Dr. Rafael Vela Martínez
Problema
de investigación. La
pregunta central es: ¿Los logros comunicados por la Rectoría modifican de
manera sustantiva las restricciones institucionales identificadas al cierre del
periodo 2021–2025? De ella se derivan cuatro preguntas: ¿Creció la capacidad
real de acceso?, ¿Disminuyó la concentración territorial?, ¿La producción
científica reportada es consistente y comparable?, y ¿La inversión informada representa
obra nueva, ejecución efectiva y resultados atribuibles al periodo?
La
principal dificultad del informe no es la ausencia total de actividad. La
Universidad desarrolló docencia, investigación, vinculación, cultura, atención
estudiantil e infraestructura, algo normal desde su origen. El problema radica
en la forma de presentar los resultados. El documento mezcla matrícula formal y
no formal, lugares ofertados y estudiantes inscritos, recursos programados y
gasto ejercido, integrantes propios y externos del SNII, obras nuevas y
proyectos heredados, así como productos anuales y cifras acumuladas. Estas
mezclas elevan la percepción de avance sin permitir medir con precisión el
valor adicional generado entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
El dato
emblemático es una matrícula total de 96,042 personas; sin embargo, esa cifra
reúne dos universos distintos: 73,786 estudiantes de educación formal y 22,256
participantes en educación no formal. El año anterior se reportaron 95,534
personas: 69,620 en educación formal y 25,914 en la no formal: La matrícula total aumentó sólo 508
personas, equivalente a 0.53 por ciento. La educación formal creció 5.98 por
ciento, mientras la no formal cayó 14.12 por ciento. Por eso, decir
simplemente que la UV atiende a más de 96 mil estudiantes induce a imaginar una
expansión homogénea que los datos no sostienen. La prueba decisiva está en el
acceso.
En 2026
se registraron 44,377 aspirantes y obtuvieron derecho a inscripción 19,036.
Esto significa que 25,341 personas, el 57.11 por ciento de la demanda, no
consiguieron un lugar. Al mismo tiempo, la oferta disponible aumentó de 20,433
a 20,955 espacios: apenas 522 lugares adicionales, o 2.55 por ciento. Más aun,
la cantidad de jóvenes veracruzanos en edad de entrar a la universidad (18-22
años) pasó de 10.06 a 10.73 por ciento, y la participación de la UV en la
matrícula estatal subió de 25.52 a 26.95 por ciento. Esto significa que la
absorción de jóvenes para entrar a la UV descendió de 20.44 a 20.05 por ciento;
una disminución de -0.39 puntos.
El
informe habla de presencia en 27 municipios. Ese dato debe distinguir entre
municipios con programas e infraestructura académica y aquellos con Casas de la
Universidad u otras modalidades de vinculación. En el diagnóstico previo, sólo
21 municipios aparecían con oferta académica o infraestructura universitaria
comparable. Por otra parte, la concentración sigue afectando el desarrollo de
Veracruz. Xalapa reúne 29,269 de los 73,786 estudiantes formales, casi 40 por
ciento. También concentra 187 de los 387 programas reportados, 48.32 por
ciento. Mientras no se publiquen metas regionales, capacidad instalada y
resultados por campus, la presencia territorial no puede confundirse con
descentralización efectiva.
En su caso, las principales
obras de: “septiembre de 2025-agosto de 2026” fueron iniciadas o financiadas en
ejercicios anteriores. Su conclusión es un avance administrativo, pero no puede
presentarse como inversión enteramente nueva.
La inversión en infraestructura se comunica como superior a 202 millones
de pesos. El informe, sin embargo, permite observar que 163.81 millones
corresponden a refrendos de años anteriores y 44.52 millones a recursos
programados en 2026. Programar, refrendar, contratar, ejercer y concluir no
son sinónimos. Varias obras centrales ya habían sido informadas: la primera
etapa del Instituto de Ciencias Marinas, el edificio de Enfermería en Poza Rica
y la USBI de Minatitlán. El avance físico actual sí puede reconocerse, pero
debe presentarse como continuidad y conclusión de proyectos heredados, no como
origen íntegro del nuevo periodo. También requiere explicación el dato de los
comedores. El cuarto informe ya registraba 12 comedores; el informe actual
señala la apertura de cinco y un total de 13. Si se usa la misma definición, el
resultado aritmético esperado sería 17. Puede existir una reclasificación o
cierre, pero debe explicarse, sino esto significa mentir a los universitarios.
La posición internacional
sigue siendo débil: QS muestra un deterioro de
la UV, ya que en 2023 y 2024 bajo de calidad y se ubicó en el rango de
1201-1400; ya para el 2025 sigue disminuyendo su calidad y se ubicó en el
rango 1401+; por su parte, la Academic Ranking of World Universities
(ARWU) 2026 no ubica a la UV entre las primeras 1,000 universidades del mundo;
en contraste a los ranking internacionales,
el informe rectoral califica como excelencia al incremento de insumos y
actividades internas; es decir, la rectoría redefine lo que para ellos es
EXCELENCIA, algo por supuesto no compartido con la comunidad universitaria y
mucho menos con los veracruzanos: no se pueden redefinir conceptos universales
en cada informe personal.
El
balance, por tanto, no permite hablar de una transformación sustantiva de la
Universidad Veracruzana. Hubo actividades, continuidad administrativa y
conclusión de obras; pero los principales problemas permanecen: se rechaza a
más de la mitad de los aspirantes, la matrícula y los programas siguen
concentrados territorialmente, la inversión nueva no se distingue con claridad
de los recursos refrendados y los indicadores internos de “excelencia”
contrastan con el deterioro registrado en evaluaciones internacionales.
La
Universidad Veracruzana no necesita informes construidos mediante la acumulación
de cifras heterogéneas ni discursos que conviertan cualquier actividad
ordinaria en un logro extraordinario. Necesita información comparable,
verificable y territorialmente desagregada. La Rectoría debe publicar un anexo
estadístico abierto; separar la matrícula formal de la educación continua;
informar admisión, permanencia y egreso por región y programa; conciliar las
cifras de investigación; y distinguir, en cada obra, los recursos programados,
refrendados, ejercidos y efectivamente concluidos.
La
cuestión de fondo es institucional. Si después de cinco años continúan las
mismas restricciones de acceso, concentración territorial, opacidad
presupuestal y debilidad científica, no basta con enumerar actividades para
sostener que la Universidad avanzó. Rendir cuentas no consiste en
presentar más cifras ni en calificarlas anticipadamente como logros. Consiste
en demostrar, con evidencia pública y comparable, que los recursos ejercidos
ampliaron oportunidades, redujeron desigualdades y fortalecieron la calidad
académica. Mientras esa demostración no exista, el informe rectoral seguirá
siendo una narración institucional de actividades, pero no una prueba
convincente de transformación universitaria.
