El grupo legislativo cuestiona rezago educativo, obra carretera deficiente y la falta de transparencia en programas sociales, pese a finanzas “sanas” y subejercicios en áreas estratégicas.
Xalapa, Ver. - El grupo legislativo cuestiona carencias en servicios médicos, rezago educativo, obra carretera deficiente y la falta de transparencia en programas sociales, pese a finanzas “sanas” y subejercicios en áreas estratégicas. /
Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 03 Dic 2025
La LXVII Legislatura de Veracruz recibió la comparecencia de la gobernadora Rocío Nahle García, quien presentó su primer informe de labores y respondió a cuestionamientos de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso local. En ese marco, el grupo legislativo mixto Veracruz nos Une, a través de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, centró su intervención en una demanda principal: que el actual gobierno procese y sancione a los responsables del desfalco financiero en el sector salud atribuido a la administración de Cuitláhuac García, así como en la exigencia de metas claras para reducir la pobreza y el rezago estructural del estado.
Desde la tribuna del Palacio Legislativo, Ortega subrayó que la glosa del informe “no es un acto ceremonial”, sino un mandato constitucional para evaluar el cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo. Con base en diagnósticos oficiales, sostuvo que casi uno de cada dos veracruzanos carece de acceso efectivo a servicios básicos de salud, que la infraestructura médica es obsoleta y que el abasto de medicamentos reportado por el Ejecutivo “no coincide” con la experiencia cotidiana de miles de familias. En ese contexto, preguntó directamente a la gobernadora qué acciones ha emprendido su administración para que los responsables de las irregularidades en salud, observadas por la Auditoría Superior de la Federación en más de mil millones de pesos, “paguen por sus acciones”.
La diputada expuso que, de acuerdo con el propio diagnóstico estatal, la carencia por acceso a servicios de salud habría pasado de 16.7% a 49.2%, lo que implica que casi la mitad de la población no tiene garantizada atención básica. Señaló además que muchas unidades médicas del estado tienen entre 27 y 41 años de antigüedad, con equipo e instalaciones rebasados por la demanda y déficit de personal, particularmente en zonas rurales donde —dijo— hay “un médico por cada 3 mil 345 habitantes”.
Ortega reconoció que un solo año de gobierno no es suficiente para revertir el abandono acumulado, pero recordó que la Auditoría Superior de la Federación observó más de mil millones de pesos en el sector bajo la pasada administración, lo que, a su juicio, se tradujo en falta de medicamentos, diagnósticos tardíos de cáncer y cirugías diferidas. La sociedad veracruzana, planteó, “exige hoy que los responsables no queden impunes” y pidió a Nahle precisar qué procedimientos administrativos o penales se han iniciado en coordinación con los órganos de control y fiscalización.
En materia educativa, Veracruz nos Une advirtió que el estado enfrenta un rezago educativo de 37.4%, uno de los más altos del país, y un analfabetismo de 7.6%, casi el doble del promedio nacional. Con base en cifras del Plan Veracruzano de Desarrollo, Ortega enumeró que 6 mil 470 escuelas no cuentan con internet, 2 mil 905 planteles carecen de agua potable, 182 no tienen electricidad y más de 7 mil no disponen de infraestructura para personas con discapacidad.
La legisladora consideró insuficiente que el programa de alfabetización haya alcanzado a 5 mil 507 personas, lo que equivaldría a alrededor del 1% de la población que requiere este servicio. Criticó además que la Secretaría de Educación reduzca su responsabilidad a la administración de nómina, cuando —dijo— está obligada a revisar planes y programas, mejorar infraestructura, abatir el analfabetismo, ampliar cobertura y garantizar conectividad. “Reducir el trabajo educativo a la entrega de becas, por valiosas que sean, no suple la obligación de transformar el sistema educativo”, sostuvo.
En el rubro de seguridad pública, Ortega Ruiz señaló que Veracruz registró 63 mil 681 delitos en los primeros diez meses del año, lo que mantiene a la entidad entre las diez con mayor incidencia delictiva del país. Precisó que 11 municipios concentran más de la mitad de los delitos y que la violencia familiar, los robos y las extorsiones continúan como problemas centrales para las familias.
Recordó que el estado sigue ubicándose entre los primeros lugares nacionales en desapariciones y feminicidios. “En seguridad no basta con reportar cifras a la baja si la gente sigue viviendo con miedo”, dijo, y afirmó que la Secretaría del ramo no puede “escudarse en estadísticas” cuando la ciudadanía no percibe una mejora sustantiva en su entorno.
El grupo Veracruz nos Une reconoció que el gobierno estatal ha logrado mantener finanzas públicas sanas y atender obligaciones con instituciones federales, pero cuestionó que esta estabilidad no se traduzca en crecimiento económico ni en bienestar generalizado. Ortega citó datos que apuntan a una contracción económica de 0.7% en el primer trimestre y de 2.4% en el segundo de 2025, así como un aumento de la pobreza laboral del 45% al 50%.
Con 4 millones 168 mil personas en situación de pobreza y un rezago habitacional de 47.5%, la diputada consideró insuficiente la forma en que se diseñan y operan los programas sociales. Puso como ejemplo un apoyo a personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad: la Secretaría de Desarrollo Social reportó 2 mil 200 beneficiarios que habrían recibido 13 mil pesos cada uno, con un presupuesto total de 5 millones de pesos. Según el cálculo presentado en tribuna, de haberse entregado ese monto a todas las personas registradas, la inversión debió ascender a alrededor de 28 millones de pesos, no cinco, lo que revelaría inconsistencias en los padrones y en la información pública.
Frente a este panorama, Ortega preguntó a la gobernadora cuál es la meta concreta de reducción de la pobreza que su administración se plantea al cierre del sexenio, y qué mecanismos de transparencia y evaluación se aplicarán para verificar que los programas sociales efectivamente modifican las condiciones de vida y no solo se reportan como cifras en el informe.
En materia de protección civil, la diputada reconoció la magnitud de la tragedia reciente en el norte del estado —con lluvias intensas, desbordamientos, personas fallecidas y miles de damnificados—, pero afirmó que la naturaleza “no fue la única responsable”. Cuestionó la actuación de la Secretaría del ramo, al señalar falta de coordinación y monitoreo oportuno de presas, desatención a advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y ausencia de atlas de riesgo actualizados, lo que habría debilitado la capacidad de prevención y respuesta.
Respecto a infraestructura, Veracruz nos Une subrayó la necesidad de más escuelas, universidades y caminos en un contexto donde cerca del 40% de egresados de bachillerato no acceden a la educación superior. Ortega resaltó que la SIOP solo ejecutó 33 obras de infraestructura educativa, equivalentes a 2.98% del presupuesto del ramo, y que el avance real de obra reportado rondaría el 2%, muy por debajo de las necesidades.
La diputada indicó que, aunque el Ejecutivo informó que 45% del gasto en infraestructura se destinó a carreteras, buena parte de las vías estatales permanece en malas condiciones. “Si la inversión no se refleja en mejores caminos, entonces algo no está funcionando en la forma en que se planean, supervisan o ejecutan las obras”, afirmó, y planteó una pregunta directa: “¿Por qué, pese al gasto, las carreteras no mejoran?”
En su intervención, Ortega Ruiz sostuvo que es obligación del Congreso reconocer esfuerzos, pero también señalar datos preocupantes y resultados insuficientes para corregir el rumbo de las políticas públicas. Subrayó que los rezagos estructurales del estado “no se resolverán con campañas, discursos o programas aislados”, sino con planeación de largo plazo, metas medibles y responsabilidad en el uso del presupuesto.
“Veracruz tiene avances, sí, pero también grandes pendientes”, concluyó la diputada, al reiterar la disposición del grupo legislativo Veracruz nos Une a dialogar, fiscalizar y proponer, con el objetivo —dijo— de que las finanzas sanas, los proyectos de infraestructura y los programas sociales se traduzcan realmente en mejor calidad de vida para la población veracruzana.
La gobernadora Rocío Nahle respondió posteriormente a estas y otras intervenciones defendiendo las acciones de su administración y detallando algunas de las estrategias para atender los temas señalados, entre ellas la priorización de la obra carretera, el fortalecimiento de programas sociales y la coordinación con la Federación en materia de salud y finanzas públicas.
