Se contribuye a generar
condiciones de equidad en el acceso al empleo de las personas que
presentan alguna discapacidad.
El diputado del Partido
Nueva Alianza en el Congreso del Estado, Vicente Guillermo Benítez González,
presentó una iniciativa ante el Pleno que modifica la Ley de Turismo para que
en las estrategias de formación, que promueva el Gobierno del Estado, se haga
énfasis en la formación de las personas con alguna discapacidad que deseen
integrarse al sector turístico.
En la sesión de este 31 de enero, el diputado Vicente Benítez planteó
reformar la Ley para señalar que la Secretaría de Turismo (SECTUR), promoverá
que la capacitación turística impulse la formación de recursos humanos que
presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan incorporarse a las
actividades del sector turístico estatal.
De igual forma, la SECTUR promovería entre los centros de enseñanza e
investigación estudios especializados sobre la mejor forma de integrar a las
personas con discapacidad al mercado laboral del sector turístico de la
entidad.
Los acuerdos señalados incluirán una cláusula para promover la
capacitación de empresarios, trabajadores y servidores públicos del ramo
turístico, que presenten alguna discapacidad.
En la tribuna, el diputado dijo que en Veracruz del total de 8 millones
de personas, de acuerdo a datos de INEGI, respecto al año 2014, un 6.7 por
ciento son personas que enfrentan alguna discapacidad, lo que significa que 536
mil veracruzanos viven con esta condición y de éstos, solo 209 mil 576 han
tenido la oportunidad de desarrollar alguna actividad remunerada en ese
periodo.
Agregó que para Nueva Alianza resulta de suma importancia las propuestas
viables que contribuyan a generar condiciones de equidad en el acceso al empleo
de las personas que presentan alguna discapacidad, en todas las áreas
laborales de la entidad.
Indicó que Veracruz tiene una gran vocación turística y de acuerdo con el
Plan Veracruzano de Desarrollo, es la tercera actividad con mayor aportación al
Producto Interno Bruto (PIB) del Estado y un motor de desarrollo económico a
través de la generación de empleos e infraestructura. Lo cual implica que este
sector tiene todo el potencial para ser integrador de una política de empleo
incluyente para las personas con discapacidad.