DE PRIMERA MANO
*Inhabilitación, el objetivo
*La “transparencia” de martincito el
espurio
En agosto advertimos en este espacio que la auditoría a la Oficina del Abogado General de la Universidad Veracruzana llegaba diecinueve meses tarde y con dedicatoria.
Lo que entonces era una sospecha
alimentada por el calendario, hoy tiene más piezas sobre la mesa, y ninguna la
desmiente, la revisión avanza en lo oscuro, sus protagonistas se reúnen a
puerta cerrada y, según ha trascendido en los pasillos universitarios, lo que
se busca es un resultado muy concreto, inhabilitar a Marisol Luna Leal
para que eventualmente no pueda aspirar ya no digamos a la Rectoría, sino a
cualquier cargo dentro de la UV.
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Pero hay que repasar lo que se sabe, de
acuerdo con documentos a los que tuvo acceso esta columna, la Contraloría
General de la UV inició la auditoría a finales de junio.
El periodo revisado va de enero de 2022
a marzo de 2026 e incluye las dos direcciones adscritas a la oficina: Asuntos
Jurídicos y Normatividad; ese lapso no corresponde sólo a Marisol Luna,
que dejó el cargo en noviembre de 2024, abarca también la gestión de quien la relevó, Mónica
Victoria Ruiz Balcázar.
Son dos administraciones bajo la lupa,
pero en la conversación aparece un sólo nombre.
La pregunta se responde sola.
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Ante todo esto, Marisol hizo lo que
haría cualquier persona con formación jurídica, preguntar; presentó ante la
Contraloría una solicitud de información sobre diversos puntos de la auditoría.
La respuesta fue un portazo en la cara;
el Comité de “Transparencia” de la UV, que preside el actual abogado general, Heroy
Muñoz Gómez, y que completan la Defensora de los Derechos Universitarios y
la titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia (CUTAI), reservó
la información ¡por cinco años!, el plazo máximo que permite la ley.
Detengamos un poco en este dato…, quien
preside el órgano que decidió ocultar la información es el titular de la misma
oficina que está siendo auditada.
Muñoz Gómez resolvió, en los hechos, que nadie
conozca hasta 2031 qué se revisa de la dependencia que él encabeza, ni siquiera
la exfuncionaria que podría resultar señalada.
Si eso no es un conflicto de interés,
habrá que reescribir el concepto, y cinco años no es una cifra inocente, pues
para entonces, la próxima sucesión en la Rectoría habrá quedado atrás.
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La información está reservada para la
interesada, pero abierta para quienes despachan en la oficina auditada.
Porque mientras a la comunidad
universitaria se le prohíbe saber, otros sí se informan; en días recientes, Muñoz
Gómez y los dos directores de la oficina han acudido a la Contraloría a
reuniones sobre “puntos” de la auditoría.
Así entiende la transparencia el
rectorado de martincito el espurio, secreta para unos y a la carta para
otros.
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Marisol no se ha quedado callada.
La doctora en Derecho integró un pliego
que exige lo elemental en cualquier procedimiento, que se precise el objeto de
la auditoría y el acto que la originó, quién la ordenó y con qué atribuciones,
qué observaciones o informes preliminares existen y en qué calidad se le
considera, si como auditada, testigo, informante o posible responsable.
Pregunta también si podrá presentar
pruebas y aclaraciones antes de cualquier conclusión, si podrá acudir con
asesor legal y si se levantarán actas de las reuniones.
Además demanda que cualquier reserva se
funde y motive punto por punto, y que su solicitud no se desvíe al trámite de
derechos ARCO como pretexto para no responder.
No es un desafío, es el mínimo de debido
proceso que una institución de esta naturaleza le debe a cualquiera de sus
integrantes.
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El propósito que se le atribuye a la
auditoría tropieza con un problema serio, la ley; la Ley General de
Responsabilidades Administrativas pone la carga de la prueba en la autoridad
(artículo 135), que debe acreditar tanto la falta como la participación
personal de quien resulte señalado.
Una falta no grave admite, como máximo,
una inhabilitación de tres meses a un año (artículo 75), insuficiente para
cerrarle el paso a una eventual aspiración; para una inhabilitación de largo
alcance habría que imputar una falta grave, y esa no la resuelve la Contraloría
universitaria por su cuenta, la decide un tribunal (artículos 3 y 78).
Y si alguien pensara en la vía penal,
tendría que identificar un delito concreto, no una antipatía.
Dicho de otro modo, para llegar a donde quieren
llegar, la Contraloría tendría que construir un expediente capaz de sostenerse
fuera de los muros de la UV, ante jueces que no le deben el cargo al espurio y
quizá esa sea la razón del sigilo.
Lo que se cocina a oscuras rara vez
resiste la luz de un tribunal.
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Nada de esto ocurre en el vacío, lo
hemos documentado en este espacio; por ejemplo el año sabático negado a Luna
con el argumento de que fue “la 101” de 100 lugares; la auditoría ordenada
diecinueve meses después de su renuncia, justo cuando se perfilaba como
aspirante a la Rectoría; y, como telón de fondo, la impugnación que ella llevó
hasta la Suprema Corte contra la legalidad de la designación de martincito
el espurio.
A eso se suma un rectorado que, como hemos
expuesto, se administra con lealtades por encima de méritos y silencios por
encima de explicaciones.
La auditoría bajo llave es la pieza más
reciente de una campaña de acoso institucional con un destinatario muy claro.
Si la Contraloría tiene algo, que lo
muestre, si en la gestión de Marisol Luna, o en la de su sucesora, hubo
irregularidades, la comunidad universitaria merece conocerlas con nombre,
fecha, documento y norma, y no por filtraciones de pasillo.
Pero si lo que existe es un expediente a
la medida para sacar a una aspirante de la contienda, entonces la reserva de
cinco años no protege una auditoría, protege a quien la ordenó.
Cuando no hay nada que esconder, no hay
nada que reservar.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
