Poder Judicial Federal ordena reabrir investigaciones sobre
El poder judicial federal de la nación emite una orden y el Poder judicial Estatal hace caso omiso a la orden de mandato judicial, dónde se ven afectados 100 trabajadores por laudos ganados hacia su personalidad.
A los medios de comunicación.
A la sociedad veracruzana.
Tal y como lo hemos venido informando a la opinión pública, los suscritos -en nuestro papel de abogados de trabajadores- nos hemos visto en la necesidad de denunciar y visibilizar actos y omisiones de servidores públicos del régimen estatal que, pasando por alto que protestaron cumplir y hacer cumplir las normas, han optado por despreciarlas incumpliendo las condenas que la autoridad judicial les ha impuesto a favor de trabajadores.
Recién en octubre del año pasado convocamos a los medios de comunicación para informar a través de ellos a la sociedad que las entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo de Veracruz, cobijados por un Tribunal burocrático que se asume
sin el imperio suficiente para hacer cumplir sus propias determinaciones, decidieron que no acatarían los fallos judiciales que los conminan a reparar el daño a trabajadores injustamente despedidos.
Así pues, decidimos presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la certeza que brinda el más elemental sentido común que nos dicta que desacatar una orden judicial configura un delito aquí y en cualquier parte del mundo civilizado.
Significativamente señalamos el desacato del entonces Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos quien, con total descaro, pretendía -además- ser gobernador. Denunciado que fue dicho servidor público, nos topamos con que el régimen tendió un manto de impunidad que se tradujo en que la Fiscalía determinara no ejercitar acción penal y archivar nuestras denuncias, bajo la perspectiva de que-en Veracruz al menos- no hacer caso de un mandato judicial no es delito y que Cisneros Burgos está impoluto.
Destacadamente nos referimos a las carpetas de investigación FECCEV/395/2023 y FECCEV/123/2023 en donde los denunciantes hicieron del conocimiento de la autoridad investigadora que fueron trabajadores de la Secretaria de Gobierno; que fueron despedidos de manera injustificada; que demandaron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje su reinstalación, el pago de salarios caídos y otras prestaciones laborales radicándose los expedientes 115/2017-ly 137/2013; que en ambos se dictaron laudos condenando a la Secretaría aludida a reinstalarlos y a pagarles diversas prestaciones de carácter laboral, y que, hasta la fecha, dichos fallos sigue sin cumplirse.
Inconformes con la actuación del Ministerio Público, acudimos ante Jueces de Control del Poder Judicial del Estado quien, como esperábamos, al resolver los medio de impugnación 214/2023 y 206/2023 convalidaron el proceder de la Fiscalía.Inconformes con ello, acudimos al Poder Judicial Federal.
El Juez Décimo Octavo de Distrito, por una parte; luego, el Juez Primero de Distrito,ambos en el Estado de Veracruz, dieron la razón a los trabajadores y tras concederles el amparo contra actos de jueces de control estatales, les ordenaron revocar las determinaciones de no ejercicios de acción penal dictadas a favor de Eric Cisneros, y reabrir las investigaciones. En el caso de la decisión que se forzó a tomar al juez de control en el medio de impugnación 214/2023 se ordenó ampliar la indagatoria a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
Días después de que, en octubre pasado visibilizamos las denuncias en contra de funcionarios de este gobierno, se nos hostigó y, en diversas ocasiones, personas desconocidas fueron a nuestra oficina a tomarle fotos, en un claro ejercicio intimidatorio. Sus imágenes están en las cámaras de seguridad del edificio en donde ejercemos de manera privada nuestra profesión.
Tales acciones, por sí mismas deleznables, delatan el modus operandi de un régimen que prefiere ser hostil antes que cumplir mandatos judiciales. Más aún:prefiere patrocinar precampañas (o como se les quiera llamar) y financiar espectaculares y libros sobre la negritud, antes que cubrir adeudos a trabajadores.
Al respecto, debemos advertir que no nos detendremos: somos profesionales, y si resistimos las formas atroces de otros regimenes en el pasado, el actual, con sus modos menos sutiles, no nos arredra. Por tanto, no cejaremos en nuestro empeño de que se cumplan fallos judiciales dictados a favor de trabajadores. Advertimos también a quienes ocupan ahora los cargos de primer nivel en el gobierno (ante la renuncia de quienes originalmente los detentaban y que los dejaron porque imaginan que tienen futuro politico), que tambien seran denunciados, si persisten en la idea de que las decisiones judiciales pueden o no acatarse.
En el contexto de un régimen como el actual en México, absolutamente vertical, no sabemos si el Presidente de México o quienes pretenden gobernar Veracruz y el pais a partir de este año, saben lo que ocurre en el Estado. Con eso que describimos es con lo que se van a topar.
Lic. Juan José Llanes Gil Del Ángel
Lic. Laura Mónica Sainz Ramírez
Lic. Alan Cervantes Domingo.
Lic. Gerardo Rafael Aguilar Sosa