Jubilados de CFE reiteran exigencia de eliminar la aplicación retroactiva del artículo 127 constitucional; descartan acuerdos con el Gobierno Federal
Xalapa, Ver.– En el marco del foro nacional convocado para analizar las implicaciones de la aplicación del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, José Antonio Vega García y Enrique Meinguer Velázquez, voceros nacionales del Movimiento Nacional de Jubilados, reiteraron que la organización mantiene firme su postura de exigir la suspensión de la aplicación retroactiva de dicha disposición, al considerar que ha generado afectaciones económicas a miles de trabajadores jubilados del sector público.
En este importante pronunciamiento estuvieron acompañados por los voceros del Movimiento Nacional de Jubilados en Veracruz, Esmeralda Huante y Víctor Manuel Rojas Huidobro, quienes respaldaron los planteamientos expuestos durante la asamblea nacional y manifestaron su apoyo a las acciones jurídicas y legislativas emprendidas para la defensa de los derechos de los trabajadores jubilados.
Durante su intervención, los representantes del movimiento informaron que el panorama jurídico en materia de amparos ha resultado poco favorable para los trabajadores, ya que la mayoría de los recursos promovidos por la vía constitucional han sido desechados por los órganos jurisdiccionales.
Explicaron que, ante este escenario, los asesores legales del movimiento decidieron fortalecer la estrategia mediante la vía laboral, con el propósito de continuar la defensa de los derechos adquiridos de los jubilados y buscar alternativas jurídicas que permitan revertir las reducciones aplicadas a sus pensiones.
Precisaron que actualmente no existe una cifra definitiva sobre el número de amparos promovidos a nivel nacional; sin embargo, señalaron que se trata de varios miles de expedientes. Indicaron que únicamente la comisión que representan agrupa aproximadamente a cinco mil jubilados, aunque con la incorporación de organizaciones de trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la representación podría incrementarse entre diez y doce mil personas, sin dejar de reconocer que el número total de afectados en el país es considerablemente mayor.
En relación con las movilizaciones efectuadas por el movimiento, aclararon que éstas no han derivado en ningún proceso de negociación con el Gobierno Federal respecto a la aplicación del artículo 127 o las condiciones de las pensiones.
Precisaron que la devolución parcial de algunos descuentos efectuados a determinados jubilados fue una decisión adoptada por las autoridades federales y no el resultado de acuerdos alcanzados con las organizaciones de trabajadores.
Respecto a las mesas de trabajo anunciadas recientemente, explicaron que éstas apenas comienzan a estructurarse y tendrán como finalidad generar información técnica, jurídica y financiera que permita sustentar las iniciativas legislativas encaminadas a modificar el marco normativo vigente.
Subrayaron que dichas mesas constituyen espacios para el análisis y la construcción de propuestas, mas no representan, hasta este momento, una negociación sobre las condiciones laborales o pensionarias de los trabajadores jubilados.
Los voceros nacionales puntualizaron que el Movimiento Nacional de Jubilados mantiene tres demandas fundamentales: detener la aplicación del artículo 127 en los términos en que actualmente se ejecuta y devolver los recursos descontados; establecer mesas permanentes de diálogo con las autoridades para construir soluciones sustentadas en información técnica, jurídica y financiera; y eliminar la aplicación retroactiva del segundo artículo transitorio, al considerar que vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica para miles de pensionados.
Asimismo, advirtieron que, aunque actualmente los efectos de esta medida impactan principalmente a jubilados de empresas productivas del Estado, existe la preocupación de que el mismo criterio pueda extenderse gradualmente a trabajadores y pensionados de gobiernos estatales y otros organismos públicos, por lo que consideraron indispensable corregir el marco jurídico antes de que la problemática alcance una mayor dimensión nacional.
Finalmente, sostuvieron que la reducción aplicada a las pensiones careció del procedimiento legal previsto en la legislación vigente, ya que previamente debieron realizarse reformas a diversas leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Remuneraciones, la legislación aplicable al sector eléctrico y la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad, además de contar con la aprobación del Consejo de Administración de la empresa.
Concluyeron que el Movimiento Nacional de Jubilados continuará impulsando acciones jurídicas, legislativas y de organización social para defender los derechos adquiridos de los trabajadores retirados, insistiendo en que la solución de fondo requiere eliminar la retroactividad del artículo 127 constitucional y garantizar plenamente la seguridad jurídica de los pensionados del país.
