IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
Al
cierre de 2025, el gasto total en pensiones en México alcanzó aproximadamente
2.3 billones de pesos, con pensiones contributivas representando 18% del
presupuesto público federal (alrededor de 1.8 billones de pesos) y no
contributivas cerca del 6.13% (unos 556 mil millones de pesos). Esto
equivale a cerca del 24% del gasto total programable, presionando las finanzas
al crecer 8.7% real versus 2.3% de ingresos públicos. Lo cual evidencia la
presión que ejerce sobre las recursos públicos del país.
El impacto de las pensiones
contributivas por concepto de aportaciones de trabajadores del IMSS y del
ISSSTE ascendió a 1.8 billones de pesos, lo cual representa el 18% del
presupuesto federal, mientras que las no contributivas (las de programas
sociales) ascendieron a .556 billones de pesos lo cual significa 6.13% del
total del presupuesto federal. Para
tratar de ilustrarlo amigo lector uno de cada seis pesos de ingresos del
gobierno mexicano van directamente al sistema de pensiones.
Para
2026, el pronóstico es de 2.32 billones de pesos totales (contributivas 1.704
billones, no contributivas 0.62 billones con +13.5%), absorbiendo más del 20%
del presupuesto y 6% del PIB. El impacto incluye recortes reales del
2.3-2.5% en IMSS/ISSSTE por envejecimiento poblacional y expansión de programas
sociales, limitando e impidiendo de esta manera la inversión en educación,
salud y seguridad. Esto genera riesgo fiscal sostenido sin reformas a ingresos
o sistema pensionario.
Los
recortes presupuestales reales del 2.5% al IMSS y 2.3% al ISSSTE en 2026,
primeros desde 2018, afectarán directamente a millones de jubilados y
pensionados contributivos al reducir su poder adquisitivo en un contexto de
inflación proyectada en 3.7-4%. Este ajuste responde a presiones fiscales por
envejecimiento poblacional, aumento del padrón de beneficiarios y priorización
de pensiones no contributivas de Bienestar (+13.5%).
El
impacto en pensionados comprende el gasto total en pensiones contributivas,
pues se contrae pese a un padrón creciente (IMSS: +6.6% real en 2025),
impactando la adquisición de bienes básicos y elevando riesgo de pobreza entre
5-6 millones de derechohabientes. Jubilados percibirán montos estancados o
menores en términos reales, exacerbando desigualdades versus programas
universales que sí suben (ej. adultos mayores +5.2%).
Los efectos macroeconómicos por
el recorte son amplias, pues libera recursos para subsidios sociales (2.3
billones totales en pensiones, 6% PIB), pero limita espacio fiscal para
inversión pública en salud e infraestructura, con gasto en pensiones
absorbiendo un porcentaje superior al 20% del presupuesto. Analistas del CIEP
advierten sostenibilidad insostenible sin reformas, potencialmente
incrementando deuda o impuestos futuros.
Las medidas compensatorias no prevén ajustes nominales extras para
contrarrestar inflación; el foco está en expansión de Bienestar (619 mil mdp),
dejando a contributivos desprotegidos pese a cotizaciones históricas. Esto
podría generar protestas y demandas judiciales por afectación a derechos
adquiridos.
De hecho la primer medida para
tratar de paliar este problema estructural para las finanzas públicas en 2026
iniciará la homologación del sistema médico para todos los derechohabientes de
los dos organismos que atienden las pensiones contributivas: el IMSS y el
ISSSTE, por lo que es muy posible que en breve comience la integración del sistema
pensionario de estos dos organismos y quizás también se integren a futuro en
uno solo con las pensiones no contributivas, es decir todas aquellas que otorga
el gobierno mexicano por conducto de programas sociales. Esperemos cuál será la
respuesta de los trabajadores y de los grandes sindicatos de burócratas,
principalmente federales.
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a:
*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX
