CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
Los organismos autónomos constitucionales y su estructura profesional y burocrática no se deben medir por los cambios del orden político que rigen a los gobiernos, sin que esto signifique dejar de revisar y reacomodarlos en términos de actualizarlos, en busca de una coordinación —no sumisión— con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Y es que, en especial en los tiempos actuales, en materia de procuración de justicia aún está cercana la frontera de la transición de las antiguas Procuradurías Generales de la República (PGR) y de Justicia de los estados (PGJE) a fiscalías autónomas constitucionales, situación que fue producto del empujamiento social y legal, en busca de garantizar libertades y una mayor independencia y eficiencia en la investigación y persecución de delitos, incluso llegando al robustecimiento en lo financiero.
Esas características llevan a la existencia de un nuevo modelo de procuración de justicia desde las fiscalías generales, en lo federal y en lo estatal, donde Veracruz no escapa.
La autonomía constitucional, a través de la reforma correspondiente de 2014, estableció la creación de organismos constitucionales autónomos (OCA) para la procuración de justicia. Dicho de otra forma, las fiscalías dejaron de depender del Poder Ejecutivo (presidente o gobernadores), lo que busca evitar la injerencia desde el orden político en las investigaciones penales, y no debe ser visto sólo desde la teoría, aunque la coordinación estrecha es insalvable para bien de la justicia y la paz, la concordia social y la gobernabilidad.
Así pues, hoy en día, en el caso de Veracruz, la FGE tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; cuenta con la capacidad de gestionar sus propios recursos humanos, materiales y financieros, y eso le otorga una independencia operativa, no sólo en la teoría sino en la práctica, aunque dependiendo de la solidez de los equipos y de los puestos que deben velar por la responsabilidad básica de toda buena administración pública: recursos humanos, materiales y financieros.
La Ley Orgánica de la FGE establece que el fin es la investigación y esclarecimiento de los hechos, a través de una procuración de justicia eficaz y apegada a derecho, y garantizar los derechos de las víctimas. La actuación se rige por principios como legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que se atienden por toda una estructura especializada. De ahí que cuente con fiscalías para la atención específica, como la de Combate a la Corrupción; Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas; Asuntos Indígenas y Derechos Humanos; Combate al Secuestro y la Extorsión; y Personas Desaparecidas, todas coordinadas y apoyadas por fiscalías regionales y unidades para una investigación más eficiente y especializada en todo el estado.
De hecho, el Congreso de Veracruz en días pasados modificó los mecanismos de tiempo para la designación y remoción del titular de la FGE y, con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el pleno Legislativo aprobó el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y tomó protesta como nueva fiscala general por un periodo inicial de un año. En recientes horas se han venido designando servidores públicos al interior del organismo autónomo.
Cabe decir que la designación y remoción de quienes integran la estructura interna de la FGE reviste un gran interés para la población en su conjunto, pues de los organismos autónomos es quizá el que mayores desafíos enfrenta frente a la sociedad, dado que sus retos y logros están permanentemente en el ojo de todos.
Y es que, desde mi enfoque y experiencia en el quehacer público, político y legislativo, la FGE reúne una autonomía real y formal, aun cuando en la medición social las críticas —y hasta señalamientos— no le faltan. Pero también es una realidad que la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración de justicia, en los recientes años, no han venido pasando por sus mejores momentos; es decir, los vaivenes y las complejidades de la FGE no sólo pasan por su resorte individual.
Ahora bien, las organizaciones de la sociedad civil y analistas han señalado que, en los tiempos recientes, la FGE ha tenido una línea de enfrentamiento y divorcio con otro de los organismos autónomos, como es la CEDH —ente público, por cierto, bastante cuestionado por no estar a la altura de las circunstancias en los recientes años—. Y es que las diferencias de visión y misión institucional de ambos órdenes deberían coordinarse con mayor eficiencia y transparencia, como lo han dicho y propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Rocío Nahle, a efecto de coordinar y armonizar esfuerzos, en busca de evitar la impunidad y alcanzar mejores resultados en el combate a la delincuencia.
La transición del sistema judicial penal exige una transparencia sólida en la procuración de justicia, a partir de periodos cortos y efectivos en la capacitación constante del personal, en todos sus niveles, incluyendo a policías y a sus estructuras regionales en Veracruz. De ser así, los resultados y la efectividad en la práctica se alejaría de ser objeto de debate y críticas, y pasar a ser una base más robusta desde su universo.
DE SOBREMESA
Entre líneas que se han venido diciendo —sin comunicado oficial de por medio desde la FGE—, y se comenta que Guillebaldo Maciel Mercado es fiscal de Investigaciones, en relevo de Marcela Aguilera Landeta; que Ezequiel Castañeda Nevárez asumió la Visitaduría General en sustitución de Alfredo de la Rosa Escalante; y también se sabe que relevaron a Jorge Romero de la Maza en la Oficialía Mayor, asumiendo ahora esa responsabilidad Sthy Beenns Baizabal López.
La llegada de personajes que conocen de la administración pública en su conjunto hace abrazar la esperanza de que la nueva titular de la FGE estaría armando un equipo competente en capacidades y talentos a favor de la población, desde el organismo autónomo responsable de la procuración de justicia, y donde no se descarta también la ratificación de algunos de los que ya están dentro del organismo, e incluso que hasta se presenten algunos enroques que permitan amalgamar esfuerzos con profesionales en la materia.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
Desde el tiempo de la transición del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora Rocío Nahle se habló de que trabajarían de la mano con sus equipos para atender una “reforma administrativa” en términos de los organismos autónomos.
Sin una visión debilitadora y sí fortalecedora de los entes autónomos constitucionales —es el caso de la FGR y la FGE—, quienes ahora como servidores públicos están llegando a la recta final del año, y previo al próximo Presupuesto de Egresos para 2026, habrán de cuidar que sus recursos sean en una mejor proporción e interconectarlos entre lo federal y estatal en algunas acciones de coordinación, para que, en el corto plazo, ante la población justifiquen que los cambios son para mejorar.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Y por cierto, ojalá que los próximos alcaldes y alcaldesas revisen bien antes de decidir a quienes asignarían las áreas de la policía municipal en sus territorios, pues son el primer piso de seguridad ciudadana y la activación de los otros pisos para la justicia.
¡ES CUANTO!
enriquezambell@gmail.com;
enamjl62@gmail.com
