IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta
La pérdida de la visa de Estados Unidos y las
filtraciones de audios que muestran a la gobernadora de Baja California, Marina
del Pilar Ávila Olmeda, en supuestas negociaciones con autoridades
estadounidenses, han generado un escándalo político que afecta su imagen
pública y la del gobierno federal, especialmente del partido Morena.
La pérdida de la visa en mayo de 2025 ya había
colocado a la gobernadora en una posición vulnerable, pero la filtración de
audios en junio y julio de 2026, donde se escucha conversando con supuestos
intermediarios del FBI para recuperarla, ha elevado el costo político del caso.
En los audios, la mandataria aparece ofreciendo
información privilegiada sobre seguridad, huachicol fiscal y fentanilo a cambio
de ayuda para recuperar su visa, lo que ha sido interpretado por la oposición y
sectores de la prensa como una posible negociación espuria con autoridades
extranjeras.
Aunque Marina del Pilar ha reconocido que los
audios son reales y que sostuvo conversaciones con intermediarios, ha rechazado
que se trate de acuerdos ocultos y ha insistido en que su relación con las
agencias estadounidenses ha sido transparente y de coordinación institucional.
El problema es que la narrativa de transparencia
choca con la percepción de que una gobernadora en funciones está negociando su
situación migratoria personal con autoridades extranjeras, lo que abre la
puerta a acusaciones de conflicto de interés y uso indebido de información
sensible.
Los efectos en la imagen del
gobierno federal y de Morena. El caso se suma a una serie de escándalos que han
colocado a Morena en el centro de la discusión sobre la llamada
"narcopolítica", con acusaciones contra legisladores, gobernadores y
otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para el gobierno federal, el escándalo representa
un golpe adicional porque refuerza la narrativa opositora de que hay
funcionarios morenistas dispuestos a colaborar con autoridades estadounidenses
para evitar consecuencias legales, lo que debilita la imagen de soberanía y
defensa de la autonomía que ha intentado proyectar la presidenta Claudia
Sheinbaum.
La presidenta Sheinbaum ha intentado minimizar el
impacto, señalando que no hay evidencia de que se haya compartido información
confidencial y diferenciando el caso de otros escándalos de seguridad, pero la
percepción pública ya está dañada.
El costo más inmediato es la
pérdida de credibilidad. La gobernadora, que construyó su imagen como una
figura joven y renovadora dentro de Morena, ahora enfrenta acusaciones que la
colocan en el centro de un debate sobre la ética y la transparencia en el
ejercicio del poder.
Para Morena, el caso alimenta la narrativa de que
el partido no es inmune a las prácticas que ha denunciado en la oposición, lo
que debilita su discurso moral y abre la puerta a que la oposición utilice el
escándalo como arma política en el corto y mediano plazo.
El desenlace del caso
dependerá de si hay investigaciones formales, si se acredita que hubo negociación
indebida o entrega de información sensible, y de la capacidad del gobierno
federal para contener el daño político.
En el peor escenario, si se comprueba que hubo
acuerdos espurios o entrega de información clasificada, el costo podría incluir
no solo la caída de la gobernadora, sino un deterioro mayor en la confianza
pública hacia Morena y hacia las instituciones de seguridad.
En el mejor escenario, si se demuestra que no hubo
irregularidades y que las conversaciones fueron dentro de los márgenes de la
coordinación institucional, el daño podría limitarse al desgaste mediático,
pero la percepción de opacidad ya está instalada y será difícil de revertir
completamente.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
