La Columna
Por Fanny Yépez
Se debe aplicar un filtro sobre los perfiles de los burócratas
Veracruz en el 4 lugar en delitos cometidos por servidores públicos
El problema de la corrupción y los nexos entre funcionarios de gobierno y el narcotráfico en México, se mantiene como uno de los desafíos más graves y críticos para la seguridad y la estabilidad institucional del país en 2026. Las investigaciones actuales, los reportes internacionales y las detenciones recientes, muestran que la infiltración del crimen organizado y la descomposición abarca múltiples niveles de la administración pública en todo el país.
Solamente al 8 de septiembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que suman 111 funcionarios públicos detenidos por vínculos con el crimen organizado durante el actual gobierno federal (del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026), esto es a nivel nacional.
En tanto, 53 servidores públicos vinculados a proceso por corrupción, de un total de 1,052 funcionarios, involucrados en 517 denuncias presentadas ante la FGR, además de 4,193 sanciones administrativas. En el ámbito de seguridad, las fuerzas federales han detenido a más de 111 funcionarios estatales y municipales por nexos ilícitos y delincuencia organizada, incluyendo al menos 7 alcaldes en funciones.
Si bien es cierto que, en base a los operativos de seguridad federal (como la Operación Enjambre), se van a procesar a más de una decena de alcaldes a nivel nacional en estados vecinos como Puebla, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Veracruz, el enfoque principal ha recaído en directores de seguridad pública municipal, mandos operativos y policías locales investigados por colusión criminal
Son un total de 706 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre enero y julio de 2026, ubicando a Veracruz como la cuarta entidad con más registros de este tipo a nivel nacional, aunque estas cifras abarcan todo tipo de delitos en el servicio público y no especifican vínculos con la delincuencia organizada. Por otro lado, en cuanto a incidencia general de narcomenudeo, la entidad registró 4 mil 210 carpetas de investigación entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con datos de la fiscalía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que se detallen detenciones de funcionarios específicos de alto rango ligados a estas redes en el estado, durante el presente año.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026, Veracruz acumuló 706 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, ubicándose la entidad veracruzana en el cuarto lugar a nivel nacional en números absolutos.
Investigaciones a alcaldes, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó la existencia de múltiples carpetas de investigación vigentes en contra de presidentes municipales de la entidad por presuntos actos ilegales, aunque evitó revelar nombres específicos o cifras exactas para no vulnerar el debido proceso.
Casos de desafuero. - el Congreso del Estado ha procesado solicitudes de desafuero contra ediles como Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván) y Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste), señalados por delitos de alto impacto como desaparición y homicidio, en procesos que involucran a mandos locales con redes delictivas
Se han registrado detenciones puntuales de exfuncionarios estatales y de organismos públicos, como el caso de exintegrantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) o exfuncionarios federales, vinculados en la región (como detenciones de elementos del SAT por enriquecimiento ilícito), pero las autoridades estatales y federales no ofrecen un acumulado numérico total de capturas específicas por corrupción en el estado.
Evaluación para un cargo público
Ante esta situación se hace necesario que las autoridades en sus distintos niveles (municipal, estatal y federal) realicen periódicamente una revisión sobre la probidad, honestidad, honradez e integridad de sus funcionarios y tomar como antecedentes estos resultados, para otorgarles una especie de vigencia de derechos para que tengan acceso a un cargo público.
Así como los hará el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que instaló de forma permanente la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; así lo debieran hacer las diversas instituciones de gobierno a fin de evitar la intromisión del narcotráfico a estas dependencias.
Esta comisión centralizara la investigación real de antecedentes y la detección de posibles vínculos con el crimen organizado o lavado de dinero, que recae en instituciones del Gabinete de Seguridad, de inteligencia financiera y de procuración de justicia.
Las dependencias clave encargadas de analizar los perfiles y cruzar información son; la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalías Estatales, todas estas instituciones revisaran los antecedentes penales, carpetas de investigación vigentes o mandamientos judiciales pendientes, de las y los aspirantes a candidatos.
En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), analizara transferencias bancarias, riquezas injustificadas y operaciones sospechosas de lavado de dinero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) evaluara los perfiles de riesgo en materia de seguridad nacional y delincuencia organizada.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Servicio de Administración Tributaria (SAT): Coadyuvan en la verificación de la situación fiscal, patrimonial y mercantil de los aspirantes.
En la reciente entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025 (presentada el 22 de septiembre de 2026), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), determinó que 181 alcaldes y exalcaldes (de los 211 ayuntamientos auditados) resultaron con anomalías, que hacen presumir un daño patrimonial superior a los 2 mil 700 millones de pesos, la gran mayoría de los munícipes resultaron con problema de corrupción.
Esta irregularidad involucra a todos los partidos políticos, de acuerdo con las declaraciones de la auditora general, Delia González Cobos, reportadas en El Universal. Las irregularidades abarcan a demarcaciones gobernadas por fuerzas políticas de todo el espectro (tanto del bloque oficialista como de oposición), dado que casi el 85% de los municipios del estado presentaron observaciones.
