Dr. Rafael Vela Martínez
La distinción que
propone entre democracia formal y democracia sustantiva permite profundizar en
este problema. La primera comprende las normas, las elecciones y los procedimientos
para acceder al poder; la segunda obliga a examinar cómo se ejerce ese poder, a
quién sirve y qué controles impiden su abuso. Desde la economía, añadiría una
pregunta: ¿qué tan democrática es una sociedad cuando reconoce derechos, pero
mantiene condiciones que impiden a una parte de su población ejercerlos
efectivamente?
La pobreza, la
precariedad laboral y la desigualdad limitan las posibilidades de participación:
construir democracia también exige garantizar oportunidades, empleo digno y
educación. Coincido con el Dr. Berlín Valenzuela en que los apoyos sociales
deben garantizar derechos y preservar la libertad política de quienes los
reciben.
En este horizonte, la
universidad pública tiene una responsabilidad fundamental como promotora de movilidad
social: esta consiste en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida
respecto de la familia de origen: es decir, que una hija o un hijo de
trabajadores del campo, del comercio o de cualquier hogar con ingresos
limitados pueda acceder a una formación profesional, ampliar sus oportunidades
laborales y construir un futuro que no esté determinado por su nacimiento.
Debo aceptar que la
baja cobertura que ofrece la Universidad Veracruzana (UV), lo cual asciende a
alrededor del 10%, para los más de 600 mil jóvenes de entre 18 y 22 años que
registra Veracruz, tampoco significa que quienes no estudian en la UV estén
todos fuera de la educación superior, pues existen otras instituciones; sin
embargo, las estadísticas oficiales confirman un rezago estatal. Según la
Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 2024–2025 Veracruz registró una
cobertura escolarizada de educación superior de 26.6%, frente al 34.1%
nacional, lo que lo situó como la sexta entidad con peores condiciones de cobertura
del país. Estas cifras muestran que la existencia de otras instituciones no
elimina la brecha educativa y refuerzan la necesidad de ampliar las
oportunidades de formación universitaria en Veracruz. Aun con estas
precisiones, la pregunta de fondo permanece: ¿qué oportunidades reales tiene un
joven cuyo lugar de residencia, ingreso familiar o necesidad de trabajar le
impiden acercarse a la universidad? Cuando esas condiciones deciden quién puede
estudiar, la igualdad reconocida en las normas no se convierte en igualdad
efectiva de oportunidades. Esa distancia constituye un déficit de democracia
sustantiva.
Si una universidad se
aleja de los fines sociales que justifican su existencia, debemos preguntarnos ¿A
quién está sirviendo, cómo utiliza sus recursos y qué prioridades orientan sus
decisiones? El incumplimiento de su misión no borra el trabajo valioso de
docentes, investigadores y estudiantes; exige identificar responsabilidades y
corregir el rumbo. La legitimidad social de sus autoridades también debe
valorarse por su capacidad para ampliar oportunidades, apoyar el desarrollo
regional y atender necesidades colectivas, con metas verificables y
explicaciones públicas sobre lo que se logra y lo que permanece pendiente. Por
ello, me preocupa profundamente la subordinación de la vida universitaria a
intereses de poder ajenos a sus fines académicos.
La controversia sobre
la prórroga rectoral de la UV vuelve especialmente pertinente la reflexión del
doctor Berlín Valenzuela. La Junta de Gobierno sostiene que su decisión tiene
fundamento jurídico; desde mi posición crítica, considero que la continuidad
cuestionada y las respuestas institucionales recibidas no han despejado los
señalamientos sobre su legalidad. Mi preocupación alcanza la actuación de las
instancias judiciales locales y federales: considero que las respuestas
obtenidas han contribuido a preservar la situación impugnada. El problema
democrático es profundo: los controles institucionales deben permitir revisar
efectivamente el ejercicio del poder. La permanencia de una autoridad no
resuelve, por sí misma, las objeciones sobre su legitimidad, y negar una
suspensión no equivale necesariamente a decidir el fondo de una controversia.
La estabilidad universitaria requiere certeza jurídica, razones públicas y vías
efectivas para examinar los reclamos. Sobre el particular, debo señalar con
gran respeto, que aún hay un pendiente por resolver por parte del Congreso
Legislativo de Veracruz: la interpretación auténtica de las leyes que rigen a la UV.
La experiencia autoritaria
de las décadas de 1950 y 1960, cuyo episodio más doloroso fue la represión del
2 de octubre de 1968, obliga a recordar las consecuencias de tratar el
pensamiento independiente como una amenaza. Sin equiparar mecánicamente
momentos históricos distintos, debemos defender a la universidad como espacio
de pluralidad, discusión informada y formulación de propuestas. Por estas
razones, considero necesario que los veracruzanos participemos en el rescate de
nuestra universidad. Rescatarla significa recuperar plenamente su misión
social, defender su autonomía y exigir que quienes la gobiernan respondan a la
comunidad y cumplan las normas. Esta tarea corresponde a universitarios y
ciudadanía, con respeto a las atribuciones de la institución y sin convertirla
en instrumento de partidos o gobiernos. La autonomía protege la libertad de
enseñar, investigar y debatir; también demanda responsabilidad por el uso de
los recursos públicos.
Ojalá y esta reflexión
llegue a quienes desde ahora aspiran a gobernar Veracruz a partir del 2030. Ese
rescate debe traducirse en compromisos concretos: ampliar las opciones
educativas en las regiones con mayores barreras de acceso; acompañar a los
estudiantes para que permanezcan y concluyan sus estudios; vincular la
investigación con los problemas del territorio; y evaluar públicamente los
resultados. Una institución que pertenece a Veracruz debe permitir que más
familias encuentren en ella una oportunidad efectiva de mejorar su vida.
Defender a la
Universidad Veracruzana implica proteger su capacidad académica y acercarla a
quienes todavía no encuentran en ella una oportunidad. La democracia sustantiva
se fortalece cuando el poder rinde cuentas y cuando el origen social o el
municipio de nacimiento dejan de determinar el futuro de una persona. Rescatar
nuestra universidad es recuperar su capacidad de abrir ese futuro.
