Por Miguel Ángel Cristiani G.
Cada seis de enero, el calendario nacional marca una fecha que debería estremecer la memoria histórica de México: el aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915. Ese día, en el puerto de Veracruz, Venustiano Carranza firmó uno de los instrumentos más profundos de justicia social del siglo XX mexicano. No fue un papel decorativo. Fue la garantía —al menos en su aspiración— de que millones de campesinos dejarían de ser parias en su propia tierra. Fue el reconocimiento jurídico de una deuda histórica largamente negada. Sin embargo, hoy, 111 años después, el acto conmemorativo se ha ido diluyendo… como si la memoria campesina ya no importara, como si la justicia agraria pudiera archivarse en un cajón del olvido.
Durante décadas, cuando el PRI era hegemónico y el sector campesino era su columna vertebral, la ceremonia del seis de enero era un acto de poder, solemnidad y mensaje político. El presidente de la República encabezaba el evento. Los secretarios de Estado, los gobernadores, los líderes sectoriales, toda la clase política se alineaba para recordar —con fines políticos, por supuesto, pero también simbólicos— que el campo era pieza central del proyecto de nación. Se podrá cuestionar la sinceridad de esos gobiernos, pero lo que no se puede negar es que el tema campesino estaba en el centro de la agenda pública.
Hoy, en cambio, asistimos a una minimización vergonzosa. Se conmemora por trámite, no por convicción. Se pronuncian discursos huecos, no compromisos reales. Se apela a la historia, pero se le niega presupuesto, apoyo técnico, certeza jurídica y política pública eficaz a quienes aún trabajan la tierra. El acto ya no convoca presidentes. Apenas reúne funcionarios medianos, discursos reciclados y una fotografía oficial que intenta cubrir la ausencia de voluntad.
Y conviene recordar —porque la memoria también es un acto de justicia— que el sector campesino no solo fue base electoral; también fue territorio de poder, disputa y tragedia. Aún está fresca en la memoria periodística aquella mañana en la que el líder de la Confederación Nacional Campesina, Alfredo B. Bonfil, uno de los nombres que ya sonaban para la sucesión presidencial, perdió la vida en un fatídico accidente aéreo. Yo estaba en la redacción de El Dictamen cuando se recibió la primera alerta: la nave no había reportado contacto. Llamadas al aeropuerto, confirmaciones cruzadas, minutos de tensión periodística… hasta que la realidad se impuso con brutalidad.
Recuerdo al maestro Alfonso Valencia Ríos dirigiéndose hacia la playa norte, siguiendo la ruta que debió haber llevado el avión. Llegó primero. Vio antes que nadie los restos en la arena. Dio la primicia y también la tristeza de la noticia. Durante semanas, se buscaron fragmentos de la nave, rastros, explicaciones. Se prometieron investigaciones exhaustivas. Se aseguraron resultados. Se ofreció verdad. Hasta hoy, seguimos sin conocerla plenamente. Lo demás, como suele pasar en la política mexicana, quedó en el terreno cómodo de las especulaciones.
Esa tragedia resume, de alguna manera, la relación del Estado mexicano con el campo: promesas que despegan, proyectos que se anuncian con fuegos artificiales, compromisos que sobrevuelan las esperanzas campesinas… y de pronto, caída, silencio, carpetazos. Y otra vez el olvido. El campesino mexicano ha sido utilizado, explotado, romantizado y traicionado. Ha sido la “base moral de la nación” cuando conviene, y la “carga presupuestal” cuando estorba.
Hoy deberíamos preguntarnos, con responsabilidad cívica: ¿qué queda de aquel espíritu de justicia social? ¿Qué significa realmente conmemorar la Ley Agraria en 2026? No basta con colocar una ofrenda floral o pronunciar discursos nostálgicos. Honrar esa ley implica garantizar tierra productiva, seguridad jurídica, acceso al crédito, tecnología, apoyo real, mercados justos y derechos humanos en el campo. Implica reconocer que, sin campesinos, no hay soberanía alimentaria, no hay nación estable, no hay futuro.
Minimizar la fecha no es solo una falta de protocolo. Es una falta de respeto a la historia y una irresponsabilidad con el presente. El seis de enero no debe ser ceremonia burocrática. Debe ser punto de conciencia nacional. Porque mientras en los actos oficiales se apagan los reflectores, en los surcos del país siguen trabajando hombres y mujeres que sostienen silenciosamente la vida nacional.
Rescatar la memoria de la Ley Agraria no es nostalgia. Es obligación moral, política y democrática. México no puede seguir viviendo de símbolos vaciados de contenido. O honramos la justicia social que proclamamos… o aceptamos, sin hipocresía, que decidimos abandonarla.
