IMPRONTA
Carlos Migue Acosta Bravo
México
protege los programas sociales, pero
puede estar reduciendo el margen fiscal que necesitará mañana. El subsidio a
combustibles -estimado en más de 171 mil millones de pesos- y la expansión de
los programas sociales pueden ayudar a contener el impacto de la crisis, pero
complican la meta de reducir el déficit ampliado a 4.1% del PIB en 2026.
La economía mexicana esta
viviendo dos choques simultáneos, el primero es externo, el cierre
del Estrecho de Ormuz elevó los precios internacionales del petróleo y de los
combustibles. Para evitar que ese alza se traslade de lleno a gasolineras,
transporte y precios de la canasta, Hacienda amplió estímulos al IEPS y
subsidios complementarios.
El segundo es interno, el gobierno mantiene y
amplía programas sociales -pensiones, becas, apoyos y transferencias- como
parte de su estrategia de bienestar. Para 2026, Hacienda contempló recursos
equivalentes a 3% del PIB para programas sociales, con cobertura directa para
casi 82% de las familias.
Ambas decisiones tienen justificación social y
política. El problema es que, sumadas, compiten por los mismos recursos
fiscales y pueden dificultar el objetivo de normalizar el déficit.
El subsidio funciona como un amortiguador. Sin él,
la inflación habría sido mayor; la SHCP estima que, con los apoyos, la
inflación de la primera quincena de octubre fue de 3.6%, frente a 5.2% que se
habría registrado sin ellos.
Pero el costo es enorme. Analistas estiman que el
apoyo a gasolinas y diésel supera los 171 mil millones de pesos en ocho meses,
principalmente por la reducción de la recaudación del IEPS.
No es una erogación directa en todos los casos, en
buena parte consiste en ingresos fiscales que Hacienda deja de captar. Aun así,
para el presupuesto es dinero que deja de estar disponible para salud,
educación, infraestructura, seguridad o reducción de deuda.
El FMI reconoce que México redujo de manera
considerable el déficit en 2025 y que en 2026 la consolidación continuó, aunque
a un ritmo más lento. Sin embargo, considera que el ajuste previsto no será
suficiente para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente.
La meta de 4.1% del PIB en los Requerimientos
Financieros del Sector Público fue planteada por Hacienda como parte de una
reducción acumulada de 1.6 puntos porcentuales respecto de 2024.
El Fondo no pide eliminar los programas sociales.
Pide mejor focalización, que los recursos lleguen con mayor precisión a quienes
más los necesitan, en lugar de distribuirse de manera tan amplia que se diluya
su impacto y se incremente el costo fiscal.
El FMI proyecta que la deuda bruta del sector
público pasará de 61.7% del PIB en 2025 a 62.1% en 2026 y 62.9% en 2027. Eso
significa que, aun con una reducción del déficit, la deuda seguiría subiendo si
el ajuste fiscal es demasiado gradual.
El subsidio a combustibles como una estrategia de
contención de la inflación ha servido para contener el precio de la gasolina,
el diésel, en consecuencia ha servido para contener el transporte y la
inflación, sin embargo un mayor subsidio reduce la recaudación y presiona el
déficit de las finanzas públicas.
En cuanto a la ampliación de los programas
sociales, su realización protege ingresos y amplía la cobertura a mayor número
de beneficiarios. Su consecuencia es que se incrementa el gasto corriente y se
limita la inversión.
El índice recomendado por el Fondo Monetario
Internacional ha sido disminuir el 4.1% del déficit del PIB, que da margen para
sostener el gasto y absorber el choque. Sin embargo, si no baja lo suficiente,
la deuda externa puede seguir creciendo.
Estos factores mencionados y su combinación puede afectar a México en cuatro
sentidos, Inflación y consumo, el subsidio protege el bolsillo y evita un alza
inmediata de precios, pero si el choque petrolero se prolonga, el costo fiscal
seguirá creciendo.
Si los mercados perciben que el ajuste fiscal es
insuficiente, pueden exigir mayores rendimientos para financiar al gobierno,
encareciendo el crédito público y privado.
Un menor margen fiscal puede obligar a recortar o
postergar infraestructura, salud, educación y proyectos productivos, justo
cuando el país necesita elevar su crecimiento potencial.
El Fondo no emitió una alerta de colapso, reconoció
que México conserva fundamentos sólidos, reservas adecuadas y una Línea de crédito
flexible que actúa como red de seguridad ante choques externos.
México debe recuperar espacio fiscal para poder
responder a la próxima crisis sin sacrificar crecimiento ni protección social.
Por ello recomendó eliminar gradualmente los subsidios a combustibles,
focalizar mejor las transferencias y fortalecer las finanzas de Pemex.
México no necesita elegir entre protección social y
disciplina fiscal. Necesita una estrategia que combine ambas, mantener el
escudo a combustibles sólo mientras persista el choque externo, con reglas
claras de duración y salida.
Dirigir apoyos adicionales a hogares vulnerables,
transportistas de bajo ingreso y pequeños productores, en lugar de subsidiar
todo el consumo; Auditar la cobertura, el padrón y la efectividad de los
programas sociales para evitar duplicidades y filtraciones; Proteger la
inversión pública en infraestructura, agua, salud, educación y seguridad.
Es necesario fortalecer la recaudación no petrolera
y reducir la evasión, la informalidad y los privilegios fiscales; mejorar la
eficiencia, refinación y balance financiero de Pemex.
El principio es claro, el subsidio puede ser una
herramienta legítima para proteger a la población ante una crisis externa, pero
no puede convertirse en una política permanente sin límite. Si México gasta hoy
más de 171 mil millones de pesos para contener el precio de los combustibles,
deberá explicar mañana cómo va a financiar el resto de sus compromisos sin
sacrificar crecimiento, estabilidad y protección social.
