IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El caso de Rubén Rocha Moya dejó de ser solamente un asunto jurídico. Hoy representa una prueba política para el Gobierno federal, para Morena y para las instituciones encargadas de procurar justicia en México.
El gobernador con licencia tiene todo el derecho de declararse inocente. También puede rechazar las acusaciones formuladas en su contra y denunciar lo que considera una campaña de calumnias. En un Estado de derecho, ninguna persona debe ser considerada culpable sin pruebas y sin una sentencia.
Sin embargo, declararse víctima de una “atroz embestida mediática” no responde las preguntas que realmente preocupan a la sociedad.
¿Cuáles son las acusaciones concretas en su contra? ¿Qué información entregó Estados Unidos al Gobierno mexicano? ¿Existe una investigación formal de la Fiscalía General de la República?
Estas preguntas siguen sin una respuesta clara. Una defensa política no sustituye una defensa jurídica, y más cuando se blinda la información de su declaración.
Rocha Moya ha intentado colocar la discusión en el terreno mediático y político. Al afirmar que todo se trata de calumnias, busca presentar las acusaciones como parte de una persecución en su contra.
Pero una declaración pública no es suficiente para demostrar inocencia.
La mejor defensa sería abrir la información necesaria, comparecer ante las autoridades y permitir una investigación seria sobre su patrimonio, sus comunicaciones, sus decisiones de gobierno y cualquier posible relación con funcionarios o personajes señalados por actividades criminales.
Si las acusaciones son falsas, una investigación independiente y transparente sería la mejor forma de limpiar su nombre. En cambio, el silencio institucional y la falta de resultados solamente aumentan las sospechas.
La licencia solicitada por Rocha Moya fue presentada como una medida para facilitar las investigaciones. Sin embargo, mientras pasa el tiempo (69 días) y no se conocen avances, crece la percepción de que esa separación del cargo pudo servir más para disminuir la presión política que para garantizar una verdadera rendición de cuentas.
Un desmentido que no resuelve el problema. El Gabinete de Seguridad negó que el gobernador con licencia estuviera escondido o protegido dentro de instalaciones militares. También calificó como falsas las versiones difundidas por los periodistas Raymundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola.
El Gobierno tenía derecho a aclarar esa información. Sin embargo, el comunicado respondió únicamente a una parte del problema.
Desmentir que Rocha Moya se encuentre dentro de un cuartel militar no explica si existe una carpeta de investigación en México, si Estados Unidos solicitó su detención o extradición, si conserva escoltas pagadas con recursos públicos o si existe alguna medida judicial en su contra.
Tampoco aclara qué información tiene el Gobierno mexicano sobre los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.
El problema es que el Gobierno federal reaccionó rápidamente para defender al gobernador de una versión periodística, pero no ha mostrado la misma rapidez para explicar qué están haciendo las instituciones de justicia.
Esa diferencia alimenta la idea de que existe mayor interés en proteger la imagen de un personaje político que en transparentar el caso.
Presunción de inocencia no significa impunidad. Rocha Moya no debe ser condenado anticipadamente. Las acusaciones de Estados Unidos no sustituyen una investigación mexicana ni una resolución judicial.
México tampoco está obligado a actuar únicamente porque lo ordene o lo solicite otro país. Las autoridades nacionales deben revisar las pruebas, respetar el debido proceso y ejercer su soberanía.
Pero defender la soberanía no puede convertirse en un pretexto para ocultar información.
La soberanía se fortalece cuando las instituciones mexicanas investigan de manera independiente y llegan a sus propias conclusiones. Se debilita cuando el Gobierno rechaza acusaciones sin informar si fueron revisadas seriamente.
La presunción de inocencia protege a una persona frente a una condena sin pruebas. No debe utilizarse como argumento para impedir investigaciones, evitar comparecencias o guardar silencio ante señalamientos graves.
La justicia también debe parecer imparcial. Uno de los mayores daños provocados por este caso es la pérdida de confianza.
Hasta ahora, Rocha Moya no ha sido condenado, pero tampoco ha sido públicamente exonerado mediante una investigación transparente. Permanece en una especie de limbo político y jurídico.
Ese vacío favorece las sospechas.
Cuando una persona señalada pertenece al partido gobernante, cualquier falta de actuación puede ser interpretada como protección política. La sociedad puede pensar que la cercanía con el partido gobernante pesa más que la obligación de investigar.
La justicia no solamente debe ser imparcial. También debe demostrarlo.
Si las autoridades mexicanas no presentan avances, documentos o explicaciones suficientes, será difícil evitar la percepción de que existe un trato diferente para quienes forman parte del grupo en el poder.
Una oportunidad que el Gobierno no debería desperdiciar. Este caso podría servir para demostrar que en México nadie se encuentra por encima de la ley.
No se trata de fabricar culpables ni de obedecer automáticamente al Gobierno de Estados Unidos. Se trata de investigar con seriedad, respetar los derechos del acusado y rendir cuentas ante la sociedad.
Si Rocha Moya es inocente, una investigación profunda y clara podría demostrarlo. Si existen responsabilidades, deben determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Lo que no resulta aceptable es mantener el caso en la oscuridad.
El Gobierno federal puede desmentir versiones periodísticas, pero también debe aclarar la situación jurídica del gobernador con licencia. De lo contrario, cada comunicado defensivo será interpretado como una muestra de protección.
Rocha Moya tiene derecho a defender su nombre. El Gobierno tiene derecho a rechazar información falsa. Pero la sociedad tiene derecho a saber si las acusaciones fueron investigadas, qué resultados existen y por qué las autoridades decidieron actuar o no actuar.
Sin transparencia, la presunción de inocencia puede terminar confundida con impunidad. Y la defensa institucional puede parecer, cada vez más, un encubrimiento político.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
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