IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezada por la nueva Fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, lanzó una iniciativa en los primeros días de enero del presente año para recibir denuncias ciudadanas y de nuevos ayuntamientos derivadas de irregularidades detectadas en los procesos de entrega-recepción de los 212 presidentes municipales y funcionarios del Poder Ejecutivo estatal. Esta medida responde a reportes de ayuntamientos "vacíos", vehículos vendidos fraudulentamente como chatarra y omisiones dolosas en la documentación entregada el 1 de enero.
Las características principales de la iniciativa son su alcance y sancionar irregularidades en recursos financieros, humanos, materiales y documentales, conforme a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y Municipal (arts. 26-28), y Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz.
El mecanismo establecido son las denuncias voluntarias de autoridades entrantes ante la Fiscalía Anticorrupción, con plazo de un mes para confrontar actas y hallazgos; incluye remisión al Congreso vía Orfis para fiscalización de cuentas públicas.
Entre los casos detectados de manera inicial destacan el fraude en Mixtla de Altamirano (fotos falsas de vehículos), ausencia de entrega en Tamiahua y Vega de Alatorre, con exhortos a endurecer penas por omisión dolosa (propuesta PVEM).
La iniciativa busca garantizar transparencia y rendición de cuentas, incorporando dictámenes de entrega-recepción a auditorías del Orfis antes de abril 2026; el Congreso supervisará ventas de bienes y creará comisiones inspectoras. Esto alinea con lineamientos de la Fiscalía para servidores públicos salientes, enfatizando informes detallados de asuntos pendientes.
La iniciativa de la Fiscal de Veracruz, en coordinación con el Congreso y Orfis, propone sanciones específicas por omisiones dolosas en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos y funcionarios ejecutivos iniciados el 1 de enero de 2026. Estas buscan disuadir fraudes como ventas simuladas de vehículos y actas incompletas, alineándose con la Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz y la Ley de Entrega-Recepción.
Las sanciones propuestas son el endurecimiento de penas administrativas graves: Multas elevadas, suspensión de derechos políticos (hasta 10 años) e inhabilitación para cargos públicos, por ocultar documentos, recursos o bienes, según exhorto del Verde Ecologista en el Congreso.
Las responsabilidades penales puede iniciar con procesos ante la Fiscalía Anticorrupción por peculado, fraude procesal o ejercicio indebido de funciones, con remisión automática de irregularidades detectadas en 30-40 días post-recepción.
Las medidas complementarias son auditorías urgentes del Orfis, embargo preventivo de bienes y sanciones económicas equivalentes al daño patrimonial (ej. 1,500 mdp reportados en Veracruz), más destitución inmediata si aplica.
Para su aplicación el Congreso creará comisiones inspectoras para validar denuncias, priorizando casos como Mixtla (fraude vehicular) y Tamiahua (ausencia total de mobiliario), con plazos estrictos para salientes responder. Esto eleva la presión por transparencia, potencialmente afectando cuentas públicas antes de abril 2026.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
