CLAROSCUROS
José Luis Ortega Vidal
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En Poza Rica de Hidalgo el servicio colectivo de taxis ha existido prácticamente desde que la ciudad se fundó.
Durante décadas operaron los autobuses urbanos y su monopolio estuvo en manos de Autotransportes Coatzintla (ATC).
Poco a poco los camiones urbanos han desaparecido y actualmente nomás hay dos opciones en la ex capital petrolera de México: tomar un taxi o tomar un taxi.
La única diferencia estriba entre el libre o taxi especial y el colectivo que opera con rutas a todas las colonias; así como a municipios vecinos como Cazones, Papantla, Tihuatlán o Coatzintla.
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El servicio colectivo de taxis está prohibido -por la ley- en la entidad veracruzana, salvo en Poza Rica, donde se impone la costumbre construida durante décadas.
Sin embargo, hoy en día casi en todos los municipios veracruzanos funciona el servicio colectivo.
La gobernadora Rocío Nahle García parece desconocer tal realidad pues este lunes, cuando un reportero le cuestionó sobre el tema durante su conferencia de prensa semanal, no ofreció detalles clave.
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La problemática del transporte público en Veracruz no se circunscribe sólo al rubro tarifario que, como señala Nahle García, dejó de atenderse por gobiernos estatales durante más de dos décadas al grado de ubicar en 17 pesos la corrida mínima que nadie respeta, pues en términos financieros resulta una burla para el prestador del servicio.
Tampoco es un asunto sujeto únicamente a la oferta exclusiva o colectiva.
Más aún: el tema específico de los taxis luce problemáticas tan profundas que van desde la corrupción de las autoridades de tránsito y transporte; la clase política que cada determinado plazo lanza concesiones al mercado sin beneficiar a los verdaderos choferes; así como la corrupción de acaparadores que poseen PLACAS de taxi como auténticos mafiosos.
Entre quienes acaparan concesiones se cuentan líderes gremiales, líderes sectoriales de partidos políticos, así como políticos que van desde ediles, diputados, funcionarios de todos los niveles, etcétera.
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Hasta aquí, tenemos una problemática prácticamente imposible de solucionar durante un sexenio y desde un solo nivel de poder, en este caso el estatal.
El del transporte es un daño estructural de Estado que requiere nuevas leyes pero la intervención del poder federal en coordinación con el estatal y los municipales para atacar causas de fondo.
Una de esas causas, acaso la más compleja, es el modelo mismo de un servicio concesionado donde el Estado es dueño de la placa e impide la competencia del libre mercado.
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A todo ello, en la actualidad se suma una variable más dañina, peligrosa y mortal: el crimen organizado.
Durante los últimos lustros, el gremio de taxis también ha sido contaminado por los cárteles.
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Hay taxistas legítimos, víctimas de asaltos, de asesinatos, de extorsión o cobro de piso como la maestra Irma Hernández Cruz (+) cuyo infarto fue consecuencia de la violencia aplicada contra su humanidad y no la causa de su muerte-...
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Pero también hay pseudo trabajadores del volante incrustados en la estructura operativa de la mafia.
Hay taxistas halcones, taxistas distribuidores de drogas, taxistas cómplices de hechos delictivos como secuestros, entre otros delitos.
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Es tan poderoso el sector transportista que este lunes los taxistas de la entidad ganaron el segundo round y la tarifa por su servicio se va a revisar, luego de que el gobierno de Rocío Nahle ya había dado a conocer una decisión al respecto.
Habrá un acuerdo al respecto, pero tal solución apenas representa un placebo en torno al cáncer del sector que moviliza a la mayor parte de ocho millones de veracruzanos.
