IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La decisión del gobierno federal y de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) de restringir el uso de celulares en primarias y
secundarias —y de dejar que cada plantel de media superior defina sus reglas—
busca reducir distracciones, ciberacoso y sobreexposición a pantallas, pero
también abre un debate legítimo sobre autonomía de familias, usos pedagógicos y
participación de la comunidad escolar en la definición de políticas educativas.
La entrada en vigor de esta medida, que es
catalogada como una restricción iniciará
el 3 de noviembre de 2026, tras publicarse en el Diario Oficial de la
Federación. En educación primaria y secundaria los estudiantes podrán llevar el
celular, pero deberá permanecer guardado en la mochila durante toda la jornada,
incluidas las clases y el recreo. Solo se permitirá sacar el dispositivo en dos excepciones
emergencias (riesgo para salud o seguridad) y situaciones particulares del
menor que requieran comunicación inmediata con la familia.
Por lo que toca a educación media superior
(preparatoria/bachillerato) no hay prohibición nacional; cada plantel deberá
establecer reglas con su comunidad educativa para un uso “responsable, seguro y
con fines pedagógicos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la
medida fue respaldada de manera unánime por las 32 entidades en el Consejo
Nacional de Autoridades Educativas; la SEP reportó que 81% de 565 mil docentes
consultados se pronunció a favor de lineamientos para un uso seguro.
La norma no prohíbe llevar el dispositivo, sino su
uso dentro del horario escolar y en espacios como el recreo. Desde la
perspectiva de derechos, esto limita la libertad de uso en un espacio regulado
(la escuela), pero no elimina la propiedad ni el acceso fuera del plantel. El
punto de tensión está en si esa limitación es proporcional y necesaria para
proteger otros derechos como la atención, convivencia, seguridad y si existen
mecanismos claros para las excepciones emergencias, necesidades particulares. Sin
protocolos escolares claros (quién autoriza, cómo se notifica, tiempos de
respuesta), el riesgo es que la restricción se perciba como rígida y genere
conflictos entre padres, alumnos y directivos.
Los argumentos a favor de la restricción, según
autoridades y parte del magisterio estima reducir distracciones, favoreciendo
la atención sostenida en clase. Disminuye oportunidades de ciberacoso,
grabaciones no consentidas y comparaciones sociales en tiempo real.
Se pretende ordenar el entorno escolar y evita que
el dispositivo se convierta en “tercer actor” en la dinámica del aula. Los riesgos
y críticas frecuentes son la pérdida de
oportunidades pedagógicas, búsqueda rápida de información, verificación de
fuentes, uso de apps educativas, accesibilidad (traductores, lectores de
pantalla, calculadoras, agendas). Esta medida significa también el desaprovechamiento
de experiencias donde docentes ya habían integrado el celular con reglas claras
para investigar, producir contenidos o trabajar en proyectos.
Lo que falta es la brecha de implementación y
esperar las reacciones de las comunidades escolares y si no hay alternativas, la prohibición puede
convertirse en una medida de “orden” sin mejorar la calidad del aprendizaje. En
suma, la evidencia internacional sugiere que el impacto depende del diseño, en
donde las prohibiciones totales pueden mejorar atención en contextos de alto
uso recreativo, pero también pueden frenar innovaciones didácticas si no se
acompañan de recursos y formación.
La medida se aprobó en el Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU) con respaldo unánime de las 32 entidades y se
apoya en una consulta docente con amplia participación (más de medio millón de
profesores). Sin embargo, “consulta docente” no es lo mismo que “participación
vinculante de la comunidad escolar”.
De hecho la propia regulación lo sugiere para media
superior, cada plantel definirá reglas con su comunidad educativa. Extender esa
lógica a primaria y secundaria al menos en aspectos operativos podría reducir
fricciones y mejorar el cumplimiento.
La adaptación regional en donde se considere contextos
urbanos, rurales, de seguridad o con alta movilidad estudiantil pueden requerir
matices (p. ej., puntos de contacto en la escuela, horarios de comunicación,
uso en trayectos).
Uno de los temas pendientes es la definición de protocolos
claros, definir quién, cuándo y cómo se autoriza el uso por emergencia o
situación particular; establecer un canal oficial escuela-familia para reducir
la dependencia del celular en el recreo.
Lo que en realidad faltaría es educación digital,
como integrar en el currículo el uso responsable, verificación de fuentes y
protección de datos, de modo que la restricción no se lea como “el celular es
malo”, sino como “hay tiempo y lugar”. Se debe también incluir la participación
local, usar los consejos técnicos y consejos de participación para ajustar
reglas operativas y resolver casos específicos sin burocratizar la excepción.
En conclusión, la restricción puede mejorar el
clima escolar y la atención si se implementa con protocolos claros y recursos
pedagógicos; pero, sin participación local y sin alternativas para el uso
educativo, corre el riesgo de percibirse como una limitación innecesaria que
ignora buenas prácticas docentes y las necesidades de comunicación de las
familias.
