IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La declaración de Daniel Ortega de que “aquí
no volverán a haber elecciones” marca un punto de quiebre para
Nicaragua y, al mismo tiempo, una advertencia para toda América Latina. Ya no
se trata de una democracia debilitada. Se trata de un régimen que parece
dispuesto a cerrar por completo la vía electoral y a sustituir la competencia
política por la permanencia indefinida en el poder.
El anuncio de Ortega no
puede leerse como una simple bravata del 47 aniversario de la revolución
sandinista. En realidad es el cierre
de la vía electoral, confirma una decisión política de fondo, impedir que
la oposición vuelva a disputar el poder por medios institucionales.
Ese mensaje encaja con una estrategia que venía
madurando desde antes, a través de reformas constitucionales que concentraron
el control del Estado en la presidencia y reforzaron el papel de Rosario
Murillo como copresidenta sin mediar una elección popular de por medio.
Cuando un país deja de tener elecciones libres,
árbitro independiente y oposición con derechos efectivos, la democracia deja de
funcionar como sistema de competencia y se convierte en una fachada. Eso es
precisamente lo que hoy ocurre en Nicaragua, hay forma institucional, pero ya
no hay contenido democrático.
La subordinación del Congreso, la justicia y la
autoridad electoral al Ejecutivo elimina los contrapesos básicos que permiten
corregir abusos de poder. Sin controles reales, el gobierno deja de responder
ante la ciudadanía y pasa a responder solo ante sí mismo.
Las nuevas leyes y el endurecimiento del régimen
apuntan a un objetivo claro, cerrar todavía más el espacios políticos. En ese
contexto, la oposición no solo enfrenta persecución, sino también exilio o
simple imposibilidad material de organizar una alternativa.
Cuando un gobierno decide que sus adversarios no
volverán a competir, ya no estamos ante una democracia degradada, sino ante un
sistema de dominación sin competencia real. La diferencia no es semántica; es realidad
para el pueblo nicaragüense.
La paradoja histórica es
brutal. Ortega llegó al poder como exrebelde marxista que encabezó la lucha
contra la dictadura de Somoza, pero terminó construyendo un autoritarismo
con ropaje revolucionario, un poder casi dinástico junto con Rosario
Murillo.
Esa transformación revela una de las mayores
tragedias políticas de la región, proyectos nacidos en nombre de la liberación
que acaban justificando el cierre de la libertad. El discurso revolucionario ya
no sirve para emancipar, sino para legitimar el control absoluto.
Lo que ocurre en Nicaragua
no debe verse como una excepción aislada. Es una advertencia, una clara señal
para la región, sobre cómo se consolida el autoritarismo cuando coinciden
control institucional, propaganda política y eliminación sistemática de
rivales.
Además, la falta de elecciones competitivas aumenta
el aislamiento internacional y las denuncias por violaciones a derechos
humanos, aunque eso no siempre se traduzca en un cambio interno inmediato. Los
regímenes cerrados suelen resistir más de lo que anticipa la comunidad
internacional.
El escenario nicaragüense es hoy el de una
democracia clausurada por decisión del propio poder. No hay alternancia real,
no hay competencia significativa y no hay indicios de que el régimen quiera
abrir una transición, es en realidad un futuro que ya fue definido por la
permanencia.
La gran lección es incómoda pero necesaria, un
régimen puede vaciar la democracia sin abolir sus símbolos. Basta con controlar
las elecciones, neutralizar a la oposición y convertir al Estado en
prolongación de una pareja gobernante. Eso es lo que Nicaragua está mostrando
al mundo.
Comente u
opine a:
cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
