Por Miguel Ángel Cristiani G.
En las benditas redes sociales comenzaron a
circular dos testimonios distintos de trabajadores del DIF municipal del
Ayuntamiento de Veracruz que, aunque provienen de personas diferentes, señalan
una misma situación: al personal de confianza presuntamente se le estaría
pidiendo firmar un contrato y, al mismo tiempo, una renuncia anticipada para
poder recibir su gafete.
La instrucción, según los testimonios, sería
sencilla y contundente: “¿No firmas? Ve a Recursos Humanos”.
Una trabajadora con más de diez años de antigüedad
asegura que se negó a suscribir el documento y que, como consecuencia, no le
entregaron su credencial. También se mencionan supuestas restricciones para
acceder a permisos económicos y un trato diferenciado entre el personal de
confianza, sindicalizado y de base.
Por supuesto, se trata de señalamientos que deben
ser investigados y acreditados. Pero precisamente por eso, el Ayuntamiento de
Veracruz y el DIF municipal tienen la obligación de explicar qué está
ocurriendo.
¿Desde cuándo un trabajador tiene que firmar su
propia renuncia para que le entreguen un gafete? ¿Se trata de un procedimiento
administrativo general? ¿Qué documento se está solicitando firmar? ¿La renuncia
tiene fecha abierta o está vinculada a una eventual terminación de la relación
laboral?
No son preguntas menores. Un gafete sirve para
identificar al trabajador, facilitar su acceso a las instalaciones y acreditar
que forma parte de una institución. No debería convertirse en una herramienta
de presión laboral.
Además, una renuncia anticipada puede ser
cuestionada legalmente si se acredita que fue obtenida mediante presión,
condicionamiento o sin que exista una manifestación libre y auténtica de
voluntad. Los especialistas en derecho laboral conocen los procedimientos para
impugnar este tipo de documentos, aunque los conflictos pueden prolongarse y
terminar afectando precisamente a quien necesita conservar su empleo.
Lo más delicado es que estas prácticas, de
confirmarse, entrarían en contradicción con el discurso de defensa de los
derechos laborales que suele acompañar a los gobiernos de izquierda. No basta
con hablar de justicia social en los discursos; también debe garantizarse en
las oficinas, en los contratos y en la relación cotidiana con los trabajadores.
El personal de confianza no deja de tener derechos
por no pertenecer a un sindicato. Tampoco puede justificarse un trato desigual
sin una razón legal, objetiva y transparente.
Por eso sería conveniente que las autoridades
responsables aclaren públicamente si se está solicitando la firma simultánea de
contratos y renuncias, cuál es el fundamento de esa medida y qué ocurre con
quienes deciden no firmar.
Porque si todo está en orden, una explicación clara
debería despejar las dudas. Y si existe alguna irregularidad, lo responsable
sería corregirla antes de que el asunto termine convertido en un conflicto
laboral mayor.
En una administración pública, el gafete debe
identificar al trabajador, no recordarle que su empleo depende de firmar su
propia salida.
Y como diría Pancho López, el filósofo xalapeño
ateniense: “Cuando para entrar a trabajar te piden firmar la renuncia, no te
están dando un gafete: te están entregando por adelantado la puerta de salida.”
