Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay gestos políticos que parecen meramente
protocolarios, pero que, leídos con lupa, revelan intenciones, prioridades y, a
veces, advertencias. La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de acudir
personalmente a cuatro tomas de protesta municipales no es un asunto menor ni
una simple agenda de fin de año. Es, en realidad, un mensaje político
cuidadosamente calculado, dirigido tanto hacia dentro de su partido como hacia el
resto del mapa político veracruzano.
Xalapa, Veracruz puerto, Coatzacoalcos y Poza Rica.
No son municipios cualesquiera. Son nodos de poder económico, político y
simbólico. Capital administrativa, principal puerto del estado, bastión
histórico del sur petrolero y una ciudad marcada por la conflictividad política
y social. Ahí estará la gobernadora. No en todos. No de manera indiscriminada.
En los estratégicos. En los que importan.
La narrativa oficial habla de “representación
institucional” y “respeto al mandato ciudadano”. Suena correcto, casi
impecable. Pero la política no se explica solo con boletines. Se explica con
contexto, antecedentes y memoria histórica. Y en Veracruz, la memoria pesa.
Desde hace décadas, los gobernadores han utilizado
las tomas de protesta municipales como termómetro de control político. Quien
acompaña, respalda. Quien no, observa desde la distancia. En este caso, la
presencia directa de la titular del Ejecutivo estatal en municipios gobernados
por Morena no solo confirma una afinidad partidista obvia; refuerza una línea
de conducción política: unidad interna, disciplina y mensaje de respaldo a
cuadros considerados clave para el proyecto en curso.
El caso de Coatzacoalcos es revelador. Pedro Miguel
Rosaldo García no es un alcalde más. Es un hombre formado en la administración
estatal, cercano a la gobernadora, con experiencia en el manejo de recursos
públicos. Su triunfo electoral, con cerca de 40 mil votos, le da legitimidad de
origen; la presencia de Nahle le otorga legitimidad política. El mensaje es
claro: aquí hay confianza, pero también expectativa. Coatzacoalcos ha sido
históricamente un municipio complejo, golpeado por la inseguridad, la crisis
económica y el desgaste institucional. No hay margen para improvisaciones.
Xalapa representa otra dimensión. La capital del
estado ha sido, durante años, un laboratorio político. Daniela Griego Ceballos
llega con un perfil técnico, formación académica sólida y experiencia en una de
las áreas más sensibles del aparato estatal: las pensiones. Su cabildo plural
—con presencia de Morena, MC, PRI, PAN y PVEM— anticipa una administración que
deberá negociar, conciliar y gobernar sin mayorías automáticas. La gobernadora,
al acompañarla, no solo respalda a la alcaldesa electa; se coloca como garante
de gobernabilidad en una ciudad donde el desgaste político suele ser rápido y
costoso.
El puerto de Veracruz merece un capítulo aparte.
Que Morena gobierne por primera vez el municipio de mayor presupuesto y padrón
electoral del estado no es un dato anecdótico: es un parteaguas. Rosa María
Hernández Espejo ganó con contundencia, duplicando a su rival más cercana. Su
perfil periodístico y legislativo contrasta con la tradición política del
puerto, históricamente dominado por el PAN. La presencia de la gobernadora ahí
es un mensaje de conquista política, pero también de responsabilidad. Gobernar
el puerto no admite errores ni frivolidades: cada decisión tiene impacto
estatal.
Poza Rica, en cambio, simboliza la fragilidad del
sistema electoral y la complejidad de la gobernabilidad local. Una elección
impugnada, resuelta en tribunales, deja heridas abiertas. Janet Adanely
Rodríguez encabezará un cabildo plural, diverso y potencialmente conflictivo.
La gobernadora acude no solo a una toma de protesta, sino a una zona de riesgo
político. Ahí, su presencia es un intento de cierre, de legitimación y de
contención.
¿Y el resto de los municipios? Serán atendidos por
secretarios de despacho. Formalmente correcto. Políticamente revelador. No
todos pesan lo mismo. No todos envían el mismo mensaje. En política, la agenda
también jerarquiza.
Nada de esto es ilegal ni ilegítimo. Es política en
estado puro. Lo cuestionable no es la asistencia, sino lo que vendrá después.
Veracruz no necesita solo fotos, discursos y cortesías institucionales.
Necesita resultados. Seguridad, servicios públicos eficientes, transparencia,
respeto a la legalidad y gobiernos municipales que entiendan que el poder no es
patrimonio partidista, sino mandato ciudadano.
La gobernadora tiene derecho a acompañar, pero
también la obligación de exigir. Porque el verdadero acto de protesta no ocurre
el 30 o 31 de diciembre, sino cada día que un ciudadano exige que su gobierno
funcione. Ahí, en la gestión cotidiana, se medirá si estas ceremonias fueron el
inicio de una nueva etapa o solo otro ritual del poder.
El protocolo pasa. Los problemas se quedan. Y la
historia, siempre implacable, termina pasando factura.
