IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El “Maremoto Taddei” no es una simple purga
burocrática ni una disputa de poder dentro del Instituto Nacional Electoral. Es
una crisis de integridad que puede transformarse en una crisis de legitimidad,
la remoción de 33 colaboradores cercanos a la expresidenta Guadalupe Taddei
apenas es la superficie de un problema que toca la gobernanza del INE, la
designación de su nueva titular, la preparación de las elecciones de junio de
2027 y la confianza de la ciudadanía en su árbitro electoral.
La pregunta que debe hacerse México no es
únicamente si el INE podrá organizar la elección. Es si la sociedad seguirá
aceptando como legítimos sus resultados, aun cuando la jornada electoral
transcurra con normalidad.
La salida de Taddei y de sus colaboradores ha
dejado vacantes en áreas centrales del INE, el Registro Federal de Electores,
el Servicio Profesional Electoral Nacional, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral y la Coordinación de Comunicación Social, entre otras. Al 13 de
noviembre se reportaban 33 renuncias vinculadas con la gestión de la
expresidenta.
El riesgo no consiste solamente en cubrir puestos.
Consiste en preservar experiencia técnica, continuidad operativa y coordinación
con los 32 organismos públicos locales electorales. Según reportes
periodísticos, entre enero y septiembre habrían causado baja 830 funcionarios
de áreas técnicas, presuntamente bajo presiones para abrir espacio al grupo
cercano a Taddei.
Eso convierte la “limpieza” en una operación
delicada, si se hace sin criterios claros, sin protección al servicio
profesional y sin mecanismos de continuidad, el remedio puede agravar la
enfermedad. El INE necesita depurar responsabilidades, pero también conservar
la capacidad de organizar una elección federal.
El INE presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de la República para investigar presuntas irregularidades en
contrataciones durante la gestión de Taddei. El Órgano Interno de Control
habría identificado 18 expedientes relacionados con posibles anomalías.
Las hipótesis investigativas incluyen cohecho,
peculado, tráfico de influencias y conflicto de interés, además de la revisión
de contratos y proveedores. También se han reportado cateos judiciales y
bloqueos financieros contra personas y empresas vinculadas con la
investigación.
La Cámara de Diputados debe elegir a la sustituta
de Taddei, mientras Blanca Cruz García ejerce como presidenta provisional desde
el 27 de octubre. La nueva titular llegará a una institución golpeada y deberá
demostrar, desde su primer día, que su autoridad no depende de acuerdos
partidistas.
Aquí está el segundo riesgo del “Maremoto Taddei”,
si la elección de la nueva presidenta se percibe como un acuerdo por cuotas
políticas, poco transparente o condicionada por intereses de partido, la crisis
de corrupción se convertirá en una crisis de legitimidad del Consejo General y
de la presidencia del INE.
Los ataques a los expresidentes José Woldenberg y
Lorenzo Córdoba, por múltiples actores de la vida pública nacional. La
independencia no se demuestra con discursos. Se demuestra con reglas conocidas,
perfiles profesionales, deliberación pública, rechazo a interferencias y
capacidad para tomar decisiones sin consultar primero el humor político del
momento.
Los cambios en la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores pueden afectar la actualización y depuración del padrón. La
salida del titular del Servicio Profesional Electoral Nacional complica la
formación y designación de funcionarios de casilla.
Una debilidad en
Prerrogativas y Partidos Políticos puede dificultar la vigilancia de finanzas y
propaganda electoral. La renovación de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral puede generar retrasos o inconsistencias en impugnaciones. La salida
del coordinador de Comunicación Social puede limitar la capacidad del INE para
explicar medidas y contener desinformación.
El INE puede tener la mejor infraestructura
electoral del país y aun así perder la batalla de la percepción. En un contexto
polarizado, una elección técnicamente correcta puede ser cuestionada si la
ciudadanía considera que quienes la administran no son confiables.
La erosión de confianza ya es medible. En una
encuesta de Enkoll citada por Politico México, 33.8% de los participantes dijo
que su confianza en el INE había disminuido y 43.2% manifestó poca confianza en
que el instituto organice adecuadamente las elecciones de 2027.
La propia consejería reconoce la preocupación. El
consejero Uuc-kib Espadas afirmó que la pérdida de confianza es una de las
mayores preocupaciones del organismo y llamó a la ciudadanía a participar como
funcionarios de casilla, observadores o representantes partidistas.
Ese llamado es correcto, pero incompleto. La
participación ciudadana es esencial, pero no puede sustituir la responsabilidad
institucional. No se le puede pedir a la sociedad que confíe en un árbitro
mientras éste no demuestra, con hechos verificables, que está limpiando sus
estructuras, protegiendo su servicio profesional y garantizando que nadie
utilice el poder electoral para beneficiar intereses privados o políticos.
Si el INE quiere evitar que el “Maremoto Taddei” se
convierta en una crisis permanente, debe actuar con transparencia y continuidad
al mismo tiempo, entre ellos publicar con claridad el alcance de las
investigaciones, los contratos revisados y las medidas de separación, sin usar
la purga como excusa para debilitar áreas técnicas.
Blindar las áreas críticas -padrón, casillas,
fiscalización, contencioso y cómputos- con personal de carrera y protocolos de
continuidad, así como permitir auditorías externas, acceso de observadores y
rendición de cuentas oportuna sobre contrataciones y proveedores.
Comunicar que las investigaciones no equivalen a
culpabilidad automática, pero sí exigen separación preventiva, revisión
rigurosa y sanciones cuando corresponda. El mayor alcance del “Maremoto Taddei”
no será la remoción de 33 personas. Será la posibilidad de que una crisis de
integridad en la cúpula del INE se convierta en una crisis de legitimidad antes
de una elección federal.
México no necesita un INE que sólo funcione.
Necesita un INE que funcione y que sea creíble, que tenga la confianza de la
sociedad mexicana.. Si la renovación de la presidencia y la reestructuración
interna no se perciben como limpias, independientes y eficaces, la confianza
ciudadana podría deteriorarse justo cuando el organismo más la necesita.
La democracia mexicana no se defiende sólo el día
de la elección. Se defiende todos los días en que sus instituciones demuestran
que el poder público no es un botín, que las reglas valen para todos y que la
confianza ciudadana no es un requisito decorativo, sino la condición misma de
la legitimidad electoral.
