Especialistas en derecho advierten que una decisión fuera del marco legal podría generar responsabilidades para Maryjose Gamboa y los integrantes del Cabildo.
La intención de la alcaldesa Maryjose Gamboa de retirar anticipadamente el comodato de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez podría abrir un nuevo frente legal. El contrato, aprobado por el propio Cabildo y firmado el 16 de enero de 2026, tiene vigencia hasta diciembre de 2029 y establece causas específicas para su rescisión.
Especialistas en derecho consultados por este medio señalaron que la terminación anticipada no puede obedecer únicamente a una decisión política y debe sujetarse a las disposiciones contractuales y legales. Además, existen procedimientos jurisdiccionales relacionados con la clausura del inmueble y resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa sobre el retiro de los sellos.
La alcaldesa podría estar frente a un nuevo conflicto con la justicia. Una decisión arbitraria para retirar el comodato podría llevarla nuevamente ante los tribunales, como ocurrió en 2014, cuando enfrentó un proceso penal por la muerte de José Luis Burela López, en un caso que marcó uno de los episodios judiciales más relevantes de su trayectoria pública.
En aquel asunto, su abogado defensor fue Jorge Winckler, mientras que el amparo que obtuvo fue concedido por Anuar González Hemadi, entonces juez federal.
González Hemadi fue suspendido por su actuación en el caso conocido como Los Porkys, posteriormente destituido e inhabilitado. En septiembre de 2025 fue detenido por su presunta vinculación con una red de huachicol fiscal. Winckler, por su parte, permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, donde enfrenta diversos procesos penales.
El Cabildo tiene en sus manos una decisión que podría tener consecuencias más allá de lo político. Maryjose Gamboa y cada regidor que intervenga deben tener claro que ninguna votación está por encima de la ley y que, si sus decisiones vulneran derechos o incumplen resoluciones judiciales, tendrán que responder personalmente por ello. El cargo público no otorga inmunidad ni convierte una decisión ilegal en legítima.
