IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El futuro hídrico de México en la próxima década
dependerá menos de construir grandes obras y más de recuperar la capacidad de
gobernar el agua, tratar y reutilizar, reducir fugas, proteger acuíferos,
modernizar el riego y hacer cumplir obligaciones internacionales sin sacrificar
el derecho humano al agua.
El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce que
95% del territorio norte y centro enfrenta estrés hídrico alto o muy alto y que
286 de 653 acuíferos carecen de disponibilidad. La pregunta ya no es si México
tiene suficiente agua, sino si puede gestionarla con justicia, eficiencia y
sostenibilidad.
México recibe 1,464,734 hectómetros cúbicos de
precipitación anual, pero solo dispone de 471,713 hectómetros cúbicos de agua
renovable. La distribución es desigual: 76.3% del volumen concesionado se
destina a agricultura de riego, 15% a abastecimiento público, 5% a industria
autoabastecida y 4% a generación de energía.
El problema no es solo escasez física. Es una
crisis de gestión, 30% de los principales ríos monitoreados presenta algún
grado de contaminación, y 286 de 653 acuíferos carecen de disponibilidad. La
sobreexplotación, el cambio climático y la falta de tratamiento agravan la
presión sobre las fuentes.
La contaminación del agua en Guadalajara es un
ejemplo crítico de la falla sistémica. Ríos, acuíferos y redes de distribución
reciben descargas sin tratamiento adecuado, mientras la infraestructura de
saneamiento no crece al ritmo de la urbanización.
El Programa Nacional Hídrico contempla el
saneamiento de los principales ríos contaminados y la construcción o
rehabilitación de infraestructura hidráulica. Pero la meta debe ir más allá de
construir plantas, debe garantizar que operen, que tengan mantenimiento, que
tengan personal capacitado y que exista supervisión continua.
El caso de San Luis Potosí, donde existen plantas
recicladoras de agua potable pero inoperantes, ilustra el problema de fondo, no
basta con invertir en infraestructura si no hay operación, mantenimiento y
gobernanza. Una planta que no funciona es dinero perdido y agua que no se
recupera.
El Programa Nacional Hídrico contempla el fomento
del reúso de aguas residuales tratadas bajo principios de economía circular.
Pero para que eso funcione, se requiere
Diagnóstico técnico de por qué las plantas están
inoperantes, presupuesto garantizado para operación y mantenimiento; Personal
capacitado y permanencia laboral, no hay que perder de vista que la formación y
desarrollo cuesta a la sociedad y en varios momentos se les desecha sin
considerar su amplia experiencia. Debe también realizarse supervisión continua
de calidad del agua tratada; Integración con redes de distribución y usuarios
finales.
La entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado
de 1944 es una obligación internacional que no puede ignorarse. México se
comprometió a reducir los faltantes en la entrega de agua del Río Bravo y a
realizar transferencias adicionales desde las presas Amistad y Falcón.
El gobierno mexicano sostiene que ha cumplido sus
obligaciones sin afectar el consumo humano ni la producción agrícola en la
frontera. Pero el reto de fondo es mayor, cómo garantizar entregas
internacionales sin sacrificar el derecho humano al agua ni la seguridad
alimentaria nacional.
La respuesta no puede ser solo entregar más agua.
Debe incluir la Planificación binacional de largo plazo; Modernización de
infraestructura de captación y conducción; Reúso de aguas residuales tratadas
para usos no potables; Protección de cuencas y recarga de acuíferos y sobre
todo transparencia en los volúmenes entregados y en el impacto sobre usuarios
nacionales.
La disminución del manto freático por menor
disposición de agua de deshielo en el sistema que nace del Citlaltépetl es un
problema de recarga hídrica. Cuando baja la infiltración, bajan los niveles de
los acuíferos y aumenta la dependencia de fuentes superficiales o de trasvases.
La respuesta no puede ser solo extraer más agua.
Debe incluir, protección de zonas de recarga hídrica, lo que incluye reforestación
y conservación de suelos del cofre de Perote; Control de urbanización en zonas
de recarga; Monitoreo continuo de niveles de acuíferos; así como regulación
estricta de concesiones en cuencas sobreexplotadas.
Ante este escenario, ¿qué
debe hacer México?. En primer lugar debe diseñar la agenda hídrica de la
próxima década, misma que debe ser integral, no fragmentaria.
En materia de educación y
cultura del agua, debe incorporar educación hídrica en todos los niveles
escolares; Campañas públicas de ahorro y reúso; Capacitación técnica para
operadores de sistemas de agua, así como participación ciudadana en consejos de
cuenca.
Se debe obligar a industrias de alto consumo a
tratar, recircular y reutilizar aguas residuales; Establecer metas progresivas
de reducción de agua de primer uso; Fomentar tecnologías ahorradoras y
tratamiento adecuado; Promover la devolución de derechos de agua no utilizados;
infraestructura y mantenimiento así como rehabilitar plantas de tratamiento y
potabilización.
Es necesario garantizar operación y mantenimiento
continuo; Reducir fugas en redes de distribución, es primordial modernizar
infraestructura hidráulica; Gobernanza y transparencia; Fortalecer la CONAGUA y
los organismos operadores; Publicar datos de disponibilidad, consumo y calidad
del agua; Coordinación cercana, efectiva y real delos niveles federal, estatal
y municipal, y sobre todo integrar la participación ciudadana en la vigilancia
del recurso hídrico.
En Las Choapas, Veracruz, Greenpeace reportó
hidrocarburos en agua, suelo y sedimentos cercanos al pozo Krem-1 de Pemex,
incluido benzo[a]pireno, clasificado como cancerígeno para humanos por la IARC.
El estudio detectó ese compuesto en seis de siete muestras de agua y afirmó que
las concentraciones superaron entre 61 y 113 veces una referencia europea de
protección de la vida acuática.
Es importante ser preciso: los hallazgos evidencian
contaminación ambiental y una alerta sanitaria, pero no demuestran por sí
mismos que residentes hayan desarrollado cáncer ni establecen causalidad
individual
El futuro hídrico de México
no se decide solo en el Congreso o en la CONAGUA. Se decide en cada grifo, cada
planta de tratamiento, cada campo de riego y cada fábrica. Si el país no logra
cambiar la lógica de extracción y desperdicio, la crisis será estructural, lo
cual pondrá a la prueba de la voluntad política.
La pregunta que México debe hacerse no es si tiene
suficiente agua. Es si puede gestionarla con justicia, eficiencia y
sostenibilidad. Si no, la escasez será el nuevo rostro de la desigualdad.
