BITÁCORA POLÍTICA
Miguel Ángel Cristiani G.
En política, los informes de gobierno suelen ser
días de fiesta para los gobernantes y jornadas de aplausos para sus
colaboradores. Las cifras se multiplican, las fotografías de obras terminadas
aparecen por todas partes y los discursos oficiales se encargan de presentar un
panorama donde pareciera que todo marcha sobre ruedas.
Pero gobernar no es solamente informar lo que se
hizo. También significa reconocer lo que falta, explicar lo que no funcionó y
responder por las decisiones tomadas.
Este domingo 15 de noviembre, el Congreso de
Veracruz recibió el Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García. El
documento, integrado por dos tomos y diversos anexos estadísticos, será
sometido a revisión por los diputados mediante las comparecencias de los
secretarios de despacho, que comenzaron este martes 17 y concluirán el 27 de
noviembre.
El próximo 28 de noviembre, la gobernadora
presentará públicamente su balance en la Plaza Lerdo de Xalapa y
posteriormente, el 4 de diciembre, comparecerá ante el Pleno del Congreso para
responder a los cuestionamientos legislativos.
La propia mandataria adelantó una expresión que
merece rescatarse: “Tenemos buenas cuentas y cuentas pendientes”.
Y quizá ahí se encuentre la mejor definición de lo
que debería ser este segundo ejercicio de rendición de cuentas.
Porque Veracruz no es solamente las cifras de
crecimiento económico, las inversiones anunciadas, los programas sociales o las
obras que aparecen en los comunicados oficiales.
Veracruz también es el ciudadano que espera
atención médica, la familia que reclama seguridad, el productor del campo que
necesita caminos transitables, el trabajador que enfrenta dificultades
económicas y las comunidades que todavía padecen carencias de servicios
básicos.
El balance de dos años de administración debe
medirse también desde esa realidad cotidiana.
En materia económica, la administración estatal
presume avances respaldados por indicadores oficiales y nuevas inversiones. En
seguridad, se han reportado disminuciones en algunos indicadores delictivos. En
infraestructura, existen proyectos que buscan mejorar la conectividad y el
desarrollo regional.
Pero la pregunta fundamental es cuánto de esos anuncios
y cifras se ha traducido en una mejor calidad real de vida para los
veracruzanos.
Porque no es lo mismo anunciar una obra que
terminarla, ni presentar una inversión que demostrar sus beneficios, ni
presumir una reducción estadística de delitos que garantizar tranquilidad a las
familias o recuperar su patrimonio perdido.
El informe también deberá servir para evaluar la
capacidad de respuesta del gobierno ante las emergencias, particularmente
después de las inundaciones que afectaron a municipios del norte de Veracruz y
dejaron al descubierto la vulnerabilidad de numerosas comunidades.
En este contexto, las comparecencias de los
funcionarios adquieren especial importancia. No deberían convertirse en una
pasarela de discursos preparados, sino en una oportunidad para que los
representantes populares ejerzan su responsabilidad de preguntar, investigar y
exigir explicaciones.
La gobernadora tiene razón cuando reconoce que
existen buenas cuentas y pendientes.
Ahora corresponde demostrar cuáles son unas y
cuáles son otras.
Porque el verdadero informe de gobierno no se
encuentra únicamente en los dos tomos entregados al Congreso, ni en el templete
de la Plaza Lerdo.
Está en las calles, en las comunidades, en los
hospitales, en las escuelas y en la percepción de los ciudadanos que sufren la
inseguridad.
Al final, los gobiernos pueden presentar todas las
cifras que quieran, pero la calificación definitiva siempre la termina poniendo
la sociedad.
Y esa, por fortuna, no se entrega en ceremonia
oficial ni se aprueba por mayoría legislativa.
