Por Miguel Ángel Cristiani G.
En Veracruz tenemos una costumbre muy mexicana:
descubrir la corrupción… cada vez que conviene políticamente denunciarla. Ahora
resulta que el famoso Impuesto al Hospedaje —ese que debía servir
exclusivamente para promover el turismo, atraer visitantes, fortalecer
destinos, profesionalizar servicios y dinamizar la economía local— terminó
financiando la “vida alegre” de algunos empresarios turísticos que, según ha
revelado la gobernadora Rocío Nahle García, viajaban por el mundo cómodamente…
pero con cargo al erario público.
La revelación es grave. No solo porque exhibe un
abuso, sino porque confirma algo peor: el Estado sabía. El ORFIS lo sabía. La
burocracia lo sabía. Y, como tantas veces, nadie hizo nada. Las irregularidades
venían documentándose desde hace años, pero en ese país de la impunidad llamada
“administrativa”, las observaciones se acumulan como papeles viejos sobre el
escritorio… hasta que la política decide convertirlas en escándalo.
El Impuesto al Hospedaje nació con una finalidad
clara: promoción turística. No era una bolsa de viaje VIP ni un club financiero
de privilegios. Era un instrumento público para impulsar una industria estratégica.
Pero en Veracruz, la creatividad para torcer propósitos es infinita. El recurso
terminó siendo, de acuerdo con la propia mandataria, el patrocinador de paseos
internacionales, agendas cómodas, misiones sin resultados claros y, en muchos
casos, con más beneficio personal que impacto colectivo.
Por eso la decisión del Gobierno estatal de asumir
el control del fideicomiso no es menor. Significa quitarles el volante a
quienes, durante años, tuvieron el dinero público en las manos… pero pusieron
los intereses privados en el destino. Con la reforma que envió al Congreso, los
empresarios conservarán voz, pero no voto. Es decir: podrán opinar, pero no
decidir. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿era necesario llegar a este punto
para recordarles que el dinero público se maneja con responsabilidad pública?
La gobernadora ha anunciado que estos recursos
ahora se destinarán a infraestructura turística, incluida la creación de la
primera escuela de servicios turísticos en Veracruz. Suena interesante… pero
también polémico. Porque mientras la autoridad imagina aulas, el sector
turístico reclama promoción. No se necesita una “escuelita”, dicen algunos
empresarios; lo que se necesita es atraer visitantes. Y no les falta razón. Sin
turistas no hay industria que capacitar. Sin promoción no hay mercado, sin
mercado no hay empleo, y sin empleo solo queda la retórica.
Pero tampoco podemos pasar por alto otro hecho: si
el sector privado abusó de un recurso que no era suyo, merece rendir cuentas. Y
no hablo solo de sanciones administrativas. Si hubo desvíos, debe haber
consecuencias legales. Si hubo simulación, debe haber corrección ejemplar.
Porque el problema no es solo que se gastó mal, sino que se gastó mal durante
años y bajo la tolerancia de gobiernos que preferían no ver. La impunidad
institucional es la madre de todos los abusos.
Habrá quienes acusen al gobierno actual de revancha
o de estrategia política. Otros dirán que se trata de recuperar control y
centralizar decisiones. Y probablemente ambos tengan algo de razón. Pero entre
argumentos y suspicacias, no debemos perder de vista lo esencial: el dinero
público debe servir al interés público. Y si alguien convirtió el impuesto
turístico en caja chica de placer, merece ser investigado.
La propia gobernadora presume que Veracruz tuvo
este año la mayor promoción turística en décadas. Lo afirma con orgullo y con
comparaciones históricas, incluso evocando los tiempos de Miguel Alemán
Velasco. Bien. Si fue así, que se transparente. Que se documenten resultados,
cifras, impacto, ocupación hotelera, derrama económica. Porque si vamos a
corregir abusos, hagámoslo completo: con transparencia para los de antes… y
para los de ahora.
El turismo no necesita discursos, necesita
confianza. Y la confianza no se construye con denuncias sueltas, sino con
reglas claras, vigilancia real, rendición de cuentas… y memoria. Porque en
Veracruz ya nos conocemos: hoy se denuncian los excesos de los otros, mañana se
justifican los propios.
Si algo debería enseñarnos este episodio es que el
dinero público no admite caprichos privados. Que el turismo no puede ser botín
de nadie. Y que gobernar es asumir responsabilidad, no solo señalar culpables.
Veremos si esta vez el Estado rompe la costumbre nacional de “escandalizar… sin
resolver”.
Y esperemos, por el bien de Veracruz, que esta
película no termine como tantas otras: con discursos, con indignación oficial,
con promesas de cambios… y con el mismo final de siempre: no pasó nada.
