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sábado, 25 de julio de 2026

Esteban Bautista Hernández respalda iniciativa para regularizar escuelas y rechaza persecución política en proceso de desafuero

MINATITLÁN, VER., 25 DE JULIO DE 2026.— Durante su asistencia al segundo Informe de Resultados de la diputada Naomi Edith Gómez Santos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, habló sobre los principales temas que actualmente se analizan en el Poder Legislativo de Veracruz, donde se quita un candado para selección de jueces y magistrados, también entre ellos la iniciativa impulsada por la gobernadora Ing. Norma Rocío Nahle García para atender la situación de numerosas escuelas que enfrentan rezagos en materia de regularización.


El legislador explicó que actualmente se desarrolla el periodo de la Diputación Permanente y destacó que recientemente se dio paso a iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo estatal, particularmente en materia educativa.

Bautista Hernández señaló que existe consenso entre las y los diputados respecto a la necesidad de atender la problemática que enfrentan diversos planteles educativos, debido a que la falta de regularización jurídica de los inmuebles limita el acceso a recursos públicos para su rehabilitación.

“Hay mucho rezago, falta de regularización; si no hay regularización, no hay recurso. Con esta iniciativa se van a poder rehabilitar muchas escuelas”, expresó.

El presidente de la JUCOPO destacó que la propuesta aprobada busca agilizar los procedimientos que anteriormente podían prolongarse debido a trámites burocráticos, particularmente aquellos relacionados con el área jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En este sentido, consideró que la nueva disposición permitirá avanzar con mayor rapidez en la atención y rehabilitación de infraestructura educativa, beneficiando a comunidades escolares que durante años han enfrentado limitaciones derivadas de la falta de certeza jurídica sobre los inmuebles.

Sobre el proceso de desafuero

En otro tema, el diputado local se refirió al procedimiento de desafuero que se encuentra en análisis dentro de la Sección Instructora, y subrayó que las personas involucradas cuentan con un periodo para ejercer su derecho a la defensa.

Reiteró que el Congreso del Estado no actúa como órgano jurisdiccional para determinar culpabilidades, sino que se desarrolla un procedimiento conforme a las disposiciones legales correspondientes.

“Quien acusa tiene derecho a probar”, señaló Bautista Hernández, al explicar que las personas señaladas serán citadas para presentar sus argumentos y ejercer su defensa durante el desahogo del procedimiento.

El legislador puntualizó además que la investigación corresponde directamente a la Fiscalía y rechazó categóricamente los señalamientos de una supuesta persecución política, luego de que Movimiento Ciudadano emitiera un posicionamiento al respecto.

“Nosotros no juzgamos; es un proceso que se sigue. El encargado directamente es la Fiscalía”, sostuvo.

Bautista Hernández enfatizó que la desaparición de una persona debe ser atendida con toda la seriedad que demanda la ley y rechazó cualquier intento de minimizar este tipo de hechos.

“Nadie, absolutamente nadie, va a callar que un familiar sea desaparecido. Creo que estamos en otros tiempos, no estamos en tiempos de la barbarie”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el procedimiento continuará conforme a derecho y que las personas involucradas tendrán la oportunidad de comparecer, presentar argumentos y aportar los elementos que consideren pertinentes para su defensa.

El presidente de la JUCOPO sostuvo que el Poder Legislativo actuará dentro del marco jurídico y con respeto al debido proceso, mientras las instancias correspondientes realizan las investigaciones y determinaciones que legalmente les competen.

Diputada Naomi Santos rinde cuentas al distrito de Minatitlán

• Destaca la legisladora local de Morena el trabajo coordinado con la gobernadora Rocío Nahle García para consolidar a Veracruz como ejemplo de bienestar.

• La presidenta del Congreso, oriunda de Minatitlán, dijo que el mejor legado después de dejar los cargos es abrir camino para las mujeres que vienen atrás.













Minatitlán, Ver., 25 de julio de 2026.- Con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, de miles de ciudadanos y representantes de autoridades municipales del distrito XXVIII, la diputada local Naomi Edith Gómez Santos presentó su Informe correspondiente al segundo año de labores legislativas. En el Polideportivo Cultural “Hidalgo”, de la ciudad de Minatitlán, rindió cuentas sobre el trabajo realizado, las reformas aprobadas, las gestiones emprendidas y las acciones impulsadas para beneficio de sus representados.


En este acto, la representante popular habló sobre la importancia de que México y Veracruz estén gobernados por mujeres como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como la gobernadora Rocío Nahle García, quienes asumieron esa gran responsabilidad y trabajan diariamente para que los recursos de las y los mexicanos y veracruzanos se apliquen adecuadamente en beneficio del pueblo.

 

Expresó que representar al pueblo no es un privilegio, sino una alta responsabilidad que se honra con cercanía y resultados, ya que significa “trabajar diariamente para que las decisiones que se tomen desde el Congreso se traduzcan en más justicia y para hacer más visibles a quienes durante muchos años fueron olvidados”.


Previamente, la legisladora resaltó el papel de las mujeres de su distrito, toda vez que con su trabajo constante y ejemplo incansable en las tareas diarias, son su inspiración para continuar impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía, “mujeres como la gobernadora Rocío Nahle nos enseñan que ningún sueño es imposible y que el mejor legado que podemos dejar después de los cargos es abrir caminos para quienes vienen atrás”.


Ante la titular del Poder Ejecutivo, Rocío Nahle, y del presidente municipal de Minatitlán, Guillermo Reyes Espronceda, la diputada se comprometió a continuar impulsando leyes que protejan a las familias, fortalezcan los derechos de las mujeres, promuevan oportunidades para niñas, niños y jóvenes y respalden al campo, a los pescadores, a personas con discapacidad y a quienes más necesiten el apoyo y acompañamiento de las instituciones.


El informe tuvo la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura y líder de la bancada de Morena, diputado Esteban Bautista Hernández; del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; de la Senadora de la República, Raquel Bonilla Herrera; del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; de diputadas y diputados del Congreso local, así como de los presidentes municipales de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García; de Oteapan, Noé Gómez Pérez; de Acayucan, Raúl David Salomón García; de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi, de Uxpanapa, Martín Alberto Aguilar Cuéllar y de Hidalgotitlán, Floricela Antonio Sánchez. 


Responsabilidad legislativa


En el periodo informado y con la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva, la legisladora Naomi Santos condujo acertadamente 60 sesiones, en las cuales turnó a comisiones 257 iniciativas, dio trámite a ocho minutas federales, 28 puntos de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 134 Anteproyectos con Punto de Acuerdo, 61 pronunciamientos y mil 262 asuntos de correspondencia; además de la aprobación de 314 dictámenes, de acuerdo y de decreto.


En cumplimiento de su convicción de escuchar con atención, actuar con responsabilidad y legislar son decisión en pos de mejores oportunidades para las familias veracruzanas, la morenista presentó tres propuestas legislativas: una, ya aprobada, para sancionar severamente el abigeato, catalogado como delito contra la producción pecuaria y tráfico ilegal de ganado; dos, para vigilar que en los centros de internamiento por adicciones se dé un trato digno y respetuoso y, tres, para castigar penalmente el envenenamiento de animales.


Rocío Nahle y Naomi Santos, aliadas de Veracruz y del desarrollo


La legisladora destacó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y habló del respaldo de la LXVII Legislatura a las iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo, mismas que han servido para fortalecer derechos y llevar a Veracruz hacia el progreso y bienestar social. Entre las reformas resaltó el rescate financiero de 199 municipios que, al ya no tener deuda bursátil, ahora contarán con más recursos para beneficio de sus poblaciones.


También, la aprobación de Veracruzana Protegida, que permite la emisión de órdenes de protección inmediata; la simplificación de trámites ante el Registro Civil; la creación de mecanismos para responder de manera rápida ante desastres naturales y el combate al lavado de dinero, mediante la ampliación del catálogo de conductas que pueden relacionarse con este ilícito.


Respalda Veracruz a la presidenta Claudia Sheinbaum


Como parte del compromiso con la ciudadanía de impulsar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la diputada Naomi Santos y la bancada de Morena dieron su voto aprobatorio a las reformas federales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la firme convicción de terminar con los privilegios de unos cuantos, legislar para consolidar una justicia social y laboral y proteger a los menores.


De esta manera, Veracruz es una de las primeras entidades que aprobaron las minutas remitidas por el Congreso de la Unión relativas a la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes y legisladores, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la defensa de la soberanía nacional mediante la nulidad de elecciones cuando se compruebe la injerencia extranjera, la homologación nacional del tipo penal de feminicidio y la puesta en marcha del Plan B, con lo que se recortan gastos en congresos locales y regidurías municipales.


Trabajo en territorio


El acercamiento de la legisladora con las mujeres y los hombres de su distrito se reflejó este año a través de brigadas que consistieron en atención médica general y especializada, orientación jurídica, apoyos visuales, salud auditiva, esterilización de mascotas y jornadas de cine, a fin de promover la sana convivencia, además de la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y tripies. 


Participación en actos solemnes


A esto se suma que la legisladora Naomi Santos tomó la protesta a las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz, elegidos democráticamente por la vía del voto popular, inauguró la XX edición del Parlamento de la Juventud Veracruzana, y encabezó la entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines a la ciudadana María Luisa Bandala Pantoja, del Premio Estatal a la Mujer 2026 a la doctora Ana María Autrán Gómez y de la Medalla al Mérito Ambiental 2026 al biólogo Roberto Mora Gallardo.




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Antes de gobernar, se exigía libertad; ahora se exige una fianza


Por Miguel Ángel Cristiani G

Hay decisiones de gobierno que no sólo exhiben una deficiente administración; también revelan una forma de entender el poder. Y cuando un ayuntamiento decide tratar a los medios de comunicación como si fueran contratistas de alto riesgo, en lugar de aliados indispensables para el ejercicio del derecho ciudadano a la información, el problema deja de ser administrativo para convertirse en político.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica al hecho de que el Ayuntamiento de Veracruz presidido por la ex periodista Rosa María Hernández sea, hasta donde se conoce, el único de los 212 municipios del estado que exige el pago de una "fianza" para que un medio de comunicación pueda simplemente tramitar el cobro de una factura por concepto de publicidad oficial.

Siete mil pesos de garantía.

 Como si el periodista o el pequeño medio estuvieran concursando por una obra pública de cientos de millones de pesos. Como si emitir una factura representara un riesgo financiero extraordinario para las arcas municipales. Como si la presunción de buena fe, principio elemental de toda relación entre autoridad y proveedor, hubiera sido sustituida por la sospecha permanente.

Lo más grave es que esta práctica no nació con la actual administración. Es un viejo mecanismo heredado de los gobiernos panistas que gobernaron el puerto durante años, diseñado precisamente para levantar barreras burocráticas que limitaran el acceso de muchos medios a la publicidad institucional. Una forma elegante de excluir sin prohibir; de censurar sin censurar; de seleccionar discrecionalmente quién podía sobrevivir y quién debía quedarse fuera.

La diferencia es que las herencias políticas no son una obligación moral. Quien llega al poder tiene la responsabilidad de corregir los abusos del pasado, no de perfeccionarlos. Gobernar implica revisar las prácticas recibidas, eliminar las que lesionan derechos y construir instituciones más justas. Repetir inercias autoritarias sólo demuestra falta de criterio propio o, peor aún, comodidad para ejercer el poder mediante mecanismos de control.

Por eso sorprende aún más que esta política permanezca vigente bajo una presidenta municipal de MORENA que conoce perfectamente el trabajo periodístico. Antes de ocupar un cargo público, también recorrió calles, cubrió conferencias, buscó entrevistas y entregó notas. Sabe, porque lo vivió, que la enorme mayoría de los medios locales no navega en la abundancia. Sobreviven literalmente día con día, enfrentando costos crecientes, una competencia desigual y un mercado publicitario cada vez más reducido.

Exigir una garantía económica a quienes apenas logran sostener una empresa informativa no es un acto de responsabilidad administrativa. Es una muestra de absoluta desconexión con la realidad. Más aún cuando, según denuncian periodistas del puerto, además de esa fianza deben dejar retenido el importe correspondiente a la primera factura pagada como otra especie de garantía adicional. Dos candados para cobrar un servicio ya prestado. Dos actos de desconfianza institucional hacia quienes cumplen con requisitos fiscales, entregan evidencias de publicación y acreditan plenamente su actividad.

La pregunta es inevitable: ¿de qué exactamente pretende protegerse el Ayuntamiento? Si existe un contrato, una orden de inserción, una factura legalmente emitida y un servicio comprobable, la garantía es el propio marco jurídico. Lo demás parece más un instrumento de intimidación administrativa que un mecanismo de control financiero.

No deja de ser paradójico que mientras desde el discurso oficial se proclama la cercanía con el pueblo, la transparencia y la transformación de las instituciones, en la práctica sobrevivan procedimientos que castigan precisamente a quienes ejercen una función esencial para cualquier democracia: informar. La publicidad oficial nunca debería utilizarse como premio para los dóciles ni como castigo para los críticos. Mucho menos convertirse en un laberinto burocrático diseñado para desalentar la participación de medios independientes.

El periodismo atraviesa una de sus etapas más complejas. La reducción de ingresos, la migración digital, la concentración publicitaria y la violencia contra comunicadores han colocado a cientos de empresas informativas al borde de la desaparición. En ese contexto, imponer cargas económicas injustificadas desde una autoridad municipal resulta no sólo insensible, sino profundamente contradictorio con cualquier discurso de fortalecimiento democrático.

La presidenta municipal aún está a tiempo de corregir. Bastaría revisar esa disposición, eliminar un requisito que no existe en prácticamente ningún otro municipio de Veracruz y enviar un mensaje claro de respeto a la libertad de información y al ejercicio periodístico. Persistir en esa política equivaldría a reconocer que el problema no era la herencia recibida, sino la voluntad de conservarla.

Cuando un gobierno exige una fianza para pagar una factura, no administra recursos: administra la desconfianza y convierte la libertad de informar en un privilegio sujeto al permiso del poder.

"En el ayuntamiento de Veracruz ya descubrieron la nueva definición de libertad de prensa: puedes informar lo que quieras... siempre y cuando primero dejes una fianza."

COLUMNA “El Gordito de Oro”

 

Lic. Juan de Dios Sánchez Abreu.

                                                                                    *>Muy bien… Por la gobernadora Rocio Nahle Garcia y el secretario de finanzas Miguel Santigo Reyes, por haber logrado la Bursatil


ización, en 199 municipios de Veracruz, con este gran evento la mayoría de los alcaldes dejaran de pagar una deuda que venían cargando desde hace varios años, ya con estas nuevas finanzas podrán hacer más obras en sus municipios. ¡Excelente!  

                                                                                        *>La diputada local Naomi Edith Santos Gómez, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativa, como Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislativa del Congreso del Estado, en un marco de respeto a la división de poderes y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, la gobernadora Rocio Nahle Garcia, asistió y recibió el Segundo Informes de Actividades de la diputada Santos Gómez. ¡Muy Bien!  

                                                                                       *>Se a cabo el mundial de futbol quedando campeón España contra Argentina, el pronóstico de la mayoría de los mexicanos era a favor de los españoles, - finalmente el argentino Leo Messi, jugo su último partido mundialista a sus 39 años de edad y se fue sin corona, por lo pronto seguirá jugando en su equipo en Miami. Nos estamos viendo en el mundial de Marruecos 2030. ¡Listo!

                                                                                     *>Ya merito…. Se realizara la toma de protesta de la Asociación Nacional de Periodistas. “Libertad de Expresión” el cual será el día sábado 29 de agosto del presente año, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. ¡Ahí nos vemos!

                                                                                      *>Muy Bien… Felicitamos a nuestro amigo Alejandro Devaux Zurita, por el excelente evento que realizo de toma de protesta, como dirigente estatal de la Agrupación Politica Nacional “Fundación Alternativa” la cual preside a nivel nacional el Lic. Cesar Augusto Santiago Ramírez, gran personaje dentro de la politica nacional y un maestro en el tema electoral, junto a Cesar Augusto, esta una valiosa mujer que lo apoya y asesora en todo la Lic. Beatriz Segovia Ochoa ¡En hora buena!

 

*>Quien ya anda en chinga recorriendo el estado de Veracruz, es el presidente del nuevo partido estatal “Cardenistas”, Toño Luna al que se le ve movido integrando los nuevos comités municipales de su partido, para asi poder tener 30 candidatos a diputados locales y mantener el 3% de la votación que le pide el OPLE, para asi sostener su registro de su partido político. ¡En hora buena!

                                                                                        **>Nos leemos la próxima semana te invitamos a que nos sigas en todas nuestras plataformas y redes digitales, con entrevistas y noticias INNOVA, con el gordito de oro, la revista impresa y digital, nuestro porta l www.agenciainnovadigital.com.mx

Que no normalicen ese tipo de cateos que alarman a las víctimas

 La columna 

Por Fanny Yépez

Los judiciales argumentan que recibieron una denuncia anónima

Intempestivamente llega todo el aparato policiaco a un hogar sin una orden  

 

 Aunque no existe una cifra oficial exacta, que contabilice de forma específica cuántos "cateos erróneos" (ingresos a viviendas equivocadas) se han ejecutado en el estado de Veracruz, extraoficialmente se habla de varias incursiones ilegales en varios domicilios equivocados y se han llevado a cabo sin presentar la orden de un juez.    

 Las quejas públicas de ciudadanos y los expedientes ante las comisiones de derechos humanos, demuestran que, estas incidencias y los cateos ilegales sin orden judicial son recurrentes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz reporta constantemente un incremento histórico en sus diligencias operativas (superando los 285 y hasta 368 cateos en sus periodos de estrategia de seguridad), pero no desglosa públicamente cuántos de estos procedimientos resultaron fallidos, en domicilios incorrectos o sin hallazgos.

 En Boca del Río, en este mes de julio, habitantes de la colonia Adalberto Tejeda encararon a elementos policiacos y ministeriales tras la ejecución de tres cateos simultáneos. La propietaria de uno de los inmuebles denunció públicamente que las autoridades allanaron su propiedad de forma violenta y completamente ilegal, sin presentar una orden judicial firmada o con sellos vigentes, argumentando una clara equivocación.

 Los operativos se llevaron a cabo sin resultados, diversos despliegues en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han concluido con la irrupción en viviendas, donde al final de la jornada, las autoridades se retiran sin reportar personas detenidas ni asegurar ningún tipo de objeto ilícito, dejando solo daños materiales y reclamos vecinales.

 En la primera mitad del año en curso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió decenas de recomendaciones orientadas a abusos de autoridad.

 Varias de ellas señalan directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por irregularidades que abarcan detenciones ilegales, arbitrarias y violaciones al debido proceso durante operativos en campo.

 Negativa de las autoridades: Históricamente, tanto la Fiscalía como la SSP han acumulado decenas de recomendaciones emitidas por la comisión local que se niegan a acatar formalmente, lo que obliga a trasladar las quejas de los ciudadanos afectados ante instancias federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH.

 ¿Qué dice la ley si eres víctima de un cateo erróneo o ilegal?

 Según los especialistas en derecho penal de la entidad, cualquier ingreso de las fuerzas de seguridad a una propiedad privada debe contar obligatoriamente con una orden escrita, emitida por un juez de control. Si los agentes se equivocan de dirección o ingresan por la fuerza sin dicho documento formal, incurren en las siguientes violaciones:

 Allanamiento de morada y abuso de autoridad. Por lo tanto, los afectados tienen el derecho de interponer de inmediato una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal o local.

 Y también se puede formalizar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para documentar la agresión y exigir la reparación de los daños materiales provocados al inmueble.

 Sea como sea este tipo de agresiones y abusos de autoridad, provocan un estado nervioso, impactan en el ánimo de la persona afectada, la impresión podría traer severas consecuencias en el estado de salud de las víctimas y es por eso que se insiste a través de los medios de comunicación, en capacitar a los elementos judiciales y hacerles comprender el daño que pueden provocar, por un error y con un “Usted disculpe” piensan que se puede remediar.

 Llegar a tu casa y ver el movimiento inusitado de policías, patrullas y las puertas abiertas argumentando que buscan algo ilegal, es de alto impacto emocional.

 Los procesos de investigación debieran hacerlos más profundos, porque han dicho los invasores que acudieron porque recibieron una denuncia anónima. ¿Acaso eso es suficiente para actuar de esa manera y provocar pánico?

 Cualquier persona puede hacer una denuncia anónima tan solo por provocar ese desaguisado a un vecino y generarle una mala imagen o al menos provocarle un gran susto, entonces es urgente retomar este tipo de acciones y corregir los procedimientos equivocados que en nada ayudan.

KREM-1, cuando apagar el fuego no basta


IMPRONTA

Carlos Miguel Acosta Bravo

Durante casi cinco meses, el incendio del pozo exploratorio KREM-1 en Las Choapas, Veracruz  convirtió una emergencia industrial en una crisis social, ambiental y económica. El anuncio de que el flujo de gas finalmente fue controlado representa un avance técnico importante, pero no puede confundirse con el fin del problema. Para cientos de familias que viven de la ganadería y el campo, el incendio seguirá presente mientras persistan las pérdidas económicas, las afectaciones a la salud y la incertidumbre sobre el estado de su territorio.

Los grandes accidentes industriales no concluyen cuando cesan las llamas; terminan cuando las comunidades recuperan sus condiciones de vida. Y ese momento, claramente, aún no ha llegado.

En torno al caso KREM-1 existe una diferencia evidente entre la narrativa institucional y la experiencia de los habitantes. Mientras Pemex sostiene que desplegó brigadas médicas, monitoreos ambientales y acciones de atención, pobladores de decenas de comunidades describen un escenario marcado por irritaciones respiratorias, dolores de cabeza, problemas para dormir, pérdida de animales, deterioro de pastizales y una disminución significativa de su capacidad productiva.

No corresponde minimizar ninguna de las dos posturas. Tampoco corresponde aceptar sin mayor análisis cualquiera de ellas. Lo que sí resulta indispensable es que exista información científica independiente que permita conocer con precisión qué ocurrió en el aire, en el suelo, en los cuerpos de agua y, sobre todo, en la salud de quienes estuvieron expuestos durante más de cinco meses a una combustión continua.

En una democracia moderna, la confianza pública no puede construirse únicamente con comunicados oficiales; necesita evidencia verificable.

El otro gran vacío es económico. Hasta ahora no existe un inventario público que determine con exactitud cuántas hectáreas resultaron afectadas, el dato preliminar dado a conocer por el Presidente municipal es de 20 hectáreas, organizaciones como CartoCrítica y Greenpeace calculan un total de 270 hectáreas dañadas (8 ha de suelo calcinado, 120 ha de vegetación muerta y 140 ha con distintos niveles de afectación). cuántos ganado murió o enfermó?, cuánto dejó de producir cada familia, ni cuál será el costo real de la recuperación?. Sin esa información resulta imposible hablar de una reparación integral.

La ausencia de un censo transparente termina perjudicando a todos. A la población, porque dificulta demostrar sus pérdidas, y a Pemex, porque impide acreditar que las compensaciones corresponden al daño efectivamente ocasionado. La reparación no puede basarse en estimaciones generales ni en negociaciones individuales sin reglas claras; debe sustentarse en criterios técnicos, públicos y verificables.

La responsabilidad principal recae en Pemex. El incidente ocurrió durante una operación bajo su conducción y la legislación ambiental mexicana establece con claridad que quien ocasiona un daño ambiental tiene la obligación de repararlo o compensarlo cuando la restauración no sea posible. Esa obligación no termina con el control del pozo. Continúa mientras existan consecuencias ambientales, económicas o sanitarias derivadas del accidente.

Pero también sería un error concentrar toda la discusión únicamente en la empresa productiva del Estado.

El gobierno municipal, aunque no sea responsable de la operación petrolera, sí tiene obligaciones legales y políticas con su población. La protección civil, la coordinación de emergencias, el acompañamiento jurídico de los afectados, la elaboración de padrones propios, la exigencia de información pública y la defensa de los intereses comunitarios forman parte de sus responsabilidades institucionales.

No basta con aparecer en reuniones de coordinación o participar en la distribución de apoyos. La verdadera evaluación de una autoridad municipal consiste en determinar si logró garantizar que sus habitantes recibieran atención médica suficiente, información transparente y mecanismos efectivos para acceder a una indemnización justa.

En este punto surge otra reflexión importante. La reparación del daño no puede reducirse a consultas médicas temporales, despensas o apoyos emergentes. Cuando una contingencia se prolonga durante casi cinco meses, la respuesta también debe evolucionar. Las brigadas móviles son útiles durante los primeros días; después se requieren expedientes clínicos completos, seguimiento epidemiológico, estudios especializados, monitoreo ambiental permanente y programas económicos capaces de sostener a quienes dejaron de producir.

De lo contrario, la asistencia termina sustituyendo a la justicia.

El caso KREM-1 también deja una enseñanza para la política energética nacional. México necesita aprovechar sus recursos naturales, pero ninguna estrategia de desarrollo puede sostenerse si las comunidades que conviven con esa infraestructura sienten que asumen solas los riesgos mientras esperan durante meses una respuesta integral.

La confianza social no se construye únicamente con inversión o producción petrolera; también depende de la capacidad del Estado para responder cuando algo sale mal.

Hoy el mayor desafío ya no consiste en apagar un incendio. Consiste en restaurar la confianza de una población que exige respuestas, transparencia y reparación.

Si el Estado mexicano aspira a demostrar que la responsabilidad ambiental no es solamente un principio jurídico, sino una obligación real, el caso KREM-1 debe convertirse en un referente nacional sobre cómo atender integralmente un desastre industrial. Eso implica censos independientes, indemnizaciones oportunas, monitoreo ambiental de largo plazo, atención médica especializada y una rendición de cuentas permanente.

Porque las llamas pueden extinguirse en cuestión de horas, pero las consecuencias de un accidente de esta magnitud pueden acompañar a una comunidad durante años. La verdadera prueba para Pemex, para las autoridades municipales y para las instituciones ambientales no será haber controlado el pozo, sino demostrar que ninguna familia tendrá que cargar indefinidamente con el costo humano, económico y ambiental de una emergencia que nunca provocó.

Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx

Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte  del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.

 

Daniela Griego cumple compromisos en las congregaciones; hubo Tequio

*Xalapa, Ver., 25 de julio de 2026.-* Mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales es una prioridad para esta Administración Municipal, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, durante un encuentro con habitantes y el Agente Municipal de la congregación 6 de Enero, C. César del Moral Viveros, donde reiteró el compromiso de su gobierno de impulsar obras y acciones que contribuyan al desarrollo de las familias y sus comunidades. 





































La Presidenta Municipal señaló que, desde el inicio de su gestión, se asumieron compromisos con las comunidades y no simples promesas, al reconocer que las congregaciones forman una parte esencial de Xalapa. 


“Nosotros no hicimos promesas, hicimos compromisos con las congregaciones, y la convicción de que tendrían que ser prioridad para esta Administración, ya que son una parte importante de Xalapa”, expresó.


Por ello, este sábado, acompañada del Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y del Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, encabezó la entrega de equipamiento a jóvenes deportistas de béisbol y dio el banderazo de inicio a una jornada más de los Tequios por el Bien de Xalapa, organizada por la Dirección de Juventud, a cargo del Lic. Rafael Alarcón Barrientos.


Como parte de las actividades se realizaron trabajos de mantenimiento, chapeo, pintura, siembra de plantas y mejoramiento del alumbrado público en el parque central de la congregación y zonas aledañas. 


En su mensaje, la Alcaldesa reconoció el esfuerzo de las congregaciones por preservar su identidad, ligada al campo, las tradiciones y la vida comunitaria.


Destacó que los Tequios son parte del legado que las congregaciones han aportado a la cultura mexicana, al fomentar la convivencia y el mejoramiento de las comunidades mediante el trabajo conjunto de todas y todos.


Asimismo, agradeció la disposición de la población que se sumó a trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento. Al respecto, señaló que, de forma gradual, se han desarrollado diversas acciones, a partir de la vinculación con las personas encargadas de las Agencias Municipales. 


Enfatizó que el Cabildo continúa impulsando acciones para fortalecer el desarrollo de las congregaciones y confió en que el próximo año se pueda destinar un presupuesto que permita realizar más obras en su beneficio.


Al reiterar la firme intención de respaldarlas, recordó que este es el tercer Tequio que se lleva a cabo en las congregaciones. Anteriormente hubo jornadas en San Antonio Paso del Toro y El Castillo; se están programando trabajos en las congregaciones pendientes.


En este sentido, afirmó que se continúa avanzando para mejorar las condiciones de vida de la población. Informó que la congregación El Castillo se verá favorecida con la ampliación de la ruta de camiones Atenas hasta esa comunidad, además del próximo inicio de la construcción de una clínica que beneficiará a sus habitantes.


También, dio a conocer que en la congregación Julio Castro recientemente se concluyeron las obras de rehabilitación en el parque y en una cancha deportiva. 


En la congregación 6 de Enero, destacó, se apoyó con la entrega de 30 tubulares para la remodelación del techo de la iglesia.


Además, se entregaron paquetes de huevo para los centros comunitarios de las cinco congregaciones, en atención a una solicitud presentada por sus representantes. Esta acción se realizó en coordinación con el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas), con lo que se dio cumplimiento a dicho compromiso.


Por su parte, el Agente Municipal agradeció el respaldo de la Alcaldesa y afirmó que, después de dos administraciones, esta es la primera que trabaja y brinda apoyo a las congregaciones.


Asimismo, expresó la disposición de la comunidad para continuar trabajando de manera organizada y coordinada con el Ayuntamiento.


Durante la jornada de trabajo comunitario, se sumaron el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.


También participaron Titulares y personal de las Direcciones de Contraloría, Gobierno Abierto, Transparencia, Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos, Ingresos, Administración, Alumbrado Público, Obras Públicas, Limpia Pública, Medio Ambiente, Salud, DIF Municipal, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Participación Ciudadana, Atención Ciudadana, Desarrollo Social, Cultura y Educación, así como del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio (Sipinna) Xalapa. 


Asimismo, asistieron el Comisario Ejidal de la congregación 6 de Enero, el C. Juan Velázquez Cadena, y personal de la Agencia Municipal.