"La noticia informa; el contexto explica; el análisis permanece."


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miércoles, 20 de agosto de 2025

La comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana exige restablecer la legalidad institucional

Ex rectores de la Universidad Veracruzana, entre ellos Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, así como los aspirantes a rectoría Rafael Vela Martínez y Jorge Manzo Denes, sostuvieron un encuentro en el Edificio A de Rectoría con una comisión universitaria encabezada por Leopoldo Alafita y la secretaria de Desarrollo Institucional, Jaquelin del Carmen Jonguitud Zamora.











Durante la reunión, la funcionaria se declaró sin facultades para responder a la solicitud de prórroga al periodo rectoral, situación que ha detonado inconformidad en distintos sectores universitarios.

En un pronunciamiento público, integrantes de la comunidad universitaria señalaron que la resolución de la Junta de Gobierno que extendió el periodo del rector en funciones es ilegal y carente de legitimidad, al no estar contemplada en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General de la institución.


Los firmantes denuncian que esta decisión ha provocado una crisis institucional y moral en la máxima casa de estudios de Veracruz, manifestada en :


División de la comunidad mediante campañas de desinformación.


Hostigamiento y persecución contra estudiantes, académicos y trabajadores.


Pérdida de confianza en los órganos de gobierno universitarios.



Demandas principales


La comunidad universitaria exige:


1. La revocación inmediata de la prórroga rectoral.


2. La disolución de la actual Junta de Gobierno y la conformación de una nueva, imparcial y democrática.


3. El nombramiento de un(a) rector(a) interino(a) que garantice conducción institucional sin sesgos.


4. La emisión de la convocatoria para la designación de un nuevo rector o rectora mediante un proceso transparente y participativo.


5. El cese de represalias contra quienes se han manifestado en defensa de la legalidad.


Finalmente, se anunció la conformación de una Comisión de Seguimiento integrada por académicos, estudiantes y trabajadores, que documentará las violaciones a la normatividad, dará seguimiento a los procesos legales en curso y mantendrá informada a la opinión pública.


Los universitarios reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que “la legalidad no es negociable” y que la Universidad Veracruzana debe retomar la ruta de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos de su comunidad.


Expide OPLE Veracruz nueva constancia de mayoría a Rosalba Hernández Hernández como Magistrada electa en Materia Constitucional

Al ser la más votada en la elección del Tribunal Superior de Justicia en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del estado, le corresponde ser la presidente.






Irineo Pérez Melo.- En cumplimiento con la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz expidió una nueva constancia de mayoría a Rosalba Hernández Hernández, como Magistrada electa en Materia Constitucional y candidata más votada en la elección del Tribunal Superior de Justicia en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Veracruz 2024-2025.

En sesión urgente, efectuada la noche del martes pasado, al dar cumplimiento a dicha sentencia, recaída en el expediente TEV-RIN-139/2025 y su acumulado TEV-RIN-153/2025, también se precisa la votación expedida con un total de 276,926 votos a favor.

Con la entrega de esta nueva constancia, expedida a favor de Rosalba Hernández Hernández, deja sin efecto la otorgada en días pasados por este mismo organismo. En la nueva constancia se acredita como Magistrada en materia Constitucional y candidata más votada de la elección del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz con un total de 276,926 votos a favor, aseguró la consejera presidente del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales.

“La persona que obtiene el mayor número de votos en la elección del Tribunal Superior de Justicia del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 es Hernández Hernández Rosalba, y en ese sentido, se declara como Magistrada en materia Constitucional”, aseguró la Consejera Presidente.

Además, dijo que siendo la candidata más votada de la elección del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial en el marco del Proceso Electoral Extraordinario que estamos dando cuenta, en consecuencia le corresponde asumir la titularidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por el periodo excepcional de dos años.


domingo, 17 de agosto de 2025

Coatzacoalcos vive gratos momentos con el Festival del Mar 2025

 Pedro M. Rosaldo:

Con alegría, admiración y hermandad la gente de Coatza ha recibido la música de @La Santa Cecilia así como de @Reyli que nos regalaron gratos momentos en el #FestivalDelMar2025. 

#VeracruzEstáDeModa 

#Nosirámuybien!





Constancia de mayoría… y de terquedad

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, hasta para contar votos se hacen bolas. El caso de Rosalba Hernández es la muestra perfecta: ganó la elección extraordinaria para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero al OPLE se le ocurrió interpretar la ley como si fuera jeroglífico egipcio.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tuvo que entrar a poner orden. Y lo hizo con una frase tan obvia que casi suena a burla: “la persona más votada debe ser quien participe como magistratura del TSJ”. Traducido: el que tiene más votos, gana. ¿De veras necesitábamos una resolución judicial para aclarar lo que cualquier estudiante de secundaria entiende en cinco segundos?

Lo que parecía un trámite de rutina —expedir una constancia de mayoría— terminó en un sainete legal. El OPLE, en lugar de limitarse a aplicar la norma, decidió improvisar. Interpretó que la presidencia del TSJ podía asignarse con criterios distintos a la votación directa. En otras palabras, decidió inventar reglas que no estaban en el reglamento. Rosalba impugnó, y con razón.

La controversia se originó a raíz de una impugnación presentada por la propia Hernández, quien argumentó que la interpretación del OPLE sobre quién debería recibir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) era errónea. Según el TEV, la normativa veracruzana establece que la persona más votada debe ser quien haya participado específicamente como magistratura en el proceso electoral del TSJ. Esto significa que los votos recibidos en esta elección extraordinaria deben ser considerados de manera exclusiva para los candidatos que compitieron en esa categoría.

Este detalle, aunque técnico, tiene profundas implicaciones. La decisión del TEV no solo corrige un error interpretativo del OPLE, sino que también reafirma la importancia de la transparencia y la justicia en el proceso electoral. En un estado donde la política puede ser un terreno pantanoso, este fallo representa un paso hacia la claridad y la legalidad.

Hernández ha sido una figura destacada en el ámbito judicial y académico de Veracruz. Con una sólida trayectoria como magistrada en materia constitucional, catedrática en la Facultad de Derecho de la UV, su ascenso a la presidencia del TSJ podría cambiar la dinámica del poder judicial en el estado. Su experiencia y conocimientos jurídicos son bien valorados, lo que la convierte en una candidata ideal para liderar el TSJ en tiempos de incertidumbre.

Su candidatura no solo representa una victoria personal, sino también un símbolo de empoderamiento para las mujeres en el ámbito judicial. A medida que más mujeres asumen roles de liderazgo, se abre la puerta a una mayor diversidad y a una representación más equitativa en las esferas de decisión.

El fallo del TEV también tiene un trasfondo político. En una época en la que la confianza en las instituciones está en entredicho, esta decisión podría restablecer cierta fe en el sistema electoral. La correcta interpretación de las normas y la protección de los derechos de los candidatos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.

Además, la presidencia del TSJ no es un puesto menor. Quien asuma este cargo tendrá la responsabilidad de influir en decisiones judiciales clave que impactan la vida de los veracruzanos. En este sentido, la elección de Hernández podría marcar un cambio significativo en la forma en que se administran la justicia y los derechos en el estado.

El TEV le dio la razón. Ordenó al OPLE modificar sus acuerdos y entregarle a Rosalba Hernández la constancia que la acredita como la candidata más votada. Suena lógico, ¿no? Pues sí, pero en la política veracruzana lo lógico suele ser lo menos común.

Lo interesante aquí no es solo el caso de Rosalba, sino lo que revela. Primero, que el árbitro electoral parece más preocupado por quedar bien que por aplicar la ley con firmeza. Segundo, que en Veracruz la disputa por el poder judicial es tan política como cualquier elección municipal. Y tercero, que la legalidad, lejos de ser un terreno firme, es un campo minado de interpretaciones convenientes.

No estamos hablando de un cargo menor. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia significa tener en las manos una de las llaves más poderosas del Estado: la que abre —o cierra— puertas en los procesos judiciales, en la definición de magistrados, en la relación con los otros poderes. Por eso la silla se pelea con uñas, dientes y leguleyadas.

La magistrada Rosalba Hernández no solo se ganó un papel con su nombre y firma oficial. Ganó legitimidad. Y en política, la legitimidad pesa más que cualquier maniobra en la sombra. Hoy su triunfo no depende de un cálculo burocrático del OPLE, sino de una sentencia firme del Tribunal Electoral.

Pero la pregunta queda en el aire: ¿Qué tanto daño hace a la confianza ciudadana este tipo de tropiezos institucionales? Porque si para validar lo más básico —que el más votado es el ganador— necesitamos de impugnaciones, sesiones y resoluciones judiciales, ¿Qué podemos esperar en procesos más complejos?

La moraleja es sencilla, aunque incómoda: los votos cuentan, aunque a algunos no les guste el resultado. Y si el árbitro se distrae o se hace bolas, siempre habrá un tribunal que le recuerde lo elemental: la ley se cumple como está escrita, no como conviene.

En Veracruz no solo hay baches en las carreteras, también en la democracia. Y aquí, el TEV acaba de tapar uno de los más peligrosos: el del capricho institucional. Ojalá no se vuelva costumbre.

miércoles, 13 de agosto de 2025

Universidad Veracruzana: Crisis de Legitimidad y Confianza

Por Miguel Ángel Cristiani

¿Qué significa la continuidad de un rector en funciones cuando su permanencia es cuestionada por la comunidad? Esta pregunta no solo se plantea en el campus de la Universidad Veracruzana (UV), sino que resuena en el corazón de una sociedad que anhela instituciones educativas sólidas, transparentes y comprometidas con la verdad. A 19 días de que, de acuerdo con la ley, el nuevo rector asuma el cargo, la figura de Martín Aguilar Sánchez se encuentra rodeada de incertidumbre, impugnaciones y un descontento palpable entre estudiantes y académicos.

La UV, una de las instituciones más emblemáticas del país, enfrenta un momento crítico. La prolongación del mandato de Aguilar no solo desafía la legalidad, sino que también pone en entredicho la confianza de la comunidad universitaria. Desde el inicio de su gestión, ha habido señales de descontento que han escalado en un clima de tensión. Finalmente, diversos amparos e impugnaciones han sido presentados, reflejando un malestar que no puede ser ignorado.

La situación es aún más preocupante considerando el contexto institucional. La UV ha sido históricamente un bastión de pensamiento crítico y autonomía. Sin embargo, la prolongada permanencia de un rector en funciones grises, bajo la sombra de la impugnación puede interpretarse como un síntoma de una crisis más profunda: la falta de voluntad para aceptar la crítica y la resistencia al cambio. En un entorno donde la participación estudiantil es crucial, el retorno a clases el próximo lunes promete ser un escenario de manifestaciones, una clara señal de que la comunidad no se quedará en silencio.

Es esencial recordar que la legitimidad de un líder no proviene únicamente de un nombramiento formal, sino de la aceptación y el respeto que logra cultivar entre sus pares. En este sentido, la figura de Martín Aguilar se ha tornado controvertida. Las redes sociales han servido como plataforma para organizarse y manifestar el descontento. Grupos en WhatsApp han surgido para coordinar acciones, lo que evidencia una movilización que, si bien es digital, tiene profundas raíces en la realidad cotidiana de los estudiantes.

A esto se suma el impacto de la gestión de Aguilar en aspectos críticos como la transparencia y la rendición de cuentas. En un mundo donde la información fluye con rapidez, la opacidad puede convertirse en un enemigo formidable para cualquier administración. La falta de comunicación y el silencio ante las inquietudes de la comunidad universitaria generan un vacío que solo alimenta la desconfianza. ¿Cómo puede un rector sostener su posición cuando hay voces que claman por un cambio y por una dirección más clara?

Es imperativo que el próximo lunes, en el retorno a las actividades, no solo se escuche el clamor de quienes se manifiestan, sino que también se abra un espacio para el diálogo. La universidad debe ser un lugar de reflexión y debate, un espacio donde las diferencias se discuten y no se esconden. La confrontación pacífica puede ser el primer paso hacia la reconstrucción de un tejido social desgastado por la incertidumbre.

Esta situación no es solo un asunto interno de la UV; es un reflejo de una cultura política que a menudo elige la continuidad por encima del cambio. En un país donde las instituciones educativas deben ser faros de esperanza y progreso, la resistencia al cambio puede tener consecuencias devastadoras. La comunidad universitaria debe ejercer su derecho a cuestionar y demandar rendición de cuentas, no solo por su bienestar, sino por el futuro de la educación en México.

Finalmente, ¿Qué legado dejará este triste episodio en la historia de la UV? La respuesta depende de la capacidad de sus miembros para involucrarse activamente en la defensa de sus derechos y la construcción de un entorno inclusivo y democrático. La crítica, cuando es constructiva y fundamentada, se convierte en una herramienta poderosa para el cambio. Así, la UV tiene la oportunidad de redefinir su rumbo y reafirmar su compromiso con la verdad y la justicia.

Es hora de que la comunidad universitaria se levante, no solo para exigir cambios, sino para ser parte activa de ellos. La historia se escribe con acciones, y el momento es ahora.

martes, 12 de agosto de 2025

Faltan 20 días…


Por Miguel Ángel Cristiani

Veinte días que huelen a pulso y a vencimiento de plazos. Veinte días para que, según la normativa que rige la Universidad Veracruzana, el rector en funciones tome posesión formal del cargo que —pese a impugnaciones y a amparos en curso— hoy mantiene Martín Aguilar Sánchez. 

El próximo lunes retornan las actividades académicas después del período vacacional y, como suele ocurrir cuando la política se cuela en los pasillos académicos, ya se anuncian manifestaciones. En WhatsApp ya circula un grupo de Red por la Legalidad UV, para coordinar la respuesta de la comunidad. No es espectáculo: es un termómetro de la fractura institucional.

No debo halagar la simple teatralidad. Se trata, en efecto, de algo más elemental: la salud de la autonomía universitaria, la vigencia del Estado de derecho y la confianza pública en los procesos que nombran a quienes dirigen instituciones que forman a generaciones. La Universidad Veracruzana no es una anécdota local: es un espacio público y un bien común. Cuando su gobierno interno queda atrapado entre impugnaciones judiciales y calendarios estatutarios, la factura la paga la comunidad: clases, investigación, servicios, la tranquilidad cotidiana de estudiantes y trabajadores.

Recordemos: hace ya varios sexenios, cuando el gobernador en turno era quien designaba al rector de la UV, a Juan Maldonado Pereda quien despachaba en palacio de gobierno en el centro de la capital, cuando intentó llegar a la torre de rectoría para tomar posesión, fue impedido por un grupo de “estudiantes” que ya se encontraban tomando el edificio.

Pero como diría Juan Gabriel…pero que necesidad de que vayan a realizar marchas y mítines de protesta cuando lo correcto es simplemente llamar a cuentas al rector y decirle: gracias por participar.

En contraste, los amparos no son gestos litúrgicos, son garantías constitucionales que obligan a las autoridades a pausar y justificar. Las impugnaciones, por su parte, deberían ser resueltas con prontitud y transparencia. La tensión entre el calendario estatutario y los procesos judiciales exige algo que, en México, se predica mucho y se practica poco: responsabilidad institucional. No es aceptable que la Universidad funcione en limbo ni que se use la incertidumbre como estrategia de permanencia.

Hay antecedentes que no conviene olvidar. Durante décadas, las universidades públicas mexicanas han sido campo de batalla entre corporaciones políticas, clientelismos y luchas internas que despistan del fin esencial: la educación. La autonomía, consagrada y defendida, se degrada cuando quienes la ejercen la convierten en parapeto para resistir jurídicamente cuestionamientos que debieran aclararse con prontitud. Nadie gana con la parálisis. Pero tampoco debe normalizarse que se imponga una toma de posesión mecánica cuando existen litigios que la ponen en duda.

¿Qué procede, entonces, con urgencia y sentido común? Primero, exigir transparencia total: que las autoridades universitarias difundan con precisión el estado de los expedientes, las resoluciones administrativas y los alcances de los amparos. La opacidad alimenta rumores y movilizaciones. Segundo, activar canales de diálogo inmediato —mediación imparcial, representación estudiantil y de académicos— para acordar guardas mínimas que garanticen el inicio de clases sin confrontación. Tercero, que las instancias judiciales y las autoridades educativas aceleren la resolución con apego a derecho; que nadie intente sustituir la justicia por la prisa política.

Y un aviso a quien corresponda: Las manifestaciones deben ser atendidas con medidas de seguridad proporcionadas, protección de derechos y, sobre todo, voluntad política para escuchar. La universidad se cura con pedagogía democrática, no con tanquetas ni descalificaciones.

Cerraría con una afirmación que no admite neutros: la Universidad Veracruzana merece autoridades elegidas y ratificadas con legitimidad, no supervivientes en predios ambiguos. La comunidad universitaria demanda certidumbre para trabajar y estudiar; la sociedad exige que los conflictos públicos se resuelvan conforme a la ley y con respeto a la autonomía.

Si las próximas dos semanas sirven para algo, que sea para restituir esa claridad institucional: diálogo, transparencia y justicia. Si no hay decisión responsable, la universidad seguirá siendo espejo de una democracia que aún titubea frente a sus reglas. Y la ciudadanía, hartada de palabras, terminará exigiendo cuentas con más fuerza. Eso sí: nadie ganó credibilidad convocando nervios; se gana resolviendo con honestidad.

La comunidad universitaria reclama que se ponga fin a este período de triste retroceso en la Máxima Casa de Estudios, que en lugar de avanzar, ha venido retrocediendo, perdiendo lugares y prestigio que alguna vez logró.

 

viernes, 1 de agosto de 2025

Esteban Bautista intensifica trabajo territorial en Veracruz

El funcionario recorrió comunidades indígenas en la zona de las altas montañas, escuchó planteamientos ciudadanos y participó en foros estratégicos para el desarrollo del estado.

Xalapa, Ver., 1 de agosto de 2025. — El maestro Esteban Bautista Hernández sostuvo una intensa agenda de trabajo durante la semana, realizando recorridos por distintas regiones del estado de Veracruz, especialmente en la zona de las altas montañas, donde sostuvo encuentros directos con habitantes de comunidades indígenas. En paralelo, participó en foros de relevancia estratégica enfocados en el desarrollo económico y social de la entidad.


















Las actividades del funcionario incluyeron atención directa a asuntos ciudadanos, reuniones con actores comunitarios y representantes locales, así como visitas a zonas con alta marginación, donde escuchó de primera mano las necesidades y propuestas de la población. Esta labor forma parte de su compromiso institucional por fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, en sintonía con la visión de transformación impulsada por la gobernadora del estado, ingeniera Norma Rocío Nahle García.


Durante sus recorridos, Bautista Hernández subrayó la importancia de establecer canales de comunicación permanentes con las comunidades indígenas, reconociendo su papel fundamental en la identidad y el desarrollo de Veracruz. "Escuchar a la gente es el primer paso para construir soluciones reales y sostenibles", declaró ante medios locales en una de sus visitas a municipios de la sierra.


Entre los temas abordados por los pobladores destacan el acceso a servicios de salud, mejoras en la infraestructura educativa, caminos rurales, así como el impulso a proyectos productivos con enfoque comunitario. Bautista aseguró que estos planteamientos serán canalizados a las instancias correspondientes para su atención prioritaria.


En los foros en los que participó, el maestro Bautista abordó temas relacionados con planeación territorial, desarrollo rural y políticas públicas con enfoque de derechos. Representantes de diversos sectores académicos y sociales reconocieron la disposición del funcionario para articular esfuerzos desde el gobierno con base en diagnósticos técnicos y sensibilidad social.


Estas acciones se alinean con los ejes del proyecto estatal de transformación, enfocado en garantizar bienestar, justicia social y desarrollo equitativo en todas las regiones del estado. Esteban Bautista reiteró su respaldo total a la mandataria estatal y reafirmó su compromiso con las tareas que contribuyen a consolidar un Veracruz más incluyente y participativo.


Fuentes cercanas al equipo del maestro Bautista señalaron que las giras de trabajo continuarán en las próximas semanas, priorizando aquellas zonas con rezagos históricos y alta demanda ciudadana de atención gubernamental.



miércoles, 30 de julio de 2025

La Llamada Nueva Reforma Electoral: ¿Un Avance o un Retroceso?

 

La reforma electoral que se discute actualmente ha despertado un aluvión de opiniones. Desde el gobierno se la presenta como un gran avance hacia la democratización del país. Sin embargo, muchos críticos la ven como un retroceso peligroso. ¿Qué hay detrás de esta polémica?

Primero, hablemos de las diputaciones plurinominales. Estas han sido un pilar en la estructura electoral mexicana. Se crearon para garantizar que las voces de grupos minoritarios tuvieran representación en el Congreso. Sin embargo, la propuesta de eliminar estas diputaciones ha encontrado eco en quienes argumentan que son un foco de corrupción y clientelismo. La idea es sencilla: si se eliminan, se simplifica el sistema y se reduce la corrupción. Pero, ¿realmente es así de fácil?

El problema es que simplificar no siempre significa mejorar. La eliminación de las plurinominales podría llevar a un sistema más polarizado. Los partidos grandes tendrían aún más control, dejando a los nuevos partidos y a las voces disidentes en la penumbra. Aunque en la realidad ya sucede así, hacer que el Congreso sea un reflejo de solo un par de ideologías podría ser un grave error.

Además, hay que recordar que la democracia no es solo elegir a quienes nos gustan. Es garantizar que todas las voces sean escuchadas. La historia ha demostrado que cuando se silencia a las minorías, se corre el riesgo de caer en regímenes autoritarios. Y no, no estamos hablando de teorías conspirativas; es una lección de la historia.

La propuesta también incluye ajustes en el financiamiento de los partidos políticos. Se busca que haya un control más estricto sobre los recursos que reciben. Esto, en teoría, es positivo. Pero permítanme hacer una pausa. ¿Realmente confiamos en que el Estado hará un mejor trabajo al regular el financiamiento político? En un país con un sistema judicial frágil y donde la corrupción parece ser parte del tejido social, la pregunta queda en el aire.

Y no nos olvidemos de la participación ciudadana. La reforma también plantea cambios en la manera en que se convocan las elecciones y se cuentan los votos. La idea es modernizar el proceso, pero hay quienes sienten que esto podría generar aún más desconfianza en el sistema. Si la ciudadanía no siente que sus votos cuentan, la apatía se apoderará de las elecciones, y eso no es lo que queremos.

Un aspecto que merece atención es la falta de un debate amplio y plural. La reforma se está discutiendo en un ambiente de polarización política. En lugar de buscar consensos, parece que se buscan más divisiones. La ciudadanía merece un espacio donde se debatan estas propuestas de manera abierta y con respeto. Sin embargo, el ambiente actual parece más propicio para ataques que para el diálogo.

La llamada reforma electoral es un tema complejo y lleno de matices. Mientras algunos la ven como un paso hacia adelante, otros la consideran un retroceso. Lo cierto es que cualquier cambio en este ámbito debe hacerse con cuidado. La democracia es un bien frágil que, una vez roto, es difícil de recuperar. La participación activa de la ciudadanía y un debate sincero son esenciales para asegurar que cualquier reforma realmente beneficie a la sociedad en su conjunto. Así que, mientras seguimos discutiendo, recordemos: la democracia no es solo un acto de votar, es un compromiso diario con la justicia y la inclusión.    
Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

 

 

lunes, 28 de julio de 2025

La Soledad de Adán Augusto: Entre Porras Fingidas y Aplausos que No Llegan


Por Miguel Ángel Cristiani

En política, como en la vida, los silencios dicen más que los gritos. Y en la reciente convención de Morena, la verdadera nota no estuvo en los vítores ensayados ni en los porristas de ocasión, sino en las ausencias que retumban. Cuando desde el templete se coreó el ya rancio “¡No está solo!” en favor de Adán Augusto López Hernández, fue imposible no mirar —con atención quirúrgica— a dos figuras clave del movimiento obradorista: Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, y Javier May Rodríguez, su homólogo en Tabasco. Ambos optaron por la quietud, el desmarque y la prudencia política, que no es otra cosa que una forma elegante de decir: “a mí no me metan en sus líos”.

Y es que la sombra que persigue a Adán Augusto no es menor. El escándalo que lo vincula, directa o indirectamente, con el grupo criminal conocido como “La Barredora” no se disipa con arengas ni aplausómetros. Se trata de una losa que no se sacude con propaganda. No basta con gritar que no está solo cuando las acusaciones pesan más que los respaldos. En esta coyuntura, el mutismo de Nahle y May no es una casualidad: es una declaración política de independencia, de cálculo estratégico… y de memoria.

Porque hay historia entre Nahle y Adán Augusto. Una historia que no comenzó con fraternidad política ni terminó en buenos términos. Cuando ella era secretaria de Energía, él —entonces secretario de Gobernación— no solo no le tendió la mano, sino que intentó torcerle el brazo. Las intrigas palaciegas de Adán Augusto en alianza con Octavio Romero Oropeza, el otrora poderoso director de PEMEX (y hoy reciclado en el INFONAVIT), intentaron convertir a Rocío Nahle en blanco de desgaste interno. Fueron varias las veces que pretendieron minar su credibilidad, frenar sus proyectos, desacreditar su liderazgo. Pero, como bien se dice en Veracruz: el que se mete con la Nahle, se topa con la terquedad de Palacio Nacional.

Y es precisamente esa protección, la del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la que hizo la diferencia. Frente a los intentos de sabotaje, el respaldo presidencial fue clave para que Rocío Nahle no solo sobreviviera a los embates, sino que emergiera como una figura fuerte y viable dentro de la 4T. Hoy, desde el gobierno de Veracruz, tiene claro que no debe lealtad a quienes ayer quisieron dinamitar su carrera.

Por eso, su silencio ante el “¡No está solo!” de Adán Augusto no es tibieza, sino claridad política. No hay que confundir la institucionalidad con el sometimiento, ni la disciplina partidaria con la ceguera cómplice. En momentos en que la legitimidad se mide no solo por los votos sino por la congruencia, Rocío Nahle hizo lo correcto: guardar silencio frente al escándalo, y no prestarse a liturgias populistas que buscan lavarle la cara a quien debería estar rindiendo cuentas, no recibiendo ovaciones.

La figura de Adán Augusto López Hernández, otrora presidenciable y hoy reciclado en el Senado, arrastra más sospechas que apoyos reales. Lo que vimos en la convención no fue respaldo auténtico, sino una coreografía forzada. Y lo que no vimos —la fría indiferencia de algunos actores clave— es lo que en realidad define el nuevo mapa interno de Morena.

Javier May, por su parte, también entendió el mensaje: su cercanía con López Obrador no lo obliga a cargar con el equipaje ajeno. Su silencio no fue simple omisión, sino una toma de postura en medio de una tormenta que apenas comienza. Porque el caso “La Barredora” no es humo mediático, sino una señal de alerta que, si se confirma judicialmente, puede sacudir los cimientos morenistas.

Morena vive un momento de definición. No basta con apelar a la unidad cuando esa unidad se pretende construir a costa de la impunidad. La lealtad no debe confundirse con sumisión, y la política no puede seguir funcionando como un pacto de encubrimientos.

Así, lo verdaderamente relevante en esta convención no fue lo que se dijo, sino lo que se omitió. Porque en política, como bien sabía Maquiavelo, el aplauso más sincero es el que no se da. Y en esta ocasión, ni Rocío Nahle ni Javier May quisieron prestarse al espectáculo. Hicieron bien. Porque en tiempos de definiciones, guardar silencio también puede ser un acto de valentía.

La política mexicana, con su larga historia de intrigas y alianzas, nos enseña que cada gesto, cada silencio, tiene un significado profundo. Al no aplaudir, Nahle y May no solo se distancian de Adán Augusto, sino que también envían un mensaje claro: la lealtad incondicional no es una moneda de cambio en su administración. Este acto de resistencia puede interpretarse como una reafirmación de su autonomía y de la necesidad de poner en primer lugar el bienestar del pueblo veracruzano y tabasqueño, más allá de las lealtades que puedan imponerse desde el centro del poder.

La situación es aún más compleja si consideramos el contexto actual, donde la Cuarta Transformación se enfrenta a desafíos significativos, no solo en términos de gobernabilidad, sino también en la percepción pública ante escándalos que amenazan con empañar su imagen. El vínculo de Adán Augusto con ‘La Barredora’ es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción no es solo un discurso, sino una exigencia de la ciudadanía que demanda transparencia y honestidad.

Históricamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido acusado de tolerar la corrupción en sus filas, y resulta irónico que el partido que prometió erradicar estas prácticas se vea envuelto en situaciones similares. La postura de Nahle es un indicativo de que, a pesar de las presiones y las expectativas, hay quienes dentro de Morena están dispuestos a poner en jaque su propia carrera política por principios firmes. Este acto de firmeza es un llamado a la reflexión sobre la ética en la política. En un entorno donde el aplauso parece ser el único indicador de éxito, es refrescante ver a líderes que priorizan la verdad y la responsabilidad sobre la popularidad.

El silencio de Rocío Nahle y Javier May en la convención de Morena no es solo una anécdota más en la narrativa política del país; es un símbolo de resistencia ante la tentación del aplausómetro. En un escenario donde los intereses personales y los escándalos amenazan con desdibujar los ideales de la Cuarta Transformación, es hora de que la política vuelva a ser un espacio de diálogo, honestidad y, sobre todo, de compromiso con la ciudadanía.

 

 

Taxistas paralizan el centro de Xalapa para exigir tarifas justas

Más de dos mil concesionarios marcharon hacia Plaza Lerdo y advirtieron que permanecerán ahí hasta obtener una respuesta directa de la gobernadora; rechazan diálogo con el secretario de Gobierno

Xalapa, Ver., Unos dos mil taxistas provenientes de distintas agrupaciones y sindicatos del transporte público se manifestaron este lunes en el centro histórico de Xalapa para exigir la revisión y actualización de las tarifas del servicio. La movilización inició en las inmediaciones del Teatro del Estado y concluyó frente a Palacio de Gobierno, donde bloquearon completamente la calle de Enríquez, interrumpiendo el flujo vehicular y la actividad cotidiana de la capital veracruzana.






Los inconformes, encabezados por María Mónica Maldonado Gayego, líder de una de las organizaciones taxistas, exigieron una audiencia directa con la gobernadora de Veracruz y rechazaron explícitamente cualquier intermediación del secretario de Gobierno. Portando cartulinas con consignas como “Tarifas justas, ya” y coreando “¡Unidos jamás serán vencidos!”, los manifestantes advirtieron que permanecerán el tiempo que sea necesario y, en caso de no ser atendidos, están dispuestos incluso a iniciar una huelga de hambre.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la marcha fue convocada de manera conjunta por agrupaciones independientes, sindicatos estatales y cooperativas de taxistas, que coinciden en la urgencia de ajustar las tarifas ante el alza sostenida de combustibles, refacciones, servicios y otros costos operativos que —afirman— los han llevado al borde de la quiebra.

Durante la manifestación, los operadores no respetaron el carril de circulación vehicular sobre la calle Enríquez, generando un bloqueo total en el corazón de la ciudad, lo que causó molestia entre transeúntes y comerciantes de la zona. Elementos de Tránsito del Estado y Seguridad Pública implementaron un operativo para desviar la circulación, sin que se reportaran incidentes mayores hasta el cierre de esta edición.

Al ser abordada por medios de comunicación, la dirigente Maldonado Gayego declinó ofrecer declaraciones formales, argumentando que no darían entrevistas “hasta que no baje del Palacio de Gobierno una comisión favorable”. Afirmó que no buscan protagonismo mediático, sino soluciones concretas.

La molestia de los manifestantes no es nueva. Desde principios de este año, varias organizaciones del sector transporte han solicitado sin éxito una revisión tarifaria que compense los efectos de la inflación acumulada, el encarecimiento de los insumos y el deterioro de la economía local. Según fuentes internas, se han presentado propuestas ante la Dirección General de Transporte del Estado, pero estas han sido ignoradas o pospuestas indefinidamente.

Consultado de forma extraoficial, un funcionario del área de Movilidad y Transporte que pidió el anonimato señaló que “no hay condiciones políticas” para un incremento generalizado de tarifas en este momento, aunque confirmó que este lunes 28 de julio se sostendrá una reunión con una comisión representativa de los manifestantes.

Mientras tanto, el plantón permanece. Algunos operadores instalaron lonas y bancos improvisados en la acera frente a Palacio de Gobierno, manifestando su disposición a mantenerse firmes. Otros compartieron alimentos y agua, en espera de noticias sobre el encuentro anunciado.

Analistas del sector han advertido que la problemática de las tarifas del transporte público, incluyendo taxis y autobuses, ha sido históricamente utilizada como herramienta de presión política, tanto por líderes gremiales como por autoridades deseosas de mantener la gobernabilidad en épocas de transición. En este caso, la negativa de los manifestantes a entablar diálogo con el secretario de Gobierno sugiere un quiebre de confianza institucional.

La falta de mecanismos transparentes y actualizados para la revisión tarifaria mantiene al sistema de transporte público en un estado de precariedad constante. Para los usuarios, cualquier aumento representa una carga; para los operadores, una necesidad. Resolver este dilema requiere voluntad política, diálogo y, sobre todo, decisiones con sentido social.

 Se espera que, tras la reunión programada, haya información oficial sobre los acuerdos alcanzados —si los hay— y los compromisos adquiridos.

Por lo pronto, la advertencia de los manifestantes es clara: o hay respuesta directa del Ejecutivo estatal, o se radicalizarán las acciones.

ROCIO NAHLE Y SUS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA..

 Ricardo Chua


ROCIO NAHLE Y SUS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA.. Desde hace tiempo uno de los más graves problemas que enfrenta la gobernadora Rocío Nahle, es la de su comunicación: La social y la política.. Y esos errores están agudizando, ya de por si las crisis que tiene su administración como son: Ingobernabilidad, políticos e inseguridad, que se han recrudecido en estos 9 meses, desde que tomó el poder en Veracruz.. El tema del crimen de la maestra jubilada en Álamo y la expresión que fue por un "infarto", fue la "gota que derramó el vaso".. La frase se volvió tendencia nacional.. Pero todo eso es también es culpa de su equipo mediático y político que tiene en su gobierno.. La están dejando "hundir" sóla.. 


Si todo su equipo de comunicación social, prensa y asesores políticos-mediáticos que trabajan en su gobierno, están ahí porque ella les tiene confianza.. Pero desde hace tiempo, hay indicios de que la gobernadora necesitaba un giro en esa área delicada, tanto como la gobernanza o seguridad.. Pero si ella continúa equivocándose en esa área, su gobierno será un caos y se tendrá la idea que no funciona aunque realice acciones para ENDEREZAR a Veracruz, después de como lo dejó Cuitláhuac García.. Pero mientras su equipo de comunicación siga permitiendo que Rocío Nahle diga lo que quiera, sin medir consecuencias, y ellos sólo le digan que está bien.. La mandataria tendrá conflictos y no saldrá bien librada.. Ahí están los casos.. 


Lo grave en las fallas de la comunicación política de un gobernador.. Es que lo puede llevar a una crisis de gobernanza muy grave.. Del cual, luego no pueden salir.. Y caso como estos hay muchos ejemplos.. Le pasó a Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, al propio Cuitláhuac García en la entidad.. Por esas fallas, al final sus gobiernos terminan mal o caen antes de que pase el sexenio.. Apenas van 8 meses de gobierno de Nahle García y pareciera que ya se llevan 3 años con este desgaste político y mediático.. No es posible, que en este momento, Rocio Nahle sea más señalada en redes sociales, que Ruben Rocha Moya de Sinaloa.. A pesar de los problemas de inseguridad que se viven en aquel Estado..


Pero insistimos Rocio Nahle apenas lleva 8 meses gobernando y Ruben Rocha ya va para 4 años.. Pero si esta crisis en comunicación política y social continúa, va a tener que pasar algo que nunca ha sucedido en Veracruz, que la gobernadora le pida ayuda a la Presidenta Claudia Shienbaum.. Y que desde Palacio Nacional, venga alguien a moverlos a todos en Palacio de Gobierno en Xalapa.. NO PUEDE SER POSIBLE que NO TENGA CONTENCIÓN en estas crisis y que permitan que las redes sociales acaben con la figura política de la gobernadora.. Han sido DEMOLEDORES en este tema de la comunicación política para el titular del ejecutivo estatal en Veracruz.. Y no hacen nada.. No contienen y ni siquiera operan para dar su opinión.. 


Si bien es cierto, la narrativa en esta crisis que vive Nahle García no puede ser, que esto lo "heredó del pasado" como hacen los gobernantes de MORENA, porque es echarle la culpa a un gobernador de su partido como fue Cuitláhuac García.. Además esto dejaría claro que esa administración manipuló las cifras de incidencia delictiva e inseguridad, además de otros problemas como salud, infraestructura carretera y obras paradas.. Su equipo de comunicación está dejando que pase encima de su gobierno, todos estas "tormentas" porque los funcionarios están "atados" a dar información mediática sino lo hace la gobernadora.. Pero todo esto, ya los rebasó y pareciera que no se lo quieren decir.. 


La obligación de un operador político-mediático u oficina de comunicación en un gobierno, es decirle la verdad al gobernante.. Darle las cifras reales y dato "duro", el que no está manipulado.. Desde ahí planear una estrategia de comunicación para informar lo que está pasando y lo que están haciendo.. Pero si se cierran a que sólo la gobernadora hable.. Se va a equivocar.. Pareciera, que ni siquiera han tenido la idea de poner a funcionar a un VOCERO, para que este sea el que asuma esas responsabilidades y las equivocaciones.. Con eso das paso a que la mandataria resuelva cuando se equivocan.. Ni le pueden dar ni esa victoria, entonces, están "fritos" y pasa lo que está pasando..   


Para desgracia, ya en estos momentos, de la administración estatal.. Veracruz es un Estado que está convulsionado en muchas materias.. Y ya ese "show" de los eventos culturales y fiestas patronales, no les da ya para "tapar" o crear otro tipo de ambiente con todo lo que está pasando.. Y que se vino a notar claramente con la expresión, hecha con la maestra asesinada en Álamo, y por lo cual ha sido objeto de señalamientos en medios de comunicación y ataques en redes sociales a nivel nacional.. Hacen notar que el rumbo de la comunicación política y social de Rocío Nahle tiene que cambiar.. De no hacerlo, la crisis se va a acrecentar y ya muy avanzado el "mal", no hay remedio que lo "cure"..


Ese equipo de comunicación y asesores políticos-mediáticos del gobierno de Veracruz.. Dejaron que corriera la NARRATIVA en redes sociales, que NO HUBO EMPATÍA de la administración estatal con la maestra Irma Hernández Cruz.. Ahí les falló totalmente.. Si le hubieran puesto el empeño que le pusieron en PRESUMIR los festivales de turismo en España u otros los festivales para sacar a la gobernadora de esta crisis.. No estaría siendo atacada su figura.. Nunca hicieron énfasis en esa SORORIDAD de que ambas son mujeres trabajadoras y jefa de familia.. Se quedaron muy cortos.. Dando a entender que son un equipo muy limitado en materia de comunicación.. Lo que se ve, no se juzga..          


Esta ausencia de una buena NARRATIVA política y social en voz de la gobernadora.. Hacen ver AUSENTE a la gobernabilidad, seguridad y la comunicación en Veracruz.. Y que Rocío Nahle, por lo mismo está rodeada de un gabinete ausente, que así lo ve la opinión pública y si eso le sumas la egocentricidad que viven en el partido MORENA, pese a sus malos resultados electorales en la pasada elección a las alcaldías.. Se hace notar que el gobierno estatal está paralizado y está carente de este tipo de operación política y mediática.. Repetimos, por eso se ve un caos en muchas áreas de gobierno.. Así no se puede gobernar porque con un mínimo error, todo se maximiza por esa carencia..


REFLEXIÓN.. Veracruz se está "AHOGANDO" en crisis de gobierno. Los crímenes de alto impacto de los últimos días, han sido devastadores para la administración estatal.. La opinión pública los "sataniza" de que son sólo "coristas" para los temas de MORENA, pero no entregando resultados.. Eso pega en su imagen pública.. Este no ha sido el arranque que Rocío Nahle hubiera deseado tener.. Pero gran parte de culpa es del equipo mediático-político, que sólo aplaude y no hace ver los errores que puede cometer el gobernante, si por temor no le dicen la verdad o no le indican el camino a seguir.. Al final, ella pagará los "platos rotos".. Pero de seguir así, a la gobernadora sólo le quedará una opción en materia de comunicación: RENOVARSE O MORIR..