Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay políticos que llegan al poder para gobernar y otros que
llegan para hacer negocios. La diferencia suele conocerse muy pronto. En
Tuxpan, ni siquiera ha transcurrido el primer año de la administración
municipal de Daniel Cortina y ya asoma una operación inmobiliaria que merece,
por lo menos, todas las preguntas posibles.
La historia es sencilla. Demasiado sencilla para ser casual.
El llamado Edificio del Mar, una propiedad privada ubicada
en el primer cuadro de la ciudad, llevaba años en el abandono. Como ocurre con
cientos de inmuebles deteriorados en Veracruz, sus propietarios nunca
encontraron incentivos ni recursos para rescatarlo. De repente, el inmueble se
convierte en prioridad municipal. Se anuncia su renovación y se presenta
públicamente como una de las principales demandas ciudadanas.
¿En serio?
¿Los tuxpeños se despertaban cada mañana preocupados por el
destino del Edificio del Mar?
Porque si uno recorre Tuxpan encontrará calles destrozadas,
colonias con problemas de agua potable, deficiencias en alumbrado público,
demandas de seguridad y una larga lista de carencias que difícilmente colocan
la restauración de un edificio privado en la cúspide de las necesidades
ciudadanas.
Pero el gobierno municipal decidió que sí.
Y aquí es donde la historia deja de parecer una política
pública y comienza a parecer un plan de negocios.
Primero se impulsa la restauración del edificio. Después,
según versiones que circulan en el puerto y que exigen absoluta transparencia
de las autoridades, el inmueble cambia de propietarios mediante una operación
realizada a través de terceros. Finalmente, el Ayuntamiento termina rentando el
mismo edificio bajo el argumento de que será utilizado para oficinas
municipales.
La pregunta obligada es elemental: ¿quiénes son los nuevos
propietarios y cuánto pagará el Ayuntamiento por el arrendamiento?
Porque cuando se trata de recursos públicos, el ciudadano
tiene derecho a conocer cada peso que se compromete.
La opacidad es el mejor fertilizante de la sospecha.
Y la sospecha crece cuando la operación parece diseñada para
que el municipio termine pagando durante años una renta suficientemente
generosa como para cubrir el valor total del inmueble y, además, garantizar una
rentabilidad extraordinaria para sus nuevos dueños.
Si esto es falso, basta exhibir los contratos, los montos,
los nombres de los propietarios y los estudios técnicos que justifican la
decisión.
Si esto es cierto, entonces no estamos ante una estrategia
de rescate urbano, sino frente a un negocio inmobiliario montado desde el
poder.
La situación resulta todavía más inquietante cuando el
propio alcalde difunde un boletín en el que asegura que esta decisión
representa "una nueva manera de gobernar, donde se escucha a la gente y se
actúa en consecuencia".
La frase merece ser analizada.
Porque escuchar a la gente significa atender sus necesidades
reales, no construir prioridades artificiales. Gobernar implica administrar
recursos públicos con criterios de utilidad social y no convertir las oficinas
municipales en pretexto para operaciones patrimoniales de dudosa conveniencia.
La experiencia política mexicana está llena de ejemplos
similares. Primero se genera una necesidad administrativa; después se
identifica un inmueble; enseguida aparecen intermediarios; finalmente se
comprometen recursos públicos durante años. Todo suele ser legal en apariencia
y cuestionable en esencia.
La corrupción moderna rara vez utiliza maletas llenas de
dinero. Prefiere contratos, rentas, intermediarios y empresas de ocasión.
Por eso la discusión no gira alrededor de un edificio.
El verdadero debate es otro.
¿Puede un gobierno municipal justificar como prioridad
ciudadana la recuperación de un inmueble privado mientras persisten rezagos
elementales en servicios públicos?
¿Puede comprometer recursos futuros sin explicar
detalladamente las razones económicas y administrativas de la operación?
¿Puede invocar la voluntad popular sin exhibir evidencia de
que esa decisión efectivamente surgió de la ciudadanía?
La respuesta democrática es contundente: no.
En política, las formas importan, pero los fondos importan
todavía más. Y cuando las prioridades gubernamentales coinciden sospechosamente
con oportunidades inmobiliarias privadas, la obligación de transparentar cada
paso deja de ser un acto de buena voluntad y se convierte en un deber
irrenunciable.
Porque el dinero no es del alcalde, ni de sus colaboradores,
ni de los eventuales propietarios del edificio.
El dinero pertenece a los ciudadanos.
Y en democracia, cada peso público debe soportar el
escrutinio de la sociedad.
De lo contrario, el gobierno deja de administrar el
patrimonio colectivo y termina administrando oportunidades privadas desde la
comodidad del cargo público.
Si el primer año de
gobierno ya produce sospechas de negocios inmobiliarios, el problema no es el
Edificio del Mar; el verdadero edificio que empieza a derrumbarse es la
credibilidad del Ayuntamiento de Tuxpan.
