IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
Se ha
preguntado usted porqué aunque la deuda de México como país ha crecido de
manera importante, nuestro peso ha resistido y no se ha devaluado? La respuesta
esta en que el crecimiento de la deuda
en México hasta casi el doble desde 2018, en un 84% proviene de deuda interna,
significa que el país depende cada vez más de financiamiento interno para
cubrir déficits crecientes. Esto genera una mayor presión sobre la economía
interna y limita el margen fiscal, ya que al aumentar el gasto en el servicio
de deuda se reducen recursos para inversión pública esencial en salud,
educación e infraestructura.
El predominio
de deuda interna puede limitar el riesgo de fuga de capitales, pero también
implica que el gobierno debe manejar cuidadosamente la carga financiera para no
afectar la estabilidad económica ni elevar excesivamente las tasas de interés
internas, afectando a todos los sectores productivos.
En cuanto a
la deuda creciente de PEMEX y CFE, su posible absorción por el Gobierno Federal
representa una amenaza seria para las finanzas públicas. Al incorporar estas
deudas, el costo financiero del Estado aumentaría considerablemente, elevando
el riesgo país y presionando la calificación crediticia soberana, lo que
encarecería la contratación de nueva deuda y pondría en riesgo el espacio
fiscal para cumplir otras promesas gubernamentales.
Además, la
consolidación de las deudas de estas empresas públicas podría generar un
círculo vicioso de mayores costos financieros y mayores necesidades de
financiamiento estatal, afectando la estabilidad macroeconómica y la confianza
de inversionistas en México.
Por otro
lado, si el Gobierno Federal absorbe la deuda de PEMEX y CFE, las consecuencias
para la inversión pública y los servicios sociales serían negativas en varios
sentidos. Primero, el aumento en la deuda consolidada elevaría el pago de
intereses del gobierno, consumiendo una parte mayor del presupuesto disponible
y reduciendo los recursos para inversión en sectores clave como
infraestructura, salud, educación y programas sociales.
Esto implica
un menor margen fiscal para financiar proyectos de desarrollo y mejora en
servicios públicos, lo que puede traducirse en recortes o postergaciones de
obras y programas gubernamentales necesarios para el crecimiento económico y
bienestar social.
Además, la
absorción aumentaría la percepción de riesgo fiscal entre inversionistas y
calificadoras, lo que podría incrementar las tasas de interés a las que México
puede acceder a financiamiento externo, encareciendo la deuda futura y
limitando aún más la capacidad de gasto público.
En conjunto,
esta situación puede afectar la calidad, cobertura y eficiencia de los
servicios públicos, deteriorar la infraestructura y limitar programas sociales,
impactando negativamente el desarrollo socioeconómico del país.
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a:
*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
