Por Miguel Ángel Cristiani G.
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Hay noticias que merecen aplauso. Y hay noticias
que, antes del aplauso, exigen memoria.
La cancelación definitiva de la bursatilización de
los 199 municipios de Veracruz es, sin duda, una buena noticia. Lo sería para
cualquier alcalde que, sin haber firmado un solo documento en 2008, estaba
obligado a seguir pagando una deuda heredada hasta 2036. Lo es también para los
ciudadanos, porque esos recursos ya no saldrán de las participaciones federales
que deberían destinarse a pavimentar calles, reparar escuelas, mejorar sistemas
de agua potable o fortalecer la seguridad pública.
Pero celebrar el final no debe hacernos olvidar el
origen.
Porque la bursatilización no fue un accidente
financiero. Fue una decisión política.
En 2008 se presentó como una fórmula moderna para
adelantar recursos a los municipios y acelerar el desarrollo. El discurso era
seductor: obtener dinero inmediato respaldando ingresos futuros. Lo que pocos
explicaron fue el costo real de ese "adelanto". La deuda inicial fue
de mil 208 millones de pesos, pero la ingeniería financiera —indexada a UDIS,
con tasas superiores al mercado y un esquema de retención automática de
participaciones— convirtió ese compromiso en una pesada losa para varias
generaciones de administraciones municipales.
Los números hablan por sí solos.
Los municipios ya habían pagado dos mil 573
millones de pesos y todavía les faltaban otros dos mil 266 millones hasta 2036.
Es decir, terminarían desembolsando casi cuatro veces el monto originalmente
contratado.
Eso, financieramente, tiene un nombre.
Y políticamente también.
La diferencia es que los ciudadanos fueron quienes
pagaron la factura.
Platicamos al término de la ceremonia en Palacio de
Gobierno con el alcalde de Álamo, José “Pepe” Arenas quien nos explicó que durante
casi dos décadas, presidentes municipales de todos los partidos llegaron y se
fueron con un porcentaje de sus participaciones federales retenido
automáticamente para cubrir una obligación que ellos no contrataron. Gobernaron
con menos recursos, mientras la deuda seguía intacta como una hipoteca perpetua
sobre el futuro de sus municipios.
Hoy Veracruz da un paso significativo hacia un futuro con mayor solidez financiera.
Celebro la determinación de nuestra gobernadora, Rocío Nahle García, de dar por terminada la bursatilización que por años restringió las finanzas municipales.
Esta acción representa un avance importante para robustecer las finanzas públicas y genera mejores condiciones para promover el desarrollo con responsabilidad y una visión de largo plazo.
En Álamo seguiremos administrando los recursos con honestidad, disciplina y absoluta transparencia, convencidos de que una gestión eficiente se traduce en más obras, mejores servicios y una mejor calidad de vida para las familias.
Las finanzas sanas son la base de un gobierno que cumple. Sigamos avanzando juntos en la transformación de Álamo.
Por otra parte, lo verdaderamente relevante del anuncio
realizado por la gobernadora Rocío Nahle no es únicamente que se haya liquidado
la deuda.
Es la explicación de cómo fue posible hacerlo.
La revisión del fideicomiso permitió localizar mil
085 millones de pesos existentes en cuentas de participaciones, soporte y fondo
de reserva que, según la información oficial, no habían sido transparentados ni
al Gobierno del Estado ni a los propios municipios. A esos recursos se sumó una
aportación cercana a los 500 millones de pesos para extinguir completamente el
pasivo.
Pancho López el filósofo ateniense xalapeño asegura
que la pregunta resulta inevitable.
¿Cómo pudieron permanecer más de mil millones de
pesos dentro de un fideicomiso sin que durante años nadie explicara con
claridad su existencia, su destino o su disponibilidad?
Responder esa pregunta vale tanto como haber
liquidado la deuda.
Porque la transparencia no consiste únicamente en
informar cuánto se paga.
También exige explicar cómo se administran los
recursos públicos durante todo el proceso.
Los alcaldes tienen razones para celebrar.
Recuperan recursos que antes desaparecían automáticamente hacia un fideicomiso
financiero. Podrán destinar ese dinero a infraestructura, servicios públicos y
obra social. Para municipios pequeños, donde cada peso cuenta, el beneficio
será tangible.
Pero la lección trasciende el alivio financiero.
La bursatilización se convirtió durante años en un
ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para facilitar inversión puede terminar
hipotecando el futuro cuando prevalecen condiciones financieras desfavorables,
contratos poco transparentes y supervisión insuficiente.
No basta con cerrar el expediente.
Hace falta abrir el de las responsabilidades
políticas.
Porque alguien diseñó ese esquema.
Alguien lo aprobó.
Alguien lo promovió como una solución
extraordinaria.
Y durante casi veinte años nadie corrigió un modelo
que obligó a los municipios a pagar mucho más de lo que originalmente
recibieron.
La política tiene un extraño talento para
socializar los costos y privatizar los aplausos. Cuando un proyecto fracasa,
nadie aparece como responsable. Cuando finalmente se corrige, abundan quienes
buscan fotografiarse con el resultado.
La diferencia entre administrar y gobernar consiste
precisamente en eso: un administrador paga deudas; un gobernante procura que
esas deudas nunca vuelvan a nacer.
La verdadera tragedia no
fue que hoy se haya liquidado una deuda: fue que durante dieciocho años miles
de veracruzanos pagaran, con obras que nunca llegaron, el precio de una
decisión financiera que jamás debió convertirse en herencia para generaciones
enteras.
