Más de dos mil concesionarios marcharon hacia Plaza Lerdo y advirtieron que permanecerán ahí hasta obtener una respuesta directa de la gobernadora; rechazan diálogo con el secretario de Gobierno
Xalapa, Ver., Unos dos mil taxistas provenientes de distintas agrupaciones y sindicatos del transporte público se manifestaron este lunes en el centro histórico de Xalapa para exigir la revisión y actualización de las tarifas del servicio. La movilización inició en las inmediaciones del Teatro del Estado y concluyó frente a Palacio de Gobierno, donde bloquearon completamente la calle de Enríquez, interrumpiendo el flujo vehicular y la actividad cotidiana de la capital veracruzana.
Los inconformes, encabezados por María Mónica Maldonado Gayego, líder de una de las organizaciones taxistas, exigieron una audiencia directa con la gobernadora de Veracruz y rechazaron explícitamente cualquier intermediación del secretario de Gobierno. Portando cartulinas con consignas como “Tarifas justas, ya” y coreando “¡Unidos jamás serán vencidos!”, los manifestantes advirtieron que permanecerán el tiempo que sea necesario y, en caso de no ser atendidos, están dispuestos incluso a iniciar una huelga de hambre.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la marcha fue convocada de manera conjunta por agrupaciones independientes, sindicatos estatales y cooperativas de taxistas, que coinciden en la urgencia de ajustar las tarifas ante el alza sostenida de combustibles, refacciones, servicios y otros costos operativos que —afirman— los han llevado al borde de la quiebra.
Durante la manifestación, los operadores no respetaron el carril de circulación vehicular sobre la calle Enríquez, generando un bloqueo total en el corazón de la ciudad, lo que causó molestia entre transeúntes y comerciantes de la zona. Elementos de Tránsito del Estado y Seguridad Pública implementaron un operativo para desviar la circulación, sin que se reportaran incidentes mayores hasta el cierre de esta edición.
Al ser abordada por medios de comunicación, la dirigente Maldonado Gayego declinó ofrecer declaraciones formales, argumentando que no darían entrevistas “hasta que no baje del Palacio de Gobierno una comisión favorable”. Afirmó que no buscan protagonismo mediático, sino soluciones concretas.
La molestia de los manifestantes no es nueva. Desde principios de este año, varias organizaciones del sector transporte han solicitado sin éxito una revisión tarifaria que compense los efectos de la inflación acumulada, el encarecimiento de los insumos y el deterioro de la economía local. Según fuentes internas, se han presentado propuestas ante la Dirección General de Transporte del Estado, pero estas han sido ignoradas o pospuestas indefinidamente.
Consultado de forma extraoficial, un funcionario del área de Movilidad y Transporte que pidió el anonimato señaló que “no hay condiciones políticas” para un incremento generalizado de tarifas en este momento, aunque confirmó que este lunes 28 de julio se sostendrá una reunión con una comisión representativa de los manifestantes.
Mientras tanto, el plantón permanece. Algunos operadores instalaron lonas y bancos improvisados en la acera frente a Palacio de Gobierno, manifestando su disposición a mantenerse firmes. Otros compartieron alimentos y agua, en espera de noticias sobre el encuentro anunciado.
Analistas del sector han advertido que la problemática de las tarifas del transporte público, incluyendo taxis y autobuses, ha sido históricamente utilizada como herramienta de presión política, tanto por líderes gremiales como por autoridades deseosas de mantener la gobernabilidad en épocas de transición. En este caso, la negativa de los manifestantes a entablar diálogo con el secretario de Gobierno sugiere un quiebre de confianza institucional.
La falta de mecanismos transparentes y actualizados para la revisión tarifaria mantiene al sistema de transporte público en un estado de precariedad constante. Para los usuarios, cualquier aumento representa una carga; para los operadores, una necesidad. Resolver este dilema requiere voluntad política, diálogo y, sobre todo, decisiones con sentido social.
Se espera que, tras la reunión programada, haya información oficial sobre los acuerdos alcanzados —si los hay— y los compromisos adquiridos.
Por lo pronto, la advertencia de los manifestantes es clara: o hay respuesta directa del Ejecutivo estatal, o se radicalizarán las acciones.
