Miguel Ángel Cristiani G.
Dice la sabiduría popular que el que nada debe,
nada teme. Aunque en la política veracruzana parece haber quienes prefieren
aplicar otra máxima: mientras unos revisan las cuentas, otros hacen las
maletas.
Tal es el caso de Néstor Sosa Peña, exalcalde de
Chontla, quien llegó al poder bajo las siglas del PRI y posteriormente encontró
acomodo en Morena, como si cambiar de camiseta partidista fuera suficiente para
dejar atrás las responsabilidades de su administración municipal.
Y mientras en Chontla se revisan las cuentas
públicas, el exalcalde parece disfrutar de una agenda turística bastante más
atractiva que la de los auditores. En sus redes sociales ha compartido
fotografías de sus recorridos por Jerusalén, Tierra Santa y París, ciudades que
seguramente ofrecen paisajes muy distintos a los expedientes de fiscalización
que dejó pendientes en Veracruz.
El detalle es que, mientras posa frente a
monumentos europeos, en su municipio siguen apareciendo observaciones por el
manejo de recursos públicos.
De acuerdo con los informes de fiscalización
correspondientes a la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la
Federación señaló un monto de 83 millones 314 mil 950.78 pesos, debido a que no
se presentó documentación contable, presupuestal ni comprobatoria suficiente
para acreditar el destino de recursos federales.
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS) determinó un presunto daño patrimonial de 5 millones 813 mil
463.78 pesos.
Entre las observaciones figuran obras inconclusas,
trabajos pagados que no fueron ejecutados, deficiencias constructivas y
servicios de supervisión cuyo cumplimiento no pudo acreditarse.
La suma de ambos señalamientos supera los 89
millones de pesos.
Naturalmente, las observaciones de auditoría no
equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria. Corresponde a las
autoridades competentes investigar, determinar responsabilidades y, en su caso,
exigir la recuperación de los recursos públicos.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que
las cuentas se aclaren y que nadie pretenda convertir la afiliación política en
una especie de salvoconducto.
La gobernadora Rocío Nahle García lo expresó este
lunes con motivo de la detención de una regidora de Tierra Blanca, también
militante de Morena.
Su mensaje fue contundente: la justicia debe aplicarse sin distingo de partidos o siglas; en
Veracruz, nadie está por encima de la ley.
Una declaración que debería ser escuchada con
atención por quienes creen que las credenciales partidistas sirven para
protegerse de las responsabilidades públicas.
Incluso Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal
de Morena, parece haber querido transmitir esa misma idea, aunque
recientemente, durante un discurso en el Museo de Antropología, las palabras no
terminaran de acomodarse en el orden esperado.
Lo cierto es que Néstor Sosa Peña, quien gobernó
Chontla durante el periodo 2022-2025, tendrá que responder por las
observaciones que correspondan a su administración, independientemente de dónde
milite actualmente o de las fotografías que publique desde París.
Porque los recursos públicos no son propiedad de
los alcaldes, ni de sus partidos, ni de sus grupos políticos.
Son dinero de los ciudadanos.
Y mientras algunos recorren Europa, en Veracruz hay
millones de pesos que todavía necesitan una explicación.
Como diría Pancho López,
el filósofo xalapeño ateniense: cambiar de partido puede cambiar el color de la
camiseta, pero no borra las cuentas pendientes.
