La Columna
Por Fanny Yépez
En algunos municipios no encontraron computadoras ni escritorios
En Las Vigas de Ramírez las obras quedaron abandonadas
Los propietarios de Verificentros están siendo muy “castigados”
Al cumplirse la primera quincena de este cuatrienio en los 212 municipios del estado, varios alcaldes enfrentan problemas financieros para pagar los salarios a los empleados, al mismo tiempo que tratan de resolver complicaciones por obras inconclusas y deudas heredadas.
Varios alcaldes se fueron dejando calles destruidas, camiones recolectores de basura inservibles y compromisos sin cumplir contraídos desde sus campañas.
A finales de diciembre de 2025, se reportó que al menos 20 ayuntamientos enfrentaban deudas, falta de pagos y venta de activos antes del cambio de gobierno, lo que sugiere problemas financieros persistentes.
En las últimas semanas del pasado mes de diciembre se detectó falta de recursos para cubrir compromisos de fin de año y opacidad en los procesos de transición, reveló el diputado local Paul Martínez Marie, secretario de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado.
El legislador señaló que estas dificultades se reflejan principalmente en la imposibilidad de cubrir salarios y prestaciones, así como en la necesidad de vender activos municipales —como vehículos, maquinaria y desecho ferroso— para obtener liquidez. Aunque no precisó qué municipios se encuentran en esta situación, estimó que representan cerca del 10 por ciento de los 212 ayuntamientos de la entidad.
Martínez Marie explicó que los municipios que mantienen obras en proceso o inconclusas, tienen la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 90 días, es decir, hasta el último día de marzo de 2026, para concluirlas. No obstante, aclaró que ni la Comisión de Hacienda Municipal ni el Congreso tienen atribuciones para otorgar recursos extraordinarios en esta etapa final de las administraciones.
Un claro ejemplo de la opacidad, es el municipio de Las Vigas de Ramírez, ahí la actual administración municipal se encontró con calles sin pavimento, banquetas y guarniciones a medio construir, la calle Francisco Portilla es una muestra de la pésima obra que llevo a cabo el ahora ex alcalde de Las Vigas de Ramírez, Jesús Landa Hernández, situación que ha provocado el reclamo de decenas de vecinos quienes amagan con manifestarse y pedir se aplique el castigo que marque la ley. .
Son casi 300 metros de la céntrica calle Francisco Portilla, desde su cruce con la calle Constitución y hasta el paso de las vías del tren, donde, hace meses más de cien vecinos del lugar vieron con agrado cómo llegaron cuadrillas de hombres con maquinaria para iniciar la reconstrucción de su calle.
Con el paso de las semanas, la obra quedó en el abandono.
"Nuestra calle no tenía tanto problema, se podía pasar bien con autos o con mi motocicleta, pero, de todas maneras, el Doctor decidió que se debía reconstruir y ahora no se le ve por ningún lugar", relata un vecino del lugar.
Para finales del mes de noviembre del pasado año, señalan los residentes de la calle Portilla, fue cuando se comenzaron a percatar que la obra no avanzaba y ya casi no se veía presencia de trabajadores de la empresa constructora.
Los quejosos demandan que se realicen auditorías técnicas a las obras parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), porque es evidente la mala calidad de dichas construcciones realizadas en el municipio y esto remarcaron es un evidente caso de corrupción.
Los Verificentros también han sido afectados
A principios de 2025, el estado de Veracruz contaba con aproximadamente 158 Verificentros, aunque el número exacto puede variar por actualizaciones del programa; estos son los sitios oficiales para la verificación vehicular en el estado, con una lista detallada disponible en el sitio del gobierno de Veracruz, que muestra su ubicación por municipio para dar certeza y cumplir con normas ambientales.
En 2024, hubo una migración de los antiguos "Centros de Verificación" a nuevos "Verificentros" con equipo dinámico, lo que implicó una renovación y ajuste del número total, buscando cumplir con las normas oficiales mexicanas más estrictas.
En la actualidad, aunque el Gobierno del Estado de Veracruz asegura que no busca "desaparecer" la verificación vehicular, sino que ha implementado un proceso de transición y reestructuración del programa, que ha provocado el cierre de numerosos centros que no cumplieron con los nuevos lineamientos y la migración obligatoria a la figura de "Verificentros", lo cierto es que los propietarios de estos centros ya buscan ampararse, porque aseguran que las autoridades busca apropiarse de sus negocios.
Los dueños de los verificentros precisan las afectaciones que están resintiendo por la modificación de las tarifas que se pagarán a los entes verificadores.
Explican que, en el año 2023, sufrieron un decremento del pago del servicio de pruebas de verificación de $50.00, con la excusa de que estaban subsidiando el costo del engomado y se tenía que ajustar.
“Ahora, con la última gaceta emitida, nos implica una reducción de $82.95 pesos en la prueba Dinámica y $37.73 pesos en la prueba Estática.
Hace apenas 1 año, invertimos para migrar de Centros de Verificación a Verificentros, obligándonos a solicitar créditos, con la consigna de modernizar y homogeneizar el servicio otorgado a la ciudadanía.
Con esos decrementos, aunado al incremento al salario mínimo, el gasto social (IMSS, Infonavit, 3% a la nómina, impuestos federales) y el elevado gasto operativo de cada ente verificador (renta, luz, agua, internet, gases, papelería, pruebas de laboratorio, filtros, sensores y refacciones industriales) es aniquilante.
Estos empresarios manifestaron concretamente los siguientes puntos:
1.- Considerar incremento en el precio de la Verificación, desde hace tiempo el único incremento que se da cada año es por la actualización de las UMAS un incremento real en el precio no se ha dado.
2. Es necesario aplicar lo establecido en el código financiero de gobierno del Estado, relativo a la aplicación de las multas y recargos. El precio de la Verificación está tipificado como un derecho, por lo tanto, es exigible.
3. Solicitar a la dirección de tránsito y transporte, aplique las infracciones y operativos para invitar a la ciudadanía a verificar.
4. Signar como un compromiso entre gobierno del estado y concesionarios no modificar los porcentajes de participación en lo que resta del sexenio.
Comentaron que la inversión que realizaron es cuantiosa, además de los gastos fijos que se generan en esas instalaciones, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que reconsideren esta situación, que los está perjudicando.
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