BITÁCORA POLÍTICA
Qué bueno que por fin llegó al Congreso del Estado
una iniciativa que toca uno de los temas que durante años han generado
cuestionamientos entre los veracruzanos: la inmunidad procesal penal de los
servidores públicos.
La gobernadora Rocío Nahle García presentó una Iniciativa de Decreto para reformar el primer
párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz,
precisamente en materia de eliminación de esa inmunidad procesal. La propuesta
fue incorporada a la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado este 17 de
septiembre.
De acuerdo con el planteamiento que acompaña la
iniciativa, el cambio alcanzaría a autoridades municipales, diputadas y
diputados, secretarías de despacho y la Contraloría General, así como a la
titular de la Fiscalía General, personas juzgadoras y otros integrantes de las
instituciones estatales, además de consejerías electorales y la presidencia de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En pocas palabras: que el cargo público no se
convierta en un escudo frente a la justicia.
Porque una cosa es la responsabilidad que implica
desempeñar una función pública y otra muy diferente pensar que ocupar un puesto
de elección popular o formar parte de alguna institución del Estado concede una
especie de salvoconducto ante posibles responsabilidades penales.
Ahora viene lo interesante.
La iniciativa tendrá que ser discutida, analizada
y, en su caso, aprobada por el Congreso. Y una vez que se convierta en norma,
lo verdaderamente importante será que se
aplique.
Porque de poco serviría eliminar la inmunidad
procesal si después las denuncias terminan acumulándose en algún escritorio,
esperando que pase el tiempo hasta que nadie vuelva a acordarse de ellas.
Ahí está precisamente uno de los grandes
pendientes.
Sería conveniente revisar qué ha ocurrido con las
denuncias que ya fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado por
presuntos malos manejos o irregularidades en la administración de recursos
públicos municipales y estatales. No se trata de condenar anticipadamente a
nadie, sino de que las investigaciones tengan seguimiento, se determine lo que
corresponda conforme a derecho y, cuando existan elementos, se proceda ante las
instancias competentes.
La justicia no debe depender de quién ocupa el
escritorio.
Y mucho menos de cuánto tiempo falta para que
termine un periodo de gobierno.
La propuesta de eliminar la inmunidad procesal
puede representar un cambio importante en las reglas para quienes ejercen
responsabilidades públicas. Pero el verdadero desafío será demostrar que la ley
funciona igual para todos: funcionarios, legisladores, alcaldes, jueces o
cualquier ciudadano.
Porque el fuero podrá desaparecer del papel, pero
la impunidad solamente desaparece cuando las instituciones hacen su trabajo.
Y como seguramente apuntaría Pancho López, el
filósofo xalapeño ateniense:
“Quitar el fuero es
quitar el paraguas; ahora falta ver si cuando llueva justicia, nadie corre a
esconderse.”
