BITÁCORA POLÍTICA
Por Miguel Ángel Cristiani G.
En
Xalapa, las motocicletas se multiplican como si fueran una plaga sobre ruedas.
Ya circulan alrededor de 40 mil unidades en la capital veracruzana y su zona de
influencia, mientras los accidentes se cuentan por decenas cada semana. De
acuerdo con especialistas, pueden registrarse hasta 15 percances diarios en
Xalapa y municipios vecinos.
La
pregunta es inevitable: ¿estamos ante una modernización del transporte o frente
a un problema de seguridad vial que las autoridades todavía no consiguen
controlar?
En
cinco años se duplicó el número de motocicletas. Se utilizan para trasladarse
al trabajo, repartir mercancías y sortear el congestionamiento de una ciudad
donde el tránsito parece obedecer, cada vez más, a la ley del más aventado y no
a la del reglamento.
El
problema no es que los ciudadanos utilicen una motocicleta. Para miles de
familias representa una herramienta de trabajo y una alternativa económica de
transporte. El verdadero problema aparece cuando la necesidad de llegar más
rápido se convierte en una carrera contra la vida.
Zigzaguear
entre automóviles, rebasar por donde no se debe, ignorar los límites de
velocidad y circular sin casco son conductas que convierten las calles en una
ruleta rusa. Y cuando ocurre el accidente, el cuerpo del motociclista es el que
suele llevarse la peor parte.
Las
cifras son para preocuparse. El Inegi registró 13 mil 54 accidentes de
motocicleta en Veracruz entre 2020 y 2025. Además, entre septiembre y octubre
se reportaron cinco accidentes mortales en Xalapa que involucraron a
motociclistas.
No
son simples estadísticas. Son vidas truncadas, familias destrozadas y gastos
médicos que muchas veces terminan golpeando los bolsillos de quienes menos
tienen.
Las autoridades municipales anunciaron operativos
de revisión y prevención, con un esquema semejante al de los alcoholímetros. La
intención es correcta, pero habrá que ver si las acciones se sostienen en el tiempo
o terminan convertidas en esos despliegues espectaculares que aparecen unos
días y después desaparecen, mientras el problema continúa circulando a toda
velocidad.
Porque detener motociclistas para revisar
documentos no basta. Hace falta vigilar los puntos de mayor riesgo, exigir el
uso del casco certificado, verificar licencias y placas, sancionar las
maniobras peligrosas y garantizar que los operativos se apliquen sin
distinciones ni mordidas.
También debe quedar claro que la responsabilidad no
recae exclusivamente en el gobierno. Ninguna autoridad puede colocarle el casco
a quien se niega a usarlo ni evitar todos los accidentes si los propios
conductores desprecian las reglas más elementales.
El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
advierte que un casco certificado y correctamente abrochado puede reducir hasta
en 72 por ciento el riesgo de traumatismos craneales graves y alrededor de 40
por ciento la mortalidad en caso de accidente. Es decir, una medida tan
sencilla puede marcar la diferencia entre regresar a casa o no volver jamás.
La Ley de Tránsito establece obligaciones,
documentación y sanciones. Lo que falta demostrar es que la norma se cumple y
que las autoridades tienen la capacidad de hacerla respetar.
Con 40 mil motocicletas en circulación, Xalapa
necesita una política integral de movilidad, educación vial y vigilancia
permanente. No se trata de perseguir motociclistas, sino de impedir que las
calles sigan cobrando vidas.
Porque una ciudad no progresa simplemente porque
tenga más vehículos. Progresa cuando sus habitantes pueden llegar a su destino
sin jugarse la vida en cada esquina.
Y mientras unos aceleran sin medir las
consecuencias y otros administran el problema con operativos ocasionales, la
pregunta de Pancho López sigue en el aire: ¿cuántas tragedias más se necesitan
para entender que la seguridad vial no admite frenos burocráticos?
