IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La
nueva Ley General de Aguas, aprobada en lo general y particular por la Cámara
de Diputados el 3-4 de diciembre de 2025 con 324-328 votos de Morena y aliados,
crea un marco para regular el agua como derecho humano, elimina transmisiones
de concesiones entre particulares (sustituidas por "reasignaciones"
controladas por CONAGUA), prohíbe herencias automáticas de títulos (requiriendo
acreditación sucesoria para nuevo título con mismo volumen, uso y plazo),
caduca concesiones no usadas y obliga a devolverlas a CONAGUA para
redistribución, además de regular volúmenes, crear un Registro Nacional del
Agua y priorizar usos humanos y productivos.
Para
este tema vale la pena asomarse al periodista Sergio Sarmiento, quien con base en información de la Semarnat
(Reforma 4-12-2025) apunta que el consumo humano a expensas del uso industrial.
El propio gobierno ha difundido la mentira de que las refresqueras utilizan
gran parte del agua del país, pero en realidad solo consumen 0.06 por ciento.
Un 76.3% se utiliza en la agricultura; el abastecimiento público representan el
14.4% y la industria autoabastecida solo un 4.3 %. A esto hay que añadir un
4.2% para la generación.
Con
base en estos datos es que la ley genera incertidumbre al centralizar el
control de concesiones en CONAGUA, afectando a agricultores y productores de
granos (maíz, trigo) en regiones como Sinaloa y Guanajuato, donde módulos de
riego podrían desaparecer sin derechos transferibles, reduciendo superficies
sembradas y productividad. Ejidatarios y más de 30 mil productores con pozos
enfrentan riesgos de amparos masivos por violaciones constitucionales,
limitando inversión en riego y modernización.
Podría
disminuir cosechas al restringir acceso a agua heredada o transferida, forzando
ventas de tierra sin garantía de reasignación rápida y exponiendo a pequeños
productores a caducidad por no uso estricto, lo que amenaza la seguridad
alimentaria nacional en granos básicos. Aunque promete regularizaciones sin
retroactividad, la oposición y CNA advierten menor producción de alimentos y
mayor vulnerabilidad para familias campesinas dependientes de pozos familiares.
La
nueva Ley de Aguas, aprobada en diciembre de 2025, afectaría negativamente la
disponibilidad de agua para la siembra de maíz y trigo en el ciclo agrícola
2025-2026 (otoño-invierno, iniciando noviembre-diciembre) al centralizar
concesiones en CONAGUA, prohibir transferencias/herencias automáticas y caducar
títulos no usados, generando incertidumbre jurídica en regiones clave como
Sinaloa, Sonora y Guanajuato.
Sinaloa,
principal productor de maíz (1.8 millones de toneladas proyectadas para 2025),
enfrentaría restricciones en pozos de libre alumbramiento (unos 7 mil) y
módulos de riego, reduciendo hectáreas sembradas hasta en 30 mil en Sonora y
limitando riego por reasignaciones lentas, lo que podría bajar producción
10-20% por falta de agua garantizada.
El
trigo sufriría más drásticamente: Sonora y Baja California suspenderían 200 mil
hectáreas en Sonora y 40 mil en BC, con Valles del Yaqui-Mayo declarando
"imposible" sembrar para 2025-2026 por primera vez en un siglo,
debido a demanda alta de agua y transición forzada a cultivos alternos bajo
control estatal.
La
sequía preexistente agravaría caídas (trigo -41% nacional en 2025), elevando
importaciones de grano estadounidense que están desmotivando la producción
nacional (maíz a 25 millones de toneladas, trigo a 6.7 millones) y amenazando la
seguridad alimentaria, con pequeños productores vulnerables a burocracia y
delitos hídricos nuevos que parecen querer a la cárcel a campesinos mexicanos,
esperemos que al llegar a la Cámara de Senadores se escuché a productores
agrícolas y logren encontrarse los puntos de equilibrio que permitan la
producción, brinden certeza y certidumbre a productores agrícolas.
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a:
*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
