables.
Mucho menos esconder el problema detrás de tecnicismos
administrativos.
Porque si, como afirma el exdiputado Ramón Pino Méndez,
estos derrames son constantes y se repiten año con año aprovechando las
temporadas de lluvia, entonces el problema ya dejó de ser un accidente
ambiental.
Se convierte en un patrón de conducta.
Y cuando un daño ambiental se repite sistemáticamente, la
responsabilidad deja de ser exclusivamente empresarial y se extiende
inevitablemente hacia las autoridades encargadas de vigilar y sancionar.
¿Dónde estaban los sistemas de supervisión?
¿Dónde están las inspecciones preventivas?
¿Dónde los programas de monitoreo?
¿Dónde las sanciones ejemplares de años anteriores?
Porque una empresa puede intentar eludir sus
responsabilidades, pero un gobierno no tiene derecho a fingir que ignora un
problema que, según los propios habitantes de la región, se presenta de manera
recurrente.
La situación resulta todavía más grave porque el daño
ambiental amenaza con convertirse en un problema sanitario.
La contaminación de los cuerpos de agua no solamente
destruye ecosistemas. También pone en riesgo actividades pesqueras, contamina
cadenas alimenticias y puede afectar la salud de miles de personas que dependen
de estos recursos.
Estamos hablando de al menos trece municipios de la Cuenca
del Papaloapan.
Trece municipios.
No se trata de un incidente aislado en un arroyo perdido.
Estamos frente a una contingencia regional con consecuencias económicas,
sociales y de salud pública.
Sin embargo, en México la protección ambiental suele tener
un curioso comportamiento. La ley se vuelve rigurosa cuando un campesino corta
un árbol sin permiso, pero sorprendentemente flexible cuando se trata de
grandes intereses económicos.
Las procuradurías ambientales suelen ser extraordinariamente
eficientes para emitir comunicados de prensa y notablemente lentas para imponer
sanciones.
Mientras tanto, el daño continúa.
El problema de fondo es cultural y político.
Durante décadas se ha considerado que contaminar es un costo
aceptable del desarrollo económico. Como si el crecimiento industrial pudiera
justificarse a cambio de destruir ríos, lagunas y la biodiversidad que sostiene
la vida de las comunidades.
Eso no es desarrollo.
Eso es depredación.
Veracruz posee una de las mayores riquezas hídricas y
biológicas del país. La Cuenca del Papaloapan constituye uno de sus patrimonios
naturales más importantes. Permitir su degradación equivale a destruir parte
del capital ambiental que pertenece no solamente a esta generación, sino
también a las futuras.
Los peces muertos que hoy flotan en los cuerpos de agua son
mucho más que un desastre ecológico.
Son la prueba visible de que cuando las empresas contaminan
y las autoridades miran hacia otro lado, el resultado siempre es el mismo: la
naturaleza paga primero, las comunidades pagan después y la impunidad termina
cobrando la cuenta más alta.
En Veracruz, los
peces aparecen muertos en la superficie; la responsabilidad de quienes debieron
impedir esta tragedia sigue hundida en las profundidades de la impunidad.
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