Por Miguel Angel Cristiani G.
En Veracruz —y en buena parte del país— hay instituciones
que deberían ser ejemplo de legalidad y acaban convertidas en un recordatorio
incómodo de cuánto nos falta para consolidar un verdadero Estado de derecho.
Una de ellas es la figura del notario público: depositario de fe pública,
garante de certeza jurídica, puente entre la ciudadanía y la formalidad legal.
Pero cuando esa fe se pervierte, el daño no es solo administrativo; es
estructural, profundo y corrosivo.
El caso que hoy ocupa la atención pública en torno a la
Notaría Pública Número 9 de Teocelo, Veracruz, merece revisarse con lupa. No
porque el columnista deba dictar culpabilidades —esa es tarea de los
tribunales— sino porque lo que ahí se denuncia tiene implicaciones que rebasan
a las personas involucradas y golpean el corazón mismo de la legalidad
institucional.
Según señalamientos presentados públicamente, se acusa al
notario Francisco Xavier Saucedo Rivadeneyra de haber emitido una escritura
contraria a una resolución judicial dictada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia de Xalapa. Se afirma que dicho juzgado había ordenado la cancelación
de una escritura previa relacionada con la señora Rosa María Martínez López, y
que, pese a ello, se generó un nuevo instrumento notarial bajo circunstancias
que merecen ser investigadas con rigor.
Si estos hechos fueran confirmados por la autoridad
competente, no estaríamos ante un simple trámite irregular: estaríamos frente a
un presunto desacato a un mandato judicial, lo cual coloca a cualquier fedatario
en una posición inadmisible y vulnera directamente el orden jurídico que deben
proteger.
Aquí conviene detenerse.
La fe pública no es un privilegio: es una responsabilidad
constitucional
Los notarios en México no son simples gestores; son auxiliares
de la administración pública, figuras de alta confianza y operadores de
certidumbre jurídica. La Ley del Notariado del Estado de Veracruz es clara:
un notario está obligado a verificar la legalidad de los
actos que formaliza y a respetar irrestrictamente las resoluciones judiciales
vigentes.
Cuando un fedatario otorga escrituras que pudieran
contravenir una resolución del Poder Judicial, no solo compromete su patente:
compromete la confianza ciudadana, la estabilidad jurídica y el propio sistema
de control del Estado.
Y eso, gobierne quien gobierne, es inaceptable.
La simulación de actos jurídicos: una vieja enfermedad con
nuevas mutaciones
La denuncia pública señala que, tras perder un juicio por
nulidad de escritura, se habría simulado un contrato entre particulares para
crear la apariencia de un derecho inexistente. Si esto fuera acreditado,
estaríamos ante una práctica tan vieja como el derecho mismo: la simulación de
actos jurídicos para burlar decisiones judiciales o desplazar legítimos derechos
de propiedad.
México lleva décadas cargando con este problema:
notarías capturadas por intereses políticos y privados,
tráfico de influencias, escrituras “a modo”, operaciones opacas y un sistema de
supervisión claramente insuficiente.
No es un asunto menor ni anecdótico: cada escritura
irregular es una bomba de tiempo que explota en forma de litigios
interminables, despojos disfrazados, pérdidas patrimoniales y conflictos que
desangran emocional y económicamente a las familias.
Señora gobernadora: la fe pública también es seguridad
jurídica
El caso ha sido ya mencionado en espacios ciudadanos y en
círculos locales con una exigencia clara: que la gobernadora Rocío Nahle y la
Dirección General del Registro Público y Notarías tomen cartas en el asunto.
