La Columna
Por Fanny Yépez
Riesgo de uso político de la justicia en contra de los funcionarios municipales
Al menos 14 alcaldes y ex alcaldes, han sido vinculados a proceso en Veracruz
El debate sobre quitar o delimitar el fuero constitucional a los ediles en Veracruz (alcaldes, síndicos y regidores), ha cobrado gran relevancia, especialmente tras la reciente iniciativa de reforma del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, así como por los desafueros recientes de presidentes municipales investigados por la fiscalía, los cuales se maneja que están prófugos de la justicia.
De prosperar esta iniciativa, que lo más seguro es que así sea, porque la mayoría de los diputados son morenistas y votaran a favor, de que a un total de 212 síndicos y 630 regidores, además de los 212 presidentes municipales se les retire el fuero y sin esa protección se podría ejecutar la ley en su contra.
Pros (Ventajas de retirar el fuero)
Combate a la impunidad, el principal argumento a favor es evitar que el cargo público sea utilizado como un "escudo" para evadir la acción de la justicia. Si un edil comete un delito común (como abuso de autoridad, agresiones o delitos graves), puede ser investigado de inmediato, sin requerir un largo juicio de procedencia en el Congreso.
Igualdad ante la ley, se elimina los privilegios políticos, permitiendo que un servidor público enfrente los tribunales en las mismas condiciones que cualquier ciudadano común.
Agilidad en las investigaciones penales, en casos graves, la fiscalía puede proceder de manera expedita. Casos recientes en el estado, como las investigaciones contra exalcaldes de municipios veracruzanos, evidenciaron que el proceso de desafuero puede tardar meses o entramparse políticamente antes de que la justicia actúe.
Mayor exigencia de rendición de cuentas, también somete a los gobernantes locales a un estándar ético y legal más estricto, sabiendo que sus actos tienen consecuencias legales inmediatas.
Contras (Desventajas o riesgos de eliminarlo)
Uso político de la justicia (Persecución), el fuero nació originalmente para proteger a los funcionarios de represalias del régimen en turno. Sin esta protección, la Fiscalía General del Estado o el partido mayoritario, podrían fabricar acusaciones penales falsas o reactivar carpetas de investigación para remover o presionar a alcaldes de la oposición.
Inestabilidad administrativa en los municipios, si cualquier denuncia penal procediera de inmediato implicando la separación del cargo, la gobernabilidad de los ayuntamientos se vería afectada de forma constante.
El flujo continuo de alcaldes suplentes restaría continuidad a las políticas públicas y obras locales.
Vulnerabilidad ante el crimen organizado, los ediles son los funcionarios más expuestos a las presiones de grupos delictivos a nivel local. Sin una protección institucional, pueden quedar desamparados ante denuncias o demandas penales, promovidas de forma coactiva por intereses fácticos para desestabilizarlos.
Debilitamiento del federalismo y la autonomía municipal, el municipio libre es la base de la organización estatal. Permitir que órganos estatales (fiscalías o jueces) suspendan fácilmente a las autoridades electas por el pueblo, podría vulnerar la soberanía del voto ciudadano en esa demarcación.
En la actualidad, se registra que al menos 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados en el marco de diversas investigaciones judiciales.
A nivel general y regional, el panorama de ediles procesados o bajo investigación se divide en los siguientes puntos clave, distribución por Fuerzas Políticas.
Los procesos judiciales han alcanzado a funcionarios de distintas afiliaciones partidistas: 6 ediles de la coalición PRI-PAN-PRD; 4 ediles del bloque oficialista Morena-PT-PVEM; 3 ediles de Movimiento Ciudadano (MC) y 1 edil perteneciente a un partido local.
Balance de la situación en Veracruz, el debate actual en el estado se centra en encontrar un punto medio. La propuesta del ejecutivo estatal apunta principalmente a acotar el fuero específicamente cuando existan investigaciones por la presunta comisión de delitos flagrantes o graves, buscando un equilibrio entre no frenar la justicia penal y evitar la total desprotección política de las administraciones municipales
