IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La expectativa que tenía el exgobernador Javier Duarte de Ochoa de recuperar su libertad después de haber cumplido el 90% de su condena, misma que no le fue concedida por la jueza Ángela Zamorano Herrera ha dado un nuevo giro. En consecuencia no ha sido liberado y con los dos nuevos expedientes se ve muy lejano que recobre su libertad; permanecerá preso en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026 por su condena de 9 años (por asociación delictuosa y lavado), con libertad anticipada denegada en noviembre 2025 por no cumplir requisitos como actividades laborales/deportivas.
Sin embargo, la FGR presentó el 8 de diciembre de 2025 una nueva imputación por malversación de 62 mil millones de pesos (por desvíos en Veracruz durante su gestión como gobernador del 2010-2016 vía fondos federales y la utilización de empresas fantasma), la nueva imputación ha sido autorizada por Guatemala para cargos adicionales, y reactivó también el caso por desaparición forzada pese a absolución previa en 2024.
Su preliberación no afecta directamente a la Cuarta Transformación (4T), ya que Duarte es figura priísta emblemática de corrupción en el 2018 (registrando 71 denuncias de la ASF, significando un quebranto a los recursos públicas sin precedente), pero tensiona su narrativa moral anticorrupción al evidenciar lentitud judicial bajo Gertz Manero (ahora con una nueva Fiscalía General de la República más activa y con la percepción de impunidad selectiva contra "viejos políticos priístas corruptos". Los opositores usan esto para equiparar casos 4T (ej. César Duarte, Franciso Cabeza de Vaca), debilitando los reclamos de "transformación ética".
Morena mantiene distancia (condena corruptos del viejo y casi desaparecido PRI con figuras emblemáticas como César Duarte), pero la demora en juicios (casi 10 años sin recuperación total) pues socava su discurso de "justicia pronta" y "no hay impunidad", alimentando críticas de simulación judicial y priorización política sobre víctimas (desaparecidos en Veracruz) o huachicol fiscal o el emblemático caso de la barredora en Tabasco, lo cual refuerza la idea de la oposición al cuestionar si la 4T "tunde" solo a enemigos ideológicos.
Las expectativas de nuevos expedientes por malversación de recursos (peculado) que es la primera de 100 carpetas de la FGR; configuran una prisión preventiva posible, alargando su condena más allá de 2026 vía vinculación a proceso; la recuperación parcial de recursos hace improbable su liberación dada la simulación de reintegros detectada.
En cuanto a la desaparición forzada, cargo reactivado pese a que de maner previa había sido cancelada por haberse declarado como testigo torturado, podría sumar años si prueban colusión estatal, frenando libertad y exponiendo fallas de Comisión Nacional de Derechos Humanos y de laFGR en tiempos previos a la 4T, pues ese proceso fue aún en el 2018, y vislumbran un probable mantenimiento en prisión por lo menos durante el 2026 y es muy posible nuevas sentencias por estos dos nuevos procesos.
Comente u opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
