Adalberto Tejeda-Martínez
Desde hace años se
vienen anunciando las guerras por el agua, que ya se dan en baja escala y
empiezan a cobrar víctimas: en Tecate,
Baja California, el 25 de septiembre muere asesinado Óscar Eyraud Ádams,
defensor del derecho al agua de los pueblos originarios. Dos semanas antes, el
día 8, disparos de la Guardia Nacional en Cárdenas, Chihuahua, mataron a Jessi
Silva y dejaron muy herido a su esposo, Ricardo Torres, oponentes al trasvase
con que México debe pagarle a Estados Unidos según el octogenario Tratado
Internacional de Aguas (1944), que habría que renegociar si no fuera porque
Trump intentaría llevarse toda el agua a su molino.
El conflicto
chihuahuense hizo que el presidente mexicano volteara hacia la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), donde encontró sitio para aplicar su política de
la fidelidad ciega, que orilló a seis subdirectores a renunciar para ser
sustituidos por fieles servidores. A ver qué tan broncas se tornan las aguas
para la titular de la Conagua, la doctora Blanca Jiménez, quien por cierto en
la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana de 2006 recibió la Medalla al
Mérito Universitario junto con dos personajes que merecen ser mencionados.
El doctor Rolando
Springall era entonces presidente del Consejo Veracruzano del Agua, institución
oficial encargada de asesorar a instancias municipales y estatales en esta
materia, desaparecida en el fidelato para mal de la salud hídrica estatal.
El otro
galardonado fue Pedro Arrojo, científico de la Universidad de Zaragoza, España,
que a inicios de este siglo encabezó un fuerte movimiento en defensa del río
Ebro, y padre de la llamada «nueva cultura del agua», cuya base es la
concepción de cuatro aguas: el «agua vida», que el Estado debería garantizar
para la sobrevivencia de humanos y ecosistemas; el «agua ciudadana», cuyo
precio debe cubrir el costo de llevarla potable hasta las viviendas; el «agua
negocio», que debe cobrarse suficientemente como para subsidiar al «agua vida»
y un tanto al «agua ciudadana», y el «agua delito», cuyo precio económico y
penal debe ser suficiente para inhibir que se deteriore su calidad o su
cantidad más allá de lo señalado por la ley.
Esa argumentación,
pero detallada, la escuchó la doctora Blanca Jiménez en 2006 en el auditorio de
la Feria del Libro de voz del propio Pedro Arrojo. Esperemos que no la haya
olvidado y que le ayude a normar sus decisiones en esta hora mexicana en que la
política por el poder está por encima de las políticas social y ambiental.