IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Los programas sociales de la Cuarta Transformación
han logrado algo innegable, ampliar la red de protección y llegar hoy a 16.4
millones de hogares, con un gasto en protección social que creció 72% entre
2019 y 2026. Sin embargo, su efectividad en el combate estructural a la pobreza
es limitada, hay cobertura, sí, pero resultados mixtos cuando se mira más allá
del ingreso inmediato. A esto se suma un efecto político claro -los
beneficiarios tienden a aprobar más al presidente y a votar por el partido
oficial- y una presión fiscal que, en un contexto de déficit y deuda alta, no
puede ignorarse.
La 4T apostó por transferencias directas, pensiones
a adultos mayores, becas, apoyos a personas con discapacidad, precios de
garantía. Documentos oficiales y análisis recientes atribuyen a este modelo la
salida de alrededor de 11 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2025,
apoyados también por el aumento del salario mínimo (241%). La pobreza
patrimonial habría bajado de 48.8% (2018) a 43.5% (2022).
Pero las evaluaciones del Coneval y análisis
independientes señalan improvisación, precariedad en la operación y falta de
claridad sobre el problema que cada programa quiere atacar. Al ser
principalmente transferencias sin condicionantes ni acompañamiento de empleo y
servicios, el efecto es potente en consumo inmediato, pero débil en movilidad
social de largo plazo. En otras palabras, se reduce la pobreza de ingresos,
pero no necesariamente la vulnerabilidad ni la exclusión de oportunidades.
En el plano político, la expansión de estos
programas incide en la voluntad de voto. Estudios y encuestas muestran que los
beneficiarios tienen mayor aprobación presidencial y mayor intención de voto
por Morena; en algunos casos, la diferencia respecto a no beneficiarios alcanza
hasta 15 puntos.
La literatura sobre clientelismo en México
identifica prácticas que van desde la invitación a eventos y la entrega de
beneficios en asambleas, hasta amenazas de quitar el apoyo si no se vota por un
candidato. En contextos de pobreza y rezago, el intercambio de favores o
recursos por voto tiende a ser más frecuente. Denuncias recientes alertan que
operadores usan los programas para proselitismo, piden “la foto de la boleta”
como prueba y movilizan beneficiarios a eventos y casillas, lo que erosiona el
voto libre y secreto.
En términos fiscales, el crecimiento del gasto en
protección social forma parte del gasto corriente que se financia con ingresos
tributarios, petroleros y deuda. El gobierno ha propuesto destinar 25 de cada
100 pesos de gasto a este rubro para 2027, tras un incremento de 72% desde
2019. Al ser gasto corriente, si los ingresos no crecen al mismo ritmo, se
amplía el déficit primario.
Un déficit primario mayor obliga al Banco de México
a emitir más deuda (o usar saldos de caja), lo que incrementa el stock de deuda
pública. En un contexto de tasas altas o de mayor percepción de riesgo, el
costo financiero (intereses) sube y consume una porción mayor del presupuesto.
Analistas advierten que, en un escenario de economía estancada, déficit alto y
deuda duplicada, la prioridad política de asegurar permanencia en el poder
mediante transferencias puede postergar ajustes fiscales necesarios,
presionando aún más el costo financiero y la calificación crediticia.
Para que los programas sociales dejen de ser solo
un paliativo y se conviertan en palanca de movilidad social, se requieren
cuatro cambios de rumbo: Evaluación y enfoque en resultados. Definir metas
claras por programa (reducción de pobreza multidimensional, inserción laboral,
escolaridad, salud) y publicar resultados anuales, como ha recomendado el
Coneval; Articulación con empleo y servicios. Combinar transferencias con
políticas de formalización, capacitación, guarderías, transporte y servicios
locales para convertir el apoyo en movilidad social sostenida y por último Blindaje
electoral. Fortalecer reglas de operación, auditorías en tiempo real y
sanciones efectivas contra el condicionamiento del voto; garantizar que la
entrega de beneficios no se vincule con eventos proselitistas ni con operadores
políticos y por último reglas fiscales claras para establecer una trayectoria de gasto en
protección social compatible con la meta de déficit y deuda, para evitar que el
costo financiero desplace inversión pública productiva.
Los programas de la 4T han sido efectivos para
ampliar la red de protección y reducir la pobreza de ingresos en el corto
plazo, pero su impacto estructural es limitado si no se evalúan resultados y se
articulan con empleo y servicios. Al mismo tiempo, su expansión incide en la
voluntad de voto de los beneficiarios y, en contextos de opacidad, facilita
prácticas clientelares. Fiscalmente, el crecimiento del gasto en protección
social forma parte del gasto corriente que, si no se acompaña de mayores
ingresos o recortes en otros rubros, eleva el déficit, la necesidad de
financiamiento y, en última instancia, el stock de deuda y su costo financiero.
La pregunta es si el gobierno estará dispuesto a
pasar de la cobertura al impacto, del alivio inmediato a la movilidad social
sostenida, y del uso político de los programas a un blindaje real del voto. De
lo contrario, lo que hoy es red de protección puede convertirse mañana en una
carga fiscal que limite las opciones de desarrollo del país.
