DE PRIMERA MANO
Algo se trata de ocultar en la SEV y no
es un rumor menor de pasillo, sino un caso de presunto abuso de autoridad,
prepotencia, acoso sexual y acoso laboral que, de confirmarse en todos sus
extremos, retrata el nivel de descomposición al que ha llegado el manejo del
personal en una dependencia que ya arrastra, por otros frentes, una relación
rota con el magisterio veracruzano.
El nombre que suena es el de Lorena
Guadalupe Soriano Aguilar, coordinadora estatal de los Centros de Atención
Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en Veracruz, cargo que ocupa
desde mediados de enero de 2025, cuando llegó a la coordinación el 15 de ese
mes.
Según los testimonios que han llegado a
esta columna, la funcionaria —de aproximadamente 55 años— se ha conducido con
reiterada prepotencia frente al personal a su cargo en los distintos centros
CAPEP del estado, moviendo a colaboradores a su antojo, retirándolos de sus
centros de trabajo originales para reubicarlos en la coordinación estatal y
asignarles funciones ajenas a la labor psicopedagógica que por norma les
corresponde.
No es gestión, es control caprichoso del
personal, amparado en la impunidad que da un cargo sin contrapesos.
Pero lo más grave del caso, de acuerdo
con la denuncia, es la acusación de acoso sexual hacia un compañero varón bajo
su mando en la propia coordinación operativa del CAPEP.
Se trata de un trabajador administrativo
de aproximadamente 30 años, de identidad resguardada, plenamente identificado, a
quien por razones obvias de protección no se revelará por su nombre.
De acuerdo con el relato de los hechos,
el acoso sexual habría comenzado en abril de 2025, meses después de la llegada
de la maestra Soriano Aguilar a la Coordinación, y se habría prolongado
de manera reiterada.
Al no ceder el trabajador a las
insinuaciones de su superiora, según la denuncia, ella habría iniciado en su
contra una campaña de acoso laboral consistente en una carga excesiva de trabajo,
la exclusión sistemática de reuniones y actividades propias del área, y
maltrato verbal constante.
Un elemento que agrava el señalamiento:
según la denuncia, la coordinadora sabía que el trabajador tiene Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) —condición que, se afirma, ella
misma habría conocido de tiempo atrás— y aun así lo habría presionado
laboralmente, para después negar públicamente tener conocimiento de dicho
diagnóstico.
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El trabajador, ante la insostenibilidad
de la situación, acudió a presentar su queja formal ante la Dirección General
de Preescolar.
La respuesta institucional, sin embargo,
se limitó a reubicarlo administrativamente, de la coordinación estatal de CAPEP
fue transferido a la propia Dirección de Preescolar, movimiento que se concretó
en los primeros días de este mes de julio.
Ninguna sanción, hasta donde se tiene
conocimiento, ha sido aplicada a la señalada.
La queja fue recibida por la directora
del nivel de preescolar, Patricia Iris Viveros Acosta, y por el
subdirector, Arturo Nápoles, de quienes se señala —según las mismas
fuentes— que optaron por la vía más cómoda, contener el caso hacia adentro,
mover al denunciante y dejar intacta a la denunciada, antes que permitir una
investigación a fondo que pudiera derivar en una situación más compleja y
delicada para la probable responsable.
Ese es, en los hechos, el protocolo real
que hoy opera en la SEV frente a a denucniad un trabajador, no investigar, no
sancionar, mover al incómodo y esperar que el asunto se apague solo.
Se tiene conocimiento, además, que el
trabajador no habría sido el único señalamiento en la trayectoria de la
coordinadora: se menciona que, en distintos momentos, también habría incomodado
laboralmente a un par de compañeros más será denominado “Rafael”, y con
anterioridad a un trabajador que se conocerá como “Gabriel”, entonces adscrito
a funciones de supervisión.
De confirmarse, se trataría de un patrón
de conducta reiterado y no de un hecho aislado.
Vale además señalar que, de acuerdo con
la información recabada, Soriano Aguilar desempeña simultáneamente dos
funciones dentro de la estructura del nivel: la de supervisora y la de
coordinadora estatal del CAPEP, una acumulación de cargos que amerita, por sí
misma, una revisión administrativa independiente del caso de acoso que aquí se
documenta.
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La pregunta que queda flotando en los
pasillos de la SEV es si la titular, la comadrita Claudia Tello, tiene
conocimiento de lo que ocurre en las oficinas que dirige, o si, como ha
ocurrido con otros expedientes incómodos, el asunto simplemente se maneja para
que nunca llegue a su escritorio con la gravedad que merece. Ninguna de las dos
respuestas la deja bien parada.
Y este caso, no llega en un momento
cualquiera para doña Tello, se suma a un deterioro institucional que ya era
visible antes de que este expediente de acoso saliera a la luz.
Desde marzo de 2025, la relación de la
secretaria con la Sección 32 del SNTE, encabezada por Daniel Covarrubias
López, viene acumulando fracturas.
El mñas reciente incidente el pasado 13
de julio, cuando integrantes de la 32 tomaron las oficinas de la SEV exigiendo
pagos pendientes, regularización de trámites y respuesta a movimientos de
personal estancados por meses, y coreando abiertamente las consignas de “fuera
Tello”.
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Con el caso CAPEP se abre entonces un
frente más —y de los más delicados— en la ya deteriorada gestión de Tello al
frente de la SEV: al desgaste con el sindicato y a la percepción de
autoritarismo que ya se le atribuye, se suma ahora el señalamiento de que su
estructura protege a mandos que presuntamente acosan sexual y laboralmente a su
propio personal.
No es casualidad ni exageración retórica
hablar de un patrón. Es la misma lógica repetida en distintos frentes:
prepotencia hacia abajo, opacidad hacia adentro y protección de las estructuras
de mando antes que de la gente que las integra. Cuando eso ocurre tanto con un
sindicato que representa a miles de docentes como con un solo trabajador que se
atrevió a denunciar acoso sexual, el problema deja de ser de una persona y se
vuelve de la institución completa.
Por eso la exigencia no puede quedarse
en la anécdota de un cambio de oficina. La Secretaría de Educación de Veracruz
está obligada a revisar, de fondo y sin simulación, sus protocolos de atención
al acoso sexual y laboral, empezando por reconocer que el actual —recibir la
queja, cambiar al denunciante y archivar el expediente— no protege a nadie,
salvo a quien agrede.
Se requiere una investigación
administrativa real sobre la conducta de Lorena Guadalupe Soriano Aguilar,
con la posibilidad efectiva de sanción y remoción si los hechos se confirman, y
no sólo el maquillaje de una reubicación.
Ambos casos hablan de lo mismo: una
Secretaría de Educación que administra sus crisis en lugar de resolverlas.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
