Focus Group
Por Jorge Ramón Rizzo*
Mientras la atención pública se centra en si Ismael 'Mayo' Zambada pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad o no, debido a sus padecimientos de salud, en los pasillos de la corte de Brooklyn se libra una guerra silenciosa por el dinero manchado de sangre, donde tanto el Estado norteamericano y mexicano, así como las víctimas compiten por un tesoro que la Casa Blanca parece querer administrar en solitario, ignorando los derechos conferidos por el Congreso a las víctimas de los cárteles.
Este lunes 20 de julio de 2026, acabará otro capítulo de la historia del 'Mayo', pues se le dictará condena definitiva y se determinará formalmente el penal asignado por el Buró Federal de Prisiones para que purgue ahí su condena. Y también se definirá a donde irán los 15 mil millones de dólares, ya que si "negoció" entregar dicha suma, imaginemos la fortuna del 'Mayo', quién durante cinco décadas vió entrar a sus cuentas y escondites millones de dólares limpios de impuestos, cobrados en dólar gringo, operando un monopolio criminal que abastecía el mercado de consumo de drogas más grande del planeta y dirigió una corporación transnacional, que aún sin él, seguirá funcionando y generando millones y millones de dólares.
Los 15 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos solicitó decomisar al capo, son reclamados principalmente por el Gobierno de México, que busca recuperar parte de esos fondos para programas sociales, y por la familia LeBarón, quienes instrumentaron un audaz recurso legal en el que exigen reparaciones tras un ataque descomunal perpetrado en 2019 que cobró la vida de nueve integrantes de su familia (3 mujeres y 6 menores) por órdenes del grupo criminal del despiadado 'Mayo' Zambada.
El Gobierno de Estados Unidos tiene casi el cien por ciento de las posibilidades de quedarse con la titularidad jurídica y el control total de ese dinero. En los procesos de las cortes federales estadounidenses, los decomisos criminales se consideran fallos "in personam" (directamente contra las finanzas del acusado), lo que convierte automáticamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el dueño legal único de los fondos recolectados.
El monto total de 15 mil millones de dólares fue estipulado y aceptado por el propio Zambada como parte de su acuerdo de culpabilidad en la Corte de Brooklyn, y corresponde solamente a una estimación de las ganancias ilícitas generadas por el Cártel de Sinaloa por el trasiego de estupefacientes en los Estados Unidos.
La Fiscalía de Nueva York ya presentó la propuesta formal para que el gobierno estadounidense sea ratificado como el único titular del dinero. Por ley, estos recursos se inyectan en fondos del Departamento de Justicia para financiar operaciones de agencias federales, estatales y locales que participaron en las investigaciones.
Los abogados de la familia LeBarón, como ya lo dije en párrafos anteriores, enviaron una petición 'audaz' al juez Brian M. Cogan usando la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002 (TRIA), argumentando que, al estar catalogado el cártel como organización terrorista por Estados Unidos, las víctimas tienen derecho a cobrar indemnizaciones previas con esos activos. El gobierno estadounidense ya respondió formalmente que la familia carece de legitimidad jurídica para impugnar el decomiso en este tipo de juicio, por lo que buscan bloquear por completo su acceso.
El juez Cogan tomará la decisión final, pero el despacho contratado por los LeBarón "Motley Rice LLC", ya logró en 2022, que un juez federal en Dakota del Norte condenara al Cártel de Juárez a pagar 1,500 millones de dólares a los LeBarón por la masacre de 2019 en Bavispe, Sonora. Pero de acuerdo con fuentes consultadas por "Focus Group" será un proceso largo pero podrían llegar a encontrar eco en su petición y seguramente será un tema que volverán mediático más adelante y que podría motivar a otros afectados a solicitar acceso a una "indemnización" a través del mecanismo TRIA.
En cuanto al Gobierno de México, debo decir con toda claridad que no tiene ninguna posibilidad de ganar el dinero mediante un juicio, por lo que su estrategia es enteramente diplomática; porque históricamente, Estados Unidos activa acuerdos bilaterales de compartición de bienes confiscados.
Si el gobierno mexicano demuestra que colaboró activamente en desmantelar las estructuras o si se llega a un acuerdo político de alto nivel, la Casa Blanca suele transferir porcentajes de los montos incautados. Aquí, vale la pena ubicar dos esquemas muy específicos en los que existen antecedentes de remuneración a México, que son: Investigaciones bilaterales y dinero proveniente de corrupción pública.
El dinero incautado de manera definitiva por el gobierno de Estados Unidos se transfiere al Fondo de Decomiso de Activos (Assets Forfeiture Fund) del Departamento de Justicia o al fondo equivalente del Departamento del Tesoro. Estos fondos no se destinan al presupuesto general del gobierno, sino que por ley se utilizan para financiar el sistema de justicia y el combate al crimen a través de vías existentes.
Pero más allá de quién gane el derecho legal, los analistas y expertos financieros coinciden en que los 15 mil millones de dólares son apenas una estimación contable del valor de la droga traficada durante décadas. Encontrar, congelar y liquidar activos físicos, ya sean propiedades, cuentas en paraísos fiscales y empresas fachada, por esa cantidad de 15 mil millones, es una tarea de inteligencia financiera colosal y casi imposible de cumplir al 100%. O sea que la recuperación de ese monto, no se dará con una transferencia o la emisión de un cheque... Habrá un camino a recorrer para lograrlo.
*Periodista/Tlaxcala
