EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA
PRIMERA PARTE
Por Francisco Berlín Valenzuela*
La democracia constituye una de las aspiraciones más importantes de las sociedades contemporáneas y cuenta con una muy respetable antigüedad como forma de gobierno. Sin embargo, su existencia no puede determinarse exclusivamente por la celebración periódica de elecciones, la participación de los partidos políticos o la renovación de los cargos públicos mediante el sufragio.
Una democracia auténtica requiere mucho más que la celebración de elecciones: ciudadanos informados, instituciones confiables, división efectiva de poderes, existencia de un Estado de Derecho y respeto a los derechos fundamentales, transparencia en el ejercicio del poder y mecanismos que permitan a la sociedad vigilar y exigir responsabilidades a sus gobernantes.
Estas reflexiones adquieren particular relevancia a propósito de la presentación del libro Democracia y Datos, del doctor Ruy R. Gabarrón Hernández, realizada a mediados de la década pasada, quien se desempeña como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de Xalapa.
Su obra ofrece elementos académicos y realistas para examinar la democracia desde una perspectiva que incorpora información y datos, circunstancia que permite superar apreciaciones meramente subjetivas y propiciar un análisis más objetivo de la realidad política.
A partir de la lectura y de las reflexiones que suscita su trabajo, así como de los cambios sustanciales que se han producido en la concepción internacional de la democracia, considero oportuno ampliar el debate hacia una cuestión que merece nuestra atención: ¿hasta qué punto las instituciones y prácticas políticas de nuestro país corresponden verdaderamente a los principios esenciales de una democracia?
No se trata de desconocer los avances alcanzados por México en materia política y electoral, ni de ignorar las instituciones que se han construido a lo largo de nuestra historia. Se trata, precisamente, de reconocer esos avances y preguntarnos qué falta para consolidar una democracia que no sea solamente formal, sino también efectiva.
A partir de las consideraciones anteriores, considero conveniente distinguir entre la democracia formal y la democracia sustantiva.
La primera se manifiesta en la existencia de normas constitucionales, elecciones periódicas, partidos políticos, autoridades electorales, participación ciudadana y procedimientos para acceder al poder.
La segunda se refiere a la manera en que ese poder se ejerce: si existe equilibrio entre las instituciones, si se respetan las libertades, si los representantes responden a los intereses ciudadanos y a su querer ser político, así como si los gobernantes están sujetos a controles efectivos.
La falta de correspondencia entre el querer ser político de los ciudadanos y la actuación de sus representantes populares, particularmente de quienes integran los órganos legislativos, propicia un distanciamiento entre representantes y representados. Esta circunstancia contribuye a debilitar la confianza ciudadana y la credibilidad en el desempeño de los legisladores, así como la función que tienen encomendada dentro del sistema democrático.
Una de las preocupaciones que merece especial atención en el parlamentarismo mexicano sigue siendo la ausencia de responsabilidad para cumplir la función representativa de los legisladores y las expectativas de los ciudadanos. En ocasiones, su actuación parece orientarse más a satisfacer los intereses del gobierno en turno o de quienes intervinieron en su postulación y designación, que a cumplir el compromiso fundamental de representar y defender los intereses de la sociedad. Esta situación plantea un problema de fondo sobre la autonomía del Poder Legislativo y la autenticidad de la representación popular.
Podemos contar con un sistema electoral técnicamente organizado y, sin embargo, enfrentar deficiencias en la representación política, la rendición de cuentas, la justicia electoral y la participación ciudadana. A ello se agrega una preocupación que merece especial atención: la independencia efectiva de los tribunales electorales, pues algunas de sus actuaciones, a la luz de experiencias recientes, han suscitado cuestionamientos sobre su autonomía frente a las decisiones e intereses del poder político.
Por ello, la calidad de una democracia no debe medirse solamente por la manera en que se obtiene el poder, sino también por la forma en que se ejerce, se limita y se somete al escrutinio público.
ALGUNAS FALACIAS QUE DEBEMOS EXAMINAR
En el debate político mexicano existen afirmaciones que, por su reiteración, han terminado por aceptarse como supuestas verdades indiscutibles. Sin embargo, conviene someterlas al análisis crítico. No necesariamente se trata de falsedades deliberadas, sino de ideas que, al presentarse como pruebas suficientes de la existencia de una democracia plena, pueden ocultar problemas profundos.
PRIMERA FALACIA: LA AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES GARANTIZA POR SÍ SOLA LA DEMOCRACIA.
La autonomía de los organismos electorales, a los que he denominado organismos rectores de los procesos electorales, constituye una conquista importante en la evolución democrática de México. Sin embargo, su reconocimiento constitucional y legal no garantiza, por sí mismo, que sus integrantes actúen con independencia, imparcialidad y plena responsabilidad. La verdadera autonomía debe manifestarse en sus decisiones, en una efectiva rendición de cuentas y en la ausencia de subordinación frente a los poderes políticos.
SEGUNDA FALACIA: LA EXISTENCIA DE UN TRIBUNAL ELECTORAL GARANTIZA LA JUSTICIA DEMOCRÁTICA.
La creación de tribunales especializados en materia electoral representa un avance institucional de gran importancia, pues permite resolver controversias y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Sin embargo, su sola existencia no garantiza una justicia electoral auténtica. Para ello resulta indispensable que sus integrantes actúen con independencia, imparcialidad y apego al Estado de Derecho, y que sus resoluciones estén debidamente fundamentadas y respondan a criterios estrictamente jurídicos, sin interferencias políticas que generen desconfianza en la ciudadanía y deterioren el prestigio de las instituciones electorales.
TERCERA FALACIA: LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL GARANTIZA UNA AUTÉNTICA REPRESENTACIÓN CIUDADANA.
La representación proporcional surgió como un mecanismo para ampliar la pluralidad política y permitir que las distintas corrientes ideológicas y fuerzas partidistas tuvieran presencia en los órganos legislativos. Su propósito es evitar que la representación popular quede concentrada exclusivamente en quienes obtienen triunfos por mayoría relativa. Sin embargo, la presencia de diferentes partidos en el Poder Legislativo no garantiza, por sí misma, que los ciudadanos se encuentren auténticamente representados.
Uno de los problemas que ha contribuido al desencanto ciudadano respecto de la representación política radica en los procedimientos utilizados por los partidos para seleccionar a sus candidatos. En numerosas ocasiones, estas designaciones parecen responder más a los intereses de sus dirigencias y a las negociaciones políticas que se realizan para distribuir espacios de poder parlamentario entre las distintas fuerzas políticas, que a la voluntad y las aspiraciones de los ciudadanos. Esta práctica debilita el vínculo entre representantes y representados y plantea serios cuestionamientos sobre la autenticidad de la representación popular, contribuyendo al desprestigio de la institución parlamentaria.
La pluralidad política en los órganos legislativos constituye un elemento valioso de la democracia, pero no debe confundirse con una representación auténtica. Esta última exige que quienes ocupan los cargos de elección popular mantengan un compromiso efectivo con los ciudadanos, escuchen sus demandas, defiendan sus intereses y rindan cuentas sobre el desempeño de sus responsabilidades. De lo contrario, la representación corre el riesgo de convertirse en una formalidad institucional, alejada de la sociedad a la que pretende servir.
UNA DEMOCRACIA QUE DEBE PERFECCIONARSE
A la luz de las falacias que hemos señalado y de otras muchas que consideraremos en la segunda parte, podemos advertir que la democracia en México presenta actualmente una debilidad considerable y que es mucho lo que falta por hacer para perfeccionarla y consolidarla.
Esta preocupación no deriva únicamente de nuestras reflexiones académicas, sino que encuentra también respaldo en diversos análisis y evaluaciones de organismos internacionales, algunos de los cuales han advertido sobre un proceso de regresión en determinados componentes de la democracia mexicana, particularmente en lo relativo al Estado de Derecho, la independencia de las instituciones y el equilibrio entre los poderes públicos, debilitado por el predominio de uno de ellos sobre los demás. Tales señalamientos deben motivarnos a examinar con seriedad el rumbo de nuestras instituciones y a reflexionar sobre las medidas necesarias para fortalecer nuestra vida democrática.
Pero la responsabilidad de perfeccionar la democracia no corresponde exclusivamente a los gobernantes ni a las instituciones. También compete a los ciudadanos, cuya participación no debe limitarse al ejercicio periódico del voto. Una sociedad que se desentiende de los asuntos públicos corre el riesgo de dejar las decisiones fundamentales de su destino en manos de quienes ejercen el poder, dispuestos a mantenerlo a costa de la ética política.
Por ello, queremos concluir esta primera reflexión con una pregunta que invite a nuestros lectores a examinar su propia responsabilidad en la vida democrática:
¿Estamos dispuestos a seguir siendo espectadores de la vida pública, permitiendo que la apatía y los intereses económicos que generan dependencia nos alejen de los asuntos del gobierno, o ha llegado el momento de informarnos, participar y exigir que las decisiones públicas respondan al interés de la sociedad y no queden exclusivamente en manos de quienes detentan el poder?
La democracia no se agota en votar; exige ciudadanos presentes, informados y participativos.
*Doctor en derecho, catedrático universitario, especialista en Derecho Electoral y Parlamentario, autor de libros sobre estas disciplinas, exdirector fundador de El Colegio de Veracruz y de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN.
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